Las sesiones celebradas por la Asamblea Popular Nacional (APN) entre los días 5 y 13 de marzo pusieron blanco sobre negro, los múltiples temores de la dirigencia china ante la incertidumbre generada por una crisis a la que sigue siendo arriesgado poner fecha de caducidad. Las caídas en las exportaciones (17,5 por ciento en enero), en la inversión extranjera (más del 26 por ciento en los dos primeros meses del año) y el aumento del desempleo, generan una inquietud mal disimulada.
Pese a ello, el objetivo de crecimiento para este año (8 por ciento) parece alcanzable, teniendo en cuenta, entre otros, que en 1998, durante la crisis financiera asiática, China creció un 7,8 por ciento.
El paquete de estímulo por valor de 4 billones de yuanes y a ejecutar en dos años, y el fomento del consumo interno resumen los ejes esenciales de la respuesta china a la crisis.
En cuanto al primero, el temor a la corrupción ha disparado las exigencias de un mayor control y transparencia de los proyectos financiados a cargo de dicha partida extraordinaria, demandas a las que formalmente ha accedido la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, responsable de su gestión.
En cuanto a lo segundo, la clave radica en movilizar la demanda en las zonas rurales. El gobierno central ha elaborado planes para fomentar la adquisición de electrodomésticos por parte de los campesinos, estimular la formación profesional y el autoempleo y compensar las pérdidas de ingresos, especialmente de ese 15 por ciento de los 130 millones de inmigrantes que han regresado de las ciudades con las manos vacías.
El traslado de empresas, el impulso a la transferencia de los derechos de uso de la tierra agrícola conforme a la nueva directiva aprobada en otoño último por el Comité Central del PCCh, así como el envío al campo a jóvenes universitarios sin trabajo, aspiran a dar una nueva vida al medio rural. En paralelo, el fomento de las políticas de bienestar puede contribuir, ligeramente por el momento, a salvar esa tradicional tendencia al ahorro de los campesinos.
Dos áreas sufrirán el plan, por un lado el campo laboral, donde las conquistas alcanzadas por los sindicatos, caen ante la necesidad de las empresas de bajar costos y el medio ambiente, los datos ofrecidos el pasado 24 de febrero por el viceministro de Protección Ambiental, Zhang Lijun, dan cuenta de una situación particularmente grave en los lagos, ríos y el aire de muchos lugares de China.
Los departamentos responsables en esta materia pueden bajar la presión ante las empresas en lo que se refiere al control de la contaminación. No es momento, se dice, para mejorar los sistemas de gestión o fomentar el uso de tecnologías apropiadas. Hay otras prioridades. Los costos económicos y sociales de una actitud así son incalculables y pueden afectar a asuntos tan sensibles como la autosuficiencia cerealera de China, en virtud del impacto, por ejemplo, de la erosión de los suelos, que afecta ya al 37 por ciento del territorio chino.
De todas formas China apuesta a ganar un espacio de liderazgo aprovechando la crisis, la agresiva movida diplomática-comercial de los últimos meses, muestra a una China decidida a tomar el lugar de superpontencia.
Mostrando las entradas con la etiqueta analisis internacional. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta analisis internacional. Mostrar todas las entradas
martes, mayo 12, 2009
La apuesta china
Las sesiones celebradas por la Asamblea Popular Nacional (APN) entre los días 5 y 13 de marzo pusieron blanco sobre negro, los múltiples temores de la dirigencia china ante la incertidumbre generada por una crisis a la que sigue siendo arriesgado poner fecha de caducidad. Las caídas en las exportaciones (17,5 por ciento en enero), en la inversión extranjera (más del 26 por ciento en los dos primeros meses del año) y el aumento del desempleo, generan una inquietud mal disimulada.
Pese a ello, el objetivo de crecimiento para este año (8 por ciento) parece alcanzable, teniendo en cuenta, entre otros, que en 1998, durante la crisis financiera asiática, China creció un 7,8 por ciento.
El paquete de estímulo por valor de 4 billones de yuanes y a ejecutar en dos años, y el fomento del consumo interno resumen los ejes esenciales de la respuesta china a la crisis.
En cuanto al primero, el temor a la corrupción ha disparado las exigencias de un mayor control y transparencia de los proyectos financiados a cargo de dicha partida extraordinaria, demandas a las que formalmente ha accedido la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, responsable de su gestión.
En cuanto a lo segundo, la clave radica en movilizar la demanda en las zonas rurales. El gobierno central ha elaborado planes para fomentar la adquisición de electrodomésticos por parte de los campesinos, estimular la formación profesional y el autoempleo y compensar las pérdidas de ingresos, especialmente de ese 15 por ciento de los 130 millones de inmigrantes que han regresado de las ciudades con las manos vacías.
El traslado de empresas, el impulso a la transferencia de los derechos de uso de la tierra agrícola conforme a la nueva directiva aprobada en otoño último por el Comité Central del PCCh, así como el envío al campo a jóvenes universitarios sin trabajo, aspiran a dar una nueva vida al medio rural. En paralelo, el fomento de las políticas de bienestar puede contribuir, ligeramente por el momento, a salvar esa tradicional tendencia al ahorro de los campesinos.
Dos áreas sufrirán el plan, por un lado el campo laboral, donde las conquistas alcanzadas por los sindicatos, caen ante la necesidad de las empresas de bajar costos y el medio ambiente, los datos ofrecidos el pasado 24 de febrero por el viceministro de Protección Ambiental, Zhang Lijun, dan cuenta de una situación particularmente grave en los lagos, ríos y el aire de muchos lugares de China.
Los departamentos responsables en esta materia pueden bajar la presión ante las empresas en lo que se refiere al control de la contaminación. No es momento, se dice, para mejorar los sistemas de gestión o fomentar el uso de tecnologías apropiadas. Hay otras prioridades. Los costos económicos y sociales de una actitud así son incalculables y pueden afectar a asuntos tan sensibles como la autosuficiencia cerealera de China, en virtud del impacto, por ejemplo, de la erosión de los suelos, que afecta ya al 37 por ciento del territorio chino.
De todas formas China apuesta a ganar un espacio de liderazgo aprovechando la crisis, la agresiva movida diplomática-comercial de los últimos meses, muestra a una China decidida a tomar el lugar de superpontencia.
Pese a ello, el objetivo de crecimiento para este año (8 por ciento) parece alcanzable, teniendo en cuenta, entre otros, que en 1998, durante la crisis financiera asiática, China creció un 7,8 por ciento.
El paquete de estímulo por valor de 4 billones de yuanes y a ejecutar en dos años, y el fomento del consumo interno resumen los ejes esenciales de la respuesta china a la crisis.
En cuanto al primero, el temor a la corrupción ha disparado las exigencias de un mayor control y transparencia de los proyectos financiados a cargo de dicha partida extraordinaria, demandas a las que formalmente ha accedido la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, responsable de su gestión.
