La persistencia del trabajo informal, producto central de brutal proceso de desindustrialización impreso al país por el neoliberalismo a partir de la última dictadura y hasta su crisis en 2001, - cuando el neoliberalismo inició su saga a mediados de los años 70, el trabajo informal era del 15% - es sin duda una de las problemáticas a resolver en el póximo perído de gobierno bajo el modelo inaugurado en el año 2003.
El despliegue geográfico de la carencia manifiesta singulares asimetrías que es necesario reconocer para tener una idea más acabada del impacto de la problemática de informalidad que se potencia en las regiones socioeconómicamente más postergadas.
El periodista Jorge Duarte (@ludistas en Twitter), especialista en temas gremiales, analiza en números la informalidad laboral en la Argentina región por región.
Con la baja de la desocupación en la última década, la informalidad laboral se convirtió en el principal disciplinador de los trabajadores argentinos. Carencia de derechos, salarios más bajos, quiebre de los lazos de solidaridad y mayor vulnerabilidad son algunas de las caras del fenómeno.
Tras una década de postconvertibilidad la informalidad laboral se consolidó como el principal problema de los trabajadores argentinos ocupando el lugar que tuvo la desocupación en los 90´s. Los números marcan que el fenómeno se extiende en todo el país y cruza transversalmente el mercado laboral argentino. Concretamente el 2012 cerró con el 34,6% de los asalariados en esta situación, tomando datos de INDEC. Los valores varían de acuerdo a las distintas regiones, pero en ningún caso bajan del 21%.
Tras una década de postconvertibilidad la informalidad laboral se consolidó como el principal problema de los trabajadores argentinos ocupando el lugar que tuvo la desocupación en los 90´s. Los números marcan que el fenómeno se extiende en todo el país y cruza transversalmente el mercado laboral argentino. Concretamente el 2012 cerró con el 34,6% de los asalariados en esta situación, tomando datos de INDEC. Los valores varían de acuerdo a las distintas regiones, pero en ningún caso bajan del 21%.
Los valores más importantes de trabajo no registrado se encuentran en el Norte del País, donde alcanzan el 43,6% en NOA y el 38% en el NEA. Por su parte, la Región Patagónica muestra el comportamiento opuesto presentando los valores más bajos del fenómeno que, sin embargo, todavía asciende al 21,4%. También es importante mencionar que en el Gran Buenos Aires encontramos un 35,1% de trabajo no registrado que supera la media del país y, además, se coloca por encima de las medias de Cuyo, de la región Pampeana y de la región Patagónica.
Ser un trabajador no registrado significa no contar con los derechos laborales establecidos por las leyes vigentes, pero también significa no tener beneficios sociales, percibir salarios más bajos que el promedio de la actividad que se realiza, encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad en lo referente a la conservación del empleo, no tener las condiciones ni los seguros necesarios para ejercer la actividad y no poseer protección para poder organizarse y buscar mejoras en salarios y en condiciones de empleo. La informalidad es un poliedro de muchas caras que, en simultáneo, vulneran los derechos básicos de los trabajadores que lo sufren y sus familias.
Cabe destacar que hasta 2008, en el primer período de la postconvertibilidad, hubo una fuerte caída de la informalidad laboral. Sin embargo, ese proceso se estancó y desde entonces a la fecha con variaciones de (+/-) 2 puntos siempre rondó el 35%. Esta cifra, entonces, parece representar el límite impuesto al proceso de incorporación al trabajo formal y marca condiciones de explotación sumamente favorables a la rentabilidad empresaria.
Es importante remarcar la necesidad y urgencia de generar políticas públicas activas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo que es el encargado de ejercer el rol de policía laboral para combatir este fenómeno. Tras una década en la que la creación de empleo fue muy importante, avanzar sobre las condiciones en las que se trabaja debe ser prioridad para poder garantizar la inclusión de los empleados.
Ser un trabajador no registrado significa no contar con los derechos laborales establecidos por las leyes vigentes, pero también significa no tener beneficios sociales, percibir salarios más bajos que el promedio de la actividad que se realiza, encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad en lo referente a la conservación del empleo, no tener las condiciones ni los seguros necesarios para ejercer la actividad y no poseer protección para poder organizarse y buscar mejoras en salarios y en condiciones de empleo. La informalidad es un poliedro de muchas caras que, en simultáneo, vulneran los derechos básicos de los trabajadores que lo sufren y sus familias.
Cabe destacar que hasta 2008, en el primer período de la postconvertibilidad, hubo una fuerte caída de la informalidad laboral. Sin embargo, ese proceso se estancó y desde entonces a la fecha con variaciones de (+/-) 2 puntos siempre rondó el 35%. Esta cifra, entonces, parece representar el límite impuesto al proceso de incorporación al trabajo formal y marca condiciones de explotación sumamente favorables a la rentabilidad empresaria.
Es importante remarcar la necesidad y urgencia de generar políticas públicas activas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo que es el encargado de ejercer el rol de policía laboral para combatir este fenómeno. Tras una década en la que la creación de empleo fue muy importante, avanzar sobre las condiciones en las que se trabaja debe ser prioridad para poder garantizar la inclusión de los empleados.
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