Bernardo Kliksberg
En el discurso público latinoamericano de las últimas dos décadas, ha sido reiterada la tendencia de algunos sectores a optar por la negación o minimización del problema.
La falacia discurre por diversos cauces. Uno de ellos es la relativización del problema: «pobres hay en todos lados», acostumbraba señalar el mandatario de un país latinoamericano frente al ascenso de las cifras de pobreza en su país durante su periodo gubernamental.
En materia económico-social lo conveniente es siempre desagregar los datos y tener una perspectiva comparada e histórica para saber cuál es situación real.
Los países desarrollados también tienen, ciertamente, porcentajes de población ubicados debajo de la línea de pobreza.
Pero hay varias diferencias. Las cifras difieren muy fuertemente. La población de pobres en ellos es normalmente menor del 15% del total. Eso es muy diferente de tener entre una sexta y una séptima parte de la población —casi la mitad de ella—en ese estado.
No solamente es una diferencia cuantitativa: es otra escala.
Una escala que implica considerables diferencias cualitativas. En los países desarrollados se habla de «islotes de pobreza» o de «focos de pobreza». En vastas áreas de América Latina es muy difícil reflejar la realidad con semejante lenguaje. La pobreza entre nosotros es extensa, diversificada, y tiene actualmente incluso una fuerte expresión en la clases medias, entre las cuales el deterioro de sus bases económicas ha generado un estrato social en crecimiento denominado por los expertos «los nuevos pobres».
No; no hay «focos de pobreza» a erradicar, sino un problema mucho más amplio y generalizado que requiere vigorosas estrategias globales.
Por otra parte, la comparación estricta podría llevar a identificar que la brecha es aún mucho mayor. Las líneas de pobreza utilizadas en los países desarrollados son mucho más altas que las empleadas normalmente en América Latina.
Así, entre otras, la difundida tendencia a medir la pobreza considerando pobres a quienes ganan menos de 2 dólares diarios, es muy cuestionable. En todos países de la región la línea de pobreza está muy por encima de esa cifra.
Otro pasaje frecuente del discurso negador es la afirmación de que «pobres hubo siempre». Aquí la falacia adquiere el tono de la historicidad. Uno de los recursos más utilizados cuando se trata de relativizar un problema grave es quitarle el piso histórico.
La pobreza ha existido en América latina desde su orígenes , pero ¿cuáles son las tendencias presentes? ¿En qué dirección apuntan? ¿Van hacia su disminución, su estancamiento o su incremento?
En los últimos 20 años parece haber suficiente evidencia para preocuparse. Los indicadores han experimentado un deterioro. Con altibajos y variaciones nacionales, las cifras han ascendido en toda la región. Son muy pocos los casos en los que ha habido reducciones de consideración.
La falacia de desconocer o relativizar la pobreza, no es inocua. Tiene severas consecuencias en términos de políticas públicas: «Si hay pobres en todos lados, y los ha habido siempre, ¿por qué darle al tema tanta prioridad? Hay que atenuar los impactos, pero no asustarse. Basta con políticas de contención rutinarias: La política social no es lo importante: es una carga de la que no es posible desprenderse, pero como se trata de afrontar un problema que siempre existirá y que todos los paises tienen, cuidado con sobrestimarla».
Este enfoque lleva a políticas sociales de muy bajo perfil y rendimiento y a una «desjerarquización» de todo el área social.
En algunas de las expresiones más extremas de la falacia se procuró, en décadas pasadas, eliminar la pobreza de la agenda de reuniones importantes.
Además de conducir a políticas absolutamente incapaces de enfrentar las realidades de pobreza, la falacia expuesta entraña un importante problema ético.
No solamente niega soluciones a los pobres, lo que lleva a la perduración y acentuación de situaciones de exclusión humana antiéticas, sino que va aún más lejos: al minimizar y relativizar está cuestionando la existencia misma del pobre.
miércoles, agosto 29, 2007
domingo, agosto 26, 2007
Sartre y el quinto poder
Sartre planteaba en el documental que el intelectual no tiene poder alguno, a partir de la contradicción que lo convierte en intelectual. Es cierto, el político no tiene ni puede vivir esa contradicción, sino no, no hace nada, en términos de construir poder, llegar, administrar los negocios de la corona.
El intelectual gestiona la contradicción, pero desde Sartre en el documental a esta parte, algunas cosas cambiaron, el poder intelectual se ha convertido en el quinto poder luego de los tres tradicionales y la prensa como cuarto.
El poder intelectual hoy ha ganado espacio y ha perdido independencia y se vende muchas veces utilizando su capital de contradicciones pasadas.
Pero hoy las corrientes intelectuales, los tabúes, las no fly zones, no pueden imponerse sin el si de la nice people.
Sartre y el quinto poder
Sartre planteaba en el documental que el intelectual no tiene poder alguno, a partir de la contradicción que lo convierte en intelectual. Es cierto, el político no tiene ni puede vivir esa contradicción, sino no, no hace nada, en términos de construir poder, llegar, administrar los negocios de la corona.
El intelectual gestiona la contradicción, pero desde Sartre en el documental a esta parte, algunas cosas cambiaron, el poder intelectual se ha convertido en el quinto poder luego de los tres tradicionales y la prensa como cuarto.
El poder intelectual hoy ha ganado espacio y ha perdido independencia y se vende muchas veces utilizando su capital de contradicciones pasadas.
Pero hoy las corrientes intelectuales, los tabúes, las no fly zones, no pueden imponerse sin el si de la nice people.
sábado, agosto 25, 2007
China no es una burbuja
Por Alfredo Zaiat
En estas semanas de violentas turbulencias en el mundo financiero internacional, con pronósticos de catástrofes que quedaron descolocados por la impresionante intervención conjunta de las bancas centrales de los países desarrollados por más de 600 mil millones de dólares, se ha estado desarrollando otra batalla mucho más relevante que el incendio en el casino global. Más importante que los quebrantos ocasionados por la pinchadura de una burbuja especulativa que, con elevada probabilidad, será reemplazada por otra más adelante mientras prevalezca la actual lógica de funcionamiento del mercado financiero mundial. Esa otra guerra es más trascendente porque va configurando el orden económico futuro: una potencia emergente (China) que avanza a paso redoblado y dos (Estados Unidos y Europa) que resisten la cesión de espacios de poder en el concierto del comercio internacional.
La caída de las cotizaciones de activos bursátiles genera una estado de ansiedad en la población ajena a esas operaciones por el miedo a sufrir consecuencias en su vida cotidiana. Pero también produce una particular morbosidad en los medios de comunicación que refieren el derrumbe de los precios de acciones y bonos como el preludio de una brutal crisis mundial. Sin embargo, y tal como quedó en evidencia en las últimas jornadas, las bancas centrales salieron al rescate de bancos y fondos de inversión con recursos públicos (también en Argentina), en un nuevo capítulo de la historieta creada por el credo liberal de que el mercado es sagrado cuando se trata de contabilizar ganancias y el Estado, en cambio, sólo tiene que ser el socio bobo en la tarea de intervenir para salvarlos de sus pérdidas ocasionadas por sus propios desaguisados.
No genera tanta angustia ni títulos alarmistas la despiadada guerra comercial que se ha declarado en los últimos meses, que tendrá consecuencias muchísimo más importantes para los países que la caída de la irresponsable bicicleta con los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Conflicto comercial que ya tiene su capítulo en Argentina (ver artículo en pág. 7). El caso de los juguetes Mattel se presentó como un acontecimiento anecdótico en la relación comercial entre Estados Unidos y China, más aún cuando el fabricante chino optó por suicidarse ante el escándalo. Pero deja de ser una anécdota y resulta impactante cuando se detalla la secuencias de hechos producidos en pocas semanas, que ayudan a definir la magnitud de la pelea que se ha declarado, que tendrá indefectiblemente consecuencias en la organización del poder económico mundial:
- Estados Unidos presiona a China para que ajuste su tipo de cambio para hacer menos competitiva su producción y así disminuir su creciente déficit comercial con el gigante asiático. Después de varias visitas de funcionarios de primer nivel de la administración Bush a Beijing y sin respuestas favorables, Estados Unidos amenazó con sanciones comerciales.
- La respuesta china fue fulminante: amenazó con vender de golpe todas las reservas que tiene en bonos del Tesoro estadounidense, por unos 900 mil millones de dólares. Esos papeles de deuda vienen a financiar el déficit comercial en alza. El esquema sería el siguiente: China inunda de productos a EE.UU, consiguiendo un superávit comercial bilateral descomunal (unos 250 mil millones de dólares anuales), y ese excedente regresa al país importador mediante la financiación de su respectivo déficit con la compra de bonos. Basta imaginar el descalabro de proporciones que implicaría una liquidación de bonos semejante, que el temblor por la caída bursátil de esta semana pasaría a ser una caricia.
- Estados Unidos ordenó a Mattel retirar del mercado 19 millones de juguetes fabricados en China por contener pintura con elevados niveles de plomo o imanes pequeños considerados peligrosos para los menores de edad.
- China reaccionó prohibiendo la importación de tres marcas de galletitas Arnott’s, de la estadounidense Campbell Soup, argumentando que unas 3,6 toneladas de ese producto contenían excesivos niveles de aluminio.
- Estados Unidos frenó el ingreso de alimentos para mascota, pasta dentífrica y fármacos fabricados en el gigante asiático.
- China respondió destruyendo carne proveniente del gigante americano.
- En Europa, el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, aseguró que el retiro de productos chinos que incumplían los requisitos de seguridad no tuvo motivación política ni “es un pretexto para el proteccionismo”.
- China contestó con la misma moneda. La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena ordenó detener el ingreso de una partida de marcapasos por “problemas de calidad”.
Esta serie de incidentes comerciales tuvo lugar en apenas poco más de un mes, lo que revela la intensidad de esa puja y, fundamentalmente, el arrollador crecimiento de China, que pone en jaque al actual poder hegemónico. Como en su momento Estados Unidos desplazó al Reino Unido del liderazgo mundial, entre otras cosas, a través de su superioridad en el comercio internacional, China está reclamando su lugar predominante. El gigante asiático va camino a convertirse en la primera potencia comercial del mundo, desplazando a Estados Unidos y Alemania. Según datos de la OCDE, ese puesto lo obtendría en 2010 y, además, estiman que hacia 2015 el 50 por ciento del comercio internacional pasaría por ese país. La paradoja del surgimiento de esta nueva potencia comercial, que cuestiona el dominio de Estados Unidos y Europa, es que ese poderío nace de la inversión extranjera directa de las empresas multinacionales de esos dos viejos líderes, además de las japonesas. Más del 60 por ciento del total de las exportaciones chinas son de origen de transnacionales, trepando a casi el 90 por ciento cuando se trata de bienes tecnológicos.
China no sólo exporta baratijas, sino que cada vez más vende productos de alta tecnología. El economista estadounidense Dani Rodrik destaca en su paper What so special about China exports que el crecimiento chino ha sido, a partir de 1992, motorizado por el paso de las actividades de baja a las de alta productividad debido al desembarco de las compañías multinacionales, que tuvieron que asociarse con empresarios chinos. En esa línea, el investigador Sergio Cesarin, con un postgrado en el Departamento de Economía de la Universidad de Pekín, explica que China aprovechó los espacios vacíos ante la concentración de esfuerzos diplomáticos, económicos y militares estadounidenses en otras partes del globo. “Las iniciativas desplegadas por China han sido un despertador para Estados Unidos”, define Cesarin, lo que explica la actual escalada de la tensión bilateral.
El retroceso de Estados Unidos o, de otra forma, el avance de China ha puesto en alerta a la actual potencia hegemónica, que se siente amenazada del mismo modo en que lo percibía en la década del ochenta por la invasión de la producción japonesa a su mercado doméstico. Ese estado de vulnerabilidad y de cuestionamiento a su liderazgo la expresó Lester Brown, fundador del prestigioso Worldwatch Institute, en su artículo “Santa Claus es chino, o por qué China crece y Estados Unidos decae”, en donde se lamenta de que un 80 por ciento de los juguetes vendidos en su país sean chinos, pero no sólo las muñecas Barbie, sino también bienes electrónicos como el iPod de Apple y la Xbox de Microsoft. Y describe, con tono de lamento, que “ocho de cada diez árboles artificiales de Navidad vendidos en Estados Unidos se fabrican en China, que implicará un gasto de más de 130 millones de dólares, además de que los americanos desembolsarán más de 1000 millones de dólares en ornamentos navideños procedentes de China”. Brown concluye que “bajo el espíritu navideño americano subyace una sociedad sobreendeudada que parece haber perdido su camino, atrapada en las arenas movedizas del consumismo”. En ese terreno avanzan los chinos.
Otro dato de referencia para detectar que el mundo está cambiando apunta a que mientras temblaba Wall Street y las plazas bursátiles europeas, con sus réplicas en mercados denominados emergentes, entre ellos el argentino, la Bolsa de Shanghai marcaba un nuevo record histórico. Si bien las convulsiones financieras son para estar atentos, es evidente que el partido sobre el rumbo de la economía mundial se juega en otro terreno. Así lo entienden, por lo menos, los guionistas de la sexta temporada de la serie 24 horas: en los últimos capítulos, ya no son los árabes ni los separatistas rusos, sino los chinos los malos que el agente de la unidad antiterrorista de EE.UU. Jack Bauer tiene que destruir.
En estas semanas de violentas turbulencias en el mundo financiero internacional, con pronósticos de catástrofes que quedaron descolocados por la impresionante intervención conjunta de las bancas centrales de los países desarrollados por más de 600 mil millones de dólares, se ha estado desarrollando otra batalla mucho más relevante que el incendio en el casino global. Más importante que los quebrantos ocasionados por la pinchadura de una burbuja especulativa que, con elevada probabilidad, será reemplazada por otra más adelante mientras prevalezca la actual lógica de funcionamiento del mercado financiero mundial. Esa otra guerra es más trascendente porque va configurando el orden económico futuro: una potencia emergente (China) que avanza a paso redoblado y dos (Estados Unidos y Europa) que resisten la cesión de espacios de poder en el concierto del comercio internacional.
La caída de las cotizaciones de activos bursátiles genera una estado de ansiedad en la población ajena a esas operaciones por el miedo a sufrir consecuencias en su vida cotidiana. Pero también produce una particular morbosidad en los medios de comunicación que refieren el derrumbe de los precios de acciones y bonos como el preludio de una brutal crisis mundial. Sin embargo, y tal como quedó en evidencia en las últimas jornadas, las bancas centrales salieron al rescate de bancos y fondos de inversión con recursos públicos (también en Argentina), en un nuevo capítulo de la historieta creada por el credo liberal de que el mercado es sagrado cuando se trata de contabilizar ganancias y el Estado, en cambio, sólo tiene que ser el socio bobo en la tarea de intervenir para salvarlos de sus pérdidas ocasionadas por sus propios desaguisados.
No genera tanta angustia ni títulos alarmistas la despiadada guerra comercial que se ha declarado en los últimos meses, que tendrá consecuencias muchísimo más importantes para los países que la caída de la irresponsable bicicleta con los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Conflicto comercial que ya tiene su capítulo en Argentina (ver artículo en pág. 7). El caso de los juguetes Mattel se presentó como un acontecimiento anecdótico en la relación comercial entre Estados Unidos y China, más aún cuando el fabricante chino optó por suicidarse ante el escándalo. Pero deja de ser una anécdota y resulta impactante cuando se detalla la secuencias de hechos producidos en pocas semanas, que ayudan a definir la magnitud de la pelea que se ha declarado, que tendrá indefectiblemente consecuencias en la organización del poder económico mundial:
- Estados Unidos presiona a China para que ajuste su tipo de cambio para hacer menos competitiva su producción y así disminuir su creciente déficit comercial con el gigante asiático. Después de varias visitas de funcionarios de primer nivel de la administración Bush a Beijing y sin respuestas favorables, Estados Unidos amenazó con sanciones comerciales.
- La respuesta china fue fulminante: amenazó con vender de golpe todas las reservas que tiene en bonos del Tesoro estadounidense, por unos 900 mil millones de dólares. Esos papeles de deuda vienen a financiar el déficit comercial en alza. El esquema sería el siguiente: China inunda de productos a EE.UU, consiguiendo un superávit comercial bilateral descomunal (unos 250 mil millones de dólares anuales), y ese excedente regresa al país importador mediante la financiación de su respectivo déficit con la compra de bonos. Basta imaginar el descalabro de proporciones que implicaría una liquidación de bonos semejante, que el temblor por la caída bursátil de esta semana pasaría a ser una caricia.
- Estados Unidos ordenó a Mattel retirar del mercado 19 millones de juguetes fabricados en China por contener pintura con elevados niveles de plomo o imanes pequeños considerados peligrosos para los menores de edad.
- China reaccionó prohibiendo la importación de tres marcas de galletitas Arnott’s, de la estadounidense Campbell Soup, argumentando que unas 3,6 toneladas de ese producto contenían excesivos niveles de aluminio.
- Estados Unidos frenó el ingreso de alimentos para mascota, pasta dentífrica y fármacos fabricados en el gigante asiático.
- China respondió destruyendo carne proveniente del gigante americano.
- En Europa, el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, aseguró que el retiro de productos chinos que incumplían los requisitos de seguridad no tuvo motivación política ni “es un pretexto para el proteccionismo”.
- China contestó con la misma moneda. La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena ordenó detener el ingreso de una partida de marcapasos por “problemas de calidad”.
Esta serie de incidentes comerciales tuvo lugar en apenas poco más de un mes, lo que revela la intensidad de esa puja y, fundamentalmente, el arrollador crecimiento de China, que pone en jaque al actual poder hegemónico. Como en su momento Estados Unidos desplazó al Reino Unido del liderazgo mundial, entre otras cosas, a través de su superioridad en el comercio internacional, China está reclamando su lugar predominante. El gigante asiático va camino a convertirse en la primera potencia comercial del mundo, desplazando a Estados Unidos y Alemania. Según datos de la OCDE, ese puesto lo obtendría en 2010 y, además, estiman que hacia 2015 el 50 por ciento del comercio internacional pasaría por ese país. La paradoja del surgimiento de esta nueva potencia comercial, que cuestiona el dominio de Estados Unidos y Europa, es que ese poderío nace de la inversión extranjera directa de las empresas multinacionales de esos dos viejos líderes, además de las japonesas. Más del 60 por ciento del total de las exportaciones chinas son de origen de transnacionales, trepando a casi el 90 por ciento cuando se trata de bienes tecnológicos.
China no sólo exporta baratijas, sino que cada vez más vende productos de alta tecnología. El economista estadounidense Dani Rodrik destaca en su paper What so special about China exports que el crecimiento chino ha sido, a partir de 1992, motorizado por el paso de las actividades de baja a las de alta productividad debido al desembarco de las compañías multinacionales, que tuvieron que asociarse con empresarios chinos. En esa línea, el investigador Sergio Cesarin, con un postgrado en el Departamento de Economía de la Universidad de Pekín, explica que China aprovechó los espacios vacíos ante la concentración de esfuerzos diplomáticos, económicos y militares estadounidenses en otras partes del globo. “Las iniciativas desplegadas por China han sido un despertador para Estados Unidos”, define Cesarin, lo que explica la actual escalada de la tensión bilateral.
El retroceso de Estados Unidos o, de otra forma, el avance de China ha puesto en alerta a la actual potencia hegemónica, que se siente amenazada del mismo modo en que lo percibía en la década del ochenta por la invasión de la producción japonesa a su mercado doméstico. Ese estado de vulnerabilidad y de cuestionamiento a su liderazgo la expresó Lester Brown, fundador del prestigioso Worldwatch Institute, en su artículo “Santa Claus es chino, o por qué China crece y Estados Unidos decae”, en donde se lamenta de que un 80 por ciento de los juguetes vendidos en su país sean chinos, pero no sólo las muñecas Barbie, sino también bienes electrónicos como el iPod de Apple y la Xbox de Microsoft. Y describe, con tono de lamento, que “ocho de cada diez árboles artificiales de Navidad vendidos en Estados Unidos se fabrican en China, que implicará un gasto de más de 130 millones de dólares, además de que los americanos desembolsarán más de 1000 millones de dólares en ornamentos navideños procedentes de China”. Brown concluye que “bajo el espíritu navideño americano subyace una sociedad sobreendeudada que parece haber perdido su camino, atrapada en las arenas movedizas del consumismo”. En ese terreno avanzan los chinos.
Otro dato de referencia para detectar que el mundo está cambiando apunta a que mientras temblaba Wall Street y las plazas bursátiles europeas, con sus réplicas en mercados denominados emergentes, entre ellos el argentino, la Bolsa de Shanghai marcaba un nuevo record histórico. Si bien las convulsiones financieras son para estar atentos, es evidente que el partido sobre el rumbo de la economía mundial se juega en otro terreno. Así lo entienden, por lo menos, los guionistas de la sexta temporada de la serie 24 horas: en los últimos capítulos, ya no son los árabes ni los separatistas rusos, sino los chinos los malos que el agente de la unidad antiterrorista de EE.UU. Jack Bauer tiene que destruir.
China no es una burbuja
Por Alfredo Zaiat
En estas semanas de violentas turbulencias en el mundo financiero internacional, con pronósticos de catástrofes que quedaron descolocados por la impresionante intervención conjunta de las bancas centrales de los países desarrollados por más de 600 mil millones de dólares, se ha estado desarrollando otra batalla mucho más relevante que el incendio en el casino global. Más importante que los quebrantos ocasionados por la pinchadura de una burbuja especulativa que, con elevada probabilidad, será reemplazada por otra más adelante mientras prevalezca la actual lógica de funcionamiento del mercado financiero mundial. Esa otra guerra es más trascendente porque va configurando el orden económico futuro: una potencia emergente (China) que avanza a paso redoblado y dos (Estados Unidos y Europa) que resisten la cesión de espacios de poder en el concierto del comercio internacional.