En cuanto a lo segundo, la clave radica en movilizar la demanda en las zonas rurales. El gobierno central ha elaborado planes para fomentar la adquisición de electrodomésticos por parte de los campesinos, estimular la formación profesional y el autoempleo y compensar las pérdidas de ingresos, especialmente de ese 15 por ciento de los 130 millones de inmigrantes que han regresado de las ciudades con las manos vacías.
El traslado de empresas, el impulso a la transferencia de los derechos de uso de la tierra agrícola conforme a la nueva directiva aprobada en otoño último por el Comité Central del PCCh, así como el envío al campo a jóvenes universitarios sin trabajo, aspiran a dar una nueva vida al medio rural. En paralelo, el fomento de las políticas de bienestar puede contribuir, ligeramente por el momento, a salvar esa tradicional tendencia al ahorro de los campesinos.
Dos áreas sufrirán el plan, por un lado el campo laboral, donde las conquistas alcanzadas por los sindicatos, caen ante la necesidad de las empresas de bajar costos y el medio ambiente, los datos ofrecidos el pasado 24 de febrero por el viceministro de Protección Ambiental, Zhang Lijun, dan cuenta de una situación particularmente grave en los lagos, ríos y el aire de muchos lugares de China.
Los departamentos responsables en esta materia pueden bajar la presión ante las empresas en lo que se refiere al control de la contaminación. No es momento, se dice, para mejorar los sistemas de gestión o fomentar el uso de tecnologías apropiadas. Hay otras prioridades. Los costos económicos y sociales de una actitud así son incalculables y pueden afectar a asuntos tan sensibles como la autosuficiencia cerealera de China, en virtud del impacto, por ejemplo, de la erosión de los suelos, que afecta ya al 37 por ciento del territorio chino.
De todas formas China apuesta a ganar un espacio de liderazgo aprovechando la crisis, la agresiva movida diplomática-comercial de los últimos meses, muestra a una China decidida a tomar el lugar de superpontencia.
jueves, noviembre 13, 2008
Mubarak intenta contener a la hermandad musulmana con una fuerte represión
Fundada por Hasan al-Banna' en 1928, la organización de los Hermanos Musulmanes es actualmente la principal fuerza de oposición política en Egipto. Si bien, las acusaciones de fraude, la baja participación en las urnas y la alta tasa de violencia, ponen e tela de juicio la legitimidad de las últimas elecciones políticas de 2005. De hecho, la Hermandad ha logrado conseguir 88 escaños de 454, superando ampliamente los 17 obtenidos en 2000 y se ha establecido como la segunda fuerza política del país, después del Partido Nacional Democrático (NDP) del presidente, con el 75%. El temor de un avance posterior de los Hermanos Musulmanes ha llevado al gobierno a intensificar la represión: desde principios de año, otros 900 miembros de la organización han sido arrestados, con la intención de evitar un posible éxito en las ultimas elecciones municipales, que tuvieron lugar el 8 de abril de 2008. Numerosos Hermanos Musulmanes, entre los que una veintena, anteriormente absueltos por una corte civil, han sido condenados a puerta cerrada a penas entre 3 y 10 años de cárcel por el tribunal militar acusados de terrorismo y blanqueo de dinero, mientras que las fuerzas de seguridad egipcias reprimieron a un centenar de afiliados y familiares de los imputados que pretendían asistir a la audiencia, aplazada desde el 25 de marzo al 15 de abril, a una semana exacta de la fecha de las elecciones.
De tal política represiva es responsable, según la Hermandad Musulmana, el actual secretario general de la Comisión política del NDP e hijo del presidente, Gamal Mubarak, que recientemente ha acusado a la organización de explotar cualquier problema interno para presionar al gobierno y conseguir el apoyo popular. La relación entre Gamal Mubarak y los Hermanos Musulmanes se ha precipitado concretamente tras la aprobación en mayo de 2005 de la enmienda al artículo 76 de la Constitución, que interpone serios obstáculos a la candidatura de los independientes en la carrera hacia el cargo de presidente de la República y parece favorecer, sin embargo, al hijo del octogenario Hosni Mubarak. Si los portavoces de la organización negaran una posible candidatura de Gamal, considerado como el inspirador de la represión, pero también de la utilización de los tribunales militares, este último, que ha consolidado su poder dentro del NDP, no escondería su pensamiento acerca de que la Hermandad es un problema que no hay que menospreciar y que el gobierno debería afrontar con seriedad.
La hermandad en las últimas elecciones y manifestaciones populares
El comportamiento de la organización con motivo de las últimas votaciones municipales, que preveían la asignación de 52.000 escaños locales, parece indicar la falta de una estrategia política clara y coherente. Después de haber presentado además de 5000 candidatos (de los que solo 21 han sido autorizados e incluidos por las autoridades en las listas definitivas), y de haber aumentado el nivel de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad egipcia, también bajo la óptica de movilizar la opinión publica y resaltar su presencia, la hermandad musulmana anunció a un día de las elecciones la decisión de boicotear estas últimas. Uno de los principales líderes de la organización, Mohammad Habib, ha declarado reiteradamente que la falta de supervisión en las votaciones por parte de la magistratura es la causa de dicha decisión. En los meses de abril y mayo de 2008 una serie de huelgas y manifestaciones de plaza han atravesado Egipto: a pesar de todo la tasa de crecimiento del PBI se ubicaría alrededor del 7%, una elevada inflación con puntos del 146% para la carne de pollo y un aumento cada vez más generalizado de los precios de los bienes de primera necesidad está determinando el empobrecimiento progresivo de amplios sectores de la población. Los partidos de la oposición como el al-Karaama, al-Ghad, el partido Nasserista, y sobre todo movimientos de la sociedad civil como Kifaya, han promovido numerosas protestas mientras que la hermandad musulmana se ha limitado a manifestaciones aisladas. Dicha falta de participación en primera línea de la organización puede encontrar diversas explicaciones. Es posible por ejemplo que haya decidido fomentar el descontento de la población soto voce por el temor a posteriores represalias o por querer diferenciarse de los partidos o movimientos puramente laicos. Es también posible que la incapacidad de ofrecer un plan concreto para responder a los problemas económicos de la población haya hecho autoexcluir a los Hermanos Musulmanes de este nuevo movimiento de protesta.
Las divisiones internas
La falta de una línea política unitaria se puede ver con claridad en las páginas web: numerosos blogs están dando a conocer las divisiones y los enfrentamientos ideológicos internos en la hermandad, en particular gracias al programa político presentado por esta en 2007 en vista de las recientes elecciones. (Véase. Egipto: el manifiesta de los Hermanos Musulmanes). El documento, expresión del ala cercana al septuagenario guía supremo Mohammed Mahdi Akef, ha sido duramente criticado por una parte de los Hermanos y ya hoy es dejado de lado.
