Sarko rompe realciones con Siria

Durante su visita a Egipto, el presidente aseguró que Francia "no tendrá contacto" con ese país hasta que no deponga el bloqueo político que ejerce en el Líbano

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, de visita oficial en Egipto, aumentó hoy la presión sobre Siria por la política de bloqueo en el Líbano. "No volveremos a tener más contacto con Siria hasta que tengamos pruebas de la disposición de Siria de que dejará que Líbano elija un presidente", dijo el mandatario en una conferencia de prensa con su homólogo egipcio, Hosni Mubarak.

Desde el pasado 23 de noviembre no hay presidente en el Líbano, y el bloque prooccidental del gobierno y la oposición prosiria no han conseguido completar la elección de un sucesor para el presidente pro sirio Emile Lahoud, cuyo mandato ya expiró.

Varios países occidentales responsabilizan del bloqueo en el país de los cedros a Siria en primer lugar, que sigue ejerciendo una gran influencia en Beirut tras la retirada de sus tropas del país en 2005 y, además, apoya a la oposición, integrada principalmente por los chiitas.

"Queremos ver esfuerzos sustanciales de parte de Siria y no sólo declaraciones políticas", dijo Sarkozy, que con su entrevista con Mubarak, el presidente francés pone fin a unas vacaciones de cinco días en el país de las pirámides.

El encuentro con el presidente egipcio se centró en la situación de Medio Oriente, así como en temas de cooperación económica. Sarkozy ofreció, entre otros, cooperación en el empleo pacífico de la energía atómica.

Hace más de un año Egipto anunció que iba a impulsar un programa nuclear civil. El presidente francés saludó además en la rueda de prensa los esfuerzos de los países árabes por conseguir energía atómica.

Francia cerró recientemente acuerdos de cooperación en materia nuclear con Argelia y Libia. La industria nuclear francesa aspira en el futuro a vender reactores nucleares a los países del norte de Africa. El primer viaje a Medio Oriente de Sarkozy desde su llegada al Elíseo en mayo de este año se ha visto ensombrecido por la expectación mediática que ha generado la parte privada de la visita.

El presidente francés viajaba por primera vez acompañado de su nueva novia, la cantante Carla Bruni. Se vieron fotos con la pareja agarrada de la mano, en un romántico paseo por el río Nilo, así como de visita a la ciudad monumental de Luxor. Sarkozy está oficialmente separado desde hace dos meses. Las imágenes de la pareja, que no está casada, también circularon por medios egipcios y causaron indignación a algunos diputados.

El diputado populista de izquierda, Gamal Zahran, preguntó al gobierno si Sarkozy y su acompañante habían "compartido la misma habitación" durante su estancia en Egipto. Las leyes islámicas prohíben estrictamente que dos personas pasen la noche juntos si no están casados.

No obstante, esta legislación carece de vigor para los extranjeros no musulmanes que viajan a Egipto, un país que depende fuertemente del turismo. Las parejas no casadas que no profesen la fe islámica pueden alojarse sin problemas en los hoteles del país.

Panorama económico

China entre los palestinos e Israel

La República Popular China ha mantenido durante años posiciones abiertamente alineadas con la causa palestina. Desde 1995 ha votado a favor de todas las resoluciones de la ONU de condena a las operaciones de Jerusalén. Sin embargo, algo ha cambiado desde 2004, el año de la muerte de Yasser Arafat.

Desde entonces, las relaciones entre China y Palestina se han ido enfriando. Al mismo tiempo se han hecho más intensas las relaciones con Israel, hasta tal punto que en el año 2006 se ha alcanzado un volumen de negocios cercano a los 3.300 millones de dólares, lo que constituye un incremento del 28% respecto al año anterior. Además ambos países colaboran desde hace tiempo en materia de defensa intercambiando armas y equipamiento militar.

Algunos representantes de las principales facciones políticas palestinas, preocupados por el insólito desinterés chino en la cuestión palestina, han solicitado a Pekín un papel más activo en el proceso de paz de Oriente Medio.

Panorama económico

Panorama económico

La intervención del estado en el Reino Saudita

Los instrumentos o fondos especiales destinados a apoyar el desarrollo económico y social constituyen un mecanismo común en muchos países ricos en recursos naturales. Prueba de ello es Arabia Saudita, que presenta una organización del sistema de subvenciones públicas bastante bien estructurada y organizada, aunque no exenta de sorpresas.



Durante años, los objetivos marcados para las intervenciones del estado han sufrido una evolución funcional con respecto a los resultados alcanzados. Por ello, si en el pasado los esfuerzos se centraban sobre todo en la potenciación del sector extractivo y a la cohesión social, hoy en día las prioridades han cambiado: en primer lugar, el Gobierno Saudita debe seguir adelante con su reto de diversificar el entramado económico. Los ingresos, garantizados por el aumento del precio del crudo de los últimos años, han contribuido a aumentar las subvenciones, que se destinan cada vez más al desarrollo del sector industrial, hasta ahora poco desarrollado e independiente de la actividad extractora. El segundo objetivo del país –y el más complicado– es el de dotarse de los elementos indispensables para participar, a pleno rendimiento, en la Organización Mundial del Comercio, dos años después de haber sido admitida en la misma.
Cinco declinaciones de fondos

El Ministerio de Economía y Finanzas de Riad se ocupa de la programación general de las actividades productivas, que son planificadas a medio plazo según una base quinquenal. El plan actualmente activo –el octavo, 2005/2009– tiene unos objetivos un tanto ambiciosos y generales: la diversificación de la economía, el incremento de la productividad, aumento de la participación en el sector privado, homogeneidad de las diversas áreas del país y el desarrollo del sector científico y tecnológico.

Los instrumentos empleados por la administración saudí para apoyar las actividades de los privados y hacerlos más competitivos en el mercado internacional, se centran en unos ámbitos de intervención específicos. Partiendo desde el sector primario, el Banco Saudí de la Agricultura, que proporciona créditos desde 1963 para los proyectos del sector agrícola y garantiza condiciones favorables, además de subsidios específicos sobre determinados bienes. La intervención más reciente fue sobre la leche para neonatos y para el arroz, protegiendo a productores y consumidores ante un eventual aumento de los precios.

El Fondo para el Desarrollo Inmobiliario, activo desde 1974, tiene como objetivo el de financiar sin intereses la construcción comercial y residencial, haciendo posible su reembolso en 25 años. El Fondo para las Inversiones Públicas (1971) es, entre estos elementos, el único destinado a apoyar a las empresas de carácter público o semi-público, a las que se les concede subvenciones con condiciones bastante favorables. El Banco del Crédito Saudita, fundado en 1973, se ocupa de financiar las actividades de los privados que son considerados útiles para la cohesión y el desarrollo social.

EL último de estos instrumentos, el Fondo Saudita para el Desarrollo Industrial (SIDF, por sus siglas en inglés) de 1974, es el que promociona, en gran medida, el desarrollo económico a través de la financiación a las empresas privadas. El SIDF prevé la posibilidad de recibir subvenciones públicas a medio-largo plazo (hasta 15 años) con tasas de interés bastante inferiores a los del mercado. La financiación puede incluir el 50% de la inversión y puede cubrir también el capital inicial y los gastos de preparación. El objetivo fundamental de este fondo es el de aumentar la base industrial del país, lo que provoca que su campo de acción se reduzca sólo a las actividades industriales en las que el país necesita volcarse para ser autosuficiente.