La caída de las cotizaciones de activos bursátiles genera una estado de ansiedad en la población ajena a esas operaciones por el miedo a sufrir consecuencias en su vida cotidiana. Pero también produce una particular morbosidad en los medios de comunicación que refieren el derrumbe de los precios de acciones y bonos como el preludio de una brutal crisis mundial. Sin embargo, y tal como quedó en evidencia en las últimas jornadas, las bancas centrales salieron al rescate de bancos y fondos de inversión con recursos públicos (también en Argentina), en un nuevo capítulo de la historieta creada por el credo liberal de que el mercado es sagrado cuando se trata de contabilizar ganancias y el Estado, en cambio, sólo tiene que ser el socio bobo en la tarea de intervenir para salvarlos de sus pérdidas ocasionadas por sus propios desaguisados.
No genera tanta angustia ni títulos alarmistas la despiadada guerra comercial que se ha declarado en los últimos meses, que tendrá consecuencias muchísimo más importantes para los países que la caída de la irresponsable bicicleta con los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Conflicto comercial que ya tiene su capítulo en Argentina (ver artículo en pág. 7). El caso de los juguetes Mattel se presentó como un acontecimiento anecdótico en la relación comercial entre Estados Unidos y China, más aún cuando el fabricante chino optó por suicidarse ante el escándalo. Pero deja de ser una anécdota y resulta impactante cuando se detalla la secuencias de hechos producidos en pocas semanas, que ayudan a definir la magnitud de la pelea que se ha declarado, que tendrá indefectiblemente consecuencias en la organización del poder económico mundial:
- Estados Unidos presiona a China para que ajuste su tipo de cambio para hacer menos competitiva su producción y así disminuir su creciente déficit comercial con el gigante asiático. Después de varias visitas de funcionarios de primer nivel de la administración Bush a Beijing y sin respuestas favorables, Estados Unidos amenazó con sanciones comerciales.
- La respuesta china fue fulminante: amenazó con vender de golpe todas las reservas que tiene en bonos del Tesoro estadounidense, por unos 900 mil millones de dólares. Esos papeles de deuda vienen a financiar el déficit comercial en alza. El esquema sería el siguiente: China inunda de productos a EE.UU, consiguiendo un superávit comercial bilateral descomunal (unos 250 mil millones de dólares anuales), y ese excedente regresa al país importador mediante la financiación de su respectivo déficit con la compra de bonos. Basta imaginar el descalabro de proporciones que implicaría una liquidación de bonos semejante, que el temblor por la caída bursátil de esta semana pasaría a ser una caricia.
- Estados Unidos ordenó a Mattel retirar del mercado 19 millones de juguetes fabricados en China por contener pintura con elevados niveles de plomo o imanes pequeños considerados peligrosos para los menores de edad.
- China reaccionó prohibiendo la importación de tres marcas de galletitas Arnott’s, de la estadounidense Campbell Soup, argumentando que unas 3,6 toneladas de ese producto contenían excesivos niveles de aluminio.
- Estados Unidos frenó el ingreso de alimentos para mascota, pasta dentífrica y fármacos fabricados en el gigante asiático.
- China respondió destruyendo carne proveniente del gigante americano.
- En Europa, el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, aseguró que el retiro de productos chinos que incumplían los requisitos de seguridad no tuvo motivación política ni “es un pretexto para el proteccionismo”.
- China contestó con la misma moneda. La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena ordenó detener el ingreso de una partida de marcapasos por “problemas de calidad”.
Esta serie de incidentes comerciales tuvo lugar en apenas poco más de un mes, lo que revela la intensidad de esa puja y, fundamentalmente, el arrollador crecimiento de China, que pone en jaque al actual poder hegemónico. Como en su momento Estados Unidos desplazó al Reino Unido del liderazgo mundial, entre otras cosas, a través de su superioridad en el comercio internacional, China está reclamando su lugar predominante. El gigante asiático va camino a convertirse en la primera potencia comercial del mundo, desplazando a Estados Unidos y Alemania. Según datos de la OCDE, ese puesto lo obtendría en 2010 y, además, estiman que hacia 2015 el 50 por ciento del comercio internacional pasaría por ese país. La paradoja del surgimiento de esta nueva potencia comercial, que cuestiona el dominio de Estados Unidos y Europa, es que ese poderío nace de la inversión extranjera directa de las empresas multinacionales de esos dos viejos líderes, además de las japonesas. Más del 60 por ciento del total de las exportaciones chinas son de origen de transnacionales, trepando a casi el 90 por ciento cuando se trata de bienes tecnológicos.
China no sólo exporta baratijas, sino que cada vez más vende productos de alta tecnología. El economista estadounidense Dani Rodrik destaca en su paper What so special about China exports que el crecimiento chino ha sido, a partir de 1992, motorizado por el paso de las actividades de baja a las de alta productividad debido al desembarco de las compañías multinacionales, que tuvieron que asociarse con empresarios chinos. En esa línea, el investigador Sergio Cesarin, con un postgrado en el Departamento de Economía de la Universidad de Pekín, explica que China aprovechó los espacios vacíos ante la concentración de esfuerzos diplomáticos, económicos y militares estadounidenses en otras partes del globo. “Las iniciativas desplegadas por China han sido un despertador para Estados Unidos”, define Cesarin, lo que explica la actual escalada de la tensión bilateral.
El retroceso de Estados Unidos o, de otra forma, el avance de China ha puesto en alerta a la actual potencia hegemónica, que se siente amenazada del mismo modo en que lo percibía en la década del ochenta por la invasión de la producción japonesa a su mercado doméstico. Ese estado de vulnerabilidad y de cuestionamiento a su liderazgo la expresó Lester Brown, fundador del prestigioso Worldwatch Institute, en su artículo “Santa Claus es chino, o por qué China crece y Estados Unidos decae”, en donde se lamenta de que un 80 por ciento de los juguetes vendidos en su país sean chinos, pero no sólo las muñecas Barbie, sino también bienes electrónicos como el iPod de Apple y la Xbox de Microsoft. Y describe, con tono de lamento, que “ocho de cada diez árboles artificiales de Navidad vendidos en Estados Unidos se fabrican en China, que implicará un gasto de más de 130 millones de dólares, además de que los americanos desembolsarán más de 1000 millones de dólares en ornamentos navideños procedentes de China”. Brown concluye que “bajo el espíritu navideño americano subyace una sociedad sobreendeudada que parece haber perdido su camino, atrapada en las arenas movedizas del consumismo”. En ese terreno avanzan los chinos.
Otro dato de referencia para detectar que el mundo está cambiando apunta a que mientras temblaba Wall Street y las plazas bursátiles europeas, con sus réplicas en mercados denominados emergentes, entre ellos el argentino, la Bolsa de Shanghai marcaba un nuevo record histórico. Si bien las convulsiones financieras son para estar atentos, es evidente que el partido sobre el rumbo de la economía mundial se juega en otro terreno. Así lo entienden, por lo menos, los guionistas de la sexta temporada de la serie 24 horas: en los últimos capítulos, ya no son los árabes ni los separatistas rusos, sino los chinos los malos que el agente de la unidad antiterrorista de EE.UU. Jack Bauer tiene que destruir.
En estas semanas de violentas turbulencias en el mundo financiero internacional, con pronósticos de catástrofes que quedaron descolocados por la impresionante intervención conjunta de las bancas centrales de los países desarrollados por más de 600 mil millones de dólares, se ha estado desarrollando otra batalla mucho más relevante que el incendio en el casino global. Más importante que los quebrantos ocasionados por la pinchadura de una burbuja especulativa que, con elevada probabilidad, será reemplazada por otra más adelante mientras prevalezca la actual lógica de funcionamiento del mercado financiero mundial. Esa otra guerra es más trascendente porque va configurando el orden económico futuro: una potencia emergente (China) que avanza a paso redoblado y dos (Estados Unidos y Europa) que resisten la cesión de espacios de poder en el concierto del comercio internacional.
La caída de las cotizaciones de activos bursátiles genera una estado de ansiedad en la población ajena a esas operaciones por el miedo a sufrir consecuencias en su vida cotidiana. Pero también produce una particular morbosidad en los medios de comunicación que refieren el derrumbe de los precios de acciones y bonos como el preludio de una brutal crisis mundial. Sin embargo, y tal como quedó en evidencia en las últimas jornadas, las bancas centrales salieron al rescate de bancos y fondos de inversión con recursos públicos (también en Argentina), en un nuevo capítulo de la historieta creada por el credo liberal de que el mercado es sagrado cuando se trata de contabilizar ganancias y el Estado, en cambio, sólo tiene que ser el socio bobo en la tarea de intervenir para salvarlos de sus pérdidas ocasionadas por sus propios desaguisados.
No genera tanta angustia ni títulos alarmistas la despiadada guerra comercial que se ha declarado en los últimos meses, que tendrá consecuencias muchísimo más importantes para los países que la caída de la irresponsable bicicleta con los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Conflicto comercial que ya tiene su capítulo en Argentina (ver artículo en pág. 7). El caso de los juguetes Mattel se presentó como un acontecimiento anecdótico en la relación comercial entre Estados Unidos y China, más aún cuando el fabricante chino optó por suicidarse ante el escándalo. Pero deja de ser una anécdota y resulta impactante cuando se detalla la secuencias de hechos producidos en pocas semanas, que ayudan a definir la magnitud de la pelea que se ha declarado, que tendrá indefectiblemente consecuencias en la organización del poder económico mundial:
- Estados Unidos presiona a China para que ajuste su tipo de cambio para hacer menos competitiva su producción y así disminuir su creciente déficit comercial con el gigante asiático. Después de varias visitas de funcionarios de primer nivel de la administración Bush a Beijing y sin respuestas favorables, Estados Unidos amenazó con sanciones comerciales.
- La respuesta china fue fulminante: amenazó con vender de golpe todas las reservas que tiene en bonos del Tesoro estadounidense, por unos 900 mil millones de dólares. Esos papeles de deuda vienen a financiar el déficit comercial en alza. El esquema sería el siguiente: China inunda de productos a EE.UU, consiguiendo un superávit comercial bilateral descomunal (unos 250 mil millones de dólares anuales), y ese excedente regresa al país importador mediante la financiación de su respectivo déficit con la compra de bonos. Basta imaginar el descalabro de proporciones que implicaría una liquidación de bonos semejante, que el temblor por la caída bursátil de esta semana pasaría a ser una caricia.
- Estados Unidos ordenó a Mattel retirar del mercado 19 millones de juguetes fabricados en China por contener pintura con elevados niveles de plomo o imanes pequeños considerados peligrosos para los menores de edad.
- China reaccionó prohibiendo la importación de tres marcas de galletitas Arnott’s, de la estadounidense Campbell Soup, argumentando que unas 3,6 toneladas de ese producto contenían excesivos niveles de aluminio.
- Estados Unidos frenó el ingreso de alimentos para mascota, pasta dentífrica y fármacos fabricados en el gigante asiático.
- China respondió destruyendo carne proveniente del gigante americano.
- En Europa, el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, aseguró que el retiro de productos chinos que incumplían los requisitos de seguridad no tuvo motivación política ni “es un pretexto para el proteccionismo”.
- China contestó con la misma moneda. La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena ordenó detener el ingreso de una partida de marcapasos por “problemas de calidad”.
Esta serie de incidentes comerciales tuvo lugar en apenas poco más de un mes, lo que revela la intensidad de esa puja y, fundamentalmente, el arrollador crecimiento de China, que pone en jaque al actual poder hegemónico. Como en su momento Estados Unidos desplazó al Reino Unido del liderazgo mundial, entre otras cosas, a través de su superioridad en el comercio internacional, China está reclamando su lugar predominante. El gigante asiático va camino a convertirse en la primera potencia comercial del mundo, desplazando a Estados Unidos y Alemania. Según datos de la OCDE, ese puesto lo obtendría en 2010 y, además, estiman que hacia 2015 el 50 por ciento del comercio internacional pasaría por ese país. La paradoja del surgimiento de esta nueva potencia comercial, que cuestiona el dominio de Estados Unidos y Europa, es que ese poderío nace de la inversión extranjera directa de las empresas multinacionales de esos dos viejos líderes, además de las japonesas. Más del 60 por ciento del total de las exportaciones chinas son de origen de transnacionales, trepando a casi el 90 por ciento cuando se trata de bienes tecnológicos.
China no sólo exporta baratijas, sino que cada vez más vende productos de alta tecnología. El economista estadounidense Dani Rodrik destaca en su paper What so special about China exports que el crecimiento chino ha sido, a partir de 1992, motorizado por el paso de las actividades de baja a las de alta productividad debido al desembarco de las compañías multinacionales, que tuvieron que asociarse con empresarios chinos. En esa línea, el investigador Sergio Cesarin, con un postgrado en el Departamento de Economía de la Universidad de Pekín, explica que China aprovechó los espacios vacíos ante la concentración de esfuerzos diplomáticos, económicos y militares estadounidenses en otras partes del globo. “Las iniciativas desplegadas por China han sido un despertador para Estados Unidos”, define Cesarin, lo que explica la actual escalada de la tensión bilateral.
El retroceso de Estados Unidos o, de otra forma, el avance de China ha puesto en alerta a la actual potencia hegemónica, que se siente amenazada del mismo modo en que lo percibía en la década del ochenta por la invasión de la producción japonesa a su mercado doméstico. Ese estado de vulnerabilidad y de cuestionamiento a su liderazgo la expresó Lester Brown, fundador del prestigioso Worldwatch Institute, en su artículo “Santa Claus es chino, o por qué China crece y Estados Unidos decae”, en donde se lamenta de que un 80 por ciento de los juguetes vendidos en su país sean chinos, pero no sólo las muñecas Barbie, sino también bienes electrónicos como el iPod de Apple y la Xbox de Microsoft. Y describe, con tono de lamento, que “ocho de cada diez árboles artificiales de Navidad vendidos en Estados Unidos se fabrican en China, que implicará un gasto de más de 130 millones de dólares, además de que los americanos desembolsarán más de 1000 millones de dólares en ornamentos navideños procedentes de China”. Brown concluye que “bajo el espíritu navideño americano subyace una sociedad sobreendeudada que parece haber perdido su camino, atrapada en las arenas movedizas del consumismo”. En ese terreno avanzan los chinos.
Otro dato de referencia para detectar que el mundo está cambiando apunta a que mientras temblaba Wall Street y las plazas bursátiles europeas, con sus réplicas en mercados denominados emergentes, entre ellos el argentino, la Bolsa de Shanghai marcaba un nuevo record histórico. Si bien las convulsiones financieras son para estar atentos, es evidente que el partido sobre el rumbo de la economía mundial se juega en otro terreno. Así lo entienden, por lo menos, los guionistas de la sexta temporada de la serie 24 horas: en los últimos capítulos, ya no son los árabes ni los separatistas rusos, sino los chinos los malos que el agente de la unidad antiterrorista de EE.UU. Jack Bauer tiene que destruir.
viernes, agosto 24, 2007
La ceguera política complica la situación en Medio Oriente
Con Palestina atomizada, no hay salida
Por Régis Debray
Le Monde Diplomatique
PARIS.– Ya en el año 2000, Dennis Ross, enviado norteamericano a Medio Oriente, admitió que al negociar los acuerdos de Camp David de 1978 no se habían tenido en cuenta los sucesos locales, en especial los asentamientos. Entre 1994 y 2000 se duplicó el número de colonos judíos asentados en territorios palestinos. Desde los acuerdos de Oslo (1993) hasta hoy se radicaron en Cisjordania tantos colonos como en los 25 años anteriores. En estos momentos en que se habla de una nueva conferencia internacional, sería un error seguir pasando por alto la situación real. No hace falta una comisión investigadora. Ya hay muchos informes. No hay en el mundo otro conflicto tan bien documentado, cartografiado y registrado.La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios tiene mapas detallados y actualizados de los territorios en disputa, con fotos, censos y gráficos. Mirarlos lleva una hora, pero podrían evitarse algunos de los sempiternos enunciados de buenas intenciones.Esos mapas muestran la desaparición paulatina de las bases físicas, económicas y humanas para un Estado palestino viable. La solución de los dos Estados y la del “divorcio justo y equitativo” que propone el escritor israelí Amos Oz (un territorio compartido por dos patrias, una más pequeña y desmilitarizada, pero soberana, viable y permanente) ya son palabras huecas.
Algunos dirán que todavía no hemos llegado al punto de no retorno y que, tal vez, los israelíes han ganado la batalla territorial, pero los palestinos ganarán ciertamente la batalla demográfica. Ellos invocan la elasticidad de la población frente a la aplanadora que, a paso lento pero firme, va implementando el Plan Allon, de 1968, y el Plan de Red Caminera 50, de 1984.
Los acontecimientos locales indican que:
El muro de seguridad no se alza, como se cree, para trazar un límite que, aun siendo ilegal (incluye más del 10 por ciento de Cisjordania), al menos servirá de línea de puntos para una futura frontera internacional.
Como dijo Ehud Olmert en 2006, la frontera estratégica de Israel es, por cierto, el Jordán. Todo el valle ha sido declarado “zona prohibida” y el área intermedia, carcomida.
Es obvio que los nuevos desvíos este-oeste, tendidos a expensas del antiguo eje norte-sur, marcan un territorio en vías de anexión, con espacio para tres o cuatro enclaves árabes. A la larga, el agotamiento de los recursos naturales en esos enclaves superpoblados provocará un éxodo (gran parte de la elite, en especial la cristiana, ya emigró).
La construcción del muro divisorio, la judaización constante de Jerusalén Este y la reforma del municipio capitalino hacen que las reiteradas, aunque puramente formales, condenas de la ONU no afecten en absoluto la dominación israelí sobre toda la ciudad.
Hay un enorme hiato entre lo que se dice porque queremos oírlo y los hechos locales que no queremos ver. Algunos hablarían de hipocresía; otros, de ambigüedad. La intrusión gradual ocurre a escondidas de los medios, sin causar el menor revuelo y sin un diktat colonialista explícito. Nadie eleva una queja formal, ni aun suponiendo que pueda descubrir lo que está pasando, lo cual resulta difícil para quien no se haya criado allí. En los mapas y textos escolares israelíes, Cisjordania es “Judea y Samaria”. La obliteración de la línea verde de 1967 ya es, legalmente, un hecho consumado.
Esto no es tan sólo un hiato entre la situación de facto y la de jure. Refleja una tradición que se remonta a los comienzos de la Yeshuvá: la estrategia del hecho consumado. Siempre dio resultado. El Estado judío estaba allí antes de ser proclamado y reconocido en 1948; el ejército, también. Tenemos un teatro con dos escenarios. En el internacional, oímos una y otra vez discursos vagos y alentadores, pero lo importante ocurre al lado, en el escenario operacional: allí, fuera de la vista del público, se decide el desenlace.
Los sucesivos gobiernos israelíes, de izquierda o de derecha, comprenden cómo funciona la opinión pública en una democracia y, periódicamente, le administran analgésicos, esto es, planes y anuncios alentadores, siempre condicionales y nunca llevados a cabo. Los medios viven al día y ni siquiera intentan recordar.
Los acuerdos de Oslo no sólo fueron letra muerta: en abril de 2002, con la reocupación militar de las zonas A y B, entraron en reversión.
La fragmentación territorial aísla a las autoridades locales entre sí y de cualquier gobierno central palestino posible. La sistemática destrucción física, por el ejército israelí, de las instituciones nacionales, la infraestructura y los líderes políticos palestinos asegura un caos insondable.
Evidentemente, no se ha tomado el camino hacia la construcción de una nación, sino hacia la deconstrucción de toda posibilidad de gobierno más allá del muro divisorio. Es la contrapartida lógica de un proceso de anexión que, a su debido tiempo, será aprobado “en vista de la nueva realidad percibida sobre el terreno”.
En tales circunstancias, la invocación constante de la “hoja de ruta” por todas las partes tiene más de autosugestión que de examen serio de una firme transformación de la realidad.
Esa realidad quizá no se divise desde Ginebra, París o Nueva York, pero salta a la vista de quien recorra el país tras algunos años de ausencia. Es una tierra ganada por la fuerza militar, donde los asentamientos israelíes ya no son contornos dispuestos sobre un fondo palestino y, en cambio, las áreas palestinas aparecen como contornos sobre un fondo israelí sólidamente infraestructurado.
Veamos un par de ideas, tal vez reconfortantes para algunos:
Si fue posible retirar asentamientos en Gaza, también debería serlo en Cisjordania en un futuro cercano. Quien así piense pasa por alto el hecho de que al retiro de 8000 colonos de Gaza pronto le siguió el callado asentamiento de 20.000 colonos en Cisjordania y Jerusalén. Gaza no forma parte de la tierra prometida, pero Judea y Samaria son su columna vertebral. Sharon no ocultó el hecho de que Israel compensaría su retiro de áreas marginales con el fortalecimiento de su presencia en otras.
El desmantelamiento de cuatro asentamientos pequeños en el Norte y la concentración propuesta de 60.000 colonos en los bloques más populosos crearán un espacio libre. Sí, pero con los asentamientos eslabonados al socaire del muro, en realidad, Cisjordania ha sido partida en dos. El muro separa a los palestinos de los israelíes, pero más aún de sus compatriotas.
Está cobrando forma algo que no es el Estado palestino anunciado y deseado por todos, sino un territorio israelí, todavía no percibido, con tres enclaves palestinos autónomos.