La mayor parte de los blogs ha tomado posiciones reformistas manteniendo su oposición a la posible creación de un consejo religioso que supervise los poderes ejecutivos y legislativos, pero aparece una clara división sobre la cuestión de la imposibilidad de las mujeres y cristianos coptos de acceder al cargo de presidente: un enfrentamiento generacional ve de hecho contrapuestos a los líderes como Mohammed Mahdi Akef por un lado y por otro a Abdel Menem Abou el-Fotouh, joven miembro del ejecutivo de la hermandad, que por el contrario sostiene la candidatura de cualquier ciudadano, independientemente de su sexo y religión.
Isam al-Eryan, portavoz de los Hermanos Musulmanes, niega sin embargo la existencia de dicha división interna, de forma que mantiene la apertura de la organización a opiniones diversas y la coexistencia en ella de casi ocho generaciones. Las acciones de Yusuf al-Qaradawi, Tariq al-Bishri, Kamal Abu al-Majd y Muhammad Salim al-‘Awwa representan la nueva corriente del carácter constitucional islámico de la hermandad musulmana; aunque identifican la implementación de la Sharía la tarea principal del gobierno, dividiendo las leyes del Islam en dos grupos: las que aparecen claramente enunciadas en los textos sagrados y las que deben estar ideadas por el hombre donde los textos no son explícitos. Según estas teorías, el soberano no tiene el poder de establecer está última categoría de normas sin la aprobación de los ciudadanos, ni bajo la dirección de un consejo de ulema, mientras que excluir a las mujeres de la vida publica sería, según las declaraciones de al-Qaradawi, como “intentar respirar con un solo pulmón y volar con una sola ala”.
Conclusiones
La creciente división interna, con un liderazgo tradicionalista no siempre puede doblegar la participación juvenil en universidades y en internet, imagen de una hermandad musulmana atravesada por corrientes contrapuestas y que busca una reestructuración de los propios objetivos políticos. El aumento de la pobreza, el creciente sentimiento de injusticia frente a los recientes casos de absolucion de hombres cercanos al poder (como el propietario del barco Al Salam 98, que se hundio con 1.300 pasajeros en el 2006) la condena de periodistas, críticos con el gobierno de Mubarak y con la muerte de otras 500 personas causada por el desprendimiento de una colina en el Cairo, no hacen mas que aumentar la desconfianza hacia el régimen, tal y como lo demuestra el numero de protestas, que se han duplicado en los dos últimos años. Pero la reciente oleada de arrestos por parte del gobierno, siempre mas concentrada en esta segunda mitad del 2008 sobre los jóvenes hermanos musulmanes universitarios y coordinadores de blogs, podría llevar a una represión del movimiento creando un terreno fértil para dar paso a la rápida creación de grupos salafistas y yihadistas. De hecho, la política de represión del régimen ya ha demostrado en el pasado, con Sayyid Qutb y con el mismo Ayman al-Zawahiri (que surgió de AlQaeda), que sabe transformar la rabia y las frustraciones de los jóvenes hermanos en doctrinas radicales y violentas.
De tal política represiva es responsable, según la Hermandad Musulmana, el actual secretario general de la Comisión política del NDP e hijo del presidente, Gamal Mubarak, que recientemente ha acusado a la organización de explotar cualquier problema interno para presionar al gobierno y conseguir el apoyo popular. La relación entre Gamal Mubarak y los Hermanos Musulmanes se ha precipitado concretamente tras la aprobación en mayo de 2005 de la enmienda al artículo 76 de la Constitución, que interpone serios obstáculos a la candidatura de los independientes en la carrera hacia el cargo de presidente de la República y parece favorecer, sin embargo, al hijo del octogenario Hosni Mubarak. Si los portavoces de la organización negaran una posible candidatura de Gamal, considerado como el inspirador de la represión, pero también de la utilización de los tribunales militares, este último, que ha consolidado su poder dentro del NDP, no escondería su pensamiento acerca de que la Hermandad es un problema que no hay que menospreciar y que el gobierno debería afrontar con seriedad.
La hermandad en las últimas elecciones y manifestaciones populares
El comportamiento de la organización con motivo de las últimas votaciones municipales, que preveían la asignación de 52.000 escaños locales, parece indicar la falta de una estrategia política clara y coherente. Después de haber presentado además de 5000 candidatos (de los que solo 21 han sido autorizados e incluidos por las autoridades en las listas definitivas), y de haber aumentado el nivel de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad egipcia, también bajo la óptica de movilizar la opinión publica y resaltar su presencia, la hermandad musulmana anunció a un día de las elecciones la decisión de boicotear estas últimas. Uno de los principales líderes de la organización, Mohammad Habib, ha declarado reiteradamente que la falta de supervisión en las votaciones por parte de la magistratura es la causa de dicha decisión. En los meses de abril y mayo de 2008 una serie de huelgas y manifestaciones de plaza han atravesado Egipto: a pesar de todo la tasa de crecimiento del PBI se ubicaría alrededor del 7%, una elevada inflación con puntos del 146% para la carne de pollo y un aumento cada vez más generalizado de los precios de los bienes de primera necesidad está determinando el empobrecimiento progresivo de amplios sectores de la población. Los partidos de la oposición como el al-Karaama, al-Ghad, el partido Nasserista, y sobre todo movimientos de la sociedad civil como Kifaya, han promovido numerosas protestas mientras que la hermandad musulmana se ha limitado a manifestaciones aisladas. Dicha falta de participación en primera línea de la organización puede encontrar diversas explicaciones. Es posible por ejemplo que haya decidido fomentar el descontento de la población soto voce por el temor a posteriores represalias o por querer diferenciarse de los partidos o movimientos puramente laicos. Es también posible que la incapacidad de ofrecer un plan concreto para responder a los problemas económicos de la población haya hecho autoexcluir a los Hermanos Musulmanes de este nuevo movimiento de protesta.
Las divisiones internas
La falta de una línea política unitaria se puede ver con claridad en las páginas web: numerosos blogs están dando a conocer las divisiones y los enfrentamientos ideológicos internos en la hermandad, en particular gracias al programa político presentado por esta en 2007 en vista de las recientes elecciones. (Véase. Egipto: el manifiesta de los Hermanos Musulmanes). El documento, expresión del ala cercana al septuagenario guía supremo Mohammed Mahdi Akef, ha sido duramente criticado por una parte de los Hermanos y ya hoy es dejado de lado.
La mayor parte de los blogs ha tomado posiciones reformistas manteniendo su oposición a la posible creación de un consejo religioso que supervise los poderes ejecutivos y legislativos, pero aparece una clara división sobre la cuestión de la imposibilidad de las mujeres y cristianos coptos de acceder al cargo de presidente: un enfrentamiento generacional ve de hecho contrapuestos a los líderes como Mohammed Mahdi Akef por un lado y por otro a Abdel Menem Abou el-Fotouh, joven miembro del ejecutivo de la hermandad, que por el contrario sostiene la candidatura de cualquier ciudadano, independientemente de su sexo y religión.