Según las fuentes oficiales y los datos ofrecidos por el propio Fondo, durante el 2006, el sector industrial supuso un 13% del PIB, el sector manufacturero no petrolífero creció un 10,1% en términos reales, mientras que las exportaciones no petrolíferas han crecido en los últimos diez años un 13%. Considerando las características tan específicas de la base industrial saudí, los resultados son bastante significativos, aunque debe tenerse en cuenta que los datos han sido ofrecidos por fuentes oficiales por lo que su fiabilidad no es contrastable.
Incentivos y desincentivos

Los trabajadores extranjeros que pretenden invertir en Arabia Saudí pueden beneficiarse de las mismas facilidades e instrumentos financieros públicos garantizados a los residentes, tal y como se recoge en la Ley sobre las Inversiones Directas Extranjeras de 2000. Esta medida, modificada periódicamente, también forma parte de la campaña de incentivación de las actividades productivas y de la apertura del mercado, necesaria para equipararse a los estándares de la OMC. Para formar parte de los programas facilitados por el Gobierno, es condición indispensable disponer de la acreditación de la Autoridad General para las Inversiones en Arabia Saudí (SAGIA), un ente público que se ocupa de la selección de las empresas y de los proyectos extranjeros considerados de interés general. Teniendo en cuenta que dicho ente tiene como objetivo incentivar la presencia extranjera en Arabia Saudí, la elección de los proyectos y de las empresas no abarca a todos los ámbitos económicos, aunque las limitaciones se van reduciendo cada vez más debido a la normativa internacional.

Oficialmente, se consideran aceptables las inversiones que incluyan nuevas tecnologías y conocimiento del país, que promuevan el desarrollo económico, aquellas que proporcionen trabajo a los residentes saudíes y aumenten las exportaciones; en la realidad, la SAGIA publica una lista de los sectores en los que no se permite la intervención extranjera. El sector energético, el hídrico, de las telecomunicaciones y de los transportes están sujetos aún a limitaciones, mientras que el sector petrolífero está abierto (aunque sólo a las actividades post-extractivas, como la refinería o la petroquímica). Como es normal en este tipo de casos, se privilegia sobre todo a las compañías de mayoría saudí o en alianza con estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Gulf Cooperation Council).

A pesar de que el país puede contar con incentivos independientes a la acción directa del Gobierno –dada la estabilidad económica, el nivel de las infraestructuras, la regulación del sistema bancario y el hecho de que se trata del mayor mercado del Golfo Pérsico– la falta de datos económicos precisos, un ambiente cultural restrictivo, la difícil obtención de visados y una corrupción difundida e institucionalizada contrarrestan en gran medida las facilidades gubernamentales. Entre los desincentivos destaca la regulación que prevé la contratación de un determinado porcentaje de trabajadores en las empresas. La medida, implantada en 1969 y evolucionada hasta 2005, obliga a aumentar en un 5% anual al personal autóctono hasta llegar al 75%. La pena por su incumplimiento es el endurecimiento de los visados lo que crea problemas a todas las empresas extranjeras presentes en el territorio. Sin embargo, el atractivo de las medidas gubernamentales parece pesar más frente a los problemas del ambiente económico saudí, aunque la percepción es que se deben sopesar los pros y los contras caso por caso.

Indudablemente existen algunos aspectos de notable interés. A pesar de lo que ocurría en el pasado, los inversores ahora pueden poseer el terreno en el que edificar sus empresas y el alojamiento para el personal. Dado que este derecho está ligado a la acreditación por parte de la SAGIS, es posible también disponer de subvenciones para su construcción. Gracias a la Ley para las Industrias Nacionales, toda la maquinaria y los materiales necesarios para poner en marcha una empresa están exentos de los gravámenes sobre las importaciones. Lo mismo ocurre con las materias primas o semielaboradas, siempre y cuando no sea posible obtenerlas en Arabia Saudí. Además, en algunos casos está prevista la posibilidad de no tasarse las exportaciones de sus productos.

A nivel más general, la presión fiscal hacia los extranjeros se ha estandarizado en el 20%, excluyendo al sector petrolífero. A pesar de no poder competir con el sistema de tasas aplicado a los residentes, que se limita al 2,5% sobre los ingresos, lo que se denomina azaque (proporción fija de riqueza personal que debe tributarse para ayudar a los pobres y necesitados), se trata sin duda de una mejora interesante. También son atractivas las medidas que impiden la doble tasación –una empresa ya tasada en el extranjero por su actividad o comercio no tiene ninguna carga fiscal en Arabia Saudita– y los Acuerdos para la Protección y la Promoción de las Inversiones (IPPA) gracias a los cuales el Gobierno se compromete a negociar acuerdos bilaterales con diversos países, disponiendo así de un foro concordado para la resolución de las disputas comerciales y proporcionando garantías en caso de expropiación.
Conclusiones

Sería erróneo valorar el sistema de los incentivos en Arabia Saudita de manera unidimensional; junto con las características propias de un país que se dirige hacia la modernidad, convive un ambiente social, político y cultural complicado. Indudablemente, los instrumentos aportados a la inmensa disponibilidad económica saudí constituyen un reclamo atractivo para los capitales extranjeros y la experiencia que las empresas llevan consigo. Sin embargo hay un aspecto, si no paradójico, realmente peculiar en la estrecha relación entre el dinero público y el privado: la voluntad de adecuarse y participar de los beneficios vinculados a la entrada en la OMC y al libre mercado hacen que tales beneficios deban desaparecer.

La intervención del estado en el Reino Saudita

Los instrumentos o fondos especiales destinados a apoyar el desarrollo económico y social constituyen un mecanismo común en muchos países ricos en recursos naturales. Prueba de ello es Arabia Saudita, que presenta una organización del sistema de subvenciones públicas bastante bien estructurada y organizada, aunque no exenta de sorpresas.



Durante años, los objetivos marcados para las intervenciones del estado han sufrido una evolución funcional con respecto a los resultados alcanzados. Por ello, si en el pasado los esfuerzos se centraban sobre todo en la potenciación del sector extractivo y a la cohesión social, hoy en día las prioridades han cambiado: en primer lugar, el Gobierno Saudita debe seguir adelante con su reto de diversificar el entramado económico. Los ingresos, garantizados por el aumento del precio del crudo de los últimos años, han contribuido a aumentar las subvenciones, que se destinan cada vez más al desarrollo del sector industrial, hasta ahora poco desarrollado e independiente de la actividad extractora. El segundo objetivo del país –y el más complicado– es el de dotarse de los elementos indispensables para participar, a pleno rendimiento, en la Organización Mundial del Comercio, dos años después de haber sido admitida en la misma.
Cinco declinaciones de fondos

El Ministerio de Economía y Finanzas de Riad se ocupa de la programación general de las actividades productivas, que son planificadas a medio plazo según una base quinquenal. El plan actualmente activo –el octavo, 2005/2009– tiene unos objetivos un tanto ambiciosos y generales: la diversificación de la economía, el incremento de la productividad, aumento de la participación en el sector privado, homogeneidad de las diversas áreas del país y el desarrollo del sector científico y tecnológico.

Los instrumentos empleados por la administración saudí para apoyar las actividades de los privados y hacerlos más competitivos en el mercado internacional, se centran en unos ámbitos de intervención específicos. Partiendo desde el sector primario, el Banco Saudí de la Agricultura, que proporciona créditos desde 1963 para los proyectos del sector agrícola y garantiza condiciones favorables, además de subsidios específicos sobre determinados bienes. La intervención más reciente fue sobre la leche para neonatos y para el arroz, protegiendo a productores y consumidores ante un eventual aumento de los precios.

El Fondo para el Desarrollo Inmobiliario, activo desde 1974, tiene como objetivo el de financiar sin intereses la construcción comercial y residencial, haciendo posible su reembolso en 25 años. El Fondo para las Inversiones Públicas (1971) es, entre estos elementos, el único destinado a apoyar a las empresas de carácter público o semi-público, a las que se les concede subvenciones con condiciones bastante favorables. El Banco del Crédito Saudita, fundado en 1973, se ocupa de financiar las actividades de los privados que son considerados útiles para la cohesión y el desarrollo social.

