Los instrumentos o fondos especiales destinados a apoyar el desarrollo económico y social constituyen un mecanismo común en muchos países ricos en recursos naturales. Prueba de ello es Arabia Saudita, que presenta una organización del sistema de subvenciones públicas bastante bien estructurada y organizada, aunque no exenta de sorpresas.
Durante años, los objetivos marcados para las intervenciones del estado han sufrido una evolución funcional con respecto a los resultados alcanzados. Por ello, si en el pasado los esfuerzos se centraban sobre todo en la potenciación del sector extractivo y a la cohesión social, hoy en día las prioridades han cambiado: en primer lugar, el Gobierno Saudita debe seguir adelante con su reto de diversificar el entramado económico. Los ingresos, garantizados por el aumento del precio del crudo de los últimos años, han contribuido a aumentar las subvenciones, que se destinan cada vez más al desarrollo del sector industrial, hasta ahora poco desarrollado e independiente de la actividad extractora. El segundo objetivo del país –y el más complicado– es el de dotarse de los elementos indispensables para participar, a pleno rendimiento, en la Organización Mundial del Comercio, dos años después de haber sido admitida en la misma.
Cinco declinaciones de fondos
El Ministerio de Economía y Finanzas de Riad se ocupa de la programación general de las actividades productivas, que son planificadas a medio plazo según una base quinquenal. El plan actualmente activo –el octavo, 2005/2009– tiene unos objetivos un tanto ambiciosos y generales: la diversificación de la economía, el incremento de la productividad, aumento de la participación en el sector privado, homogeneidad de las diversas áreas del país y el desarrollo del sector científico y tecnológico.
Los instrumentos empleados por la administración saudí para apoyar las actividades de los privados y hacerlos más competitivos en el mercado internacional, se centran en unos ámbitos de intervención específicos. Partiendo desde el sector primario, el Banco Saudí de la Agricultura, que proporciona créditos desde 1963 para los proyectos del sector agrícola y garantiza condiciones favorables, además de subsidios específicos sobre determinados bienes. La intervención más reciente fue sobre la leche para neonatos y para el arroz, protegiendo a productores y consumidores ante un eventual aumento de los precios.
El Fondo para el Desarrollo Inmobiliario, activo desde 1974, tiene como objetivo el de financiar sin intereses la construcción comercial y residencial, haciendo posible su reembolso en 25 años. El Fondo para las Inversiones Públicas (1971) es, entre estos elementos, el único destinado a apoyar a las empresas de carácter público o semi-público, a las que se les concede subvenciones con condiciones bastante favorables. El Banco del Crédito Saudita, fundado en 1973, se ocupa de financiar las actividades de los privados que son considerados útiles para la cohesión y el desarrollo social.
EL último de estos instrumentos, el Fondo Saudita para el Desarrollo Industrial (SIDF, por sus siglas en inglés) de 1974, es el que promociona, en gran medida, el desarrollo económico a través de la financiación a las empresas privadas. El SIDF prevé la posibilidad de recibir subvenciones públicas a medio-largo plazo (hasta 15 años) con tasas de interés bastante inferiores a los del mercado. La financiación puede incluir el 50% de la inversión y puede cubrir también el capital inicial y los gastos de preparación. El objetivo fundamental de este fondo es el de aumentar la base industrial del país, lo que provoca que su campo de acción se reduzca sólo a las actividades industriales en las que el país necesita volcarse para ser autosuficiente.
Según las fuentes oficiales y los datos ofrecidos por el propio Fondo, durante el 2006, el sector industrial supuso un 13% del PIB, el sector manufacturero no petrolífero creció un 10,1% en términos reales, mientras que las exportaciones no petrolíferas han crecido en los últimos diez años un 13%. Considerando las características tan específicas de la base industrial saudí, los resultados son bastante significativos, aunque debe tenerse en cuenta que los datos han sido ofrecidos por fuentes oficiales por lo que su fiabilidad no es contrastable.
Incentivos y desincentivos
Los trabajadores extranjeros que pretenden invertir en Arabia Saudí pueden beneficiarse de las mismas facilidades e instrumentos financieros públicos garantizados a los residentes, tal y como se recoge en la Ley sobre las Inversiones Directas Extranjeras de 2000. Esta medida, modificada periódicamente, también forma parte de la campaña de incentivación de las actividades productivas y de la apertura del mercado, necesaria para equipararse a los estándares de la OMC. Para formar parte de los programas facilitados por el Gobierno, es condición indispensable disponer de la acreditación de la Autoridad General para las Inversiones en Arabia Saudí (SAGIA), un ente público que se ocupa de la selección de las empresas y de los proyectos extranjeros considerados de interés general. Teniendo en cuenta que dicho ente tiene como objetivo incentivar la presencia extranjera en Arabia Saudí, la elección de los proyectos y de las empresas no abarca a todos los ámbitos económicos, aunque las limitaciones se van reduciendo cada vez más debido a la normativa internacional.