Isam al-Eryan, portavoz de los Hermanos Musulmanes, niega sin embargo la existencia de dicha división interna, de forma que mantiene la apertura de la organización a opiniones diversas y la coexistencia en ella de casi ocho generaciones. Las acciones de Yusuf al-Qaradawi, Tariq al-Bishri, Kamal Abu al-Majd y Muhammad Salim al-‘Awwa representan la nueva corriente del carácter constitucional islámico de la hermandad musulmana; aunque identifican la implementación de la Sharía la tarea principal del gobierno, dividiendo las leyes del Islam en dos grupos: las que aparecen claramente enunciadas en los textos sagrados y las que deben estar ideadas por el hombre donde los textos no son explícitos. Según estas teorías, el soberano no tiene el poder de establecer está última categoría de normas sin la aprobación de los ciudadanos, ni bajo la dirección de un consejo de ulema, mientras que excluir a las mujeres de la vida publica sería, según las declaraciones de al-Qaradawi, como “intentar respirar con un solo pulmón y volar con una sola ala”.
Conclusiones
La creciente división interna, con un liderazgo tradicionalista no siempre puede doblegar la participación juvenil en universidades y en internet, imagen de una hermandad musulmana atravesada por corrientes contrapuestas y que busca una reestructuración de los propios objetivos políticos. El aumento de la pobreza, el creciente sentimiento de injusticia frente a los recientes casos de absolucion de hombres cercanos al poder (como el propietario del barco Al Salam 98, que se hundio con 1.300 pasajeros en el 2006) la condena de periodistas, críticos con el gobierno de Mubarak y con la muerte de otras 500 personas causada por el desprendimiento de una colina en el Cairo, no hacen mas que aumentar la desconfianza hacia el régimen, tal y como lo demuestra el numero de protestas, que se han duplicado en los dos últimos años. Pero la reciente oleada de arrestos por parte del gobierno, siempre mas concentrada en esta segunda mitad del 2008 sobre los jóvenes hermanos musulmanes universitarios y coordinadores de blogs, podría llevar a una represión del movimiento creando un terreno fértil para dar paso a la rápida creación de grupos salafistas y yihadistas. De hecho, la política de represión del régimen ya ha demostrado en el pasado, con Sayyid Qutb y con el mismo Ayman al-Zawahiri (que surgió de AlQaeda), que sabe transformar la rabia y las frustraciones de los jóvenes hermanos en doctrinas radicales y violentas.
Mubarak intenta contener a la hermandad musulmana con una fuerte represión
Fundada por Hasan al-Banna' en 1928, la organización de los Hermanos Musulmanes es actualmente la principal fuerza de oposición política en Egipto. Si bien, las acusaciones de fraude, la baja participación en las urnas y la alta tasa de violencia, ponen e tela de juicio la legitimidad de las últimas elecciones políticas de 2005. De hecho, la Hermandad ha logrado conseguir 88 escaños de 454, superando ampliamente los 17 obtenidos en 2000 y se ha establecido como la segunda fuerza política del país, después del Partido Nacional Democrático (NDP) del presidente, con el 75%. El temor de un avance posterior de los Hermanos Musulmanes ha llevado al gobierno a intensificar la represión: desde principios de año, otros 900 miembros de la organización han sido arrestados, con la intención de evitar un posible éxito en las ultimas elecciones municipales, que tuvieron lugar el 8 de abril de 2008. Numerosos Hermanos Musulmanes, entre los que una veintena, anteriormente absueltos por una corte civil, han sido condenados a puerta cerrada a penas entre 3 y 10 años de cárcel por el tribunal militar acusados de terrorismo y blanqueo de dinero, mientras que las fuerzas de seguridad egipcias reprimieron a un centenar de afiliados y familiares de los imputados que pretendían asistir a la audiencia, aplazada desde el 25 de marzo al 15 de abril, a una semana exacta de la fecha de las elecciones.
De tal política represiva es responsable, según la Hermandad Musulmana, el actual secretario general de la Comisión política del NDP e hijo del presidente, Gamal Mubarak, que recientemente ha acusado a la organización de explotar cualquier problema interno para presionar al gobierno y conseguir el apoyo popular. La relación entre Gamal Mubarak y los Hermanos Musulmanes se ha precipitado concretamente tras la aprobación en mayo de 2005 de la enmienda al artículo 76 de la Constitución, que interpone serios obstáculos a la candidatura de los independientes en la carrera hacia el cargo de presidente de la República y parece favorecer, sin embargo, al hijo del octogenario Hosni Mubarak. Si los portavoces de la organización negaran una posible candidatura de Gamal, considerado como el inspirador de la represión, pero también de la utilización de los tribunales militares, este último, que ha consolidado su poder dentro del NDP, no escondería su pensamiento acerca de que la Hermandad es un problema que no hay que menospreciar y que el gobierno debería afrontar con seriedad.
La hermandad en las últimas elecciones y manifestaciones populares
El comportamiento de la organización con motivo de las últimas votaciones municipales, que preveían la asignación de 52.000 escaños locales, parece indicar la falta de una estrategia política clara y coherente. Después de haber presentado además de 5000 candidatos (de los que solo 21 han sido autorizados e incluidos por las autoridades en las listas definitivas), y de haber aumentado el nivel de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad egipcia, también bajo la óptica de movilizar la opinión publica y resaltar su presencia, la hermandad musulmana anunció a un día de las elecciones la decisión de boicotear estas últimas. Uno de los principales líderes de la organización, Mohammad Habib, ha declarado reiteradamente que la falta de supervisión en las votaciones por parte de la magistratura es la causa de dicha decisión. En los meses de abril y mayo de 2008 una serie de huelgas y manifestaciones de plaza han atravesado Egipto: a pesar de todo la tasa de crecimiento del PBI se ubicaría alrededor del 7%, una elevada inflación con puntos del 146% para la carne de pollo y un aumento cada vez más generalizado de los precios de los bienes de primera necesidad está determinando el empobrecimiento progresivo de amplios sectores de la población. Los partidos de la oposición como el al-Karaama, al-Ghad, el partido Nasserista, y sobre todo movimientos de la sociedad civil como Kifaya, han promovido numerosas protestas mientras que la hermandad musulmana se ha limitado a manifestaciones aisladas. Dicha falta de participación en primera línea de la organización puede encontrar diversas explicaciones. Es posible por ejemplo que haya decidido fomentar el descontento de la población soto voce por el temor a posteriores represalias o por querer diferenciarse de los partidos o movimientos puramente laicos. Es también posible que la incapacidad de ofrecer un plan concreto para responder a los problemas económicos de la población haya hecho autoexcluir a los Hermanos Musulmanes de este nuevo movimiento de protesta.