EL último de estos instrumentos, el Fondo Saudita para el Desarrollo Industrial (SIDF, por sus siglas en inglés) de 1974, es el que promociona, en gran medida, el desarrollo económico a través de la financiación a las empresas privadas. El SIDF prevé la posibilidad de recibir subvenciones públicas a medio-largo plazo (hasta 15 años) con tasas de interés bastante inferiores a los del mercado. La financiación puede incluir el 50% de la inversión y puede cubrir también el capital inicial y los gastos de preparación. El objetivo fundamental de este fondo es el de aumentar la base industrial del país, lo que provoca que su campo de acción se reduzca sólo a las actividades industriales en las que el país necesita volcarse para ser autosuficiente.

Según las fuentes oficiales y los datos ofrecidos por el propio Fondo, durante el 2006, el sector industrial supuso un 13% del PIB, el sector manufacturero no petrolífero creció un 10,1% en términos reales, mientras que las exportaciones no petrolíferas han crecido en los últimos diez años un 13%. Considerando las características tan específicas de la base industrial saudí, los resultados son bastante significativos, aunque debe tenerse en cuenta que los datos han sido ofrecidos por fuentes oficiales por lo que su fiabilidad no es contrastable.
Incentivos y desincentivos

Los trabajadores extranjeros que pretenden invertir en Arabia Saudí pueden beneficiarse de las mismas facilidades e instrumentos financieros públicos garantizados a los residentes, tal y como se recoge en la Ley sobre las Inversiones Directas Extranjeras de 2000. Esta medida, modificada periódicamente, también forma parte de la campaña de incentivación de las actividades productivas y de la apertura del mercado, necesaria para equipararse a los estándares de la OMC. Para formar parte de los programas facilitados por el Gobierno, es condición indispensable disponer de la acreditación de la Autoridad General para las Inversiones en Arabia Saudí (SAGIA), un ente público que se ocupa de la selección de las empresas y de los proyectos extranjeros considerados de interés general. Teniendo en cuenta que dicho ente tiene como objetivo incentivar la presencia extranjera en Arabia Saudí, la elección de los proyectos y de las empresas no abarca a todos los ámbitos económicos, aunque las limitaciones se van reduciendo cada vez más debido a la normativa internacional.

Oficialmente, se consideran aceptables las inversiones que incluyan nuevas tecnologías y conocimiento del país, que promuevan el desarrollo económico, aquellas que proporcionen trabajo a los residentes saudíes y aumenten las exportaciones; en la realidad, la SAGIA publica una lista de los sectores en los que no se permite la intervención extranjera. El sector energético, el hídrico, de las telecomunicaciones y de los transportes están sujetos aún a limitaciones, mientras que el sector petrolífero está abierto (aunque sólo a las actividades post-extractivas, como la refinería o la petroquímica). Como es normal en este tipo de casos, se privilegia sobre todo a las compañías de mayoría saudí o en alianza con estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Gulf Cooperation Council).

A pesar de que el país puede contar con incentivos independientes a la acción directa del Gobierno –dada la estabilidad económica, el nivel de las infraestructuras, la regulación del sistema bancario y el hecho de que se trata del mayor mercado del Golfo Pérsico– la falta de datos económicos precisos, un ambiente cultural restrictivo, la difícil obtención de visados y una corrupción difundida e institucionalizada contrarrestan en gran medida las facilidades gubernamentales. Entre los desincentivos destaca la regulación que prevé la contratación de un determinado porcentaje de trabajadores en las empresas. La medida, implantada en 1969 y evolucionada hasta 2005, obliga a aumentar en un 5% anual al personal autóctono hasta llegar al 75%. La pena por su incumplimiento es el endurecimiento de los visados lo que crea problemas a todas las empresas extranjeras presentes en el territorio. Sin embargo, el atractivo de las medidas gubernamentales parece pesar más frente a los problemas del ambiente económico saudí, aunque la percepción es que se deben sopesar los pros y los contras caso por caso.

Indudablemente existen algunos aspectos de notable interés. A pesar de lo que ocurría en el pasado, los inversores ahora pueden poseer el terreno en el que edificar sus empresas y el alojamiento para el personal. Dado que este derecho está ligado a la acreditación por parte de la SAGIS, es posible también disponer de subvenciones para su construcción. Gracias a la Ley para las Industrias Nacionales, toda la maquinaria y los materiales necesarios para poner en marcha una empresa están exentos de los gravámenes sobre las importaciones. Lo mismo ocurre con las materias primas o semielaboradas, siempre y cuando no sea posible obtenerlas en Arabia Saudí. Además, en algunos casos está prevista la posibilidad de no tasarse las exportaciones de sus productos.

A nivel más general, la presión fiscal hacia los extranjeros se ha estandarizado en el 20%, excluyendo al sector petrolífero. A pesar de no poder competir con el sistema de tasas aplicado a los residentes, que se limita al 2,5% sobre los ingresos, lo que se denomina azaque (proporción fija de riqueza personal que debe tributarse para ayudar a los pobres y necesitados), se trata sin duda de una mejora interesante. También son atractivas las medidas que impiden la doble tasación –una empresa ya tasada en el extranjero por su actividad o comercio no tiene ninguna carga fiscal en Arabia Saudita– y los Acuerdos para la Protección y la Promoción de las Inversiones (IPPA) gracias a los cuales el Gobierno se compromete a negociar acuerdos bilaterales con diversos países, disponiendo así de un foro concordado para la resolución de las disputas comerciales y proporcionando garantías en caso de expropiación.
Conclusiones

Sería erróneo valorar el sistema de los incentivos en Arabia Saudita de manera unidimensional; junto con las características propias de un país que se dirige hacia la modernidad, convive un ambiente social, político y cultural complicado. Indudablemente, los instrumentos aportados a la inmensa disponibilidad económica saudí constituyen un reclamo atractivo para los capitales extranjeros y la experiencia que las empresas llevan consigo. Sin embargo hay un aspecto, si no paradójico, realmente peculiar en la estrecha relación entre el dinero público y el privado: la voluntad de adecuarse y participar de los beneficios vinculados a la entrada en la OMC y al libre mercado hacen que tales beneficios deban desaparecer.

Entrevista a Miguel Lifschitz Intendente de Rosario

Entrevista a Miguel Lifschitz Intendente de Rosario

Pierde inscriptos la UBA

En los últimos cinco años, el número de ingresantes cayó 2,9%, mientras que subió 12,6% en las instituciones privadas

En la Argentina, tres de cada cuatro estudiantes universitarios van a una institución estatal. Este rasgo, que el país mantiene mientras en toda América latina se produce lo contrario, podría empezar a transformarse.

Según las cifras que acaba de difundir el Ministerio de Educación, los nuevos inscriptos en las universidades estatales disminuyeron en los últimos cinco años 2,9%, mientras que aumentaron 12,6% en las instituciones privadas.

En números absolutos, en 2006 se anotaron en las universidades estatales 270.882 nuevos inscriptos, 12.669 menos que en 2005, mientras que en las privadas lo hicieron 86.107 nuevos alumnos, 9869 más que en el año anterior. En otra forma de mirarlo, entre 2002 y 2006 las instituciones estatales perdieron 34.323 nuevos inscriptos, al tiempo que las sedes privadas ganaron 32.455 ingresantes.

El dato proyecta en el nivel nacional el fenómeno que se viene dando en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande del país, donde, tal como informó LA NACION, este año volvió a caer la inscripción en el Ciclo Básico Común (CBC) para 2008, en una tendencia que se inició hace cuatro años.

