Con el argumento de luchar contra la descarga ilícita de música y películas por Internet, el Estado francés tendrá atribuciones para espiar los correos electrónicos de los ciudadanos si la Cámara de Diputados ratifica un proyecto de ley aprobado hace una semana por el Senado.
La idea apunta a que el e-mail se ha convertido en un vehículo para la circulación como archivo adjunto de musica pirata.
La idea apunta a que el e-mail se ha convertido en un vehículo para la circulación como archivo adjunto de musica pirata.
La perspectiva de que la intrusión y violación de correspondencia privada sea legalizada provocó reacciones en cadena en círculos intelectuales y políticos.
La inclusión de la mención "comunicación electrónica" en el proyecto de ley "Creación e Internet" -llamado Hadopi 2- desencadenó un escándalo de proporciones en Francia, un país tradicionalmente apegado al respeto de la privacidad.
"En su versión actual, el texto abre la puerta al espionaje de e-mails , lo que sería una violación del secreto de la correspondencia privada", advirtió Lionel Tardy, diputado del partido oficialista Unión por un Movimiento Popular (UMP).
Una primera versión de esa controvertida ley fue censurada por el Consejo Constitucional el 10 de junio y devuelta al Parlamento.
La ley fue pedida por numerosos artistas para proteger sus derechos de autor. Entre los primeros promotores de esa iniciativa estaba Carla Bruni. Poco antes de conocer al presidente Nicolas Sarkozy, la ex modelo y cantante había trabajado en la redacción de ese texto.
El objetivo de ese proyecto es terminar con las infracciones contra los derechos de autor "cometidas mediante un servicio de comunicación al público en línea o comunicaciones electrónicas". La idea, sin embargo, tropezó con la hostilidad de los internautas, que lo consideran una violación del principio de la libertad de compartir contenidos que rige la Red desde su nacimiento.
Si fuera aprobada por la Asamblea Nacional, que debe comenzar a debatirla a fines de este mes, la nueva ley permitirá a los agentes de la Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi) ingresar para constatar infracciones en redes de descarga ilegal o en e-mails .
El nuevo proyecto completa el texto anterior censurado por el Consejo Constitucional, que había anulado su principal medida: la posibilidad de Hadopi de interrumpir el acceso Internet a los piratas. Según exigieron los sabios del alto organismo, sólo un juez tendrá el poder de suspender un abono y no la autoridad administrativa. Llegado el caso, el juez podrá invalidar el abono por un periodo máximo de un año, imponer una multa de hasta 300.000 euros y pronunciar dos años de prisión
La inclusión de la mención "comunicación electrónica" en el proyecto de ley "Creación e Internet" -llamado Hadopi 2- desencadenó un escándalo de proporciones en Francia, un país tradicionalmente apegado al respeto de la privacidad.
"En su versión actual, el texto abre la puerta al espionaje de e-mails , lo que sería una violación del secreto de la correspondencia privada", advirtió Lionel Tardy, diputado del partido oficialista Unión por un Movimiento Popular (UMP).
Una primera versión de esa controvertida ley fue censurada por el Consejo Constitucional el 10 de junio y devuelta al Parlamento.
La ley fue pedida por numerosos artistas para proteger sus derechos de autor. Entre los primeros promotores de esa iniciativa estaba Carla Bruni. Poco antes de conocer al presidente Nicolas Sarkozy, la ex modelo y cantante había trabajado en la redacción de ese texto.
El objetivo de ese proyecto es terminar con las infracciones contra los derechos de autor "cometidas mediante un servicio de comunicación al público en línea o comunicaciones electrónicas". La idea, sin embargo, tropezó con la hostilidad de los internautas, que lo consideran una violación del principio de la libertad de compartir contenidos que rige la Red desde su nacimiento.
Si fuera aprobada por la Asamblea Nacional, que debe comenzar a debatirla a fines de este mes, la nueva ley permitirá a los agentes de la Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi) ingresar para constatar infracciones en redes de descarga ilegal o en e-mails .
El nuevo proyecto completa el texto anterior censurado por el Consejo Constitucional, que había anulado su principal medida: la posibilidad de Hadopi de interrumpir el acceso Internet a los piratas. Según exigieron los sabios del alto organismo, sólo un juez tendrá el poder de suspender un abono y no la autoridad administrativa. Llegado el caso, el juez podrá invalidar el abono por un periodo máximo de un año, imponer una multa de hasta 300.000 euros y pronunciar dos años de prisión
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