Las divisiones internas
La falta de una línea política unitaria se puede ver con claridad en las páginas web: numerosos blogs están dando a conocer las divisiones y los enfrentamientos ideológicos internos en la hermandad, en particular gracias al programa político presentado por esta en 2007 en vista de las recientes elecciones. (Véase. Egipto: el manifiesta de los Hermanos Musulmanes). El documento, expresión del ala cercana al septuagenario guía supremo Mohammed Mahdi Akef, ha sido duramente criticado por una parte de los Hermanos y ya hoy es dejado de lado.
La mayor parte de los blogs ha tomado posiciones reformistas manteniendo su oposición a la posible creación de un consejo religioso que supervise los poderes ejecutivos y legislativos, pero aparece una clara división sobre la cuestión de la imposibilidad de las mujeres y cristianos coptos de acceder al cargo de presidente: un enfrentamiento generacional ve de hecho contrapuestos a los líderes como Mohammed Mahdi Akef por un lado y por otro a Abdel Menem Abou el-Fotouh, joven miembro del ejecutivo de la hermandad, que por el contrario sostiene la candidatura de cualquier ciudadano, independientemente de su sexo y religión.
Isam al-Eryan, portavoz de los Hermanos Musulmanes, niega sin embargo la existencia de dicha división interna, de forma que mantiene la apertura de la organización a opiniones diversas y la coexistencia en ella de casi ocho generaciones. Las acciones de Yusuf al-Qaradawi, Tariq al-Bishri, Kamal Abu al-Majd y Muhammad Salim al-‘Awwa representan la nueva corriente del carácter constitucional islámico de la hermandad musulmana; aunque identifican la implementación de la Sharía la tarea principal del gobierno, dividiendo las leyes del Islam en dos grupos: las que aparecen claramente enunciadas en los textos sagrados y las que deben estar ideadas por el hombre donde los textos no son explícitos. Según estas teorías, el soberano no tiene el poder de establecer está última categoría de normas sin la aprobación de los ciudadanos, ni bajo la dirección de un consejo de ulema, mientras que excluir a las mujeres de la vida publica sería, según las declaraciones de al-Qaradawi, como “intentar respirar con un solo pulmón y volar con una sola ala”.
Conclusiones
La creciente división interna, con un liderazgo tradicionalista no siempre puede doblegar la participación juvenil en universidades y en internet, imagen de una hermandad musulmana atravesada por corrientes contrapuestas y que busca una reestructuración de los propios objetivos políticos. El aumento de la pobreza, el creciente sentimiento de injusticia frente a los recientes casos de absolucion de hombres cercanos al poder (como el propietario del barco Al Salam 98, que se hundio con 1.300 pasajeros en el 2006) la condena de periodistas, críticos con el gobierno de Mubarak y con la muerte de otras 500 personas causada por el desprendimiento de una colina en el Cairo, no hacen mas que aumentar la desconfianza hacia el régimen, tal y como lo demuestra el numero de protestas, que se han duplicado en los dos últimos años. Pero la reciente oleada de arrestos por parte del gobierno, siempre mas concentrada en esta segunda mitad del 2008 sobre los jóvenes hermanos musulmanes universitarios y coordinadores de blogs, podría llevar a una represión del movimiento creando un terreno fértil para dar paso a la rápida creación de grupos salafistas y yihadistas. De hecho, la política de represión del régimen ya ha demostrado en el pasado, con Sayyid Qutb y con el mismo Ayman al-Zawahiri (que surgió de AlQaeda), que sabe transformar la rabia y las frustraciones de los jóvenes hermanos en doctrinas radicales y violentas.
De tal política represiva es responsable, según la Hermandad Musulmana, el actual secretario general de la Comisión política del NDP e hijo del presidente, Gamal Mubarak, que recientemente ha acusado a la organización de explotar cualquier problema interno para presionar al gobierno y conseguir el apoyo popular. La relación entre Gamal Mubarak y los Hermanos Musulmanes se ha precipitado concretamente tras la aprobación en mayo de 2005 de la enmienda al artículo 76 de la Constitución, que interpone serios obstáculos a la candidatura de los independientes en la carrera hacia el cargo de presidente de la República y parece favorecer, sin embargo, al hijo del octogenario Hosni Mubarak. Si los portavoces de la organización negaran una posible candidatura de Gamal, considerado como el inspirador de la represión, pero también de la utilización de los tribunales militares, este último, que ha consolidado su poder dentro del NDP, no escondería su pensamiento acerca de que la Hermandad es un problema que no hay que menospreciar y que el gobierno debería afrontar con seriedad.
La hermandad en las últimas elecciones y manifestaciones populares
El comportamiento de la organización con motivo de las últimas votaciones municipales, que preveían la asignación de 52.000 escaños locales, parece indicar la falta de una estrategia política clara y coherente. Después de haber presentado además de 5000 candidatos (de los que solo 21 han sido autorizados e incluidos por las autoridades en las listas definitivas), y de haber aumentado el nivel de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad egipcia, también bajo la óptica de movilizar la opinión publica y resaltar su presencia, la hermandad musulmana anunció a un día de las elecciones la decisión de boicotear estas últimas. Uno de los principales líderes de la organización, Mohammad Habib, ha declarado reiteradamente que la falta de supervisión en las votaciones por parte de la magistratura es la causa de dicha decisión. En los meses de abril y mayo de 2008 una serie de huelgas y manifestaciones de plaza han atravesado Egipto: a pesar de todo la tasa de crecimiento del PBI se ubicaría alrededor del 7%, una elevada inflación con puntos del 146% para la carne de pollo y un aumento cada vez más generalizado de los precios de los bienes de primera necesidad está determinando el empobrecimiento progresivo de amplios sectores de la población. Los partidos de la oposición como el al-Karaama, al-Ghad, el partido Nasserista, y sobre todo movimientos de la sociedad civil como Kifaya, han promovido numerosas protestas mientras que la hermandad musulmana se ha limitado a manifestaciones aisladas. Dicha falta de participación en primera línea de la organización puede encontrar diversas explicaciones. Es posible por ejemplo que haya decidido fomentar el descontento de la población soto voce por el temor a posteriores represalias o por querer diferenciarse de los partidos o movimientos puramente laicos. Es también posible que la incapacidad de ofrecer un plan concreto para responder a los problemas económicos de la población haya hecho autoexcluir a los Hermanos Musulmanes de este nuevo movimiento de protesta.
Las divisiones internas
La falta de una línea política unitaria se puede ver con claridad en las páginas web: numerosos blogs están dando a conocer las divisiones y los enfrentamientos ideológicos internos en la hermandad, en particular gracias al programa político presentado por esta en 2007 en vista de las recientes elecciones. (Véase. Egipto: el manifiesta de los Hermanos Musulmanes). El documento, expresión del ala cercana al septuagenario guía supremo Mohammed Mahdi Akef, ha sido duramente criticado por una parte de los Hermanos y ya hoy es dejado de lado.