Al buscar explicaciones para el fenómeno, los rectores y especialistas señalan la reactivación económica, que lleva a más jóvenes al trabajo que a la universidad estatal; los sistemas de ingreso que se multiplican en las instituciones estatales y desalientan a los ingresantes, y las crisis institucionales que, con tomas de edificios, paros y conflictos permanentes, alejan a potenciales estudiantes.

Al mismo tiempo, advierten que los aumentos y descensos son aún reducidos y que se mantiene la distribución del 75% de los estudiantes en las universidades estatales, y recomiendan un análisis por disciplina y por institución. Los incrementos y descensos en la inscripción pueden responder a causas tan coyunturales como la apertura de una carrera o una sede, el descenso del atractivo de otra, una nueva oferta a distancia o un conflicto por la elección del rector.

Si se miran los números de ese modo, las universidades estatales que más alumnos perdieron desde 2002 son Río Cuarto (15,1%), San Luis (14,4%), Lomas de Zamora (12,3%) y Luján (11,5%). Y las privadas que más alumnos ganaron incluyen a la Universidad Favaloro (48,9%), Empresarial Siglo XXI (34,2%), del Cine (33,6%) y Maimónides (32,3%).

Mejoría paradójica

La mejoría económica en ciertos sectores podría quitarle alumnos a la universidad estatal. "Las mejoras en el nivel de empleo posibilitan que los jóvenes que provienen de hogares con menores recursos encuentren trabajo y no vayan a estudiar. Son hogares en los que un ingreso adicional es importante, que suele ser la población demandante de educación estatal", analizó Juan Carlos Del Bello, especialista en educación superior, recientemente nombrado rector organizador de la nueva Universidad Nacional de Río Negro.

Por las mismas razones, algunas familias podrían estar regresando a las privadas. "En 2002 y 2003, por la crisis, muchas familias mandaron a sus hijos a las universidades estatales y con la recuperación vuelven a las privadas", comentó el secretario de Políticas Universitarias de la cartera educativa, Alberto Dibbern.

El fenómeno es particularmente visible en el interior. Según apuntó Sergio Maluendres, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, "con la reactivación económica, muchos jóvenes de clase media y media alta se van de la provincia a otros centros urbanos". Según dijo el rector, que además preside el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en los últimos cinco años su universidad perdió el 15% de ingresantes, y había tenido un récord de inscriptos en 2002, en lo peor de la última crisis.

Tras destacar que el descenso de inscriptos en las estatales es "ligerísimo", Maluendres sugirió la necesidad de medir la percepción de los estudiantes sobre las universidades estatales y privadas.

Los especialistas también mencionan que hay mayores dificultades para ingresar en las universidades estatales que en las privadas.

"Hay una tendencia cada vez más fuerte a la selectividad en las universidades estatales, que fueron virando gradualmente a mecanismos de ingreso selectivos, indirectos o explícitos", dijo Del Bello.

Las recientes crisis institucionales en muchas universidades estatales (sobre todo las grandes, como la UBA, el Comahue, Rosario o Córdoba) podrían estar desalentando el ingreso de nuevos estudiantes. Eso se sumaría a un crecimiento y diversificación de las universidades privadas y su instalación en algunos campos de conocimiento como opción formativa de calidad (ingeniería, medicina y carreras paramédicas, y algunas ofertas de ciencias sociales y humanas, como administración, ciencia política, relaciones internacionales, comunicación, historia o educación).

"Que estos números se transformen en una tendencia depende de la energía que la universidad pública coloque en aprovechar el prestigio que tiene y los recursos que el Gobierno está dispuesto a darle. Si pone un cierto orden administrativo, se puede volver más atractiva", reflexionó Horacio O Donnell, rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Y señaló posibilidades equivalentes para las privadas: "Las universidades privadas tienen una raíz de competitividad que las hace superar las contingencias. Estamos interesados en crecer; las públicas se sorprenden más con las coyunturas", apuntó O Donnell, presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).

Hay, sin embargo, desafíos en común. "En general, estatales y privadas tenemos que trabajar en que los que ingresan egresen", dijo Dibbern, y señaló que la tasa de egresados en las universidades estatales creció 7,2%en los últimos cinco años, y en las privadas lo hizo de manera equivalente, en 8,9 por ciento.

Por Raquel San Martín

Pierde inscriptos la UBA

En los últimos cinco años, el número de ingresantes cayó 2,9%, mientras que subió 12,6% en las instituciones privadas

En la Argentina, tres de cada cuatro estudiantes universitarios van a una institución estatal. Este rasgo, que el país mantiene mientras en toda América latina se produce lo contrario, podría empezar a transformarse.

Según las cifras que acaba de difundir el Ministerio de Educación, los nuevos inscriptos en las universidades estatales disminuyeron en los últimos cinco años 2,9%, mientras que aumentaron 12,6% en las instituciones privadas.

En números absolutos, en 2006 se anotaron en las universidades estatales 270.882 nuevos inscriptos, 12.669 menos que en 2005, mientras que en las privadas lo hicieron 86.107 nuevos alumnos, 9869 más que en el año anterior. En otra forma de mirarlo, entre 2002 y 2006 las instituciones estatales perdieron 34.323 nuevos inscriptos, al tiempo que las sedes privadas ganaron 32.455 ingresantes.

El dato proyecta en el nivel nacional el fenómeno que se viene dando en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande del país, donde, tal como informó LA NACION, este año volvió a caer la inscripción en el Ciclo Básico Común (CBC) para 2008, en una tendencia que se inició hace cuatro años.

Al buscar explicaciones para el fenómeno, los rectores y especialistas señalan la reactivación económica, que lleva a más jóvenes al trabajo que a la universidad estatal; los sistemas de ingreso que se multiplican en las instituciones estatales y desalientan a los ingresantes, y las crisis institucionales que, con tomas de edificios, paros y conflictos permanentes, alejan a potenciales estudiantes.

Al mismo tiempo, advierten que los aumentos y descensos son aún reducidos y que se mantiene la distribución del 75% de los estudiantes en las universidades estatales, y recomiendan un análisis por disciplina y por institución. Los incrementos y descensos en la inscripción pueden responder a causas tan coyunturales como la apertura de una carrera o una sede, el descenso del atractivo de otra, una nueva oferta a distancia o un conflicto por la elección del rector.

Si se miran los números de ese modo, las universidades estatales que más alumnos perdieron desde 2002 son Río Cuarto (15,1%), San Luis (14,4%), Lomas de Zamora (12,3%) y Luján (11,5%). Y las privadas que más alumnos ganaron incluyen a la Universidad Favaloro (48,9%), Empresarial Siglo XXI (34,2%), del Cine (33,6%) y Maimónides (32,3%).

Mejoría paradójica

La mejoría económica en ciertos sectores podría quitarle alumnos a la universidad estatal. "Las mejoras en el nivel de empleo posibilitan que los jóvenes que provienen de hogares con menores recursos encuentren trabajo y no vayan a estudiar. Son hogares en los que un ingreso adicional es importante, que suele ser la población demandante de educación estatal", analizó Juan Carlos Del Bello, especialista en educación superior, recientemente nombrado rector organizador de la nueva Universidad Nacional de Río Negro.

Por las mismas razones, algunas familias podrían estar regresando a las privadas. "En 2002 y 2003, por la crisis, muchas familias mandaron a sus hijos a las universidades estatales y con la recuperación vuelven a las privadas", comentó el secretario de Políticas Universitarias de la cartera educativa, Alberto Dibbern.

El fenómeno es particularmente visible en el interior. Según apuntó Sergio Maluendres, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, "con la reactivación económica, muchos jóvenes de clase media y media alta se van de la provincia a otros centros urbanos". Según dijo el rector, que además preside el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en los últimos cinco años su universidad perdió el 15% de ingresantes, y había tenido un récord de inscriptos en 2002, en lo peor de la última crisis.