A todas las partes les interesa mantener la simulación internacional. Para los israelíes, la historia se crea bajo su abrigo y cobertura. A los palestinos no se les puede decir la verdad: la racionalización de sus anhelos provee medios de vida, estatus, dignidad y razón de ser a los notables, los representantes elegidos y los funcionarios.
Los europeos optaron por aquietar su conciencia prestando ayuda financiera y humanitaria y, así, disculpar su pasividad política y su ceguera voluntaria.
El pensamiento de los norteamericanos se inspira más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo; ellos mantienen con Israel una relación filial incondicional. Esta ilusión compartida de autoprotección se debe a una coincidencia de intereses opuestos.
¿Esta situación podrá sostenerse hasta fines de este siglo? Parece dudoso, dada la obsesión de Israel por la seguridad (que la hace menos segura) y su desdén por las tendencias demográficas y religiosas en la región.
Al menos un gobierno europeo ¿no podría decirles a nuestros amigos israelíes que no todos nos dejamos engañar? ¿Advertirles que los artífices del engaño quizá no serán las primeras víctimas de él, pero, sin duda, serán las últimas?
Por Régis Debray
Le Monde Diplomatique
El autor es escritor, filósofo y presidente honorario del Instituto de Ciencias de las Religiones, en París.
Por Régis Debray
Le Monde Diplomatique
PARIS.– Ya en el año 2000, Dennis Ross, enviado norteamericano a Medio Oriente, admitió que al negociar los acuerdos de Camp David de 1978 no se habían tenido en cuenta los sucesos locales, en especial los asentamientos. Entre 1994 y 2000 se duplicó el número de colonos judíos asentados en territorios palestinos. Desde los acuerdos de Oslo (1993) hasta hoy se radicaron en Cisjordania tantos colonos como en los 25 años anteriores. En estos momentos en que se habla de una nueva conferencia internacional, sería un error seguir pasando por alto la situación real. No hace falta una comisión investigadora. Ya hay muchos informes. No hay en el mundo otro conflicto tan bien documentado, cartografiado y registrado.La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios tiene mapas detallados y actualizados de los territorios en disputa, con fotos, censos y gráficos. Mirarlos lleva una hora, pero podrían evitarse algunos de los sempiternos enunciados de buenas intenciones.Esos mapas muestran la desaparición paulatina de las bases físicas, económicas y humanas para un Estado palestino viable. La solución de los dos Estados y la del “divorcio justo y equitativo” que propone el escritor israelí Amos Oz (un territorio compartido por dos patrias, una más pequeña y desmilitarizada, pero soberana, viable y permanente) ya son palabras huecas.
Algunos dirán que todavía no hemos llegado al punto de no retorno y que, tal vez, los israelíes han ganado la batalla territorial, pero los palestinos ganarán ciertamente la batalla demográfica. Ellos invocan la elasticidad de la población frente a la aplanadora que, a paso lento pero firme, va implementando el Plan Allon, de 1968, y el Plan de Red Caminera 50, de 1984.
Los acontecimientos locales indican que:
El muro de seguridad no se alza, como se cree, para trazar un límite que, aun siendo ilegal (incluye más del 10 por ciento de Cisjordania), al menos servirá de línea de puntos para una futura frontera internacional.
Como dijo Ehud Olmert en 2006, la frontera estratégica de Israel es, por cierto, el Jordán. Todo el valle ha sido declarado “zona prohibida” y el área intermedia, carcomida.
Es obvio que los nuevos desvíos este-oeste, tendidos a expensas del antiguo eje norte-sur, marcan un territorio en vías de anexión, con espacio para tres o cuatro enclaves árabes. A la larga, el agotamiento de los recursos naturales en esos enclaves superpoblados provocará un éxodo (gran parte de la elite, en especial la cristiana, ya emigró).
La construcción del muro divisorio, la judaización constante de Jerusalén Este y la reforma del municipio capitalino hacen que las reiteradas, aunque puramente formales, condenas de la ONU no afecten en absoluto la dominación israelí sobre toda la ciudad.
Hay un enorme hiato entre lo que se dice porque queremos oírlo y los hechos locales que no queremos ver. Algunos hablarían de hipocresía; otros, de ambigüedad. La intrusión gradual ocurre a escondidas de los medios, sin causar el menor revuelo y sin un diktat colonialista explícito. Nadie eleva una queja formal, ni aun suponiendo que pueda descubrir lo que está pasando, lo cual resulta difícil para quien no se haya criado allí. En los mapas y textos escolares israelíes, Cisjordania es “Judea y Samaria”. La obliteración de la línea verde de 1967 ya es, legalmente, un hecho consumado.
Esto no es tan sólo un hiato entre la situación de facto y la de jure. Refleja una tradición que se remonta a los comienzos de la Yeshuvá: la estrategia del hecho consumado. Siempre dio resultado. El Estado judío estaba allí antes de ser proclamado y reconocido en 1948; el ejército, también. Tenemos un teatro con dos escenarios. En el internacional, oímos una y otra vez discursos vagos y alentadores, pero lo importante ocurre al lado, en el escenario operacional: allí, fuera de la vista del público, se decide el desenlace.
Los sucesivos gobiernos israelíes, de izquierda o de derecha, comprenden cómo funciona la opinión pública en una democracia y, periódicamente, le administran analgésicos, esto es, planes y anuncios alentadores, siempre condicionales y nunca llevados a cabo. Los medios viven al día y ni siquiera intentan recordar.
Los acuerdos de Oslo no sólo fueron letra muerta: en abril de 2002, con la reocupación militar de las zonas A y B, entraron en reversión.
La fragmentación territorial aísla a las autoridades locales entre sí y de cualquier gobierno central palestino posible. La sistemática destrucción física, por el ejército israelí, de las instituciones nacionales, la infraestructura y los líderes políticos palestinos asegura un caos insondable.
Evidentemente, no se ha tomado el camino hacia la construcción de una nación, sino hacia la deconstrucción de toda posibilidad de gobierno más allá del muro divisorio. Es la contrapartida lógica de un proceso de anexión que, a su debido tiempo, será aprobado “en vista de la nueva realidad percibida sobre el terreno”.
En tales circunstancias, la invocación constante de la “hoja de ruta” por todas las partes tiene más de autosugestión que de examen serio de una firme transformación de la realidad.
Esa realidad quizá no se divise desde Ginebra, París o Nueva York, pero salta a la vista de quien recorra el país tras algunos años de ausencia. Es una tierra ganada por la fuerza militar, donde los asentamientos israelíes ya no son contornos dispuestos sobre un fondo palestino y, en cambio, las áreas palestinas aparecen como contornos sobre un fondo israelí sólidamente infraestructurado.
Veamos un par de ideas, tal vez reconfortantes para algunos:
Si fue posible retirar asentamientos en Gaza, también debería serlo en Cisjordania en un futuro cercano. Quien así piense pasa por alto el hecho de que al retiro de 8000 colonos de Gaza pronto le siguió el callado asentamiento de 20.000 colonos en Cisjordania y Jerusalén. Gaza no forma parte de la tierra prometida, pero Judea y Samaria son su columna vertebral. Sharon no ocultó el hecho de que Israel compensaría su retiro de áreas marginales con el fortalecimiento de su presencia en otras.
El desmantelamiento de cuatro asentamientos pequeños en el Norte y la concentración propuesta de 60.000 colonos en los bloques más populosos crearán un espacio libre. Sí, pero con los asentamientos eslabonados al socaire del muro, en realidad, Cisjordania ha sido partida en dos. El muro separa a los palestinos de los israelíes, pero más aún de sus compatriotas.
Está cobrando forma algo que no es el Estado palestino anunciado y deseado por todos, sino un territorio israelí, todavía no percibido, con tres enclaves palestinos autónomos.
A todas las partes les interesa mantener la simulación internacional. Para los israelíes, la historia se crea bajo su abrigo y cobertura. A los palestinos no se les puede decir la verdad: la racionalización de sus anhelos provee medios de vida, estatus, dignidad y razón de ser a los notables, los representantes elegidos y los funcionarios.
Los europeos optaron por aquietar su conciencia prestando ayuda financiera y humanitaria y, así, disculpar su pasividad política y su ceguera voluntaria.
El pensamiento de los norteamericanos se inspira más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo; ellos mantienen con Israel una relación filial incondicional. Esta ilusión compartida de autoprotección se debe a una coincidencia de intereses opuestos.
¿Esta situación podrá sostenerse hasta fines de este siglo? Parece dudoso, dada la obsesión de Israel por la seguridad (que la hace menos segura) y su desdén por las tendencias demográficas y religiosas en la región.
Al menos un gobierno europeo ¿no podría decirles a nuestros amigos israelíes que no todos nos dejamos engañar? ¿Advertirles que los artífices del engaño quizá no serán las primeras víctimas de él, pero, sin duda, serán las últimas?
Por Régis Debray
Le Monde Diplomatique
El autor es escritor, filósofo y presidente honorario del Instituto de Ciencias de las Religiones, en París.
EL “ETNONACIONALISMO”: LAS NUEVAS TENSIONES INTERÉTNICAS EN AMÉRICA LATINA
En su último informe sobre tendencias mundiales, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos menciona entre los peligros potenciales para la seguridad hemisférica el “indigenismo militante” asociado al antiamericanismo.
Por Luis Esteban González Manrique
En muchos países latinoamericanos la proliferación de nuevos “actores armados” se vincula a una progresiva organización de grupos étnicos que reclaman una mayor cuota de autonomía territorial y política. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y en el Perú el Movimiento Etnocacerista (ME) denuncian la discriminación étnica de “naciones originarias”. Incluso en Venezuela algunos sectores del chavismo hablan de una supuesta lucha de la oligarquía contra mestizos y mulatos. La analista venezolana Elizabeth Burgos define el proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista con rasgos neofascistas”, una especie de racismo invertido que Chávez promueve como parte de su revolución continental. Las consecuencias económicas podrían ser peligrosas si ese fenómeno pone en peligro la explotación de recursos naturales –gas, petróleo, oro…– en territorios donde la presencia de comunidades indígenas es importante.
En su último estudio sobre tendencias mundiales durante los próximos 15 años –Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project–, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) de EEUU, dedica muy pocas páginas a América Latina, pero su diagnóstico sobre la principal amenaza a la seguridad de la región es inequívoco: el fracaso de los gobiernos para encontrar soluciones a la pobreza extrema y a la ingobernabilidad podría alimentar el populismo, el indigenismo radical, el terrorismo, el crimen organizado y el sentimiento antiamericano. Por su parte, Dirk Kruijt y Kees Kooning, en su libro Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America subrayan que la proliferación de “actores armados” en la región obedece en parte a tensiones étnicas que están irrumpiendo violentamente en varios países, especialmente en el núcleo de los Andes centrales: Ecuador, Perú y Bolivia.
Algunos grupos rechazan la globalización, percibida como un fenómeno homogeneizador que mina sus culturas con un modelo económico basado en la explotación de las poblaciones indígenas y sus ecosistemas. Michael Radu, del Foreign Policy Research Institute, ha criticado la “parálisis” de Washington frente a la “creciente radicalización de los indígenas en la región andina”. A su vez, Michael Weinstein prevé un nuevo “ciclo de inestabilidad” en los Andes centrales cuyas señales son “marchas masivas de protesta, bloqueo de carreteras, toma de instalaciones oficiales, rebeliones regionales, desarraigo de los gobiernos e intentos de los gobiernos para extender anticonstitucionalmente sus poderes”.
Nacional-populismo-etnicista
Algunos de los protagonistas políticos son la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador, el Movimiento Etnocacerista (ME) de los hermanos Ollanta y Antauro Humala en el Perú, el Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero boliviano Evo Morales y el Movimiento Indigenista Pachacutik del dirigente aymara Felipe Quispe, que busca la fundación de un Estado quechua-aymara en el sur peruano y el norte boliviano al que denomina “Collasuyo”, el nombre de la región durante el imperio incaico. El discurso de Quispe y Antauro Humala es abiertamente xenófobo contra los criollos, en una suerte de racismo invertido. En Bolivia las manifestaciones más violentas se han registrado en las comunidades de inmigrantes quechuas y aymaras asentadas en El Alto, un suburbio superpoblado de La Paz, que conserva la fuerte cohesión originaria de las comunidades rurales, que le da una capacidad organizativa muy eficaz para bloquear carreteras, paralizar los mercados e incluso emboscar patrullas policiales y militares. A este escenario se han añadido las protestas campesinas de las más importantes zonas agrícolas –las Yungas y el Chapare– contra las campañas gubernamentales para erradicar los cultivos de coca.
En Sicuani, Puno, el departamento peruano limítrofe con Bolivia, el pasado 8 de abril Morales con otros diez diputados del MAS asistieron a la fundación de la versión peruana de su partido. En una entrevista con el diario chileno El Mercurio, Morales habló de la necesidad de “internacionalizar” el MAS promoviendo movimientos sociales antiimperialistas en toda la región andina. En Ecuador, la Conaie y su brazo político –el partido indigenista Pachakuti, que respaldó en 2000 el levantamiento del coronel Lucio Gutiérrez contra Jamil Mahuad– ha jugado un papel fundamental en las últimas crisis políticas.
Según Weinstein la movilización étnica toma la forma de la acción directa porque el segmento indígena de la población andina ha conservado sus vínculos comunitarios. La escritora venezolana Elizabeth Burgos incluye a Hugo Chávez entre los líderes “etnonacionalistas”, al caracterizar al proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista” fundamentado en el discurso de una Venezuela rota en dos mitades: una con un imaginario occidental y criollo y otra llena de ancestros mestizos y mulatos. Al definir la confrontación en términos casi raciales –‘No nos quieren. La oligarquía nos desprecia. Siempre se ha burlado de nosotros’– Chávez pulsa los resentimientos, acude a las diferencias y a las experiencias de rechazo. La historiadora Margarita López Maya dijo ante la Asamblea Nacional en agosto de 2004 que con el chavismo está emergiendo un país “de ancestros mulatos y mestizos” que estaba escondido y silencioso.
El Jornal do Brasil, abierto partidario de Lula da Silva, editorializaba que: “Venezuela se ha convertido en el primer motivo de desacuerdo entre EEUU y Brasil. Chávez tiene dinero y está lejos de ser inofensivo (…) pretende encontrar un villano para justificar la creación de una milicia popular y armar a su ejército. La lista de ingredientes explosivos se engrosa porque al igual que Ecuador, Perú y Bolivia, Venezuela padece una lucha fratricida entre una elite blanca y una población pobre de origen mayoritariamente indígena y mestiza”. La mezcla de peronismo y guevarismo de Chávez es la confirmación de la fuerza del populismo que recorre toda América del Sur y que incluso podría terminar afectando a la Colombia de Uribe y al Chile de la Concertación.
El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada acusó a Chávez de haber financiado el “movimiento indigenista y cocalero” que puso fin a su mandato. Evo Morales ha sido un asiduo visitante de Caracas, donde fue recibido en varias ocasiones por Chávez. Morales es un agitador que denuncia a las multinacionales y al imperialismo. Venezuela es el principal proveedor de crudo y gas en América Latina. Algunos analistas creen que Hugo Chávez podría estar utilizando a Morales y al MAS para que se invaliden las inversiones que puedan competir con Venezuela y vincular a Bolivia a su proyecto “bolivariano”. Evo Morales tiene cierto eco en Perú y Ecuador, países con condiciones parecidas a Bolivia.
Esas advertencias son tomadas muy en serio en Washington. La secretaria de Estado, Condoleeza Rice, declaró ante el Senado que la administración Bush “conoce muy bien las dificultades que Chávez está causando a sus vecinos”. En el Pentágono se cree que Chávez está usando el dinero del petróleo para intervenir en la política interna de sus vecinos y que está eligiendo para ello a los que tienen un tejido social más vulnerable, en algunos casos mediante métodos abiertamente subversivos.
La internacional “bolivariana”
En el Perú varios analistas han denunciado que Chávez dio apoyo –ideológico y quizá económico– al asalto de una comisaría en Andahuaylas el pasado 1 de enero de los 165 paramilitares del ME, en el que murieron cuatro policías. Al cabo de 36 horas Humala se entregó a las autoridades. Ha sido encarcelado en un penal de máxima seguridad mientras espera juicio. Tras el asalto la policía incautó a los “etnocaceristas” 110 fusiles de asalto, 50 granadas, 60 pistolas, cuatro vehículos y munición abundante. En su visita a Cuzco en diciembre de 2004 para la ceremonia de creación de la Comunidad Suramericana de Naciones, Chávez –que hizo un apasionado elogio del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975)– fue vitoreado por los seguidores de Humala. El ME –que tendría alrededor de 4.000 militantes– reivindica el legado del gobierno de Velasco, a pesar de que éste nunca utilizó el nacionalismo étnico o el racismo. Sin embargo, el régimen velasquista oficializó el quechua e hizo de Túpac Amaru el icono de la “revolución peruana”.
La asonada de Humala para exigir la renuncia de Alejandro Toledo fue ejecutada al estilo de la de Chávez en 1992 y la de Lucio Gutiérrez en 2000: una insubordinación que les sirvió de antesala para su exitosa carrera política al poder. El eclecticismo ideológico de Chávez le lleva a apoyar movimientos que defienden una combinación de nacionalismo étnico y un populismo izquierdista pero que en el caso del ME utiliza profusamente una simbología fascistoide: uniformes, boinas rojas, banderas, estandartes con águilas y brazaletes, en una suerte de identificación entre el uniforme y la “raza originaria”. El asalto de Humala fue anticipado por analistas que advirtieron de una organización paramilitar que reclamaba la “globalización de la guillotina contra los corruptos”. En octubre de 2000 los hermanos Humala encabezaron un levantamiento abortado contra el gobierno de Alberto Fujimori, poco antes de que éste huyera del país.
El gobierno de Valentín Paniagua amnistió a Ollanta Humala, que se reintegró en el ejército, pero su hermano Antauro se dedicó a organizar el ME, que pronto fue acusado de financiarse con el narcotráfico por su apoyo a las protestas cocaleras. El ME es algo parecido a una secta: dice defender un reconstituido “código moral de los Incas” y la memoria del mariscal Avelino Cáceres, un héroe de la guerra con Chile (1879-1883) que organizó milicias campesinas contra los invasores. El ME predica el odio de los cobrizos contra los blancos del Perú, Chile, EEUU e Israel, aproximadamente en ese orden. Nadie ha pedido la libertad de Humala, lo que revela su orfandad política, pero su discurso “etnonacionalista” revela las tensiones sociales larvadas del país. La cuestión racial no había formado parte del programa de ningún actor político. El ME ha sido el primero en hacerlo, aunque la Coordinadora Permanente de los Pueblo Indígenas del Perú ha denunciado en términos inequívocos la violencia preconizada por el ME.
Humala buscaba un baño mediático antes que un baño de sangre: protagonizar un acontecimiento que captara la atención pública en el comienzo de un año preelectoral y que permitiera una mayor visibilidad política para su eventual comparecencia electoral. El horror de la población ante los asesinatos de Andahuaylas llevó a Ollanta Humala, agregado militar de la embajada peruana en Seúl hasta diciembre de 2004, a tomar distancia del intento de su hermano de “presentar en sociedad” al etnocacerismo. Sin embargo, algunas encuestas dieron un alto nivel de apoyo (28%) al asalto de la comisaría.
Norberto Ceresole, el ideólogo
El parentesco ideológico entre Chávez, Humala y Morales tiene un antecedente común: el peronismo, expresión del ascenso de una fuerza popular nacionalista. Perón nunca ocultó su admiración por Mussolini y el fascismo italiano. Chávez se nutrió del peronismo a través del sociólogo argentino Norberto Ceresole, un personaje complejo y excéntrico que le asesoró durante varios años antes de que éste se deshiciera de él –entre otras cosas por su declarado antisemitismo– ordenando su expulsión de Venezuela en 1999. Ceresole murió en Buenos Aires en 2003 tras sostener que su expulsión de Venezuela se había debido a la “persecución judía”. En la fórmula de Ceresole, publicada formalmente en Madrid en 2000, se establece que el caudillo garantiza el poder a través de un partido cívico-militar, en un modelo que denomina “posdemocracia”. A largo plazo, según Ceresole la integración “bolivariana” del continente conduciría a una Confederación de Estados Latinoamericanos en la que las fuerzas armadas tendrían las riendas del desarrollo económico, social, político y de la seguridad del continente.
Chávez jamás ha renunciado a la simbología castrense. Según El Universal de Caracas, más de 100 militares, en su mayoría activos, ocupan cargos directivos y de confianza en las empresas estatales, en servicios e institutos autónomos y nacionales, fondos gubernamentales, fundaciones y comisiones especiales. En las elecciones regionales de octubre de 2004, 14 de los 22 candidatos oficialistas designados por Chávez provenían de las filas militares. Según Chávez: “Cuando hablo de revolución armada no estoy hablando de metáforas; armada es que tiene fusiles, tanques, aviones y miles de hombres listos para defenderla”. Venezuela tiene ya más oficiales que México y Argentina juntos y 120 civiles han sido juzgados por tribunales militares. Ese esquema no funcionaría sin el petróleo.
El eje Caracas-La Habana
Roger Noriega, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, ha declarado que a EEUU le preocupa la posibilidad de que los 100.000 fusiles AK que Venezuela comprará a Rusia terminen en manos de “grupos criminales, milicias o guerrillas”. Chávez dice que se entregarán a “unidades populares de defensa” que responderán directamente al presidente, en una estrategia que los opositores atribuyen más a una intención de control político interno que a una amenaza militar exterior real. Chávez no va poder garantizar que esas armas no terminen en manos indeseables. Venezuela tiene miles de kilómetros de fronteras poco resguardadas por las que podrían filtrarse esas armas, como ocurrió en Centroamérica con el armamento que fluyó a esa región durante los años 70 y 80.