La mayor parte de los blogs ha tomado posiciones reformistas manteniendo su oposición a la posible creación de un consejo religioso que supervise los poderes ejecutivos y legislativos, pero aparece una clara división sobre la cuestión de la imposibilidad de las mujeres y cristianos coptos de acceder al cargo de presidente: un enfrentamiento generacional ve de hecho contrapuestos a los líderes como Mohammed Mahdi Akef por un lado y por otro a Abdel Menem Abou el-Fotouh, joven miembro del ejecutivo de la hermandad, que por el contrario sostiene la candidatura de cualquier ciudadano, independientemente de su sexo y religión.
Isam al-Eryan, portavoz de los Hermanos Musulmanes, niega sin embargo la existencia de dicha división interna, de forma que mantiene la apertura de la organización a opiniones diversas y la coexistencia en ella de casi ocho generaciones. Las acciones de Yusuf al-Qaradawi, Tariq al-Bishri, Kamal Abu al-Majd y Muhammad Salim al-‘Awwa representan la nueva corriente del carácter constitucional islámico de la hermandad musulmana; aunque identifican la implementación de la Sharía la tarea principal del gobierno, dividiendo las leyes del Islam en dos grupos: las que aparecen claramente enunciadas en los textos sagrados y las que deben estar ideadas por el hombre donde los textos no son explícitos. Según estas teorías, el soberano no tiene el poder de establecer está última categoría de normas sin la aprobación de los ciudadanos, ni bajo la dirección de un consejo de ulema, mientras que excluir a las mujeres de la vida publica sería, según las declaraciones de al-Qaradawi, como “intentar respirar con un solo pulmón y volar con una sola ala”.
Conclusiones
La creciente división interna, con un liderazgo tradicionalista no siempre puede doblegar la participación juvenil en universidades y en internet, imagen de una hermandad musulmana atravesada por corrientes contrapuestas y que busca una reestructuración de los propios objetivos políticos. El aumento de la pobreza, el creciente sentimiento de injusticia frente a los recientes casos de absolucion de hombres cercanos al poder (como el propietario del barco Al Salam 98, que se hundio con 1.300 pasajeros en el 2006) la condena de periodistas, críticos con el gobierno de Mubarak y con la muerte de otras 500 personas causada por el desprendimiento de una colina en el Cairo, no hacen mas que aumentar la desconfianza hacia el régimen, tal y como lo demuestra el numero de protestas, que se han duplicado en los dos últimos años. Pero la reciente oleada de arrestos por parte del gobierno, siempre mas concentrada en esta segunda mitad del 2008 sobre los jóvenes hermanos musulmanes universitarios y coordinadores de blogs, podría llevar a una represión del movimiento creando un terreno fértil para dar paso a la rápida creación de grupos salafistas y yihadistas. De hecho, la política de represión del régimen ya ha demostrado en el pasado, con Sayyid Qutb y con el mismo Ayman al-Zawahiri (que surgió de AlQaeda), que sabe transformar la rabia y las frustraciones de los jóvenes hermanos en doctrinas radicales y violentas.
Japón – India: un acuerdo en materia de seguridad para controlar a China
El 22 de octubre de 2008, el primer ministro japonés, Taro Aso, y su homónimo hindú, Manmohan Singh, han firmado en Tokio un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con el fin de contribuir a la paz y la estabilidad en Asia. El acercamiento de los dos países dibuja una nueva geometría en las alianzas de la región; las consecuencias de esta luna de miel podría modificar la posición de China en el escenario asiático.
El acuerdo firmado el pasado octubre representa la piedra miliar de un proceso de acercamiento perseguido con constancia por los dos países desde comienzos del nuevo milenio. La voluntad de establecer unas relaciones bilaterales más estrechas surgieron en agosto de 2000, cuando ambos Estados declararon la intención de establecer una “Cooperación global en el siglo XXI”. En línea con esta declaración, en 2001, Japón retiró sus sanciones económicas en las fronteras de la India, adoptadas a causa de las pruebas nucleares hindúes realizadas a finales de los años '90. A lo largo de los siguientes años, las recíprocas visitas de los jefes de Estado y de los principales ministros han sellado esta búsqueda de colaboración mutua en los sectores económico, político y militar, para contribuir a la estabilización de Asia sub-oriental. Los principales puntos de colaboración reexaminan la lucha contra el terrorismo, la seguridad de las rutas de navegación, el empeño a favor de la no proliferación de las armas de destrucción masiva y el desarrollo de líneas de acción comunes sobre prevención y gestión de los conflictos, así como intervención en caso de catástrofes naturales. Los instrumentos indicados para la realización de los objetivos comprenden encuentros periódicos entre los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambos países; intercambio de estudiantes e investigadores; coloquios entre los dirigentes militares y ejercitaciones comunes; foros de discusión entre los responsables de las infraestructuras ferroviarias y marítimas.
Los objetivos de Japón
Por parte japonesa, la firma del acuerdo de cooperación con el socio hindú representa el anillo perdido del sistema de alianzas instituyente del llamado “Arco de libertad y de prosperidad”, entre Japón, India, Australia y Estados Unidos. De hecho, la alianza indo-japonesa representa la última pieza de un mosaico de solidaridad económica, política y militar que Japón ha instaurado también con los Estados Unidos y Australia. Iniciado por el ex primer ministro japonés Shinzo Abe y retomado por el actual primer ministro Taro Aso, este Arco de libertad y prosperidad es una clase de asociación que trata de unir a los países que comparten valores comunes como la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos, a fin de garantizar la paz y el bienestar en las regiones. El eslogan de estos valores universalmente compartidos, retomados tanto en el reciente acuerdo con la India como en el firmado con Australia en 2007, excluye implícitamente la posible participación de China, cuanto menos en el actual campo de su desarrollo socio-político.
De las naciones implicadas, los Estados Unidos son los únicos efectivos aliados militares de Japón. De hecho, los dos Estados están ligados a través del Tratado de Seguridad entre EE.UU. y Japón de 1951. El 3 de marzo de 2007, Japón ha concluido un pacto de cooperación sobre seguridad con Australia en el cual se hace explícito reclamos a intereses estratégicos comunes, que están también en la base de las respectivas alianzas con los Estados Unidos, y a la voluntad de reforzar una cooperación trilateral. A diferencia del acuerdo entre Tokio y Camberra, el de Tokio y Nueva Delhi es más impreciso en algunos partes del preámbulo: no existe referencia alguna a alianzas ya consolidadas, ni al común empeño sobre nuevas amenazas y peligros en materia de seguridad, citaciones que han alarmado a Pekín, tanto para hacer intervenir a la ahora portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores que auspiciaba la buena fe de los contrayentes.