Tras destacar que el descenso de inscriptos en las estatales es "ligerísimo", Maluendres sugirió la necesidad de medir la percepción de los estudiantes sobre las universidades estatales y privadas.

Los especialistas también mencionan que hay mayores dificultades para ingresar en las universidades estatales que en las privadas.

"Hay una tendencia cada vez más fuerte a la selectividad en las universidades estatales, que fueron virando gradualmente a mecanismos de ingreso selectivos, indirectos o explícitos", dijo Del Bello.

Las recientes crisis institucionales en muchas universidades estatales (sobre todo las grandes, como la UBA, el Comahue, Rosario o Córdoba) podrían estar desalentando el ingreso de nuevos estudiantes. Eso se sumaría a un crecimiento y diversificación de las universidades privadas y su instalación en algunos campos de conocimiento como opción formativa de calidad (ingeniería, medicina y carreras paramédicas, y algunas ofertas de ciencias sociales y humanas, como administración, ciencia política, relaciones internacionales, comunicación, historia o educación).

"Que estos números se transformen en una tendencia depende de la energía que la universidad pública coloque en aprovechar el prestigio que tiene y los recursos que el Gobierno está dispuesto a darle. Si pone un cierto orden administrativo, se puede volver más atractiva", reflexionó Horacio O Donnell, rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Y señaló posibilidades equivalentes para las privadas: "Las universidades privadas tienen una raíz de competitividad que las hace superar las contingencias. Estamos interesados en crecer; las públicas se sorprenden más con las coyunturas", apuntó O Donnell, presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).

Hay, sin embargo, desafíos en común. "En general, estatales y privadas tenemos que trabajar en que los que ingresan egresen", dijo Dibbern, y señaló que la tasa de egresados en las universidades estatales creció 7,2%en los últimos cinco años, y en las privadas lo hizo de manera equivalente, en 8,9 por ciento.

Por Raquel San Martín

Salpicar al peatón puede costarle caro al automovilista británico

La multa podría ser de 5000 dólares; dura pena por conducir y hablar por celular


Hacer una llamada telefónica mientras se está al volante y salpicar a los peatones tras frenar a alta velocidad puede costar ahora muy caro en Inglaterra y Gales: dos años de prisión firme y hasta 5000 dólares de multa, respectivamente.

En una ofensiva destinada a obligar a los automovilistas a tomar conciencia de sus responsabilidades, el Departamento de la Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service, CPS) anunció ayer que infracciones como éstas, consideradas meras picardías o actos de descuido, serán ahora interpretadas legalmente como delitos comunes.

De esta forma, hasta el más leve de los accidentes causado por atender una llamada telefónica, sintonizar la radio, buscar una canción en el MP3 player, en un iPod o quizá por ajustar un sistema de navegación satelital dejará de ser visto como "un incidente fortuito" para ser catalogado como "un acto peligroso premeditado", pasible de una pena de reclusión.

Si esta "conducción temeraria" provoca un accidente de tránsito que causa la muerte de uno o más terceros, los jueces estarán en condiciones de calificar lo ocurrido de asesinato. Esto significa que, de ser hallado culpable, el conductor podría ser condenado a cadena perpetua.

Aun sin causar la más mínima desgracia, todo aquel que sea sorprendido frente al volante entretenido en cualquiera de las mencionadas actividades -e incluso en otras menos tecnológicamente avanzadas, como la de leer el diario, encender un cigarrillo o pintarse los labios- deberá pagar una multa inmediata de 120 dólares y tendrá su licencia de conducir suspendida por tres días.

Celulares

El uso de celulares en automóviles fue prohibido en Inglaterra y Gales en 2003, pero, de acuerdo con un estudio del Laboratorio de Investigación de Transporte, pocos respetan la norma.

En 2005, 13 accidentes fatales y 52 de suma seriedad fueron atribuidos al empleo de teléfonos móviles. Unos 129.700 conductores recibieron multas por enviar textos y atender llamadas. Aun así, se estima que medio millón de automovilistas siguen todavía colocándose el celular en la oreja, tecleando mensajes y hasta surfeando por Internet mientras atraviesan rotondas y cruzan intersecciones con semáforos.

Empapar a un grupo de desprevenidos transeúntes por no haber visto un charco seguirá sin ser castigado. Pero si el incidente fue la secuela visible de otras infracciones, como manejar en zonas urbanas a alta velocidad o con las luces altas prendidas, o un cambio brusco de carril, la fechoría podría costarle al "travieso" lo mismo que un pasaje de ida y vuelta y en primera clase al otro lado del planeta.

Mensaje claro

"Con la nueva interpretación de las normas queremos enviar un mensaje claro. Conducir un automóvil es algo complicado, que requiere atención. Todo aquel que toma un volante debe concentrarse en una sola cosa: su manejo. Si no lo hace, actúa como un irresponsable y tendrá, por lo tanto, que pagar las consecuencias", explicó sir Ken Macdonald, director de la CPS.

Para la Royal Automobile Association (RAA), la principal asociación de automovilistas británica, la actitud oficial "va en la buena dirección", aunque "debería ser acompañada por una mayor presencia policial en las rutas, de modo de garantizar el respeto de las leyes".

Por el momento, los cambios se aplicarán sólo en Inglaterra y Gales, por cuanto las normas de tránsito en Escocia e Irlanda del Norte deben ser aprobadas primero por sus gobiernos autónomos.

FirstGroup, la empresa más importante de autobuses y trenes británica, anunció ayer que prohibió el uso de celulares -incluso aquellos con equipos "sin manos"- no sólo a sus conductores, sino también a la totalidad de sus 135.000 empleados en todo el Reino Unido.

Por Graciela Iglesias

Salpicar al peatón puede costarle caro al automovilista británico

La multa podría ser de 5000 dólares; dura pena por conducir y hablar por celular


Hacer una llamada telefónica mientras se está al volante y salpicar a los peatones tras frenar a alta velocidad puede costar ahora muy caro en Inglaterra y Gales: dos años de prisión firme y hasta 5000 dólares de multa, respectivamente.

En una ofensiva destinada a obligar a los automovilistas a tomar conciencia de sus responsabilidades, el Departamento de la Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service, CPS) anunció ayer que infracciones como éstas, consideradas meras picardías o actos de descuido, serán ahora interpretadas legalmente como delitos comunes.

De esta forma, hasta el más leve de los accidentes causado por atender una llamada telefónica, sintonizar la radio, buscar una canción en el MP3 player, en un iPod o quizá por ajustar un sistema de navegación satelital dejará de ser visto como "un incidente fortuito" para ser catalogado como "un acto peligroso premeditado", pasible de una pena de reclusión.

Si esta "conducción temeraria" provoca un accidente de tránsito que causa la muerte de uno o más terceros, los jueces estarán en condiciones de calificar lo ocurrido de asesinato. Esto significa que, de ser hallado culpable, el conductor podría ser condenado a cadena perpetua.

Aun sin causar la más mínima desgracia, todo aquel que sea sorprendido frente al volante entretenido en cualquiera de las mencionadas actividades -e incluso en otras menos tecnológicamente avanzadas, como la de leer el diario, encender un cigarrillo o pintarse los labios- deberá pagar una multa inmediata de 120 dólares y tendrá su licencia de conducir suspendida por tres días.

Celulares

El uso de celulares en automóviles fue prohibido en Inglaterra y Gales en 2003, pero, de acuerdo con un estudio del Laboratorio de Investigación de Transporte, pocos respetan la norma.

En 2005, 13 accidentes fatales y 52 de suma seriedad fueron atribuidos al empleo de teléfonos móviles. Unos 129.700 conductores recibieron multas por enviar textos y atender llamadas. Aun así, se estima que medio millón de automovilistas siguen todavía colocándose el celular en la oreja, tecleando mensajes y hasta surfeando por Internet mientras atraviesan rotondas y cruzan intersecciones con semáforos.