En su visita al Foro Social de Porto Alegre, Chávez advirtió que considerará cualquier ataque contra Cuba como un ataque a Venezuela. El eje Caracas-La Habana completa el complejo escenario de la nueva situación estratégica de la región y del surgimiento del “etnonacionalismo” como uno de sus factores principales. Tras la derrota del sandinismo en Nicaragua, Fidel Castro pareció conceder una tregua a un continente en gran parte pacificado. Pero Chávez –al que Castro recibió en 1995 con honores de jefe de Estado pocos días después de ser excarcelado por el gobierno de Rafael Caldera– parece haberle devuelto las esperanzas de cumplir el sueño del Che: con el petróleo venezolano –dijo Castro a Régis Debray en 1962– la revolución continental sería cuestión de meses.
A cambio del crudo venezolano, Cuba envía alfabetizadores, asesores culturales, deportivos y médicos que realizan labores de proselitismo político, a los que se unen los servicios comunitarios a cargo de las guarniciones militares venezolanas. Chávez tiene además una ventaja: su poder es fruto de un proceso democrático. Según un antiguo funcionario del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista: “Fidel no quería cometer el mismo error que en Chile; él ahora hace todo de manera legal”.
La estrategia tiene múltiples frentes. Las repetidas visitas de Chávez al Foro Social Mundial de Porto Alegre han tenido la obvia intención de utilizarlo como una plataforma de propaganda política. El Movimiento Sin Tierra de Brasil ha propuesto al comité internacional que organiza el Foro que en 2006 la sede sea en Caracas, lo que ha agudizado las diferencias entre quienes creen que éste debe ser un espacio plural y quienes creen que debe organizarse como una especie de partido político global.
La línea más radical, integrada entre otros por el periodista español Ignacio Ramonet y el escritor paquistaní Tarik Alí, defienden la cita en Caracas como un gesto de respaldo del “altermundismo” a Chávez. Tarik Alí dijo en Porto Alegre que “en Irak está la resistencia armada y en Venezuela la resistencia democrática al imperialismo”.
Esas tensiones se inscriben en un marco geopolítico: el presidente colombiano Álvaro Uribe y el peruano Alejandro Toledo han estrechado sus lazos políticos y militares con EEUU mientras que, según el Washington Post, el gobierno de Chávez está gestionando compras de armamento en Rusia por valor de 5.000 millones de dólares, incluyendo una flota de 40 helicópteros y caza-bombarderos Mig-29 de última generación, y ha comprado aviones Tucano a Brasil y fragatas y aviones de transporte militar a España.
Una dimensión continental
Chávez y Castro parecen haber percibido el potencial “revolucionario” de las reivindicaciones indígenas. Si bien los criterios usados en las definiciones étnicas varían de país a país, se estima que existen más de 400 grupos indígenas identificables en América Latina, con casi 40 millones de personas, que incluyen desde pequeñas tribus selváticas amazónicas hasta las macroetnias andinas quechua y aymara. México tiene la población indígena más numerosa de América Latina, alrededor de diez millones, pero representa solamente entre el 12% y el 15% de la población total. En contraste, los indígenas de Guatemala y Bolivia constituyen la mayoría de la población nacional y en Perú y Ecuador llegan casi a la mitad. Según estimaciones de la CEPAL y el BID, un 9% de la población total de la región es indígena, pero representa el 27% en el mundo rural.
Un estudio del Banco Mundial de 1994 concluyó que la relación entre un color de piel oscuro y pobreza no es casual: la pobreza entre las poblaciones indígenas y negras de América Latina es severa y persistente. A pesar de ser los más pobres entre los pobres –en Bolivia un 75% vive por debajo del umbral de la pobreza, un 79% en Perú, un 80% en México y un 90% en Guatemala– y de las dificultades para precisar los criterios censales que los definan, los últimos datos disponibles muestran que la población indígena tiende a aumentar. Las propuestas de estatutos que otorguen autonomía territorial a los grupos indígenas se extienden desde México a Chile, especialmente desde 1992, cuando con ocasión del V Centenario del Descubrimiento se realizó en Guatemala el primer encuentro regional de organizaciones amerindias. En Ecuador el partido Pachacutik obtuvo ese año el 11% de escaños en el Parlamento.
En México, el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) ha lanzado una estrategia basada en la creación de gobiernos indígenas autónomos en 30 municipalidades, urgiendo a las demás etnias del país a imitarles para introducir los procedimientos “indígenas” para elegir y sustituir a sus autoridades. Incluso en países como Colombia y Venezuela, donde la población amerindia representa una reducida minoría, varios partidos indígenas han ganado posiciones en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales. En Guatemala y el Perú ha habido poca o ninguna organización política étnica, probablemente por los traumas causados en sus recientes guerras internas, en las cuales sus comunidades fueron las principales víctimas. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar: en octubre de 2002 organizaciones indígenas peruanas formaron el partido Llapansuyo (“todas las regiones” en quechua) con la presencia de delegaciones de los partidos Pachacutik de Bolivia y Ecuador. En Chile, los mapuches, que tienen una presencia significativa en la Patagonia (25% de la población en las regiones IX y XI), quieren obtener el mismo estatus legal que el pueblo Rapa Nui (polinesio) de la Isla de Pascua, al que el gobierno central ha concedido considerables facultades de autogobierno como “territorio especial”. Sólo Panamá ha concedido un territorio semiautónomo a una etnia indígena: a los kuna, desde 1925.
En 1989, la OIT aprobó la convención 169 como el estatuto de los derechos indígenas, en la cual los amerindios eran, por primera vez, referidos como pueblos, pero pocos países de la región la han suscrito. El caso boliviano muestra que el patrón de pacíficos avances electorales puede verse en peligro si no predomina una actitud más abierta al respecto. Un factor que inhibe las reformas políticas por parte de los Estados es el carácter supranacional de muchas de las etnias, como la de los quechuas, que abarca seis países desde Argentina a Colombia; los mayas o varias tribus amazónicas, cuyos territorios se superponen con las fronteras de Brasil y sus vecinos, lo que alimenta el temor a potenciales movimientos secesionistas.
Discriminación étnica
Uno de los grandes mitos difundidos por los nacionalismos latinoamericanos de todo tipo ha sido la virtual ausencia de discriminación racial entre sus ciudadanos y el mestizaje como paradigma de la composición étnica de sus sociedades. En los hechos, el racismo, disimulado o explícito, es una de los rasgos de la vida cotidiana y de la estructura socioeconómica más visibles en los países de la región. El problema es que al ser una realidad persistentemente negada, prácticamente ningún Estado se ha enfrentado el asunto.
La diferencia de clases es el argumento que más se utiliza para explicar la pobreza porque es el más simple: ofrece una coartada solvente para encubrir aspectos incómodos de las relaciones sociales. Esa estrategia de subterfugios más o menos velados, es casi indistinguible en los discursos oficiales desde México a Brasil. En ese complejo universo social, lleno de subterfugios y eufemismos, el racismo latinoamericano implica una discriminación no admitida que corresponde a unas sociedades que postulan un credo político igualitario pero que mantienen la desigualdad en los hechos. Se trata de un racismo emotivo, no ideológico o doctrinario. Sin embargo, desde la ola democratizadora de los años 80, el problema ha comenzado a ser abordado con menos prejuicios a medida que los pueblos indígenas se han convertido en actores políticos y sociales que exigen que las diferencias étnicas reales sean reconocidas social y jurídicamente.
En 1980 se creó el Consejo Indio de América del Sur (CISA) en Ollantaytambo, Cuzco. En los años 60 ese tipo de organizaciones apenas eran un puñado. En los 90 eran ya centenares: locales, intercomunitarias y regionales, con una intensa actividad internacional. En sus versiones extremistas iniciales articularon un discurso entre mesiánico y renovador que denunciaba a los partidos políticos, de izquierda y de derecha, por estar controlados por criollos. De ahí que incluso la revolución socialista fuese criticada como insuficiente y ajena; en todo caso, incapaz, por su origen étnico, de comprender y plantear adecuadamente el problema indígena. El énfasis en ese tipo de discurso se refleja en posturas como las de Demetrio Cotji, de la etnia kaqchiquel y catedrático en la Universidad San Carlos de Guatemala, que sostiene que cada quien teoriza según la etnia a la que pertenece en una “sociedad colonizada”; es decir, que si un marxista pertenece a la etnia dominante, pensará necesariamente en función de esa perspectiva.
Desde los años 80 las organizaciones indígenas comenzaron a realizar congresos, publicar manifiestos, dirigir peticiones a los gobiernos y a los organismos internacionales y, con mayor frecuencia, manifestaciones, marchas de protesta, ocupaciones de tierras y movilizaciones nacionales para protestar contra la depredación de sus tierras, exigiendo derechos territoriales, representación política y la preservación del medio ambiente. Las más importantes de esas luchas fueron las organizadas por la Conaie en Ecuador en 1990, 1993, 2000 y 2001, que prácticamente paralizaron el país y obligaron al gobierno a negociar cuestiones agrarias y reformas constitucionales. A escala internacional, su actividad logró que la ONU proclamara 1993 como el “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas” y el “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas”, que comenzó en 1995. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA comenzó a elaborar ese año un instrumento jurídico interamericano sobre derechos indígenas. El énfasis inicial en la idealización de un pasado mitificado dio paso a reivindicaciones más concretas, como el acceso a la tierra, al crédito agrícola, a la educación, la salud y la cooperación técnica. Según Stavenhagen, los derechos territoriales, es decir, el reconocimiento y la delimitación legal de territorios ancestrales, son imprescindibles para preservar “el espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo”. La Federación Shuar-Ashuar de Ecuador niega, por ejemplo, querer formar un Estado dentro del Estado, y defiende su participación dentro de la sociedad ecuatoriana desde sus propios valores culturales, territorio y sistema político organizado.
Probablemente nunca ha habido sociedades totalmente homogéneas en términos raciales, lingüísticos o religiosos. Y mucho menos en América Latina. Los mapas étnicos no coinciden con los lingüísticos, ni la voluntad de los ciudadanos con las formaciones históricas de los Estados nacionales: la realidad multicultural presenta una imagen de múltiples estratos que se superponen y confunden. Cualquier nuevo Estado entraría inmediatamente en conflicto con minorías irredentas que se sentirían legitimadas a ejercer su propio derecho a la autodeterminación. El principio de los derechos colectivos, in extremis, tendría que aceptar la legitimidad de la autodeterminación de todas las unidades sociales, por pequeñas que fueran y segregarlas, en uno u otro sentido, en una miríada de cantones étnicos.
Conclusiones: Como en otros terrenos, Brasil está tomando la iniciativa a través de medidas de discriminación positiva, siguiendo el modelo de la affirmative action de EEUU. Con una población de origen africano mayor que la de cualquier otro país americano, el gobierno de Lula da Silva ha decidido disminuir las desigualdades sociales estableciendo cuotas raciales para el acceso a universidades y las administraciones públicas. Lula está empeñado en reexaminar la noción idealizada de Brasil como una armoniosa “democracia racial”, obligando a la sociedad a enfrentar la realidad de la exclusión social. Entre los negros (pretos) y mestizos (pardos) –más de un 50% de la población se define de ese modo– la tasa de desempleo duplica a la de los blancos que, además, ganan un 57% más que los brasileños no blancos que trabajan en el mismo campo. Los pardos y negros tienen también mayores índices de delincuencia y un 50% menos de posibilidades de tener agua potable en sus hogares.
Cuatro de los ministros de Lula son negros, incluyendo el de la recién creada cartera de promoción de la igualdad racial, y también ha nombrado al primer juez negro del Tribunal Supremo. Si el Congreso aprueba su proyecto de ley para la igualdad racial, las cuotas se aplicarán en todos los niveles de gobierno, incluso en la programación de televisión y las listas de candidatos de los partidos políticos. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, tres ministerios federales y la municipalidad de São Paulo ya aplican una cuota del 20% de “afrobrasileños” en los principales cargos. La Universidade Estadual de Río de Janeiro ha sido la primera institución educativa que ha introducido la discriminación positiva en sus procesos de admisión: al menos un 40% de los estudiantes deben ser negros o pardos y un 50% provenir de escuelas públicas. En pocos meses ha conseguido a través de esas políticas duplicar y en algunos casos triplicar el número de sus estudiantes negros o mestizos en facultades como las de medicina, derecho e ingenierías.
Al mismo tiempo, las demandas judiciales de quienes se sienten perjudicados se han disparado. El problema para aplicar estas políticas en un país de 180 millones de habitantes en el que casi todos reconocen tener ancestros de diferentes razas es elemental: ¿quién es realmente negro, o blanco, o indio? ¿Es suficiente decir, como ahora, que uno es negro –o blanco– para serlo? ¿Debería existir una especie de tribunal racial que clasifique a las personas de acuerdo a un genotipo racial específico? El censo brasileño incluye cien clasificaciones determinadas por el color de la piel, algunas tan surrealistas como la de “café con leche”. América Latina sabe ahora que tiene un problema racial, pero está aún lejos de saber cómo resolverlo.
Luis Esteban González Manrique
Analista independiente de economía y política internacionales de Política Exterior y Dinero
Por Luis Esteban González Manrique
En muchos países latinoamericanos la proliferación de nuevos “actores armados” se vincula a una progresiva organización de grupos étnicos que reclaman una mayor cuota de autonomía territorial y política. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y en el Perú el Movimiento Etnocacerista (ME) denuncian la discriminación étnica de “naciones originarias”. Incluso en Venezuela algunos sectores del chavismo hablan de una supuesta lucha de la oligarquía contra mestizos y mulatos. La analista venezolana Elizabeth Burgos define el proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista con rasgos neofascistas”, una especie de racismo invertido que Chávez promueve como parte de su revolución continental. Las consecuencias económicas podrían ser peligrosas si ese fenómeno pone en peligro la explotación de recursos naturales –gas, petróleo, oro…– en territorios donde la presencia de comunidades indígenas es importante.
En su último estudio sobre tendencias mundiales durante los próximos 15 años –Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project–, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) de EEUU, dedica muy pocas páginas a América Latina, pero su diagnóstico sobre la principal amenaza a la seguridad de la región es inequívoco: el fracaso de los gobiernos para encontrar soluciones a la pobreza extrema y a la ingobernabilidad podría alimentar el populismo, el indigenismo radical, el terrorismo, el crimen organizado y el sentimiento antiamericano. Por su parte, Dirk Kruijt y Kees Kooning, en su libro Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America subrayan que la proliferación de “actores armados” en la región obedece en parte a tensiones étnicas que están irrumpiendo violentamente en varios países, especialmente en el núcleo de los Andes centrales: Ecuador, Perú y Bolivia.
Algunos grupos rechazan la globalización, percibida como un fenómeno homogeneizador que mina sus culturas con un modelo económico basado en la explotación de las poblaciones indígenas y sus ecosistemas. Michael Radu, del Foreign Policy Research Institute, ha criticado la “parálisis” de Washington frente a la “creciente radicalización de los indígenas en la región andina”. A su vez, Michael Weinstein prevé un nuevo “ciclo de inestabilidad” en los Andes centrales cuyas señales son “marchas masivas de protesta, bloqueo de carreteras, toma de instalaciones oficiales, rebeliones regionales, desarraigo de los gobiernos e intentos de los gobiernos para extender anticonstitucionalmente sus poderes”.
Nacional-populismo-etnicista
Algunos de los protagonistas políticos son la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador, el Movimiento Etnocacerista (ME) de los hermanos Ollanta y Antauro Humala en el Perú, el Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero boliviano Evo Morales y el Movimiento Indigenista Pachacutik del dirigente aymara Felipe Quispe, que busca la fundación de un Estado quechua-aymara en el sur peruano y el norte boliviano al que denomina “Collasuyo”, el nombre de la región durante el imperio incaico. El discurso de Quispe y Antauro Humala es abiertamente xenófobo contra los criollos, en una suerte de racismo invertido. En Bolivia las manifestaciones más violentas se han registrado en las comunidades de inmigrantes quechuas y aymaras asentadas en El Alto, un suburbio superpoblado de La Paz, que conserva la fuerte cohesión originaria de las comunidades rurales, que le da una capacidad organizativa muy eficaz para bloquear carreteras, paralizar los mercados e incluso emboscar patrullas policiales y militares. A este escenario se han añadido las protestas campesinas de las más importantes zonas agrícolas –las Yungas y el Chapare– contra las campañas gubernamentales para erradicar los cultivos de coca.
En Sicuani, Puno, el departamento peruano limítrofe con Bolivia, el pasado 8 de abril Morales con otros diez diputados del MAS asistieron a la fundación de la versión peruana de su partido. En una entrevista con el diario chileno El Mercurio, Morales habló de la necesidad de “internacionalizar” el MAS promoviendo movimientos sociales antiimperialistas en toda la región andina. En Ecuador, la Conaie y su brazo político –el partido indigenista Pachakuti, que respaldó en 2000 el levantamiento del coronel Lucio Gutiérrez contra Jamil Mahuad– ha jugado un papel fundamental en las últimas crisis políticas.
Según Weinstein la movilización étnica toma la forma de la acción directa porque el segmento indígena de la población andina ha conservado sus vínculos comunitarios. La escritora venezolana Elizabeth Burgos incluye a Hugo Chávez entre los líderes “etnonacionalistas”, al caracterizar al proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista” fundamentado en el discurso de una Venezuela rota en dos mitades: una con un imaginario occidental y criollo y otra llena de ancestros mestizos y mulatos. Al definir la confrontación en términos casi raciales –‘No nos quieren. La oligarquía nos desprecia. Siempre se ha burlado de nosotros’– Chávez pulsa los resentimientos, acude a las diferencias y a las experiencias de rechazo. La historiadora Margarita López Maya dijo ante la Asamblea Nacional en agosto de 2004 que con el chavismo está emergiendo un país “de ancestros mulatos y mestizos” que estaba escondido y silencioso.
El Jornal do Brasil, abierto partidario de Lula da Silva, editorializaba que: “Venezuela se ha convertido en el primer motivo de desacuerdo entre EEUU y Brasil. Chávez tiene dinero y está lejos de ser inofensivo (…) pretende encontrar un villano para justificar la creación de una milicia popular y armar a su ejército. La lista de ingredientes explosivos se engrosa porque al igual que Ecuador, Perú y Bolivia, Venezuela padece una lucha fratricida entre una elite blanca y una población pobre de origen mayoritariamente indígena y mestiza”. La mezcla de peronismo y guevarismo de Chávez es la confirmación de la fuerza del populismo que recorre toda América del Sur y que incluso podría terminar afectando a la Colombia de Uribe y al Chile de la Concertación.
El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada acusó a Chávez de haber financiado el “movimiento indigenista y cocalero” que puso fin a su mandato. Evo Morales ha sido un asiduo visitante de Caracas, donde fue recibido en varias ocasiones por Chávez. Morales es un agitador que denuncia a las multinacionales y al imperialismo. Venezuela es el principal proveedor de crudo y gas en América Latina. Algunos analistas creen que Hugo Chávez podría estar utilizando a Morales y al MAS para que se invaliden las inversiones que puedan competir con Venezuela y vincular a Bolivia a su proyecto “bolivariano”. Evo Morales tiene cierto eco en Perú y Ecuador, países con condiciones parecidas a Bolivia.
Esas advertencias son tomadas muy en serio en Washington. La secretaria de Estado, Condoleeza Rice, declaró ante el Senado que la administración Bush “conoce muy bien las dificultades que Chávez está causando a sus vecinos”. En el Pentágono se cree que Chávez está usando el dinero del petróleo para intervenir en la política interna de sus vecinos y que está eligiendo para ello a los que tienen un tejido social más vulnerable, en algunos casos mediante métodos abiertamente subversivos.
La internacional “bolivariana”
En el Perú varios analistas han denunciado que Chávez dio apoyo –ideológico y quizá económico– al asalto de una comisaría en Andahuaylas el pasado 1 de enero de los 165 paramilitares del ME, en el que murieron cuatro policías. Al cabo de 36 horas Humala se entregó a las autoridades. Ha sido encarcelado en un penal de máxima seguridad mientras espera juicio. Tras el asalto la policía incautó a los “etnocaceristas” 110 fusiles de asalto, 50 granadas, 60 pistolas, cuatro vehículos y munición abundante. En su visita a Cuzco en diciembre de 2004 para la ceremonia de creación de la Comunidad Suramericana de Naciones, Chávez –que hizo un apasionado elogio del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975)– fue vitoreado por los seguidores de Humala. El ME –que tendría alrededor de 4.000 militantes– reivindica el legado del gobierno de Velasco, a pesar de que éste nunca utilizó el nacionalismo étnico o el racismo. Sin embargo, el régimen velasquista oficializó el quechua e hizo de Túpac Amaru el icono de la “revolución peruana”.
La asonada de Humala para exigir la renuncia de Alejandro Toledo fue ejecutada al estilo de la de Chávez en 1992 y la de Lucio Gutiérrez en 2000: una insubordinación que les sirvió de antesala para su exitosa carrera política al poder. El eclecticismo ideológico de Chávez le lleva a apoyar movimientos que defienden una combinación de nacionalismo étnico y un populismo izquierdista pero que en el caso del ME utiliza profusamente una simbología fascistoide: uniformes, boinas rojas, banderas, estandartes con águilas y brazaletes, en una suerte de identificación entre el uniforme y la “raza originaria”. El asalto de Humala fue anticipado por analistas que advirtieron de una organización paramilitar que reclamaba la “globalización de la guillotina contra los corruptos”. En octubre de 2000 los hermanos Humala encabezaron un levantamiento abortado contra el gobierno de Alberto Fujimori, poco antes de que éste huyera del país.