El acercamiento de Japón a la India se ha realizado sobre el impulso de la diplomacia japonesa pero con el beneplácito estadounidense. De hecho, un sensible reacercamiento entre India y Estados Unidos ha sido confirmado por la estipulación de un acuerdo de cooperación en el campo nuclear entre ambos documentos, los Estados Unidos se han empeñado en vender a la India los reactores nucleares y combustible para uso civil, así como suministrar sus propios conocimientos tecnológicos. Con la firma del acuerdo de cooperación indojaponés, Japón trata además de garantizar la seguridad de las rutas de comunicación marítima fundamentales para el suministro de reservas energéticas desde el Golfo Pérsico. En esta óptica, el control indio de las aguas limítrofes a la península ofrece una posterior garantía de protección de los aprovisionamientos japoneses vista la incertidumbre de las rutas que atraviesan el Estrecho de Formosa (Taiwan), a causa de la reivindicaciones chinas sobre la isla.
Los objetivos de la India
Por la parte hindú, el acuerdo ha sido firmado a fin de estimular las inversiones de Japón en la región. De hecho, junto al documento, el primer ministro Taro Aso ha aprobado una alianza económica que prevé un préstamo con baja tasa de interés, equivalente a cerca de 4,5 millones de dólares, para la realización de una red ferroviaria que una los principales centros urbanos indios de Nueva Delhi y Mumbai. Para Japón se trata de mayor proyecto de financiación nunca realizado en el extranjero. Sin embargo, el mayor socio comercial de la India sigue siendo China, con la cual está ligada a una serie de asuntos muy superior al de Japón. Con tal motivo, el primer ministro Manmohan Singh ha declarado oficialmente que el acuerdo firmado con Japón no intenta prejuzgar las relaciones comerciales con China y que no se debe interpretar contra China. En cuanto a las intenciones de la India, la firma del acuerdo representa una fase hacia una auspiciada colaboración en materia nuclear y, por el contrario, ha pedido a la India el respeto de la moratoria prevista para los experimentos nucleares.
Un posterior motivo de solidaridad que empuja a la India hacia Japón es la voluntad común de proceder a una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para obtener un puesto como potencias permanentes. Frente a la oposición de China, que como miembro permanente está dotado de poder de veto, es evidente que Japón y China logren encontrar un terreno de entendimiento.
Las reacciones chinas
Oficialmente, el gobierno chino se ha abstenido de relanzar declaraciones sobre el acuerdo indo-japonés, a diferencia de lo ocurrido con el pacto entre Camberra y Tokio, firmado en 2007. Del mismo modo, los principales medios de comunicación, notoriamente de propiedad estatal, no han tratado el asunto. La única excepción al silencio de las instituciones ha sido una transmisión radiofónica difundida por la China Radio Internacional (CRI), a varios días del encuentro entre los jefes de Estado. El emisor ha condenado abiertamente la relación instaurada entre la India y Japón y ha acusado explícitamente a los dos Estados de querer formalizar una alianza militar contra China, con el fin de atacar a China en dos frentes. Para dicho fin, se recalca la parte del acuerdo que prevé una ejercitación bilateral y multilateral, amenazando con la posibilidad de una ampliación de la cooperación con Australia y con los Estados Unidos, ya aliados de Japón. Bajo este punto de vista, la realización del plan del primer ministro japonés, Taro Aso, relativo a la formación de un Arco de la libertad y de la prosperidad representaría el instrumento para cercar a la República Popular China. Por lo tanto, a pesar de que entre ambos jefes de Estado de Japón y de la India se han apresurado, a través de declaraciones publicas, a tranquilizar a China con la voluntad común de no perjudicar a las respectivas relaciones diplomáticas y comerciales. El pacto sobre la cooperación en materia de seguridad forma parte integrante de la franja de tratados bilaterales que da vida a una "cuádruple alianza", donde el cuarto y último aliado es la India.
Conclusiones
El acuerdo indo-japonés de cooperación en materia de seguridad, unido al precedente pacto de colaboración nuclear con los Estados Unidos, constituye una prueba posterior del lento escabullir de la India hacia la esfera de influencia occidental. Actualmente, para no renunciar a la relación económica privilegiada con Pekín, Nueva Delhi está diseñando un grupo de alianzas de geometría variable.
Las disputas territoriales no resueltas con China en cuanto a parte del Kashmir y al actual Estado hindú de Arunachal Pradesh en el extremo noreste, ponen a la India en una posición de constante inseguridad en sus propias fronteras. A esto se une el posicionamiento de misiles balísticos con punta nuclear en el Tíbet y la disputa en curso con Pakistán por la sistematización del Kashmir.
Es razonable imaginar que si en un futuro Japón se vuelve disponible para colaborar con la India, también en el terreno nuclear, hipótesis descartada por el actual primer ministro, Taro Aso, con ocasión del encuentro del 22 de octubre, las relaciones entre los dos países, el primero de los cuales ya está ligado a los Estados Unidos y a Australia por sólidos acuerdos de cooperación, podrían suponer una espina en el costado para China. De hecho, el acuerdo de cooperación en el campo de la seguridad podría representar un giro en las relaciones entre la India y Japón para desfavorecer al gigante chino.
El acuerdo firmado el pasado octubre representa la piedra miliar de un proceso de acercamiento perseguido con constancia por los dos países desde comienzos del nuevo milenio. La voluntad de establecer unas relaciones bilaterales más estrechas surgieron en agosto de 2000, cuando ambos Estados declararon la intención de establecer una “Cooperación global en el siglo XXI”. En línea con esta declaración, en 2001, Japón retiró sus sanciones económicas en las fronteras de la India, adoptadas a causa de las pruebas nucleares hindúes realizadas a finales de los años '90. A lo largo de los siguientes años, las recíprocas visitas de los jefes de Estado y de los principales ministros han sellado esta búsqueda de colaboración mutua en los sectores económico, político y militar, para contribuir a la estabilización de Asia sub-oriental. Los principales puntos de colaboración reexaminan la lucha contra el terrorismo, la seguridad de las rutas de navegación, el empeño a favor de la no proliferación de las armas de destrucción masiva y el desarrollo de líneas de acción comunes sobre prevención y gestión de los conflictos, así como intervención en caso de catástrofes naturales. Los instrumentos indicados para la realización de los objetivos comprenden encuentros periódicos entre los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambos países; intercambio de estudiantes e investigadores; coloquios entre los dirigentes militares y ejercitaciones comunes; foros de discusión entre los responsables de las infraestructuras ferroviarias y marítimas.
Los objetivos de Japón
Por parte japonesa, la firma del acuerdo de cooperación con el socio hindú representa el anillo perdido del sistema de alianzas instituyente del llamado “Arco de libertad y de prosperidad”, entre Japón, India, Australia y Estados Unidos. De hecho, la alianza indo-japonesa representa la última pieza de un mosaico de solidaridad económica, política y militar que Japón ha instaurado también con los Estados Unidos y Australia. Iniciado por el ex primer ministro japonés Shinzo Abe y retomado por el actual primer ministro Taro Aso, este Arco de libertad y prosperidad es una clase de asociación que trata de unir a los países que comparten valores comunes como la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos, a fin de garantizar la paz y el bienestar en las regiones. El eslogan de estos valores universalmente compartidos, retomados tanto en el reciente acuerdo con la India como en el firmado con Australia en 2007, excluye implícitamente la posible participación de China, cuanto menos en el actual campo de su desarrollo socio-político.
