Gas y política

Por Alieto Aldo Guadagni

"Los jugos de la tierra pertenecen al rey." Carlos III (Ordenanzas de Aranjuez. Minas en Nueva España, 1783)

Los hidrocarburos han ocupado un lugar importante en nuestra agenda política; recordemos el frustrado acuerdo con la Standard Oil de California, propiciado por Perón antes del golpe militar que lo derrocó, en 1955, o los contratos petroleros impulsados por Frondizi y Frigerio en 1958. También podríamos mencionar las iniciativas de Alfonsín para estimular la producción nacional, bautizadas Plan Olivos en 1988 y que fueron profundizadas por Menem en los años 90 con la privatización de YPF. Es así como nuestro país, tradicional importador de petróleo, no sólo pudo lograr su anhelado autoabastecimiento, sino también convertirse en exportador de petróleo y de gas.

Pero las cosas han comenzado a cambiar en los últimos años, a pesar de que los precios energéticos han trepado, impulsados al alza por varios factores, entre los cuales destacamos la creciente demanda china (a fines de 2001 el petróleo se cotizaba a apenas 20 dólares el barril y en la actualidad supera los 70). Si no definimos con urgencia una nueva política de hidrocarburos que aliente el aprovechamiento de nuestros recursos corremos el riesgo de caer en la trampa de la "triple tenaza", al transitar de un estadio de energía abundante, barata y exportada a otro caracterizado por energía escasa, cara e importada.

Estamos en presencia de un creciente desfase entre una demanda energética que trepa por la expansión económica y una oferta que declina año tras año.

Señalemos que la producción de petróleo viene cayendo desde 1998, cuando su nivel se ubicaba un 30 por ciento por encima del volumen actual; por este motivo, estas exportaciones han caído nada menos que un 80 por ciento en la última década. Pero lo más grave es que las reservas vienen cayendo por la merma en las tareas de exploración. Por todo esto no debe sorprender que las exportaciones se estén evaporando y apunten a su extinción hacia 2009, cuando perdamos así el autoabastecimiento y nos convirtamos nuevamente en importadores.

No sólo se perderían entonces los recursos fiscales por retenciones a las exportaciones, sino que también emergerían presiones para alinear nuestros precios internos con los precios de importación, que equivalen a más del doble. Para darse cuenta de ello, basta con mirar a nuestros vecinos importadores de petróleo -Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay-, donde los combustibles tienen precios que duplican los nuestros.

Pero el mayor esfuerzo debe estar orientado hacia el gas que, como no es un commodity global como el petróleo, se moviliza en ámbitos regionales más reducidos, potenciando así su importancia geopolítica, por la gravitación de la cercanía geográfica entre países exportadores e importadores. La madre de todas las batallas por nuestra seguridad energética se librará, por estas razones, en el sector gasífero, ya que en pocos países el gas es tan importante como en la Argentina. En el mundo representa apenas la quinta parte del consumo de energía, mucho menos que el petróleo y el carbón. Las cosas son distintas en nuestro país, donde el gas satisface la mitad del consumo energético (en Brasil apenas el 8 por ciento). No es sólo esencial para el confort familiar, sino que también es un insumo crítico en las muchas actividades productivas que necesitan de gas abundante y barato para potenciar sus ventajas competitivas.

Alrededor del 60 por ciento de la generación eléctrica depende del gas; con más de 1,5 millones de vehículos impulsados por GNC, lideramos en el mundo la transformación tecnológica que significa este reemplazo de petróleo por gas. No es una exageración decir que nuestro crecimiento económico dependerá del acceso a suministros seguros de gas a costos moderados. Esto se refuerza cuando se considera que en poco tiempo volveremos a ser importadores de petróleo.

Es preocupante observar que la producción de gas está estancada desde 2004 y que las reservas han caído más del 40 por ciento desde 2002. Por esto, es conveniente buscar el acceso a las reservas gasíferas de Bolivia, como procura el contrato firmado por Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos el año último. Pero para que Bolivia pueda cumplir en el futuro sus compromisos de exportación a nuestro país hay que construir un gran gasoducto que recién se está licitando ahora y además hay que invertir en desarrollar los campos gasíferos.

Si la producción boliviana no se expande, podrían aparecer problemas para nuestro abastecimiento. Aquí es preocupante el artículo 3.8 del contrato firmado por Enarsa, que reza "las exportaciones de gas a la Argentina, ante potenciales interrupciones que pudieran presentarse, mantendrán razonable prioridad o proporcionalidad (...) respetando las obligaciones asumidas con anterioridad (...) es decir, abastecer primero el mercado interno boliviano, luego la exportación de gas a Brasil e inmediatamente después el contrato con la Argentina".

Vale la pena aprender de las lecciones de la diplomacia energética mundial, que procura diversificar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de la dependencia en este crítico rubro. Esto ocurre no sólo ahora en Chile y Brasil, sino también en Japón, China, la India, Estados Unidos y, particularmente, en la Unión Europea, que no está nada contenta con su dependencia del gas ruso.

En nuestro caso, es razonable que procuremos el acceso al gas boliviano, pero no es recomendable olvidar nuestras propias posibilidades, ya que el consumo aumentará fuertemente por la construcción de nuevas centrales eléctricas que ahora impulsa el Gobierno.

Es difícil de entender que fijemos un precio de 5 dólares para el gas boliviano mientras la producción de Salta, Neuquén y la Patagonia tiene un precio de apenas 1,5 dólares por millón de BTU. No olvidemos que cada metro cúbico adicional de gas argentino significará más regalías para las provincias y más empleo, inversiones y prosperidad en el interior de nuestro país.

La caída en las reservas y en la producción de nuestros hidrocarburos no puede ser atribuida a una "maldición geológica", sino a deficientes políticas que no alientan inversiones que enfrenten el riesgo exploratorio. Los productores de hidrocarburos, en los últimos años, salvo ciertas excepciones, pusieron más énfasis en extraer de pozos conocidos que en incorporar reservas.

Es urgente replantear la movilización de genuinos capitales de riesgo para el desarrollo de áreas potencialmente productivas. Y para ello es crucial un nuevo régimen de estabilidad tributaria, similar a la ley de minería que impulsó esta históricamente olvidada actividad. En este nuevo régimen nos tendremos que olvidar de las retenciones a las exportaciones (que están desapareciendo) y capturar la renta fiscal del recurso mediante licitaciones abiertas, transparentes y competitivas. Este mecanismo es claramente superior a las decisiones discrecionales de adjudicación de concesión de áreas a las cuales son tan afectos las burocracias políticas de muchos países petroleros.

La recuperación de nuestras alicaídas reservas y seguridad energética se logrará no con el "capitalismo de amigos" sino con inversores genuinos y eficientes productores que acepten lo que insinuaba Carlos III, en el sentido de que la renta del recurso natural pertenece a toda la sociedad.

El autor fue secretario de Energía durante la presidencia de Eduardo Duhalde.