El gobierno de Valentín Paniagua amnistió a Ollanta Humala, que se reintegró en el ejército, pero su hermano Antauro se dedicó a organizar el ME, que pronto fue acusado de financiarse con el narcotráfico por su apoyo a las protestas cocaleras. El ME es algo parecido a una secta: dice defender un reconstituido “código moral de los Incas” y la memoria del mariscal Avelino Cáceres, un héroe de la guerra con Chile (1879-1883) que organizó milicias campesinas contra los invasores. El ME predica el odio de los cobrizos contra los blancos del Perú, Chile, EEUU e Israel, aproximadamente en ese orden. Nadie ha pedido la libertad de Humala, lo que revela su orfandad política, pero su discurso “etnonacionalista” revela las tensiones sociales larvadas del país. La cuestión racial no había formado parte del programa de ningún actor político. El ME ha sido el primero en hacerlo, aunque la Coordinadora Permanente de los Pueblo Indígenas del Perú ha denunciado en términos inequívocos la violencia preconizada por el ME.
Humala buscaba un baño mediático antes que un baño de sangre: protagonizar un acontecimiento que captara la atención pública en el comienzo de un año preelectoral y que permitiera una mayor visibilidad política para su eventual comparecencia electoral. El horror de la población ante los asesinatos de Andahuaylas llevó a Ollanta Humala, agregado militar de la embajada peruana en Seúl hasta diciembre de 2004, a tomar distancia del intento de su hermano de “presentar en sociedad” al etnocacerismo. Sin embargo, algunas encuestas dieron un alto nivel de apoyo (28%) al asalto de la comisaría.
Norberto Ceresole, el ideólogo
El parentesco ideológico entre Chávez, Humala y Morales tiene un antecedente común: el peronismo, expresión del ascenso de una fuerza popular nacionalista. Perón nunca ocultó su admiración por Mussolini y el fascismo italiano. Chávez se nutrió del peronismo a través del sociólogo argentino Norberto Ceresole, un personaje complejo y excéntrico que le asesoró durante varios años antes de que éste se deshiciera de él –entre otras cosas por su declarado antisemitismo– ordenando su expulsión de Venezuela en 1999. Ceresole murió en Buenos Aires en 2003 tras sostener que su expulsión de Venezuela se había debido a la “persecución judía”. En la fórmula de Ceresole, publicada formalmente en Madrid en 2000, se establece que el caudillo garantiza el poder a través de un partido cívico-militar, en un modelo que denomina “posdemocracia”. A largo plazo, según Ceresole la integración “bolivariana” del continente conduciría a una Confederación de Estados Latinoamericanos en la que las fuerzas armadas tendrían las riendas del desarrollo económico, social, político y de la seguridad del continente.
Chávez jamás ha renunciado a la simbología castrense. Según El Universal de Caracas, más de 100 militares, en su mayoría activos, ocupan cargos directivos y de confianza en las empresas estatales, en servicios e institutos autónomos y nacionales, fondos gubernamentales, fundaciones y comisiones especiales. En las elecciones regionales de octubre de 2004, 14 de los 22 candidatos oficialistas designados por Chávez provenían de las filas militares. Según Chávez: “Cuando hablo de revolución armada no estoy hablando de metáforas; armada es que tiene fusiles, tanques, aviones y miles de hombres listos para defenderla”. Venezuela tiene ya más oficiales que México y Argentina juntos y 120 civiles han sido juzgados por tribunales militares. Ese esquema no funcionaría sin el petróleo.
El eje Caracas-La Habana
Roger Noriega, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, ha declarado que a EEUU le preocupa la posibilidad de que los 100.000 fusiles AK que Venezuela comprará a Rusia terminen en manos de “grupos criminales, milicias o guerrillas”. Chávez dice que se entregarán a “unidades populares de defensa” que responderán directamente al presidente, en una estrategia que los opositores atribuyen más a una intención de control político interno que a una amenaza militar exterior real. Chávez no va poder garantizar que esas armas no terminen en manos indeseables. Venezuela tiene miles de kilómetros de fronteras poco resguardadas por las que podrían filtrarse esas armas, como ocurrió en Centroamérica con el armamento que fluyó a esa región durante los años 70 y 80.
En su visita al Foro Social de Porto Alegre, Chávez advirtió que considerará cualquier ataque contra Cuba como un ataque a Venezuela. El eje Caracas-La Habana completa el complejo escenario de la nueva situación estratégica de la región y del surgimiento del “etnonacionalismo” como uno de sus factores principales. Tras la derrota del sandinismo en Nicaragua, Fidel Castro pareció conceder una tregua a un continente en gran parte pacificado. Pero Chávez –al que Castro recibió en 1995 con honores de jefe de Estado pocos días después de ser excarcelado por el gobierno de Rafael Caldera– parece haberle devuelto las esperanzas de cumplir el sueño del Che: con el petróleo venezolano –dijo Castro a Régis Debray en 1962– la revolución continental sería cuestión de meses.
A cambio del crudo venezolano, Cuba envía alfabetizadores, asesores culturales, deportivos y médicos que realizan labores de proselitismo político, a los que se unen los servicios comunitarios a cargo de las guarniciones militares venezolanas. Chávez tiene además una ventaja: su poder es fruto de un proceso democrático. Según un antiguo funcionario del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista: “Fidel no quería cometer el mismo error que en Chile; él ahora hace todo de manera legal”.
La estrategia tiene múltiples frentes. Las repetidas visitas de Chávez al Foro Social Mundial de Porto Alegre han tenido la obvia intención de utilizarlo como una plataforma de propaganda política. El Movimiento Sin Tierra de Brasil ha propuesto al comité internacional que organiza el Foro que en 2006 la sede sea en Caracas, lo que ha agudizado las diferencias entre quienes creen que éste debe ser un espacio plural y quienes creen que debe organizarse como una especie de partido político global.
La línea más radical, integrada entre otros por el periodista español Ignacio Ramonet y el escritor paquistaní Tarik Alí, defienden la cita en Caracas como un gesto de respaldo del “altermundismo” a Chávez. Tarik Alí dijo en Porto Alegre que “en Irak está la resistencia armada y en Venezuela la resistencia democrática al imperialismo”.
Esas tensiones se inscriben en un marco geopolítico: el presidente colombiano Álvaro Uribe y el peruano Alejandro Toledo han estrechado sus lazos políticos y militares con EEUU mientras que, según el Washington Post, el gobierno de Chávez está gestionando compras de armamento en Rusia por valor de 5.000 millones de dólares, incluyendo una flota de 40 helicópteros y caza-bombarderos Mig-29 de última generación, y ha comprado aviones Tucano a Brasil y fragatas y aviones de transporte militar a España.
Una dimensión continental
Chávez y Castro parecen haber percibido el potencial “revolucionario” de las reivindicaciones indígenas. Si bien los criterios usados en las definiciones étnicas varían de país a país, se estima que existen más de 400 grupos indígenas identificables en América Latina, con casi 40 millones de personas, que incluyen desde pequeñas tribus selváticas amazónicas hasta las macroetnias andinas quechua y aymara. México tiene la población indígena más numerosa de América Latina, alrededor de diez millones, pero representa solamente entre el 12% y el 15% de la población total. En contraste, los indígenas de Guatemala y Bolivia constituyen la mayoría de la población nacional y en Perú y Ecuador llegan casi a la mitad. Según estimaciones de la CEPAL y el BID, un 9% de la población total de la región es indígena, pero representa el 27% en el mundo rural.
Un estudio del Banco Mundial de 1994 concluyó que la relación entre un color de piel oscuro y pobreza no es casual: la pobreza entre las poblaciones indígenas y negras de América Latina es severa y persistente. A pesar de ser los más pobres entre los pobres –en Bolivia un 75% vive por debajo del umbral de la pobreza, un 79% en Perú, un 80% en México y un 90% en Guatemala– y de las dificultades para precisar los criterios censales que los definan, los últimos datos disponibles muestran que la población indígena tiende a aumentar. Las propuestas de estatutos que otorguen autonomía territorial a los grupos indígenas se extienden desde México a Chile, especialmente desde 1992, cuando con ocasión del V Centenario del Descubrimiento se realizó en Guatemala el primer encuentro regional de organizaciones amerindias. En Ecuador el partido Pachacutik obtuvo ese año el 11% de escaños en el Parlamento.
En México, el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) ha lanzado una estrategia basada en la creación de gobiernos indígenas autónomos en 30 municipalidades, urgiendo a las demás etnias del país a imitarles para introducir los procedimientos “indígenas” para elegir y sustituir a sus autoridades. Incluso en países como Colombia y Venezuela, donde la población amerindia representa una reducida minoría, varios partidos indígenas han ganado posiciones en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales. En Guatemala y el Perú ha habido poca o ninguna organización política étnica, probablemente por los traumas causados en sus recientes guerras internas, en las cuales sus comunidades fueron las principales víctimas. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar: en octubre de 2002 organizaciones indígenas peruanas formaron el partido Llapansuyo (“todas las regiones” en quechua) con la presencia de delegaciones de los partidos Pachacutik de Bolivia y Ecuador. En Chile, los mapuches, que tienen una presencia significativa en la Patagonia (25% de la población en las regiones IX y XI), quieren obtener el mismo estatus legal que el pueblo Rapa Nui (polinesio) de la Isla de Pascua, al que el gobierno central ha concedido considerables facultades de autogobierno como “territorio especial”. Sólo Panamá ha concedido un territorio semiautónomo a una etnia indígena: a los kuna, desde 1925.
En 1989, la OIT aprobó la convención 169 como el estatuto de los derechos indígenas, en la cual los amerindios eran, por primera vez, referidos como pueblos, pero pocos países de la región la han suscrito. El caso boliviano muestra que el patrón de pacíficos avances electorales puede verse en peligro si no predomina una actitud más abierta al respecto. Un factor que inhibe las reformas políticas por parte de los Estados es el carácter supranacional de muchas de las etnias, como la de los quechuas, que abarca seis países desde Argentina a Colombia; los mayas o varias tribus amazónicas, cuyos territorios se superponen con las fronteras de Brasil y sus vecinos, lo que alimenta el temor a potenciales movimientos secesionistas.
Discriminación étnica
Uno de los grandes mitos difundidos por los nacionalismos latinoamericanos de todo tipo ha sido la virtual ausencia de discriminación racial entre sus ciudadanos y el mestizaje como paradigma de la composición étnica de sus sociedades. En los hechos, el racismo, disimulado o explícito, es una de los rasgos de la vida cotidiana y de la estructura socioeconómica más visibles en los países de la región. El problema es que al ser una realidad persistentemente negada, prácticamente ningún Estado se ha enfrentado el asunto.
La diferencia de clases es el argumento que más se utiliza para explicar la pobreza porque es el más simple: ofrece una coartada solvente para encubrir aspectos incómodos de las relaciones sociales. Esa estrategia de subterfugios más o menos velados, es casi indistinguible en los discursos oficiales desde México a Brasil. En ese complejo universo social, lleno de subterfugios y eufemismos, el racismo latinoamericano implica una discriminación no admitida que corresponde a unas sociedades que postulan un credo político igualitario pero que mantienen la desigualdad en los hechos. Se trata de un racismo emotivo, no ideológico o doctrinario. Sin embargo, desde la ola democratizadora de los años 80, el problema ha comenzado a ser abordado con menos prejuicios a medida que los pueblos indígenas se han convertido en actores políticos y sociales que exigen que las diferencias étnicas reales sean reconocidas social y jurídicamente.
En 1980 se creó el Consejo Indio de América del Sur (CISA) en Ollantaytambo, Cuzco. En los años 60 ese tipo de organizaciones apenas eran un puñado. En los 90 eran ya centenares: locales, intercomunitarias y regionales, con una intensa actividad internacional. En sus versiones extremistas iniciales articularon un discurso entre mesiánico y renovador que denunciaba a los partidos políticos, de izquierda y de derecha, por estar controlados por criollos. De ahí que incluso la revolución socialista fuese criticada como insuficiente y ajena; en todo caso, incapaz, por su origen étnico, de comprender y plantear adecuadamente el problema indígena. El énfasis en ese tipo de discurso se refleja en posturas como las de Demetrio Cotji, de la etnia kaqchiquel y catedrático en la Universidad San Carlos de Guatemala, que sostiene que cada quien teoriza según la etnia a la que pertenece en una “sociedad colonizada”; es decir, que si un marxista pertenece a la etnia dominante, pensará necesariamente en función de esa perspectiva.
Desde los años 80 las organizaciones indígenas comenzaron a realizar congresos, publicar manifiestos, dirigir peticiones a los gobiernos y a los organismos internacionales y, con mayor frecuencia, manifestaciones, marchas de protesta, ocupaciones de tierras y movilizaciones nacionales para protestar contra la depredación de sus tierras, exigiendo derechos territoriales, representación política y la preservación del medio ambiente. Las más importantes de esas luchas fueron las organizadas por la Conaie en Ecuador en 1990, 1993, 2000 y 2001, que prácticamente paralizaron el país y obligaron al gobierno a negociar cuestiones agrarias y reformas constitucionales. A escala internacional, su actividad logró que la ONU proclamara 1993 como el “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas” y el “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas”, que comenzó en 1995. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA comenzó a elaborar ese año un instrumento jurídico interamericano sobre derechos indígenas. El énfasis inicial en la idealización de un pasado mitificado dio paso a reivindicaciones más concretas, como el acceso a la tierra, al crédito agrícola, a la educación, la salud y la cooperación técnica. Según Stavenhagen, los derechos territoriales, es decir, el reconocimiento y la delimitación legal de territorios ancestrales, son imprescindibles para preservar “el espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo”. La Federación Shuar-Ashuar de Ecuador niega, por ejemplo, querer formar un Estado dentro del Estado, y defiende su participación dentro de la sociedad ecuatoriana desde sus propios valores culturales, territorio y sistema político organizado.
Probablemente nunca ha habido sociedades totalmente homogéneas en términos raciales, lingüísticos o religiosos. Y mucho menos en América Latina. Los mapas étnicos no coinciden con los lingüísticos, ni la voluntad de los ciudadanos con las formaciones históricas de los Estados nacionales: la realidad multicultural presenta una imagen de múltiples estratos que se superponen y confunden. Cualquier nuevo Estado entraría inmediatamente en conflicto con minorías irredentas que se sentirían legitimadas a ejercer su propio derecho a la autodeterminación. El principio de los derechos colectivos, in extremis, tendría que aceptar la legitimidad de la autodeterminación de todas las unidades sociales, por pequeñas que fueran y segregarlas, en uno u otro sentido, en una miríada de cantones étnicos.
Conclusiones: Como en otros terrenos, Brasil está tomando la iniciativa a través de medidas de discriminación positiva, siguiendo el modelo de la affirmative action de EEUU. Con una población de origen africano mayor que la de cualquier otro país americano, el gobierno de Lula da Silva ha decidido disminuir las desigualdades sociales estableciendo cuotas raciales para el acceso a universidades y las administraciones públicas. Lula está empeñado en reexaminar la noción idealizada de Brasil como una armoniosa “democracia racial”, obligando a la sociedad a enfrentar la realidad de la exclusión social. Entre los negros (pretos) y mestizos (pardos) –más de un 50% de la población se define de ese modo– la tasa de desempleo duplica a la de los blancos que, además, ganan un 57% más que los brasileños no blancos que trabajan en el mismo campo. Los pardos y negros tienen también mayores índices de delincuencia y un 50% menos de posibilidades de tener agua potable en sus hogares.
Cuatro de los ministros de Lula son negros, incluyendo el de la recién creada cartera de promoción de la igualdad racial, y también ha nombrado al primer juez negro del Tribunal Supremo. Si el Congreso aprueba su proyecto de ley para la igualdad racial, las cuotas se aplicarán en todos los niveles de gobierno, incluso en la programación de televisión y las listas de candidatos de los partidos políticos. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, tres ministerios federales y la municipalidad de São Paulo ya aplican una cuota del 20% de “afrobrasileños” en los principales cargos. La Universidade Estadual de Río de Janeiro ha sido la primera institución educativa que ha introducido la discriminación positiva en sus procesos de admisión: al menos un 40% de los estudiantes deben ser negros o pardos y un 50% provenir de escuelas públicas. En pocos meses ha conseguido a través de esas políticas duplicar y en algunos casos triplicar el número de sus estudiantes negros o mestizos en facultades como las de medicina, derecho e ingenierías.
Al mismo tiempo, las demandas judiciales de quienes se sienten perjudicados se han disparado. El problema para aplicar estas políticas en un país de 180 millones de habitantes en el que casi todos reconocen tener ancestros de diferentes razas es elemental: ¿quién es realmente negro, o blanco, o indio? ¿Es suficiente decir, como ahora, que uno es negro –o blanco– para serlo? ¿Debería existir una especie de tribunal racial que clasifique a las personas de acuerdo a un genotipo racial específico? El censo brasileño incluye cien clasificaciones determinadas por el color de la piel, algunas tan surrealistas como la de “café con leche”. América Latina sabe ahora que tiene un problema racial, pero está aún lejos de saber cómo resolverlo.
Luis Esteban González Manrique
Analista independiente de economía y política internacionales de Política Exterior y Dinero
EL “ETNONACIONALISMO”: LAS NUEVAS TENSIONES INTERÉTNICAS EN AMÉRICA LATINA
En su último informe sobre tendencias mundiales, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos menciona entre los peligros potenciales para la seguridad hemisférica el “indigenismo militante” asociado al antiamericanismo.
Por Luis Esteban González Manrique
En muchos países latinoamericanos la proliferación de nuevos “actores armados” se vincula a una progresiva organización de grupos étnicos que reclaman una mayor cuota de autonomía territorial y política. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y en el Perú el Movimiento Etnocacerista (ME) denuncian la discriminación étnica de “naciones originarias”. Incluso en Venezuela algunos sectores del chavismo hablan de una supuesta lucha de la oligarquía contra mestizos y mulatos. La analista venezolana Elizabeth Burgos define el proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista con rasgos neofascistas”, una especie de racismo invertido que Chávez promueve como parte de su revolución continental. Las consecuencias económicas podrían ser peligrosas si ese fenómeno pone en peligro la explotación de recursos naturales –gas, petróleo, oro…– en territorios donde la presencia de comunidades indígenas es importante.
En su último estudio sobre tendencias mundiales durante los próximos 15 años –Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project–, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) de EEUU, dedica muy pocas páginas a América Latina, pero su diagnóstico sobre la principal amenaza a la seguridad de la región es inequívoco: el fracaso de los gobiernos para encontrar soluciones a la pobreza extrema y a la ingobernabilidad podría alimentar el populismo, el indigenismo radical, el terrorismo, el crimen organizado y el sentimiento antiamericano. Por su parte, Dirk Kruijt y Kees Kooning, en su libro Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America subrayan que la proliferación de “actores armados” en la región obedece en parte a tensiones étnicas que están irrumpiendo violentamente en varios países, especialmente en el núcleo de los Andes centrales: Ecuador, Perú y Bolivia.
Algunos grupos rechazan la globalización, percibida como un fenómeno homogeneizador que mina sus culturas con un modelo económico basado en la explotación de las poblaciones indígenas y sus ecosistemas. Michael Radu, del Foreign Policy Research Institute, ha criticado la “parálisis” de Washington frente a la “creciente radicalización de los indígenas en la región andina”. A su vez, Michael Weinstein prevé un nuevo “ciclo de inestabilidad” en los Andes centrales cuyas señales son “marchas masivas de protesta, bloqueo de carreteras, toma de instalaciones oficiales, rebeliones regionales, desarraigo de los gobiernos e intentos de los gobiernos para extender anticonstitucionalmente sus poderes”.
Nacional-populismo-etnicista
Algunos de los protagonistas políticos son la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador, el Movimiento Etnocacerista (ME) de los hermanos Ollanta y Antauro Humala en el Perú, el Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero boliviano Evo Morales y el Movimiento Indigenista Pachacutik del dirigente aymara Felipe Quispe, que busca la fundación de un Estado quechua-aymara en el sur peruano y el norte boliviano al que denomina “Collasuyo”, el nombre de la región durante el imperio incaico. El discurso de Quispe y Antauro Humala es abiertamente xenófobo contra los criollos, en una suerte de racismo invertido. En Bolivia las manifestaciones más violentas se han registrado en las comunidades de inmigrantes quechuas y aymaras asentadas en El Alto, un suburbio superpoblado de La Paz, que conserva la fuerte cohesión originaria de las comunidades rurales, que le da una capacidad organizativa muy eficaz para bloquear carreteras, paralizar los mercados e incluso emboscar patrullas policiales y militares. A este escenario se han añadido las protestas campesinas de las más importantes zonas agrícolas –las Yungas y el Chapare– contra las campañas gubernamentales para erradicar los cultivos de coca.
En Sicuani, Puno, el departamento peruano limítrofe con Bolivia, el pasado 8 de abril Morales con otros diez diputados del MAS asistieron a la fundación de la versión peruana de su partido. En una entrevista con el diario chileno El Mercurio, Morales habló de la necesidad de “internacionalizar” el MAS promoviendo movimientos sociales antiimperialistas en toda la región andina. En Ecuador, la Conaie y su brazo político –el partido indigenista Pachakuti, que respaldó en 2000 el levantamiento del coronel Lucio Gutiérrez contra Jamil Mahuad– ha jugado un papel fundamental en las últimas crisis políticas.