Empapar a un grupo de desprevenidos transeúntes por no haber visto un charco seguirá sin ser castigado. Pero si el incidente fue la secuela visible de otras infracciones, como manejar en zonas urbanas a alta velocidad o con las luces altas prendidas, o un cambio brusco de carril, la fechoría podría costarle al "travieso" lo mismo que un pasaje de ida y vuelta y en primera clase al otro lado del planeta.

Mensaje claro

"Con la nueva interpretación de las normas queremos enviar un mensaje claro. Conducir un automóvil es algo complicado, que requiere atención. Todo aquel que toma un volante debe concentrarse en una sola cosa: su manejo. Si no lo hace, actúa como un irresponsable y tendrá, por lo tanto, que pagar las consecuencias", explicó sir Ken Macdonald, director de la CPS.

Para la Royal Automobile Association (RAA), la principal asociación de automovilistas británica, la actitud oficial "va en la buena dirección", aunque "debería ser acompañada por una mayor presencia policial en las rutas, de modo de garantizar el respeto de las leyes".

Por el momento, los cambios se aplicarán sólo en Inglaterra y Gales, por cuanto las normas de tránsito en Escocia e Irlanda del Norte deben ser aprobadas primero por sus gobiernos autónomos.

FirstGroup, la empresa más importante de autobuses y trenes británica, anunció ayer que prohibió el uso de celulares -incluso aquellos con equipos "sin manos"- no sólo a sus conductores, sino también a la totalidad de sus 135.000 empleados en todo el Reino Unido.

Por Graciela Iglesias

La hora de los no políticos

Por Jorge Fernández Díaz

Un gerente piensa que el arte y la política pueden gerenciarse. Así como un editor piensa que hasta cierto punto la vida puede editarse como un diario o un noticiero de televisión. Un viejo editor me dijo alguna vez: “El matrimonio es una larga crisis que se administra. Por más que estemos en el peor momento, un beso antes de dormirse, un beso al despertar y un ramo de flores los domingos. Si usted sabe editar la realidad, puede también editar su matrimonio”. Se refería a la posibilidad de manejar los tiempos y las cosas, desechando lo inconveniente y resaltando lo necesario.

Ojalá fuera cierto, pero la verdad es que nadie puede editar la vida, y que es infinitamente difícil gerenciar una pasión. Se la puede administrar, no voy a negarlo. Se pueden hacer negocios editoriales y pictóricos, pero esas operaciones del mercado nada tienen que ver con gerenciar el arte, que está hecho de la materia de los sueños y que es, por lo tanto, ingobernable.

No digo que la política sea asimilable a la literatura o a la pintura, pero les aseguro que también es un arte mayor y que su praxis necesita una vocación tan profunda y absorbente como la que se autoimpone cualquier artista verdadero.

En veinticinco años de periodismo no he conocido a un solo dirigente de primer nivel que no fuera un animal político. Un hombre sin tiempos libres, un enfermo de la materia que domina. Como esos cracks futbolísticos que al evocar su infancia solamente se recuerdan jugando a la pelota, día y noche, con una de cuero, con un bollo de papel o con una chapita, obsesionados gozosamente por desarrollar su vocación profunda. O como esos adolescentes que, abstraídos, se olvidaban de comer, de estudiar y hasta de dormir tocando como posesos la guitarra o el piano, o dibujando o escribiendo en cuadernos o en reveses de facturas contables. Las vocaciones volcánicas borran al hombre del mundo, ponen en suspenso a sus familias y a las necesidades mundanas, y, como todo acto de amor torrencial, son un acto de obsesión. Nadie llega a la primera fila de las butacas sin ese fuego sagrado.

Comparar la política real con la política corporativa de las empresas es, por lo tanto, un malentendido amargo. La política, por más gurúes y politicólogos que valgan, resiste las reglas del management ortodoxo y de la ciencia pura. En el mundo de los negocios, uno más uno es dos. En política, como todo el mundo sabe, no necesariamente dos más dos son cuatro.

Toda esta introducción viene a cuento de un hecho indiscutible: la actual oposición tiene entre sus filas a muchos hombres de empresa. Muchachos por lo general bienintencionados que se han pasado, no hace mucho, a la política creyendo que ésta sólo necesita buenos gestores.

Los no políticos son hombres de ideología pasteurizada, que igualmente merodean las posiciones de “centro” y el libre mercado, y que han comenzado a meterse en el barro de la historia.

A unos, los resultados electorales de octubre los dejaron nocaut. A otros, los pusieron muy nerviosos: deben realizar ahora lo que prometieron en la campaña. Sólo a Elisa Carrió, para la cual hubiera sido una tragedia ganar y tener que hacerse cargo del barco, abandonando los cómodos camarotes de la indignación, este período de cristinismo se le presenta plácido y apetitoso. Los demás, incluso los nuevos referentes de ARI, tienen en la boca el regusto agrio de la decepción y del miedo. No lo dirán nunca en público, pero así están los opositores políticos en la Argentina de hoy.

Se sienten, en el fondo de sus corazones, injustamente derrotados por “políticos mediocres” y “burócratas clientelísticos”. Ellos, los príncipes de la nueva política, eficientes y limpios, pasaron por la universidad y conocen el mundo: son muy viajados. “¿Cómo puede ser que nos derroten estos políticos de cabotaje, estos impresentables de siempre?”, se preguntan.

Algunos de estos gerentes de la nueva política duermen con la valija cerrada al lado de la cama. Están siempre listos para volver al sector privado rumiando una queja: “Soy demasiado bueno y honesto para la política”.

Olvidan que los verdaderos militantes políticos no tienen dónde volver, porque pertenecen, en cuerpo y alma, a la lucha política. Porque no podrían hacer otra cosa, porque nacieron para eso, porque quemaron las naves. Un gerente es demasiado cerebral y tiene demasiado “sentido común” para quemarlas.

Un militante se mide no por cómo reacciona ante una victoria, sino por cómo se recupera de las derrotas. ¿Se recuperarán estos muchachos o tomarán la valija y volverán, sanos y salvos, a casita?

Necesitan un examen profundo para entender lo que les ocurre. Son amateurs jugando a ser profesionales. No dominan del todo la materia y, en el fondo, la desprecian un poco. Toda la nueva oposición está llena de estos personajes tiernitos y bienintencionados: aves de paso queriendo comerse crudas a las fieras.

No se le puede enseñar política a un negado, así como no se le puede enseñar música a quien no tiene oído. Entender la política, entenderla de verdad, es un don: se tiene o no se tiene. Es un saber que no se adquiere en los libros ni en los claustros. Se adquiere en la calle y con las entrañas.

Pero el ser humano desarrolla las habilidades que necesita, de manera que no todo está perdido. La nueva oposición está llena de sordos y zoquetes. Hay muy pocos afinados y casi ningún oído absoluto. Pero tiempo al tiempo.

Luego, por supuesto, está todo ese asunto de los personalismos. En la Argentina, todo gira en torno de tres o cuatro dirigentes que lucen bien en los programas del cable, que suelen ser bastante autoritarios dentro de sus propios partidos y que no saben adónde van. Quiero decir, parecen poseer grandes convicciones y son buenos “tribuneros” (no deberían quejarse tanto del atril, porque ellos lo llevan incorporado), pero carecen de paciencia y flexibilidad para armar partidos políticos consistentes, con alas izquierdas y derechas, con democracia interna y participación.

Descaradamente personalistas, un día tienen tres millones de votos y otro día no tienen nada. Poseen una extraña alergia, que les contagiaron los encuestadores y la “opinión pública” más ramplona de los contestadores automáticos de las radios, que consiste en creer que toda alianza es la Alianza, o sea, un rejunte invertebrado e incoherente que fracasa gobernando. Y también que todo pacto político es el Pacto de Olivos, es decir, un contubernio para repartir favores.