Oficialmente, se consideran aceptables las inversiones que incluyan nuevas tecnologías y conocimiento del país, que promuevan el desarrollo económico, aquellas que proporcionen trabajo a los residentes saudíes y aumenten las exportaciones; en la realidad, la SAGIA publica una lista de los sectores en los que no se permite la intervención extranjera. El sector energético, el hídrico, de las telecomunicaciones y de los transportes están sujetos aún a limitaciones, mientras que el sector petrolífero está abierto (aunque sólo a las actividades post-extractivas, como la refinería o la petroquímica). Como es normal en este tipo de casos, se privilegia sobre todo a las compañías de mayoría saudí o en alianza con estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Gulf Cooperation Council).
A pesar de que el país puede contar con incentivos independientes a la acción directa del Gobierno –dada la estabilidad económica, el nivel de las infraestructuras, la regulación del sistema bancario y el hecho de que se trata del mayor mercado del Golfo Pérsico– la falta de datos económicos precisos, un ambiente cultural restrictivo, la difícil obtención de visados y una corrupción difundida e institucionalizada contrarrestan en gran medida las facilidades gubernamentales. Entre los desincentivos destaca la regulación que prevé la contratación de un determinado porcentaje de trabajadores en las empresas. La medida, implantada en 1969 y evolucionada hasta 2005, obliga a aumentar en un 5% anual al personal autóctono hasta llegar al 75%. La pena por su incumplimiento es el endurecimiento de los visados lo que crea problemas a todas las empresas extranjeras presentes en el territorio. Sin embargo, el atractivo de las medidas gubernamentales parece pesar más frente a los problemas del ambiente económico saudí, aunque la percepción es que se deben sopesar los pros y los contras caso por caso.
Indudablemente existen algunos aspectos de notable interés. A pesar de lo que ocurría en el pasado, los inversores ahora pueden poseer el terreno en el que edificar sus empresas y el alojamiento para el personal. Dado que este derecho está ligado a la acreditación por parte de la SAGIS, es posible también disponer de subvenciones para su construcción. Gracias a la Ley para las Industrias Nacionales, toda la maquinaria y los materiales necesarios para poner en marcha una empresa están exentos de los gravámenes sobre las importaciones. Lo mismo ocurre con las materias primas o semielaboradas, siempre y cuando no sea posible obtenerlas en Arabia Saudí. Además, en algunos casos está prevista la posibilidad de no tasarse las exportaciones de sus productos.
A nivel más general, la presión fiscal hacia los extranjeros se ha estandarizado en el 20%, excluyendo al sector petrolífero. A pesar de no poder competir con el sistema de tasas aplicado a los residentes, que se limita al 2,5% sobre los ingresos, lo que se denomina azaque (proporción fija de riqueza personal que debe tributarse para ayudar a los pobres y necesitados), se trata sin duda de una mejora interesante. También son atractivas las medidas que impiden la doble tasación –una empresa ya tasada en el extranjero por su actividad o comercio no tiene ninguna carga fiscal en Arabia Saudita– y los Acuerdos para la Protección y la Promoción de las Inversiones (IPPA) gracias a los cuales el Gobierno se compromete a negociar acuerdos bilaterales con diversos países, disponiendo así de un foro concordado para la resolución de las disputas comerciales y proporcionando garantías en caso de expropiación.
Conclusiones
Sería erróneo valorar el sistema de los incentivos en Arabia Saudita de manera unidimensional; junto con las características propias de un país que se dirige hacia la modernidad, convive un ambiente social, político y cultural complicado. Indudablemente, los instrumentos aportados a la inmensa disponibilidad económica saudí constituyen un reclamo atractivo para los capitales extranjeros y la experiencia que las empresas llevan consigo. Sin embargo hay un aspecto, si no paradójico, realmente peculiar en la estrecha relación entre el dinero público y el privado: la voluntad de adecuarse y participar de los beneficios vinculados a la entrada en la OMC y al libre mercado hacen que tales beneficios deban desaparecer.
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