OTRO MALENTENDIDO PERONISTA

(Columna de Mario Moldovan en Ruido de Medios 27 de noviembre de 2010)

Por obra y gracia de las miserias políticas, las obras sociales sindicales están en el ojo de la tormenta. Varios jueces federales hasta se pelean para allanar sindicatos, obras sociales y droguerías. Ayer hubo casi 50 allanamientos.

Está en juego el tema de los medicamentos truchos pero en el camino saltaron los enjuagues de dinero, las malas o inexistentes prestaciones y las defraudaciones varias. Para no hablar del enriquecimiento ilícito.

Lo que hoy se investiga se conoce desde siempre en los mentideros políticos. Secreto a voces, dice el lugar común. Ese secreto está cubierto por un viejo malentendido según el cual las obras sociales son la quintaesencia de la doctrina peronista y de la lucha de la clase trabajadora.


Sin embargo, las obras sociales tal como hoy existen no son un invento peronista sino el fruto de un acuerdo entre una dictadura militar y los sindicalistas que quisieron reemplazar a Perón cuando el viejo general ni soñaba con volver y ser presidente por tercera vez.

Este año se cumple un aniversario redondo de la ley 18610 que promulgó el general Juan Carlos Onganía, en 1970, para los muchachos de la patria sindical. Cuentan que uno de ellos al recibir el preciado negocio dijo: “me parece que con esto nos hacemos ricos pero se acabó la resistencia peronista”.

Hagamos un poco de historia. Antes de 1946 prácticamente no existía la Salud Pública; la medicina era una función privada y si eras pobre te arreglabas con la curandera.

Por eso algunos pocos y poderosos gremios empezaron con la noble acción mutualista para cubrir los requerimientos de sus afiliados.

La Unión Ferroviaria, la misma (pero distinta) que ahora sostiene matones y asesinos para garantizar los negocios privados de sus dirigentes, fue pionera en la materia. En 1919 abrió su propia Caja de Jubilaciones y unos años después el Hogar Ferroviario. En 1940 llegaron a tener su propio Hospital, clausurado en el fatídico año 1999. Pero era una excepción.

El cambio llegó con Perón. El tipo vio la luz en el horizonte y fue hacia allá. Por decreto, en el 45, organizó las Asociaciones Profesionales de Trabajadores que, con apoyo estatal, permitieron profundizar el proceso iniciado por la Unión Ferroviaria y otras entidades gremiales.

Pero la revolución vino después, cuando en el 46 se desarrolla el concepto de Sistema de Salud Asistencialista. En este sistema había lugar y mucho para las obras sociales, pero el principio era que el Estado Nacional financiara a todo el sistema de salud con rentas generales.

Vaya a saber por qué, pero este Perón no repartía subsidios para obras sociales sindicales, prefería hacer hospitales públicos. Este Perón no inauguraba sanatorios truchos de sindicalistas-gerentes, prefería tener a Ramón Carrillo frente al Ministerio de Salud.

Y hay más de Perón, porque en 1974 –a cuatro añitos del negocio entre Onganía, Francisco Manrique y Vandor- hizo aprobar la ley 20.748 conocida como Sistema Nacional Integrado de Salud, resistida por todo el sindicalismo peronista.

Esa ley no llegó a implementarse y finalmente en 1980 fue anulada por el Proceso Militar.

Todos los intentos posteriores para crear un sistema nacional de salud y desregular el poder sindical, a manos por ejemplo del radicalismo, se estrellaron en la impotencia. Y el sistema engordó de la mano de los Gordos y también con la ayudita del menemismo, que con el cuento de desregular le abrió la puerta del gallinero al zorro de la medicina pre-paga privada.

Lo que está saltando hoy en los juzgados tiene que ver con delitos concretos pero también es la punta de un iceberg, la de un sistema de negocios y control político creado hace cincuenta años. Y ahí están todos, hasta los que pelearon contra Menem y se quedaron con la CGT, los que después de denunciar la Banelco se miraron al espejo y se preguntaron ¿Por qué yo no, si somos todos peronistas?

Mientras los juzgados amenazan con un mani pulite de las obras sociales, el Senado introdujo algunas modificaciones al sistema privado de pre pagas. El tema vuelve ahora a Diputados.

Se trata de un negocio multimillanorio donde un grupo de empresarios son socios, cómplices o cafishios de sindicalistas. Los privados se quedaron con la crema sin olvidarse de la masa de la torta. Porque las obras sociales les ceden afiliados a cambio de jugosas comisiones. También hay que mirar y mucho para ese lado. Y a ver si sale otro tiro para el lado de la justicia