Pero hagamos nombres propios: si Carrió y Ricardo López Murphy hubieran entendido de verdad la política, habrían recreado el espacio histórico electoral de la Unión Cívica Radical. Pero como no la entienden, terminaron en esta nada insípida, inodora e incolora, oposición para la gilada televisiva, que no puede juntar porotos y que no logrará ponerle freno a la hegemonía.

La Alianza era una bolsa de voluntades dispersas y el Pacto de Olivos era un contubernio, pero el peronismo es una bolsa del mismo estilo, aunque verticalista cuando se juega en serio, y el Pacto de la Moncloa era, al fin y al cabo, un acuerdo político, aunque con buena prensa.

Algo tiene para enseñarle el oficialismo a la oposición. Para empezar, su voluntad de poder. El peronismo no tiene un puñadito de dirigentes destacados: tiene cien candidatos potables en las gateras, con ganas de comerse la cancha. No es dogmático y principista: acoge en su seno a hombres ubicados en las antípodas ideológicas, aunque dispuestos, por las buenas o por las malas, a aguardar su turno y a trabajar coordinadamente cuando la tormenta arrecia y cuando el que manda tiene claro el horizonte y buena sintonía con la mayoría electoral. Casi nadie, por cuestiones del pasado, queda fuera del colectivo, y nadie se rasga las vestiduras por hacerse amigo de un enemigo de antes, o por codearse con un dirigente que piensa el país desde la otra orilla.

El radicalismo posmoderno tuvo estómago delicado, y así lo pagó. No pudo tolerar las diferencias internas y expulsó de sus filas a los opuestos, que a su vez se transformaron en estómagos delicados incapaces de digerir las mínimas discrepancias. Y así hasta el infinito. Es decir, hasta la atomización y la anécdota. Como la izquierda argentina, una diáspora interminable y minoritaria con dirigentes inflexibles que se pelean por palabras vacías.

Sin dominar la materia, sin vocación ni visión política, sin sentido común, sin pragmatismo y sin humildad, sin capacidad para acordar lo mínimo ni para construir una idea, la oposición se juega en una comuna, es decir, en una baldosa.

Hasta Néstor Kirchner está decepcionado de la oposición. Admite, a regañadientes, que ninguna democracia exitosa económica e institucionalmente prospera con partido único y sin alternancias ni bipartidismo. Sabe que, si no evoluciona por afuera, una oposición de centroderecha surgirá tarde o temprano del propio peronismo y que sobrevendrán como siempre la crueldad, el destripamiento, la lucha sin cuartel y la amnistía y, al final, la cohesión. La guerra peronista hace temblar a los peronistas que detentan el poder, porque saben que del otro lado no hay muchachos testimoniales con la valija armada al lado de la cama, sino políticos con hambre que quieren cambiar la historia.

Sólo se cambia la historia con ese apetito insaciable, con esa pasión que un frío gerente no puede gerenciar. Tal vez ni siquiera pueda comprender.

La nueva política no puede madurar en manos de los no políticos.

Según la Justicia, no es delito ocupar tierras por necesidad

Sobreseyeron a una indigente demandada por el Estado


La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento a una mujer acusada de usurpar un terreno lindero a la ex línea ferroviaria Mitre al considerar que no cometió delito porque estaba imposibilitada de acceder a una vivienda digna.

"Es claro que la ocupación de una casilla precaria a la vera de las vías por las que transitan permanentemente trenes demuestra el estado de excepción donde el mínimo resguardo del que es acreedor todo habitante de este suelo pareciera estar ausente", sostuvieron los camaristas de la sala I.

Al dejar firme el sobreseimiento de primera instancia en favor de Cristina Capristo por el juez federal Norberto Oyarbide, los camaristas entendieron que "la respuesta penal no debe ser la primera ni la principal respuesta a la que el Estado debería apelar" en estos casos.

Capristo había sido denunciada por el delito de usurpación ya que ocupaba sin título legítimo una casilla en un predio en Santos Dumont 2677, lindero a las vías del tren y "propiedad del Estado y administrado por el Onabe", recordó la Cámara.

El lugar terminó ocupado por entre diez y 12 viviendas con paredes de mampostería y chapa, techos del mismo material, piso de cemento, agua corriente y luz eléctrica.

Según los camaristas Eduardo Freiler, Gabriel Cavallo y Eduardo Farah, el Estado debería garantizar como "responsabilidad política" el acceso a la vivienda digna.

Además, cuestionaron el argumento del fiscal Carlos Cearras, quien había apelado el sobreseimiento dictado por Oyarbide porque no consideró probado el estado de necesidad de la mujer.

"Resulta rayano a lo perverso exigir que se acredite que quien ocupaba la propiedad lo hacía en una situación de estado de necesidad justificante o de inculpabilidad", evaluaron los camaristas. El tribunal de apelaciones criticó el "miope y estricto apego a la letra del Código Penal".

En el caso concreto de Capristo, la mujer ocupó una casilla "en un terreno estatal el cual, por lo demás, no afecta en principio el servicio de transporte público".

Esta conducta "no es una de aquellas que importe al derecho penal que es de interés, en cambio, en lo atinente a la obligación del Estado en los términos del artículo 14 bis de la Constitución y de proveer a la seguridad de quienes viven de ese modo", concluyó la Cámara.

Según la Justicia, no es delito ocupar tierras por necesidad

Sobreseyeron a una indigente demandada por el Estado


La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento a una mujer acusada de usurpar un terreno lindero a la ex línea ferroviaria Mitre al considerar que no cometió delito porque estaba imposibilitada de acceder a una vivienda digna.

"Es claro que la ocupación de una casilla precaria a la vera de las vías por las que transitan permanentemente trenes demuestra el estado de excepción donde el mínimo resguardo del que es acreedor todo habitante de este suelo pareciera estar ausente", sostuvieron los camaristas de la sala I.

Al dejar firme el sobreseimiento de primera instancia en favor de Cristina Capristo por el juez federal Norberto Oyarbide, los camaristas entendieron que "la respuesta penal no debe ser la primera ni la principal respuesta a la que el Estado debería apelar" en estos casos.

Capristo había sido denunciada por el delito de usurpación ya que ocupaba sin título legítimo una casilla en un predio en Santos Dumont 2677, lindero a las vías del tren y "propiedad del Estado y administrado por el Onabe", recordó la Cámara.

El lugar terminó ocupado por entre diez y 12 viviendas con paredes de mampostería y chapa, techos del mismo material, piso de cemento, agua corriente y luz eléctrica.

Según los camaristas Eduardo Freiler, Gabriel Cavallo y Eduardo Farah, el Estado debería garantizar como "responsabilidad política" el acceso a la vivienda digna.

Además, cuestionaron el argumento del fiscal Carlos Cearras, quien había apelado el sobreseimiento dictado por Oyarbide porque no consideró probado el estado de necesidad de la mujer.

"Resulta rayano a lo perverso exigir que se acredite que quien ocupaba la propiedad lo hacía en una situación de estado de necesidad justificante o de inculpabilidad", evaluaron los camaristas. El tribunal de apelaciones criticó el "miope y estricto apego a la letra del Código Penal".

En el caso concreto de Capristo, la mujer ocupó una casilla "en un terreno estatal el cual, por lo demás, no afecta en principio el servicio de transporte público".

Esta conducta "no es una de aquellas que importe al derecho penal que es de interés, en cambio, en lo atinente a la obligación del Estado en los términos del artículo 14 bis de la Constitución y de proveer a la seguridad de quienes viven de ese modo", concluyó la Cámara.