Según Weinstein la movilización étnica toma la forma de la acción directa porque el segmento indígena de la población andina ha conservado sus vínculos comunitarios. La escritora venezolana Elizabeth Burgos incluye a Hugo Chávez entre los líderes “etnonacionalistas”, al caracterizar al proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista” fundamentado en el discurso de una Venezuela rota en dos mitades: una con un imaginario occidental y criollo y otra llena de ancestros mestizos y mulatos. Al definir la confrontación en términos casi raciales –‘No nos quieren. La oligarquía nos desprecia. Siempre se ha burlado de nosotros’– Chávez pulsa los resentimientos, acude a las diferencias y a las experiencias de rechazo. La historiadora Margarita López Maya dijo ante la Asamblea Nacional en agosto de 2004 que con el chavismo está emergiendo un país “de ancestros mulatos y mestizos” que estaba escondido y silencioso.
El Jornal do Brasil, abierto partidario de Lula da Silva, editorializaba que: “Venezuela se ha convertido en el primer motivo de desacuerdo entre EEUU y Brasil. Chávez tiene dinero y está lejos de ser inofensivo (…) pretende encontrar un villano para justificar la creación de una milicia popular y armar a su ejército. La lista de ingredientes explosivos se engrosa porque al igual que Ecuador, Perú y Bolivia, Venezuela padece una lucha fratricida entre una elite blanca y una población pobre de origen mayoritariamente indígena y mestiza”. La mezcla de peronismo y guevarismo de Chávez es la confirmación de la fuerza del populismo que recorre toda América del Sur y que incluso podría terminar afectando a la Colombia de Uribe y al Chile de la Concertación.
El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada acusó a Chávez de haber financiado el “movimiento indigenista y cocalero” que puso fin a su mandato. Evo Morales ha sido un asiduo visitante de Caracas, donde fue recibido en varias ocasiones por Chávez. Morales es un agitador que denuncia a las multinacionales y al imperialismo. Venezuela es el principal proveedor de crudo y gas en América Latina. Algunos analistas creen que Hugo Chávez podría estar utilizando a Morales y al MAS para que se invaliden las inversiones que puedan competir con Venezuela y vincular a Bolivia a su proyecto “bolivariano”. Evo Morales tiene cierto eco en Perú y Ecuador, países con condiciones parecidas a Bolivia.
Esas advertencias son tomadas muy en serio en Washington. La secretaria de Estado, Condoleeza Rice, declaró ante el Senado que la administración Bush “conoce muy bien las dificultades que Chávez está causando a sus vecinos”. En el Pentágono se cree que Chávez está usando el dinero del petróleo para intervenir en la política interna de sus vecinos y que está eligiendo para ello a los que tienen un tejido social más vulnerable, en algunos casos mediante métodos abiertamente subversivos.
La internacional “bolivariana”
En el Perú varios analistas han denunciado que Chávez dio apoyo –ideológico y quizá económico– al asalto de una comisaría en Andahuaylas el pasado 1 de enero de los 165 paramilitares del ME, en el que murieron cuatro policías. Al cabo de 36 horas Humala se entregó a las autoridades. Ha sido encarcelado en un penal de máxima seguridad mientras espera juicio. Tras el asalto la policía incautó a los “etnocaceristas” 110 fusiles de asalto, 50 granadas, 60 pistolas, cuatro vehículos y munición abundante. En su visita a Cuzco en diciembre de 2004 para la ceremonia de creación de la Comunidad Suramericana de Naciones, Chávez –que hizo un apasionado elogio del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975)– fue vitoreado por los seguidores de Humala. El ME –que tendría alrededor de 4.000 militantes– reivindica el legado del gobierno de Velasco, a pesar de que éste nunca utilizó el nacionalismo étnico o el racismo. Sin embargo, el régimen velasquista oficializó el quechua e hizo de Túpac Amaru el icono de la “revolución peruana”.
La asonada de Humala para exigir la renuncia de Alejandro Toledo fue ejecutada al estilo de la de Chávez en 1992 y la de Lucio Gutiérrez en 2000: una insubordinación que les sirvió de antesala para su exitosa carrera política al poder. El eclecticismo ideológico de Chávez le lleva a apoyar movimientos que defienden una combinación de nacionalismo étnico y un populismo izquierdista pero que en el caso del ME utiliza profusamente una simbología fascistoide: uniformes, boinas rojas, banderas, estandartes con águilas y brazaletes, en una suerte de identificación entre el uniforme y la “raza originaria”. El asalto de Humala fue anticipado por analistas que advirtieron de una organización paramilitar que reclamaba la “globalización de la guillotina contra los corruptos”. En octubre de 2000 los hermanos Humala encabezaron un levantamiento abortado contra el gobierno de Alberto Fujimori, poco antes de que éste huyera del país.
El gobierno de Valentín Paniagua amnistió a Ollanta Humala, que se reintegró en el ejército, pero su hermano Antauro se dedicó a organizar el ME, que pronto fue acusado de financiarse con el narcotráfico por su apoyo a las protestas cocaleras. El ME es algo parecido a una secta: dice defender un reconstituido “código moral de los Incas” y la memoria del mariscal Avelino Cáceres, un héroe de la guerra con Chile (1879-1883) que organizó milicias campesinas contra los invasores. El ME predica el odio de los cobrizos contra los blancos del Perú, Chile, EEUU e Israel, aproximadamente en ese orden. Nadie ha pedido la libertad de Humala, lo que revela su orfandad política, pero su discurso “etnonacionalista” revela las tensiones sociales larvadas del país. La cuestión racial no había formado parte del programa de ningún actor político. El ME ha sido el primero en hacerlo, aunque la Coordinadora Permanente de los Pueblo Indígenas del Perú ha denunciado en términos inequívocos la violencia preconizada por el ME.
Humala buscaba un baño mediático antes que un baño de sangre: protagonizar un acontecimiento que captara la atención pública en el comienzo de un año preelectoral y que permitiera una mayor visibilidad política para su eventual comparecencia electoral. El horror de la población ante los asesinatos de Andahuaylas llevó a Ollanta Humala, agregado militar de la embajada peruana en Seúl hasta diciembre de 2004, a tomar distancia del intento de su hermano de “presentar en sociedad” al etnocacerismo. Sin embargo, algunas encuestas dieron un alto nivel de apoyo (28%) al asalto de la comisaría.
Norberto Ceresole, el ideólogo
El parentesco ideológico entre Chávez, Humala y Morales tiene un antecedente común: el peronismo, expresión del ascenso de una fuerza popular nacionalista. Perón nunca ocultó su admiración por Mussolini y el fascismo italiano. Chávez se nutrió del peronismo a través del sociólogo argentino Norberto Ceresole, un personaje complejo y excéntrico que le asesoró durante varios años antes de que éste se deshiciera de él –entre otras cosas por su declarado antisemitismo– ordenando su expulsión de Venezuela en 1999. Ceresole murió en Buenos Aires en 2003 tras sostener que su expulsión de Venezuela se había debido a la “persecución judía”. En la fórmula de Ceresole, publicada formalmente en Madrid en 2000, se establece que el caudillo garantiza el poder a través de un partido cívico-militar, en un modelo que denomina “posdemocracia”. A largo plazo, según Ceresole la integración “bolivariana” del continente conduciría a una Confederación de Estados Latinoamericanos en la que las fuerzas armadas tendrían las riendas del desarrollo económico, social, político y de la seguridad del continente.
Chávez jamás ha renunciado a la simbología castrense. Según El Universal de Caracas, más de 100 militares, en su mayoría activos, ocupan cargos directivos y de confianza en las empresas estatales, en servicios e institutos autónomos y nacionales, fondos gubernamentales, fundaciones y comisiones especiales. En las elecciones regionales de octubre de 2004, 14 de los 22 candidatos oficialistas designados por Chávez provenían de las filas militares. Según Chávez: “Cuando hablo de revolución armada no estoy hablando de metáforas; armada es que tiene fusiles, tanques, aviones y miles de hombres listos para defenderla”. Venezuela tiene ya más oficiales que México y Argentina juntos y 120 civiles han sido juzgados por tribunales militares. Ese esquema no funcionaría sin el petróleo.
El eje Caracas-La Habana
Roger Noriega, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, ha declarado que a EEUU le preocupa la posibilidad de que los 100.000 fusiles AK que Venezuela comprará a Rusia terminen en manos de “grupos criminales, milicias o guerrillas”. Chávez dice que se entregarán a “unidades populares de defensa” que responderán directamente al presidente, en una estrategia que los opositores atribuyen más a una intención de control político interno que a una amenaza militar exterior real. Chávez no va poder garantizar que esas armas no terminen en manos indeseables. Venezuela tiene miles de kilómetros de fronteras poco resguardadas por las que podrían filtrarse esas armas, como ocurrió en Centroamérica con el armamento que fluyó a esa región durante los años 70 y 80.
En su visita al Foro Social de Porto Alegre, Chávez advirtió que considerará cualquier ataque contra Cuba como un ataque a Venezuela. El eje Caracas-La Habana completa el complejo escenario de la nueva situación estratégica de la región y del surgimiento del “etnonacionalismo” como uno de sus factores principales. Tras la derrota del sandinismo en Nicaragua, Fidel Castro pareció conceder una tregua a un continente en gran parte pacificado. Pero Chávez –al que Castro recibió en 1995 con honores de jefe de Estado pocos días después de ser excarcelado por el gobierno de Rafael Caldera– parece haberle devuelto las esperanzas de cumplir el sueño del Che: con el petróleo venezolano –dijo Castro a Régis Debray en 1962– la revolución continental sería cuestión de meses.
A cambio del crudo venezolano, Cuba envía alfabetizadores, asesores culturales, deportivos y médicos que realizan labores de proselitismo político, a los que se unen los servicios comunitarios a cargo de las guarniciones militares venezolanas. Chávez tiene además una ventaja: su poder es fruto de un proceso democrático. Según un antiguo funcionario del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista: “Fidel no quería cometer el mismo error que en Chile; él ahora hace todo de manera legal”.
La estrategia tiene múltiples frentes. Las repetidas visitas de Chávez al Foro Social Mundial de Porto Alegre han tenido la obvia intención de utilizarlo como una plataforma de propaganda política. El Movimiento Sin Tierra de Brasil ha propuesto al comité internacional que organiza el Foro que en 2006 la sede sea en Caracas, lo que ha agudizado las diferencias entre quienes creen que éste debe ser un espacio plural y quienes creen que debe organizarse como una especie de partido político global.
La línea más radical, integrada entre otros por el periodista español Ignacio Ramonet y el escritor paquistaní Tarik Alí, defienden la cita en Caracas como un gesto de respaldo del “altermundismo” a Chávez. Tarik Alí dijo en Porto Alegre que “en Irak está la resistencia armada y en Venezuela la resistencia democrática al imperialismo”.
Esas tensiones se inscriben en un marco geopolítico: el presidente colombiano Álvaro Uribe y el peruano Alejandro Toledo han estrechado sus lazos políticos y militares con EEUU mientras que, según el Washington Post, el gobierno de Chávez está gestionando compras de armamento en Rusia por valor de 5.000 millones de dólares, incluyendo una flota de 40 helicópteros y caza-bombarderos Mig-29 de última generación, y ha comprado aviones Tucano a Brasil y fragatas y aviones de transporte militar a España.
Una dimensión continental
Chávez y Castro parecen haber percibido el potencial “revolucionario” de las reivindicaciones indígenas. Si bien los criterios usados en las definiciones étnicas varían de país a país, se estima que existen más de 400 grupos indígenas identificables en América Latina, con casi 40 millones de personas, que incluyen desde pequeñas tribus selváticas amazónicas hasta las macroetnias andinas quechua y aymara. México tiene la población indígena más numerosa de América Latina, alrededor de diez millones, pero representa solamente entre el 12% y el 15% de la población total. En contraste, los indígenas de Guatemala y Bolivia constituyen la mayoría de la población nacional y en Perú y Ecuador llegan casi a la mitad. Según estimaciones de la CEPAL y el BID, un 9% de la población total de la región es indígena, pero representa el 27% en el mundo rural.
Un estudio del Banco Mundial de 1994 concluyó que la relación entre un color de piel oscuro y pobreza no es casual: la pobreza entre las poblaciones indígenas y negras de América Latina es severa y persistente. A pesar de ser los más pobres entre los pobres –en Bolivia un 75% vive por debajo del umbral de la pobreza, un 79% en Perú, un 80% en México y un 90% en Guatemala– y de las dificultades para precisar los criterios censales que los definan, los últimos datos disponibles muestran que la población indígena tiende a aumentar. Las propuestas de estatutos que otorguen autonomía territorial a los grupos indígenas se extienden desde México a Chile, especialmente desde 1992, cuando con ocasión del V Centenario del Descubrimiento se realizó en Guatemala el primer encuentro regional de organizaciones amerindias. En Ecuador el partido Pachacutik obtuvo ese año el 11% de escaños en el Parlamento.
En México, el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) ha lanzado una estrategia basada en la creación de gobiernos indígenas autónomos en 30 municipalidades, urgiendo a las demás etnias del país a imitarles para introducir los procedimientos “indígenas” para elegir y sustituir a sus autoridades. Incluso en países como Colombia y Venezuela, donde la población amerindia representa una reducida minoría, varios partidos indígenas han ganado posiciones en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales. En Guatemala y el Perú ha habido poca o ninguna organización política étnica, probablemente por los traumas causados en sus recientes guerras internas, en las cuales sus comunidades fueron las principales víctimas. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar: en octubre de 2002 organizaciones indígenas peruanas formaron el partido Llapansuyo (“todas las regiones” en quechua) con la presencia de delegaciones de los partidos Pachacutik de Bolivia y Ecuador. En Chile, los mapuches, que tienen una presencia significativa en la Patagonia (25% de la población en las regiones IX y XI), quieren obtener el mismo estatus legal que el pueblo Rapa Nui (polinesio) de la Isla de Pascua, al que el gobierno central ha concedido considerables facultades de autogobierno como “territorio especial”. Sólo Panamá ha concedido un territorio semiautónomo a una etnia indígena: a los kuna, desde 1925.
En 1989, la OIT aprobó la convención 169 como el estatuto de los derechos indígenas, en la cual los amerindios eran, por primera vez, referidos como pueblos, pero pocos países de la región la han suscrito. El caso boliviano muestra que el patrón de pacíficos avances electorales puede verse en peligro si no predomina una actitud más abierta al respecto. Un factor que inhibe las reformas políticas por parte de los Estados es el carácter supranacional de muchas de las etnias, como la de los quechuas, que abarca seis países desde Argentina a Colombia; los mayas o varias tribus amazónicas, cuyos territorios se superponen con las fronteras de Brasil y sus vecinos, lo que alimenta el temor a potenciales movimientos secesionistas.
Discriminación étnica
Uno de los grandes mitos difundidos por los nacionalismos latinoamericanos de todo tipo ha sido la virtual ausencia de discriminación racial entre sus ciudadanos y el mestizaje como paradigma de la composición étnica de sus sociedades. En los hechos, el racismo, disimulado o explícito, es una de los rasgos de la vida cotidiana y de la estructura socioeconómica más visibles en los países de la región. El problema es que al ser una realidad persistentemente negada, prácticamente ningún Estado se ha enfrentado el asunto.
La diferencia de clases es el argumento que más se utiliza para explicar la pobreza porque es el más simple: ofrece una coartada solvente para encubrir aspectos incómodos de las relaciones sociales. Esa estrategia de subterfugios más o menos velados, es casi indistinguible en los discursos oficiales desde México a Brasil. En ese complejo universo social, lleno de subterfugios y eufemismos, el racismo latinoamericano implica una discriminación no admitida que corresponde a unas sociedades que postulan un credo político igualitario pero que mantienen la desigualdad en los hechos. Se trata de un racismo emotivo, no ideológico o doctrinario. Sin embargo, desde la ola democratizadora de los años 80, el problema ha comenzado a ser abordado con menos prejuicios a medida que los pueblos indígenas se han convertido en actores políticos y sociales que exigen que las diferencias étnicas reales sean reconocidas social y jurídicamente.
En 1980 se creó el Consejo Indio de América del Sur (CISA) en Ollantaytambo, Cuzco. En los años 60 ese tipo de organizaciones apenas eran un puñado. En los 90 eran ya centenares: locales, intercomunitarias y regionales, con una intensa actividad internacional. En sus versiones extremistas iniciales articularon un discurso entre mesiánico y renovador que denunciaba a los partidos políticos, de izquierda y de derecha, por estar controlados por criollos. De ahí que incluso la revolución socialista fuese criticada como insuficiente y ajena; en todo caso, incapaz, por su origen étnico, de comprender y plantear adecuadamente el problema indígena. El énfasis en ese tipo de discurso se refleja en posturas como las de Demetrio Cotji, de la etnia kaqchiquel y catedrático en la Universidad San Carlos de Guatemala, que sostiene que cada quien teoriza según la etnia a la que pertenece en una “sociedad colonizada”; es decir, que si un marxista pertenece a la etnia dominante, pensará necesariamente en función de esa perspectiva.
Desde los años 80 las organizaciones indígenas comenzaron a realizar congresos, publicar manifiestos, dirigir peticiones a los gobiernos y a los organismos internacionales y, con mayor frecuencia, manifestaciones, marchas de protesta, ocupaciones de tierras y movilizaciones nacionales para protestar contra la depredación de sus tierras, exigiendo derechos territoriales, representación política y la preservación del medio ambiente. Las más importantes de esas luchas fueron las organizadas por la Conaie en Ecuador en 1990, 1993, 2000 y 2001, que prácticamente paralizaron el país y obligaron al gobierno a negociar cuestiones agrarias y reformas constitucionales. A escala internacional, su actividad logró que la ONU proclamara 1993 como el “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas” y el “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas”, que comenzó en 1995. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA comenzó a elaborar ese año un instrumento jurídico interamericano sobre derechos indígenas. El énfasis inicial en la idealización de un pasado mitificado dio paso a reivindicaciones más concretas, como el acceso a la tierra, al crédito agrícola, a la educación, la salud y la cooperación técnica. Según Stavenhagen, los derechos territoriales, es decir, el reconocimiento y la delimitación legal de territorios ancestrales, son imprescindibles para preservar “el espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo”. La Federación Shuar-Ashuar de Ecuador niega, por ejemplo, querer formar un Estado dentro del Estado, y defiende su participación dentro de la sociedad ecuatoriana desde sus propios valores culturales, territorio y sistema político organizado.
Probablemente nunca ha habido sociedades totalmente homogéneas en términos raciales, lingüísticos o religiosos. Y mucho menos en América Latina. Los mapas étnicos no coinciden con los lingüísticos, ni la voluntad de los ciudadanos con las formaciones históricas de los Estados nacionales: la realidad multicultural presenta una imagen de múltiples estratos que se superponen y confunden. Cualquier nuevo Estado entraría inmediatamente en conflicto con minorías irredentas que se sentirían legitimadas a ejercer su propio derecho a la autodeterminación. El principio de los derechos colectivos, in extremis, tendría que aceptar la legitimidad de la autodeterminación de todas las unidades sociales, por pequeñas que fueran y segregarlas, en uno u otro sentido, en una miríada de cantones étnicos.
Conclusiones: Como en otros terrenos, Brasil está tomando la iniciativa a través de medidas de discriminación positiva, siguiendo el modelo de la affirmative action de EEUU. Con una población de origen africano mayor que la de cualquier otro país americano, el gobierno de Lula da Silva ha decidido disminuir las desigualdades sociales estableciendo cuotas raciales para el acceso a universidades y las administraciones públicas. Lula está empeñado en reexaminar la noción idealizada de Brasil como una armoniosa “democracia racial”, obligando a la sociedad a enfrentar la realidad de la exclusión social. Entre los negros (pretos) y mestizos (pardos) –más de un 50% de la población se define de ese modo– la tasa de desempleo duplica a la de los blancos que, además, ganan un 57% más que los brasileños no blancos que trabajan en el mismo campo. Los pardos y negros tienen también mayores índices de delincuencia y un 50% menos de posibilidades de tener agua potable en sus hogares.
Cuatro de los ministros de Lula son negros, incluyendo el de la recién creada cartera de promoción de la igualdad racial, y también ha nombrado al primer juez negro del Tribunal Supremo. Si el Congreso aprueba su proyecto de ley para la igualdad racial, las cuotas se aplicarán en todos los niveles de gobierno, incluso en la programación de televisión y las listas de candidatos de los partidos políticos. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, tres ministerios federales y la municipalidad de São Paulo ya aplican una cuota del 20% de “afrobrasileños” en los principales cargos. La Universidade Estadual de Río de Janeiro ha sido la primera institución educativa que ha introducido la discriminación positiva en sus procesos de admisión: al menos un 40% de los estudiantes deben ser negros o pardos y un 50% provenir de escuelas públicas. En pocos meses ha conseguido a través de esas políticas duplicar y en algunos casos triplicar el número de sus estudiantes negros o mestizos en facultades como las de medicina, derecho e ingenierías.
Al mismo tiempo, las demandas judiciales de quienes se sienten perjudicados se han disparado. El problema para aplicar estas políticas en un país de 180 millones de habitantes en el que casi todos reconocen tener ancestros de diferentes razas es elemental: ¿quién es realmente negro, o blanco, o indio? ¿Es suficiente decir, como ahora, que uno es negro –o blanco– para serlo? ¿Debería existir una especie de tribunal racial que clasifique a las personas de acuerdo a un genotipo racial específico? El censo brasileño incluye cien clasificaciones determinadas por el color de la piel, algunas tan surrealistas como la de “café con leche”. América Latina sabe ahora que tiene un problema racial, pero está aún lejos de saber cómo resolverlo.