Aplican la matemática a la división de poderes del Estado

Según un trabajo, el respeto a la Constitución maximiza el bienestar general


La policía arresta a dos sospechosos de haber robado un banco. No hay pruebas suficientes para condenarlos, pero tras haberlos separado les ofrece a ambos el siguiente trato: si uno confiesa y el otro no, éste será condenado a diez años de prisión y el primero quedará libre; si el primero calla y su cómplice confiesa, el primero será el condenado y el segundo saldrá en libertad; si ambos confiesan, deberán pasar seis años en la cárcel; pero si ninguno habla, sólo podrán acusarlos de un delito menor y serán condenados a seis meses de prisión.

¿Qué harán los prisioneros: cooperarán para minimizar la condena total o uno de ellos elegirá traicionar al otro para quedar libre?

El "dilema del prisionero" es un problema clásico de la teoría de juegos que los matemáticos vienen aplicando a las más diferentes interacciones humanas, porque permite analizar racionalmente el conflicto entre intereses individuales y colectivos.

"Si uno delata, recibe el premio mayor, pero el otro queda «refundido» -explica coloquialmente el licenciado Ricardo Miró-; si los dos se traicionan, reciben un castigo intermedio; pero si ambos cooperan, generan lo que en matemática se llama un «óptimo de Pareto» [matemático italiano], la mejor solución para el bienestar general."

Miró, matemático "residente" del Poder Judicial desde hace quince años, utilizó el mecanismo lógico del dilema del prisionero para analizar los vínculos institucionales que se dan entre los poderes del Estado.

Su conclusión tal vez sea previsible, pero agrega un argumento matemático que respalda la independencia de los poderes planteada por Montesquieu en Del Espíritu de las Leyes. Efectivamente, a la luz de este enfoque objetivo de la ética, cuando dos poderes se subordinan a la ley, se maximiza el bienestar general.

"El óptimo de Pareto es una solución tal que cualquier apartamiento de ella perjudica a alguien", dice Miró, que hace un par de años realizó un modelo matemático que permitía agilizar los tiempos de circulación de los expedientes aplicando la teoría de colas a la congestión judicial.

Poderes en conflicto

La Constitución nacional establece que los tres poderes del Estado son independientes entre sí, pero que ninguno queda fuera del control ejercido por parte de los otros dos.

Para su trabajo, que realizó por sugerencia del presidente de la Academia de Ciencias de Buenos Aires, doctor Julio Olivera, Miró analizó la relación entre sólo dos de ellos: "Estos pueden respetarla o no; es decir que son protagonistas de una negociación institucional mutua binaria -afirma-. La solución óptima la brinda el estricto respeto a la Constitución y sus leyes. Cuando ambos poderes se subordinan a la ley y respetan el vínculo, aparece un óptimo de Pareto. Cuando ambos violan la Constitución, la suma es mínima y esto se asocia con los intereses corporativos."

Miró subraya que, aunque sorprenda, la matemática es capaz de analizar la pasión, la cooperación o el egoísmo.

"Siempre me incliné por la matemática aplicada -dice-. Las aplicaciones me resultan absolutamente imprescindibles, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay problemas en la calle que merecen atención científica, como los hidráulicos, los de relevamiento de materias primas, la búsqueda de hidrocarburos o hasta la prospección sísmica."

Y enseguida agrega: "En el ámbito judicial, por ejemplo, se sabe que para que los archivos sean transparentes deben cumplir con las condiciones del teorema de máxima entropía de Shannon: los mecanismos informáticos de sorteo tienen que verificar la máxima incertidumbre a priori con respecto a qué expediente va a qué juzgado".

Según el análisis de Miró, entonces, también la matemática demuestra que tanto la invasión de un poder por otro como la subordinación de uno a otro son malas soluciones.

"Es desastroso -afirma-. Son dos de las peores alternativas."

Por Nora Bär

Aplican la matemática a la división de poderes del Estado

Según un trabajo, el respeto a la Constitución maximiza el bienestar general

Aplican la matemática a la división de poderes del Estado

Según un trabajo, el respeto a la Constitución maximiza el bienestar general

Aplican la matemática a la división de poderes del Estado

Según un trabajo, el respeto a la Constitución maximiza el bienestar general


La policía arresta a dos sospechosos de haber robado un banco. No hay pruebas suficientes para condenarlos, pero tras haberlos separado les ofrece a ambos el siguiente trato: si uno confiesa y el otro no, éste será condenado a diez años de prisión y el primero quedará libre; si el primero calla y su cómplice confiesa, el primero será el condenado y el segundo saldrá en libertad; si ambos confiesan, deberán pasar seis años en la cárcel; pero si ninguno habla, sólo podrán acusarlos de un delito menor y serán condenados a seis meses de prisión.

¿Qué harán los prisioneros: cooperarán para minimizar la condena total o uno de ellos elegirá traicionar al otro para quedar libre?

El "dilema del prisionero" es un problema clásico de la teoría de juegos que los matemáticos vienen aplicando a las más diferentes interacciones humanas, porque permite analizar racionalmente el conflicto entre intereses individuales y colectivos.

"Si uno delata, recibe el premio mayor, pero el otro queda «refundido» -explica coloquialmente el licenciado Ricardo Miró-; si los dos se traicionan, reciben un castigo intermedio; pero si ambos cooperan, generan lo que en matemática se llama un «óptimo de Pareto» [matemático italiano], la mejor solución para el bienestar general."

Miró, matemático "residente" del Poder Judicial desde hace quince años, utilizó el mecanismo lógico del dilema del prisionero para analizar los vínculos institucionales que se dan entre los poderes del Estado.

Su conclusión tal vez sea previsible, pero agrega un argumento matemático que respalda la independencia de los poderes planteada por Montesquieu en Del Espíritu de las Leyes. Efectivamente, a la luz de este enfoque objetivo de la ética, cuando dos poderes se subordinan a la ley, se maximiza el bienestar general.

"El óptimo de Pareto es una solución tal que cualquier apartamiento de ella perjudica a alguien", dice Miró, que hace un par de años realizó un modelo matemático que permitía agilizar los tiempos de circulación de los expedientes aplicando la teoría de colas a la congestión judicial.

Poderes en conflicto

La Constitución nacional establece que los tres poderes del Estado son independientes entre sí, pero que ninguno queda fuera del control ejercido por parte de los otros dos.

Para su trabajo, que realizó por sugerencia del presidente de la Academia de Ciencias de Buenos Aires, doctor Julio Olivera, Miró analizó la relación entre sólo dos de ellos: "Estos pueden respetarla o no; es decir que son protagonistas de una negociación institucional mutua binaria -afirma-. La solución óptima la brinda el estricto respeto a la Constitución y sus leyes. Cuando ambos poderes se subordinan a la ley y respetan el vínculo, aparece un óptimo de Pareto. Cuando ambos violan la Constitución, la suma es mínima y esto se asocia con los intereses corporativos."

Miró subraya que, aunque sorprenda, la matemática es capaz de analizar la pasión, la cooperación o el egoísmo.

"Siempre me incliné por la matemática aplicada -dice-. Las aplicaciones me resultan absolutamente imprescindibles, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay problemas en la calle que merecen atención científica, como los hidráulicos, los de relevamiento de materias primas, la búsqueda de hidrocarburos o hasta la prospección sísmica."

Y enseguida agrega: "En el ámbito judicial, por ejemplo, se sabe que para que los archivos sean transparentes deben cumplir con las condiciones del teorema de máxima entropía de Shannon: los mecanismos informáticos de sorteo tienen que verificar la máxima incertidumbre a priori con respecto a qué expediente va a qué juzgado".

Según el análisis de Miró, entonces, también la matemática demuestra que tanto la invasión de un poder por otro como la subordinación de uno a otro son malas soluciones.

"Es desastroso -afirma-. Son dos de las peores alternativas."

Por Nora Bär