Luis Esteban González Manrique
Analista independiente de economía y política internacionales de Política Exterior y Dinero
Por Luis Esteban González Manrique
En muchos países latinoamericanos la proliferación de nuevos “actores armados” se vincula a una progresiva organización de grupos étnicos que reclaman una mayor cuota de autonomía territorial y política. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y en el Perú el Movimiento Etnocacerista (ME) denuncian la discriminación étnica de “naciones originarias”. Incluso en Venezuela algunos sectores del chavismo hablan de una supuesta lucha de la oligarquía contra mestizos y mulatos. La analista venezolana Elizabeth Burgos define el proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista con rasgos neofascistas”, una especie de racismo invertido que Chávez promueve como parte de su revolución continental. Las consecuencias económicas podrían ser peligrosas si ese fenómeno pone en peligro la explotación de recursos naturales –gas, petróleo, oro…– en territorios donde la presencia de comunidades indígenas es importante.
En su último estudio sobre tendencias mundiales durante los próximos 15 años –Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project–, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) de EEUU, dedica muy pocas páginas a América Latina, pero su diagnóstico sobre la principal amenaza a la seguridad de la región es inequívoco: el fracaso de los gobiernos para encontrar soluciones a la pobreza extrema y a la ingobernabilidad podría alimentar el populismo, el indigenismo radical, el terrorismo, el crimen organizado y el sentimiento antiamericano. Por su parte, Dirk Kruijt y Kees Kooning, en su libro Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America subrayan que la proliferación de “actores armados” en la región obedece en parte a tensiones étnicas que están irrumpiendo violentamente en varios países, especialmente en el núcleo de los Andes centrales: Ecuador, Perú y Bolivia.
Algunos grupos rechazan la globalización, percibida como un fenómeno homogeneizador que mina sus culturas con un modelo económico basado en la explotación de las poblaciones indígenas y sus ecosistemas. Michael Radu, del Foreign Policy Research Institute, ha criticado la “parálisis” de Washington frente a la “creciente radicalización de los indígenas en la región andina”. A su vez, Michael Weinstein prevé un nuevo “ciclo de inestabilidad” en los Andes centrales cuyas señales son “marchas masivas de protesta, bloqueo de carreteras, toma de instalaciones oficiales, rebeliones regionales, desarraigo de los gobiernos e intentos de los gobiernos para extender anticonstitucionalmente sus poderes”.
Nacional-populismo-etnicista
Algunos de los protagonistas políticos son la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador, el Movimiento Etnocacerista (ME) de los hermanos Ollanta y Antauro Humala en el Perú, el Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero boliviano Evo Morales y el Movimiento Indigenista Pachacutik del dirigente aymara Felipe Quispe, que busca la fundación de un Estado quechua-aymara en el sur peruano y el norte boliviano al que denomina “Collasuyo”, el nombre de la región durante el imperio incaico. El discurso de Quispe y Antauro Humala es abiertamente xenófobo contra los criollos, en una suerte de racismo invertido. En Bolivia las manifestaciones más violentas se han registrado en las comunidades de inmigrantes quechuas y aymaras asentadas en El Alto, un suburbio superpoblado de La Paz, que conserva la fuerte cohesión originaria de las comunidades rurales, que le da una capacidad organizativa muy eficaz para bloquear carreteras, paralizar los mercados e incluso emboscar patrullas policiales y militares. A este escenario se han añadido las protestas campesinas de las más importantes zonas agrícolas –las Yungas y el Chapare– contra las campañas gubernamentales para erradicar los cultivos de coca.
En Sicuani, Puno, el departamento peruano limítrofe con Bolivia, el pasado 8 de abril Morales con otros diez diputados del MAS asistieron a la fundación de la versión peruana de su partido. En una entrevista con el diario chileno El Mercurio, Morales habló de la necesidad de “internacionalizar” el MAS promoviendo movimientos sociales antiimperialistas en toda la región andina. En Ecuador, la Conaie y su brazo político –el partido indigenista Pachakuti, que respaldó en 2000 el levantamiento del coronel Lucio Gutiérrez contra Jamil Mahuad– ha jugado un papel fundamental en las últimas crisis políticas.
Según Weinstein la movilización étnica toma la forma de la acción directa porque el segmento indígena de la población andina ha conservado sus vínculos comunitarios. La escritora venezolana Elizabeth Burgos incluye a Hugo Chávez entre los líderes “etnonacionalistas”, al caracterizar al proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista” fundamentado en el discurso de una Venezuela rota en dos mitades: una con un imaginario occidental y criollo y otra llena de ancestros mestizos y mulatos. Al definir la confrontación en términos casi raciales –‘No nos quieren. La oligarquía nos desprecia. Siempre se ha burlado de nosotros’– Chávez pulsa los resentimientos, acude a las diferencias y a las experiencias de rechazo. La historiadora Margarita López Maya dijo ante la Asamblea Nacional en agosto de 2004 que con el chavismo está emergiendo un país “de ancestros mulatos y mestizos” que estaba escondido y silencioso.
El Jornal do Brasil, abierto partidario de Lula da Silva, editorializaba que: “Venezuela se ha convertido en el primer motivo de desacuerdo entre EEUU y Brasil. Chávez tiene dinero y está lejos de ser inofensivo (…) pretende encontrar un villano para justificar la creación de una milicia popular y armar a su ejército. La lista de ingredientes explosivos se engrosa porque al igual que Ecuador, Perú y Bolivia, Venezuela padece una lucha fratricida entre una elite blanca y una población pobre de origen mayoritariamente indígena y mestiza”. La mezcla de peronismo y guevarismo de Chávez es la confirmación de la fuerza del populismo que recorre toda América del Sur y que incluso podría terminar afectando a la Colombia de Uribe y al Chile de la Concertación.
El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada acusó a Chávez de haber financiado el “movimiento indigenista y cocalero” que puso fin a su mandato. Evo Morales ha sido un asiduo visitante de Caracas, donde fue recibido en varias ocasiones por Chávez. Morales es un agitador que denuncia a las multinacionales y al imperialismo. Venezuela es el principal proveedor de crudo y gas en América Latina. Algunos analistas creen que Hugo Chávez podría estar utilizando a Morales y al MAS para que se invaliden las inversiones que puedan competir con Venezuela y vincular a Bolivia a su proyecto “bolivariano”. Evo Morales tiene cierto eco en Perú y Ecuador, países con condiciones parecidas a Bolivia.
Esas advertencias son tomadas muy en serio en Washington. La secretaria de Estado, Condoleeza Rice, declaró ante el Senado que la administración Bush “conoce muy bien las dificultades que Chávez está causando a sus vecinos”. En el Pentágono se cree que Chávez está usando el dinero del petróleo para intervenir en la política interna de sus vecinos y que está eligiendo para ello a los que tienen un tejido social más vulnerable, en algunos casos mediante métodos abiertamente subversivos.
La internacional “bolivariana”
En el Perú varios analistas han denunciado que Chávez dio apoyo –ideológico y quizá económico– al asalto de una comisaría en Andahuaylas el pasado 1 de enero de los 165 paramilitares del ME, en el que murieron cuatro policías. Al cabo de 36 horas Humala se entregó a las autoridades. Ha sido encarcelado en un penal de máxima seguridad mientras espera juicio. Tras el asalto la policía incautó a los “etnocaceristas” 110 fusiles de asalto, 50 granadas, 60 pistolas, cuatro vehículos y munición abundante. En su visita a Cuzco en diciembre de 2004 para la ceremonia de creación de la Comunidad Suramericana de Naciones, Chávez –que hizo un apasionado elogio del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975)– fue vitoreado por los seguidores de Humala. El ME –que tendría alrededor de 4.000 militantes– reivindica el legado del gobierno de Velasco, a pesar de que éste nunca utilizó el nacionalismo étnico o el racismo. Sin embargo, el régimen velasquista oficializó el quechua e hizo de Túpac Amaru el icono de la “revolución peruana”.
La asonada de Humala para exigir la renuncia de Alejandro Toledo fue ejecutada al estilo de la de Chávez en 1992 y la de Lucio Gutiérrez en 2000: una insubordinación que les sirvió de antesala para su exitosa carrera política al poder. El eclecticismo ideológico de Chávez le lleva a apoyar movimientos que defienden una combinación de nacionalismo étnico y un populismo izquierdista pero que en el caso del ME utiliza profusamente una simbología fascistoide: uniformes, boinas rojas, banderas, estandartes con águilas y brazaletes, en una suerte de identificación entre el uniforme y la “raza originaria”. El asalto de Humala fue anticipado por analistas que advirtieron de una organización paramilitar que reclamaba la “globalización de la guillotina contra los corruptos”. En octubre de 2000 los hermanos Humala encabezaron un levantamiento abortado contra el gobierno de Alberto Fujimori, poco antes de que éste huyera del país.
El gobierno de Valentín Paniagua amnistió a Ollanta Humala, que se reintegró en el ejército, pero su hermano Antauro se dedicó a organizar el ME, que pronto fue acusado de financiarse con el narcotráfico por su apoyo a las protestas cocaleras. El ME es algo parecido a una secta: dice defender un reconstituido “código moral de los Incas” y la memoria del mariscal Avelino Cáceres, un héroe de la guerra con Chile (1879-1883) que organizó milicias campesinas contra los invasores. El ME predica el odio de los cobrizos contra los blancos del Perú, Chile, EEUU e Israel, aproximadamente en ese orden. Nadie ha pedido la libertad de Humala, lo que revela su orfandad política, pero su discurso “etnonacionalista” revela las tensiones sociales larvadas del país. La cuestión racial no había formado parte del programa de ningún actor político. El ME ha sido el primero en hacerlo, aunque la Coordinadora Permanente de los Pueblo Indígenas del Perú ha denunciado en términos inequívocos la violencia preconizada por el ME.
Humala buscaba un baño mediático antes que un baño de sangre: protagonizar un acontecimiento que captara la atención pública en el comienzo de un año preelectoral y que permitiera una mayor visibilidad política para su eventual comparecencia electoral. El horror de la población ante los asesinatos de Andahuaylas llevó a Ollanta Humala, agregado militar de la embajada peruana en Seúl hasta diciembre de 2004, a tomar distancia del intento de su hermano de “presentar en sociedad” al etnocacerismo. Sin embargo, algunas encuestas dieron un alto nivel de apoyo (28%) al asalto de la comisaría.
Norberto Ceresole, el ideólogo
El parentesco ideológico entre Chávez, Humala y Morales tiene un antecedente común: el peronismo, expresión del ascenso de una fuerza popular nacionalista. Perón nunca ocultó su admiración por Mussolini y el fascismo italiano. Chávez se nutrió del peronismo a través del sociólogo argentino Norberto Ceresole, un personaje complejo y excéntrico que le asesoró durante varios años antes de que éste se deshiciera de él –entre otras cosas por su declarado antisemitismo– ordenando su expulsión de Venezuela en 1999. Ceresole murió en Buenos Aires en 2003 tras sostener que su expulsión de Venezuela se había debido a la “persecución judía”. En la fórmula de Ceresole, publicada formalmente en Madrid en 2000, se establece que el caudillo garantiza el poder a través de un partido cívico-militar, en un modelo que denomina “posdemocracia”. A largo plazo, según Ceresole la integración “bolivariana” del continente conduciría a una Confederación de Estados Latinoamericanos en la que las fuerzas armadas tendrían las riendas del desarrollo económico, social, político y de la seguridad del continente.
Chávez jamás ha renunciado a la simbología castrense. Según El Universal de Caracas, más de 100 militares, en su mayoría activos, ocupan cargos directivos y de confianza en las empresas estatales, en servicios e institutos autónomos y nacionales, fondos gubernamentales, fundaciones y comisiones especiales. En las elecciones regionales de octubre de 2004, 14 de los 22 candidatos oficialistas designados por Chávez provenían de las filas militares. Según Chávez: “Cuando hablo de revolución armada no estoy hablando de metáforas; armada es que tiene fusiles, tanques, aviones y miles de hombres listos para defenderla”. Venezuela tiene ya más oficiales que México y Argentina juntos y 120 civiles han sido juzgados por tribunales militares. Ese esquema no funcionaría sin el petróleo.
El eje Caracas-La Habana
Roger Noriega, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, ha declarado que a EEUU le preocupa la posibilidad de que los 100.000 fusiles AK que Venezuela comprará a Rusia terminen en manos de “grupos criminales, milicias o guerrillas”. Chávez dice que se entregarán a “unidades populares de defensa” que responderán directamente al presidente, en una estrategia que los opositores atribuyen más a una intención de control político interno que a una amenaza militar exterior real. Chávez no va poder garantizar que esas armas no terminen en manos indeseables. Venezuela tiene miles de kilómetros de fronteras poco resguardadas por las que podrían filtrarse esas armas, como ocurrió en Centroamérica con el armamento que fluyó a esa región durante los años 70 y 80.
En su visita al Foro Social de Porto Alegre, Chávez advirtió que considerará cualquier ataque contra Cuba como un ataque a Venezuela. El eje Caracas-La Habana completa el complejo escenario de la nueva situación estratégica de la región y del surgimiento del “etnonacionalismo” como uno de sus factores principales. Tras la derrota del sandinismo en Nicaragua, Fidel Castro pareció conceder una tregua a un continente en gran parte pacificado. Pero Chávez –al que Castro recibió en 1995 con honores de jefe de Estado pocos días después de ser excarcelado por el gobierno de Rafael Caldera– parece haberle devuelto las esperanzas de cumplir el sueño del Che: con el petróleo venezolano –dijo Castro a Régis Debray en 1962– la revolución continental sería cuestión de meses.
A cambio del crudo venezolano, Cuba envía alfabetizadores, asesores culturales, deportivos y médicos que realizan labores de proselitismo político, a los que se unen los servicios comunitarios a cargo de las guarniciones militares venezolanas. Chávez tiene además una ventaja: su poder es fruto de un proceso democrático. Según un antiguo funcionario del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista: “Fidel no quería cometer el mismo error que en Chile; él ahora hace todo de manera legal”.
La estrategia tiene múltiples frentes. Las repetidas visitas de Chávez al Foro Social Mundial de Porto Alegre han tenido la obvia intención de utilizarlo como una plataforma de propaganda política. El Movimiento Sin Tierra de Brasil ha propuesto al comité internacional que organiza el Foro que en 2006 la sede sea en Caracas, lo que ha agudizado las diferencias entre quienes creen que éste debe ser un espacio plural y quienes creen que debe organizarse como una especie de partido político global.
La línea más radical, integrada entre otros por el periodista español Ignacio Ramonet y el escritor paquistaní Tarik Alí, defienden la cita en Caracas como un gesto de respaldo del “altermundismo” a Chávez. Tarik Alí dijo en Porto Alegre que “en Irak está la resistencia armada y en Venezuela la resistencia democrática al imperialismo”.
Esas tensiones se inscriben en un marco geopolítico: el presidente colombiano Álvaro Uribe y el peruano Alejandro Toledo han estrechado sus lazos políticos y militares con EEUU mientras que, según el Washington Post, el gobierno de Chávez está gestionando compras de armamento en Rusia por valor de 5.000 millones de dólares, incluyendo una flota de 40 helicópteros y caza-bombarderos Mig-29 de última generación, y ha comprado aviones Tucano a Brasil y fragatas y aviones de transporte militar a España.
Una dimensión continental
Chávez y Castro parecen haber percibido el potencial “revolucionario” de las reivindicaciones indígenas. Si bien los criterios usados en las definiciones étnicas varían de país a país, se estima que existen más de 400 grupos indígenas identificables en América Latina, con casi 40 millones de personas, que incluyen desde pequeñas tribus selváticas amazónicas hasta las macroetnias andinas quechua y aymara. México tiene la población indígena más numerosa de América Latina, alrededor de diez millones, pero representa solamente entre el 12% y el 15% de la población total. En contraste, los indígenas de Guatemala y Bolivia constituyen la mayoría de la población nacional y en Perú y Ecuador llegan casi a la mitad. Según estimaciones de la CEPAL y el BID, un 9% de la población total de la región es indígena, pero representa el 27% en el mundo rural.
Un estudio del Banco Mundial de 1994 concluyó que la relación entre un color de piel oscuro y pobreza no es casual: la pobreza entre las poblaciones indígenas y negras de América Latina es severa y persistente. A pesar de ser los más pobres entre los pobres –en Bolivia un 75% vive por debajo del umbral de la pobreza, un 79% en Perú, un 80% en México y un 90% en Guatemala– y de las dificultades para precisar los criterios censales que los definan, los últimos datos disponibles muestran que la población indígena tiende a aumentar. Las propuestas de estatutos que otorguen autonomía territorial a los grupos indígenas se extienden desde México a Chile, especialmente desde 1992, cuando con ocasión del V Centenario del Descubrimiento se realizó en Guatemala el primer encuentro regional de organizaciones amerindias. En Ecuador el partido Pachacutik obtuvo ese año el 11% de escaños en el Parlamento.
En México, el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) ha lanzado una estrategia basada en la creación de gobiernos indígenas autónomos en 30 municipalidades, urgiendo a las demás etnias del país a imitarles para introducir los procedimientos “indígenas” para elegir y sustituir a sus autoridades. Incluso en países como Colombia y Venezuela, donde la población amerindia representa una reducida minoría, varios partidos indígenas han ganado posiciones en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales. En Guatemala y el Perú ha habido poca o ninguna organización política étnica, probablemente por los traumas causados en sus recientes guerras internas, en las cuales sus comunidades fueron las principales víctimas. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar: en octubre de 2002 organizaciones indígenas peruanas formaron el partido Llapansuyo (“todas las regiones” en quechua) con la presencia de delegaciones de los partidos Pachacutik de Bolivia y Ecuador. En Chile, los mapuches, que tienen una presencia significativa en la Patagonia (25% de la población en las regiones IX y XI), quieren obtener el mismo estatus legal que el pueblo Rapa Nui (polinesio) de la Isla de Pascua, al que el gobierno central ha concedido considerables facultades de autogobierno como “territorio especial”. Sólo Panamá ha concedido un territorio semiautónomo a una etnia indígena: a los kuna, desde 1925.
En 1989, la OIT aprobó la convención 169 como el estatuto de los derechos indígenas, en la cual los amerindios eran, por primera vez, referidos como pueblos, pero pocos países de la región la han suscrito. El caso boliviano muestra que el patrón de pacíficos avances electorales puede verse en peligro si no predomina una actitud más abierta al respecto. Un factor que inhibe las reformas políticas por parte de los Estados es el carácter supranacional de muchas de las etnias, como la de los quechuas, que abarca seis países desde Argentina a Colombia; los mayas o varias tribus amazónicas, cuyos territorios se superponen con las fronteras de Brasil y sus vecinos, lo que alimenta el temor a potenciales movimientos secesionistas.
Discriminación étnica
Uno de los grandes mitos difundidos por los nacionalismos latinoamericanos de todo tipo ha sido la virtual ausencia de discriminación racial entre sus ciudadanos y el mestizaje como paradigma de la composición étnica de sus sociedades. En los hechos, el racismo, disimulado o explícito, es una de los rasgos de la vida cotidiana y de la estructura socioeconómica más visibles en los países de la región. El problema es que al ser una realidad persistentemente negada, prácticamente ningún Estado se ha enfrentado el asunto.
La diferencia de clases es el argumento que más se utiliza para explicar la pobreza porque es el más simple: ofrece una coartada solvente para encubrir aspectos incómodos de las relaciones sociales. Esa estrategia de subterfugios más o menos velados, es casi indistinguible en los discursos oficiales desde México a Brasil. En ese complejo universo social, lleno de subterfugios y eufemismos, el racismo latinoamericano implica una discriminación no admitida que corresponde a unas sociedades que postulan un credo político igualitario pero que mantienen la desigualdad en los hechos. Se trata de un racismo emotivo, no ideológico o doctrinario. Sin embargo, desde la ola democratizadora de los años 80, el problema ha comenzado a ser abordado con menos prejuicios a medida que los pueblos indígenas se han convertido en actores políticos y sociales que exigen que las diferencias étnicas reales sean reconocidas social y jurídicamente.
En 1980 se creó el Consejo Indio de América del Sur (CISA) en Ollantaytambo, Cuzco. En los años 60 ese tipo de organizaciones apenas eran un puñado. En los 90 eran ya centenares: locales, intercomunitarias y regionales, con una intensa actividad internacional. En sus versiones extremistas iniciales articularon un discurso entre mesiánico y renovador que denunciaba a los partidos políticos, de izquierda y de derecha, por estar controlados por criollos. De ahí que incluso la revolución socialista fuese criticada como insuficiente y ajena; en todo caso, incapaz, por su origen étnico, de comprender y plantear adecuadamente el problema indígena. El énfasis en ese tipo de discurso se refleja en posturas como las de Demetrio Cotji, de la etnia kaqchiquel y catedrático en la Universidad San Carlos de Guatemala, que sostiene que cada quien teoriza según la etnia a la que pertenece en una “sociedad colonizada”; es decir, que si un marxista pertenece a la etnia dominante, pensará necesariamente en función de esa perspectiva.
Desde los años 80 las organizaciones indígenas comenzaron a realizar congresos, publicar manifiestos, dirigir peticiones a los gobiernos y a los organismos internacionales y, con mayor frecuencia, manifestaciones, marchas de protesta, ocupaciones de tierras y movilizaciones nacionales para protestar contra la depredación de sus tierras, exigiendo derechos territoriales, representación política y la preservación del medio ambiente. Las más importantes de esas luchas fueron las organizadas por la Conaie en Ecuador en 1990, 1993, 2000 y 2001, que prácticamente paralizaron el país y obligaron al gobierno a negociar cuestiones agrarias y reformas constitucionales. A escala internacional, su actividad logró que la ONU proclamara 1993 como el “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas” y el “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas”, que comenzó en 1995. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA comenzó a elaborar ese año un instrumento jurídico interamericano sobre derechos indígenas. El énfasis inicial en la idealización de un pasado mitificado dio paso a reivindicaciones más concretas, como el acceso a la tierra, al crédito agrícola, a la educación, la salud y la cooperación técnica. Según Stavenhagen, los derechos territoriales, es decir, el reconocimiento y la delimitación legal de territorios ancestrales, son imprescindibles para preservar “el espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo”. La Federación Shuar-Ashuar de Ecuador niega, por ejemplo, querer formar un Estado dentro del Estado, y defiende su participación dentro de la sociedad ecuatoriana desde sus propios valores culturales, territorio y sistema político organizado.
Probablemente nunca ha habido sociedades totalmente homogéneas en términos raciales, lingüísticos o religiosos. Y mucho menos en América Latina. Los mapas étnicos no coinciden con los lingüísticos, ni la voluntad de los ciudadanos con las formaciones históricas de los Estados nacionales: la realidad multicultural presenta una imagen de múltiples estratos que se superponen y confunden. Cualquier nuevo Estado entraría inmediatamente en conflicto con minorías irredentas que se sentirían legitimadas a ejercer su propio derecho a la autodeterminación. El principio de los derechos colectivos, in extremis, tendría que aceptar la legitimidad de la autodeterminación de todas las unidades sociales, por pequeñas que fueran y segregarlas, en uno u otro sentido, en una miríada de cantones étnicos.
Conclusiones: Como en otros terrenos, Brasil está tomando la iniciativa a través de medidas de discriminación positiva, siguiendo el modelo de la affirmative action de EEUU. Con una población de origen africano mayor que la de cualquier otro país americano, el gobierno de Lula da Silva ha decidido disminuir las desigualdades sociales estableciendo cuotas raciales para el acceso a universidades y las administraciones públicas. Lula está empeñado en reexaminar la noción idealizada de Brasil como una armoniosa “democracia racial”, obligando a la sociedad a enfrentar la realidad de la exclusión social. Entre los negros (pretos) y mestizos (pardos) –más de un 50% de la población se define de ese modo– la tasa de desempleo duplica a la de los blancos que, además, ganan un 57% más que los brasileños no blancos que trabajan en el mismo campo. Los pardos y negros tienen también mayores índices de delincuencia y un 50% menos de posibilidades de tener agua potable en sus hogares.
Cuatro de los ministros de Lula son negros, incluyendo el de la recién creada cartera de promoción de la igualdad racial, y también ha nombrado al primer juez negro del Tribunal Supremo. Si el Congreso aprueba su proyecto de ley para la igualdad racial, las cuotas se aplicarán en todos los niveles de gobierno, incluso en la programación de televisión y las listas de candidatos de los partidos políticos. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, tres ministerios federales y la municipalidad de São Paulo ya aplican una cuota del 20% de “afrobrasileños” en los principales cargos. La Universidade Estadual de Río de Janeiro ha sido la primera institución educativa que ha introducido la discriminación positiva en sus procesos de admisión: al menos un 40% de los estudiantes deben ser negros o pardos y un 50% provenir de escuelas públicas. En pocos meses ha conseguido a través de esas políticas duplicar y en algunos casos triplicar el número de sus estudiantes negros o mestizos en facultades como las de medicina, derecho e ingenierías.
Al mismo tiempo, las demandas judiciales de quienes se sienten perjudicados se han disparado. El problema para aplicar estas políticas en un país de 180 millones de habitantes en el que casi todos reconocen tener ancestros de diferentes razas es elemental: ¿quién es realmente negro, o blanco, o indio? ¿Es suficiente decir, como ahora, que uno es negro –o blanco– para serlo? ¿Debería existir una especie de tribunal racial que clasifique a las personas de acuerdo a un genotipo racial específico? El censo brasileño incluye cien clasificaciones determinadas por el color de la piel, algunas tan surrealistas como la de “café con leche”. América Latina sabe ahora que tiene un problema racial, pero está aún lejos de saber cómo resolverlo.
Luis Esteban González Manrique
Analista independiente de economía y política internacionales de Política Exterior y Dinero
miércoles, agosto 22, 2007
Escribir
En el proceso de la escritura, dedicarle un tiempo a planificar la idea, después redactar y por último corregir, reduce las posibilidades de equivocarse y permite expresar lo que realmente se tiene la intención de decir, pensando los efectos que causará en quien lea.
¿Por qué hacerlo si estamos tan apurados? Porque las palabras se han hecho para entendernos y mal utilizadas, crean desinteligencias. Un mail redactado con apuro o un acuerdo comercial ambiguo pueden llevar a desaciertos adentro y fuera de la empresa, además del consabido deterioro de la imagen. Como un restaurant famoso, que me invitó por mail a probar la carne de "siervo". Me apuré a contestar que yo no aceptaba el convite, no vaya a ser que lo tienten a uno con la antropofagia.
En las organizaciones de hoy todos somos escritores. Mail, chat, informes a superiores, presentaciones, balances: todos tenemos en algún momento que expresar ideas por escrito.
Escritores y periodistas han sabido desde siempre que además de talento, o quizá por encima de él, es necesario "ablandar la pluma" para escribir, poner el músculo del brazo al servicio del pensamiento.
¿Por qué hacerlo si estamos tan apurados? Porque las palabras se han hecho para entendernos y mal utilizadas, crean desinteligencias. Un mail redactado con apuro o un acuerdo comercial ambiguo pueden llevar a desaciertos adentro y fuera de la empresa, además del consabido deterioro de la imagen. Como un restaurant famoso, que me invitó por mail a probar la carne de "siervo". Me apuré a contestar que yo no aceptaba el convite, no vaya a ser que lo tienten a uno con la antropofagia.
En las organizaciones de hoy todos somos escritores. Mail, chat, informes a superiores, presentaciones, balances: todos tenemos en algún momento que expresar ideas por escrito.
Escritores y periodistas han sabido desde siempre que además de talento, o quizá por encima de él, es necesario "ablandar la pluma" para escribir, poner el músculo del brazo al servicio del pensamiento.
Escribir
En el proceso de la escritura, dedicarle un tiempo a planificar la idea, después redactar y por último corregir, reduce las posibilidades de equivocarse y permite expresar lo que realmente se tiene la intención de decir, pensando los efectos que causará en quien lea.
¿Por qué hacerlo si estamos tan apurados? Porque las palabras se han hecho para entendernos y mal utilizadas, crean desinteligencias. Un mail redactado con apuro o un acuerdo comercial ambiguo pueden llevar a desaciertos adentro y fuera de la empresa, además del consabido deterioro de la imagen. Como un restaurant famoso, que me invitó por mail a probar la carne de "siervo". Me apuré a contestar que yo no aceptaba el convite, no vaya a ser que lo tienten a uno con la antropofagia.
En las organizaciones de hoy todos somos escritores. Mail, chat, informes a superiores, presentaciones, balances: todos tenemos en algún momento que expresar ideas por escrito.
Escritores y periodistas han sabido desde siempre que además de talento, o quizá por encima de él, es necesario "ablandar la pluma" para escribir, poner el músculo del brazo al servicio del pensamiento.
¿Por qué hacerlo si estamos tan apurados? Porque las palabras se han hecho para entendernos y mal utilizadas, crean desinteligencias. Un mail redactado con apuro o un acuerdo comercial ambiguo pueden llevar a desaciertos adentro y fuera de la empresa, además del consabido deterioro de la imagen. Como un restaurant famoso, que me invitó por mail a probar la carne de "siervo". Me apuré a contestar que yo no aceptaba el convite, no vaya a ser que lo tienten a uno con la antropofagia.
En las organizaciones de hoy todos somos escritores. Mail, chat, informes a superiores, presentaciones, balances: todos tenemos en algún momento que expresar ideas por escrito.
Escritores y periodistas han sabido desde siempre que además de talento, o quizá por encima de él, es necesario "ablandar la pluma" para escribir, poner el músculo del brazo al servicio del pensamiento.
miércoles, agosto 15, 2007
Gas y política
Por Alieto Aldo Guadagni
"Los jugos de la tierra pertenecen al rey." Carlos III (Ordenanzas de Aranjuez. Minas en Nueva España, 1783)
Los hidrocarburos han ocupado un lugar importante en nuestra agenda política; recordemos el frustrado acuerdo con la Standard Oil de California, propiciado por Perón antes del golpe militar que lo derrocó, en 1955, o los contratos petroleros impulsados por Frondizi y Frigerio en 1958. También podríamos mencionar las iniciativas de Alfonsín para estimular la producción nacional, bautizadas Plan Olivos en 1988 y que fueron profundizadas por Menem en los años 90 con la privatización de YPF. Es así como nuestro país, tradicional importador de petróleo, no sólo pudo lograr su anhelado autoabastecimiento, sino también convertirse en exportador de petróleo y de gas.
Pero las cosas han comenzado a cambiar en los últimos años, a pesar de que los precios energéticos han trepado, impulsados al alza por varios factores, entre los cuales destacamos la creciente demanda china (a fines de 2001 el petróleo se cotizaba a apenas 20 dólares el barril y en la actualidad supera los 70). Si no definimos con urgencia una nueva política de hidrocarburos que aliente el aprovechamiento de nuestros recursos corremos el riesgo de caer en la trampa de la "triple tenaza", al transitar de un estadio de energía abundante, barata y exportada a otro caracterizado por energía escasa, cara e importada.
Estamos en presencia de un creciente desfase entre una demanda energética que trepa por la expansión económica y una oferta que declina año tras año.
Señalemos que la producción de petróleo viene cayendo desde 1998, cuando su nivel se ubicaba un 30 por ciento por encima del volumen actual; por este motivo, estas exportaciones han caído nada menos que un 80 por ciento en la última década. Pero lo más grave es que las reservas vienen cayendo por la merma en las tareas de exploración. Por todo esto no debe sorprender que las exportaciones se estén evaporando y apunten a su extinción hacia 2009, cuando perdamos así el autoabastecimiento y nos convirtamos nuevamente en importadores.
No sólo se perderían entonces los recursos fiscales por retenciones a las exportaciones, sino que también emergerían presiones para alinear nuestros precios internos con los precios de importación, que equivalen a más del doble. Para darse cuenta de ello, basta con mirar a nuestros vecinos importadores de petróleo -Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay-, donde los combustibles tienen precios que duplican los nuestros.
Pero el mayor esfuerzo debe estar orientado hacia el gas que, como no es un commodity global como el petróleo, se moviliza en ámbitos regionales más reducidos, potenciando así su importancia geopolítica, por la gravitación de la cercanía geográfica entre países exportadores e importadores. La madre de todas las batallas por nuestra seguridad energética se librará, por estas razones, en el sector gasífero, ya que en pocos países el gas es tan importante como en la Argentina. En el mundo representa apenas la quinta parte del consumo de energía, mucho menos que el petróleo y el carbón. Las cosas son distintas en nuestro país, donde el gas satisface la mitad del consumo energético (en Brasil apenas el 8 por ciento). No es sólo esencial para el confort familiar, sino que también es un insumo crítico en las muchas actividades productivas que necesitan de gas abundante y barato para potenciar sus ventajas competitivas.
Alrededor del 60 por ciento de la generación eléctrica depende del gas; con más de 1,5 millones de vehículos impulsados por GNC, lideramos en el mundo la transformación tecnológica que significa este reemplazo de petróleo por gas. No es una exageración decir que nuestro crecimiento económico dependerá del acceso a suministros seguros de gas a costos moderados. Esto se refuerza cuando se considera que en poco tiempo volveremos a ser importadores de petróleo.
Es preocupante observar que la producción de gas está estancada desde 2004 y que las reservas han caído más del 40 por ciento desde 2002. Por esto, es conveniente buscar el acceso a las reservas gasíferas de Bolivia, como procura el contrato firmado por Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos el año último. Pero para que Bolivia pueda cumplir en el futuro sus compromisos de exportación a nuestro país hay que construir un gran gasoducto que recién se está licitando ahora y además hay que invertir en desarrollar los campos gasíferos.
Si la producción boliviana no se expande, podrían aparecer problemas para nuestro abastecimiento. Aquí es preocupante el artículo 3.8 del contrato firmado por Enarsa, que reza "las exportaciones de gas a la Argentina, ante potenciales interrupciones que pudieran presentarse, mantendrán razonable prioridad o proporcionalidad (...) respetando las obligaciones asumidas con anterioridad (...) es decir, abastecer primero el mercado interno boliviano, luego la exportación de gas a Brasil e inmediatamente después el contrato con la Argentina".
Vale la pena aprender de las lecciones de la diplomacia energética mundial, que procura diversificar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de la dependencia en este crítico rubro. Esto ocurre no sólo ahora en Chile y Brasil, sino también en Japón, China, la India, Estados Unidos y, particularmente, en la Unión Europea, que no está nada contenta con su dependencia del gas ruso.
En nuestro caso, es razonable que procuremos el acceso al gas boliviano, pero no es recomendable olvidar nuestras propias posibilidades, ya que el consumo aumentará fuertemente por la construcción de nuevas centrales eléctricas que ahora impulsa el Gobierno.
Es difícil de entender que fijemos un precio de 5 dólares para el gas boliviano mientras la producción de Salta, Neuquén y la Patagonia tiene un precio de apenas 1,5 dólares por millón de BTU. No olvidemos que cada metro cúbico adicional de gas argentino significará más regalías para las provincias y más empleo, inversiones y prosperidad en el interior de nuestro país.
La caída en las reservas y en la producción de nuestros hidrocarburos no puede ser atribuida a una "maldición geológica", sino a deficientes políticas que no alientan inversiones que enfrenten el riesgo exploratorio. Los productores de hidrocarburos, en los últimos años, salvo ciertas excepciones, pusieron más énfasis en extraer de pozos conocidos que en incorporar reservas.
Es urgente replantear la movilización de genuinos capitales de riesgo para el desarrollo de áreas potencialmente productivas. Y para ello es crucial un nuevo régimen de estabilidad tributaria, similar a la ley de minería que impulsó esta históricamente olvidada actividad. En este nuevo régimen nos tendremos que olvidar de las retenciones a las exportaciones (que están desapareciendo) y capturar la renta fiscal del recurso mediante licitaciones abiertas, transparentes y competitivas. Este mecanismo es claramente superior a las decisiones discrecionales de adjudicación de concesión de áreas a las cuales son tan afectos las burocracias políticas de muchos países petroleros.
La recuperación de nuestras alicaídas reservas y seguridad energética se logrará no con el "capitalismo de amigos" sino con inversores genuinos y eficientes productores que acepten lo que insinuaba Carlos III, en el sentido de que la renta del recurso natural pertenece a toda la sociedad.
El autor fue secretario de Energía durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
"Los jugos de la tierra pertenecen al rey." Carlos III (Ordenanzas de Aranjuez. Minas en Nueva España, 1783)
Los hidrocarburos han ocupado un lugar importante en nuestra agenda política; recordemos el frustrado acuerdo con la Standard Oil de California, propiciado por Perón antes del golpe militar que lo derrocó, en 1955, o los contratos petroleros impulsados por Frondizi y Frigerio en 1958. También podríamos mencionar las iniciativas de Alfonsín para estimular la producción nacional, bautizadas Plan Olivos en 1988 y que fueron profundizadas por Menem en los años 90 con la privatización de YPF. Es así como nuestro país, tradicional importador de petróleo, no sólo pudo lograr su anhelado autoabastecimiento, sino también convertirse en exportador de petróleo y de gas.
Pero las cosas han comenzado a cambiar en los últimos años, a pesar de que los precios energéticos han trepado, impulsados al alza por varios factores, entre los cuales destacamos la creciente demanda china (a fines de 2001 el petróleo se cotizaba a apenas 20 dólares el barril y en la actualidad supera los 70). Si no definimos con urgencia una nueva política de hidrocarburos que aliente el aprovechamiento de nuestros recursos corremos el riesgo de caer en la trampa de la "triple tenaza", al transitar de un estadio de energía abundante, barata y exportada a otro caracterizado por energía escasa, cara e importada.
Estamos en presencia de un creciente desfase entre una demanda energética que trepa por la expansión económica y una oferta que declina año tras año.
Señalemos que la producción de petróleo viene cayendo desde 1998, cuando su nivel se ubicaba un 30 por ciento por encima del volumen actual; por este motivo, estas exportaciones han caído nada menos que un 80 por ciento en la última década. Pero lo más grave es que las reservas vienen cayendo por la merma en las tareas de exploración. Por todo esto no debe sorprender que las exportaciones se estén evaporando y apunten a su extinción hacia 2009, cuando perdamos así el autoabastecimiento y nos convirtamos nuevamente en importadores.
No sólo se perderían entonces los recursos fiscales por retenciones a las exportaciones, sino que también emergerían presiones para alinear nuestros precios internos con los precios de importación, que equivalen a más del doble. Para darse cuenta de ello, basta con mirar a nuestros vecinos importadores de petróleo -Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay-, donde los combustibles tienen precios que duplican los nuestros.
Pero el mayor esfuerzo debe estar orientado hacia el gas que, como no es un commodity global como el petróleo, se moviliza en ámbitos regionales más reducidos, potenciando así su importancia geopolítica, por la gravitación de la cercanía geográfica entre países exportadores e importadores. La madre de todas las batallas por nuestra seguridad energética se librará, por estas razones, en el sector gasífero, ya que en pocos países el gas es tan importante como en la Argentina. En el mundo representa apenas la quinta parte del consumo de energía, mucho menos que el petróleo y el carbón. Las cosas son distintas en nuestro país, donde el gas satisface la mitad del consumo energético (en Brasil apenas el 8 por ciento). No es sólo esencial para el confort familiar, sino que también es un insumo crítico en las muchas actividades productivas que necesitan de gas abundante y barato para potenciar sus ventajas competitivas.
Alrededor del 60 por ciento de la generación eléctrica depende del gas; con más de 1,5 millones de vehículos impulsados por GNC, lideramos en el mundo la transformación tecnológica que significa este reemplazo de petróleo por gas. No es una exageración decir que nuestro crecimiento económico dependerá del acceso a suministros seguros de gas a costos moderados. Esto se refuerza cuando se considera que en poco tiempo volveremos a ser importadores de petróleo.
Es preocupante observar que la producción de gas está estancada desde 2004 y que las reservas han caído más del 40 por ciento desde 2002. Por esto, es conveniente buscar el acceso a las reservas gasíferas de Bolivia, como procura el contrato firmado por Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos el año último. Pero para que Bolivia pueda cumplir en el futuro sus compromisos de exportación a nuestro país hay que construir un gran gasoducto que recién se está licitando ahora y además hay que invertir en desarrollar los campos gasíferos.
Si la producción boliviana no se expande, podrían aparecer problemas para nuestro abastecimiento. Aquí es preocupante el artículo 3.8 del contrato firmado por Enarsa, que reza "las exportaciones de gas a la Argentina, ante potenciales interrupciones que pudieran presentarse, mantendrán razonable prioridad o proporcionalidad (...) respetando las obligaciones asumidas con anterioridad (...) es decir, abastecer primero el mercado interno boliviano, luego la exportación de gas a Brasil e inmediatamente después el contrato con la Argentina".
Vale la pena aprender de las lecciones de la diplomacia energética mundial, que procura diversificar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de la dependencia en este crítico rubro. Esto ocurre no sólo ahora en Chile y Brasil, sino también en Japón, China, la India, Estados Unidos y, particularmente, en la Unión Europea, que no está nada contenta con su dependencia del gas ruso.
En nuestro caso, es razonable que procuremos el acceso al gas boliviano, pero no es recomendable olvidar nuestras propias posibilidades, ya que el consumo aumentará fuertemente por la construcción de nuevas centrales eléctricas que ahora impulsa el Gobierno.
Es difícil de entender que fijemos un precio de 5 dólares para el gas boliviano mientras la producción de Salta, Neuquén y la Patagonia tiene un precio de apenas 1,5 dólares por millón de BTU. No olvidemos que cada metro cúbico adicional de gas argentino significará más regalías para las provincias y más empleo, inversiones y prosperidad en el interior de nuestro país.
La caída en las reservas y en la producción de nuestros hidrocarburos no puede ser atribuida a una "maldición geológica", sino a deficientes políticas que no alientan inversiones que enfrenten el riesgo exploratorio. Los productores de hidrocarburos, en los últimos años, salvo ciertas excepciones, pusieron más énfasis en extraer de pozos conocidos que en incorporar reservas.
Es urgente replantear la movilización de genuinos capitales de riesgo para el desarrollo de áreas potencialmente productivas. Y para ello es crucial un nuevo régimen de estabilidad tributaria, similar a la ley de minería que impulsó esta históricamente olvidada actividad. En este nuevo régimen nos tendremos que olvidar de las retenciones a las exportaciones (que están desapareciendo) y capturar la renta fiscal del recurso mediante licitaciones abiertas, transparentes y competitivas. Este mecanismo es claramente superior a las decisiones discrecionales de adjudicación de concesión de áreas a las cuales son tan afectos las burocracias políticas de muchos países petroleros.
La recuperación de nuestras alicaídas reservas y seguridad energética se logrará no con el "capitalismo de amigos" sino con inversores genuinos y eficientes productores que acepten lo que insinuaba Carlos III, en el sentido de que la renta del recurso natural pertenece a toda la sociedad.
El autor fue secretario de Energía durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
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