De las naciones implicadas, los Estados Unidos son los únicos efectivos aliados militares de Japón. De hecho, los dos Estados están ligados a través del Tratado de Seguridad entre EE.UU. y Japón de 1951. El 3 de marzo de 2007, Japón ha concluido un pacto de cooperación sobre seguridad con Australia en el cual se hace explícito reclamos a intereses estratégicos comunes, que están también en la base de las respectivas alianzas con los Estados Unidos, y a la voluntad de reforzar una cooperación trilateral. A diferencia del acuerdo entre Tokio y Camberra, el de Tokio y Nueva Delhi es más impreciso en algunos partes del preámbulo: no existe referencia alguna a alianzas ya consolidadas, ni al común empeño sobre nuevas amenazas y peligros en materia de seguridad, citaciones que han alarmado a Pekín, tanto para hacer intervenir a la ahora portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores que auspiciaba la buena fe de los contrayentes.
El acercamiento de Japón a la India se ha realizado sobre el impulso de la diplomacia japonesa pero con el beneplácito estadounidense. De hecho, un sensible reacercamiento entre India y Estados Unidos ha sido confirmado por la estipulación de un acuerdo de cooperación en el campo nuclear entre ambos documentos, los Estados Unidos se han empeñado en vender a la India los reactores nucleares y combustible para uso civil, así como suministrar sus propios conocimientos tecnológicos. Con la firma del acuerdo de cooperación indojaponés, Japón trata además de garantizar la seguridad de las rutas de comunicación marítima fundamentales para el suministro de reservas energéticas desde el Golfo Pérsico. En esta óptica, el control indio de las aguas limítrofes a la península ofrece una posterior garantía de protección de los aprovisionamientos japoneses vista la incertidumbre de las rutas que atraviesan el Estrecho de Formosa (Taiwan), a causa de la reivindicaciones chinas sobre la isla.
Los objetivos de la India
Por la parte hindú, el acuerdo ha sido firmado a fin de estimular las inversiones de Japón en la región. De hecho, junto al documento, el primer ministro Taro Aso ha aprobado una alianza económica que prevé un préstamo con baja tasa de interés, equivalente a cerca de 4,5 millones de dólares, para la realización de una red ferroviaria que una los principales centros urbanos indios de Nueva Delhi y Mumbai. Para Japón se trata de mayor proyecto de financiación nunca realizado en el extranjero. Sin embargo, el mayor socio comercial de la India sigue siendo China, con la cual está ligada a una serie de asuntos muy superior al de Japón. Con tal motivo, el primer ministro Manmohan Singh ha declarado oficialmente que el acuerdo firmado con Japón no intenta prejuzgar las relaciones comerciales con China y que no se debe interpretar contra China. En cuanto a las intenciones de la India, la firma del acuerdo representa una fase hacia una auspiciada colaboración en materia nuclear y, por el contrario, ha pedido a la India el respeto de la moratoria prevista para los experimentos nucleares.
Un posterior motivo de solidaridad que empuja a la India hacia Japón es la voluntad común de proceder a una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para obtener un puesto como potencias permanentes. Frente a la oposición de China, que como miembro permanente está dotado de poder de veto, es evidente que Japón y China logren encontrar un terreno de entendimiento.
Las reacciones chinas
Oficialmente, el gobierno chino se ha abstenido de relanzar declaraciones sobre el acuerdo indo-japonés, a diferencia de lo ocurrido con el pacto entre Camberra y Tokio, firmado en 2007. Del mismo modo, los principales medios de comunicación, notoriamente de propiedad estatal, no han tratado el asunto. La única excepción al silencio de las instituciones ha sido una transmisión radiofónica difundida por la China Radio Internacional (CRI), a varios días del encuentro entre los jefes de Estado. El emisor ha condenado abiertamente la relación instaurada entre la India y Japón y ha acusado explícitamente a los dos Estados de querer formalizar una alianza militar contra China, con el fin de atacar a China en dos frentes. Para dicho fin, se recalca la parte del acuerdo que prevé una ejercitación bilateral y multilateral, amenazando con la posibilidad de una ampliación de la cooperación con Australia y con los Estados Unidos, ya aliados de Japón. Bajo este punto de vista, la realización del plan del primer ministro japonés, Taro Aso, relativo a la formación de un Arco de la libertad y de la prosperidad representaría el instrumento para cercar a la República Popular China. Por lo tanto, a pesar de que entre ambos jefes de Estado de Japón y de la India se han apresurado, a través de declaraciones publicas, a tranquilizar a China con la voluntad común de no perjudicar a las respectivas relaciones diplomáticas y comerciales. El pacto sobre la cooperación en materia de seguridad forma parte integrante de la franja de tratados bilaterales que da vida a una "cuádruple alianza", donde el cuarto y último aliado es la India.
Conclusiones
El acuerdo indo-japonés de cooperación en materia de seguridad, unido al precedente pacto de colaboración nuclear con los Estados Unidos, constituye una prueba posterior del lento escabullir de la India hacia la esfera de influencia occidental. Actualmente, para no renunciar a la relación económica privilegiada con Pekín, Nueva Delhi está diseñando un grupo de alianzas de geometría variable.
Las disputas territoriales no resueltas con China en cuanto a parte del Kashmir y al actual Estado hindú de Arunachal Pradesh en el extremo noreste, ponen a la India en una posición de constante inseguridad en sus propias fronteras. A esto se une el posicionamiento de misiles balísticos con punta nuclear en el Tíbet y la disputa en curso con Pakistán por la sistematización del Kashmir.
Es razonable imaginar que si en un futuro Japón se vuelve disponible para colaborar con la India, también en el terreno nuclear, hipótesis descartada por el actual primer ministro, Taro Aso, con ocasión del encuentro del 22 de octubre, las relaciones entre los dos países, el primero de los cuales ya está ligado a los Estados Unidos y a Australia por sólidos acuerdos de cooperación, podrían suponer una espina en el costado para China. De hecho, el acuerdo de cooperación en el campo de la seguridad podría representar un giro en las relaciones entre la India y Japón para desfavorecer al gigante chino.
Japón – India: un acuerdo en materia de seguridad para controlar a China
El 22 de octubre de 2008, el primer ministro japonés, Taro Aso, y su homónimo hindú, Manmohan Singh, han firmado en Tokio un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con el fin de contribuir a la paz y la estabilidad en Asia. El acercamiento de los dos países dibuja una nueva geometría en las alianzas de la región; las consecuencias de esta luna de miel podría modificar la posición de China en el escenario asiático.
El acuerdo firmado el pasado octubre representa la piedra miliar de un proceso de acercamiento perseguido con constancia por los dos países desde comienzos del nuevo milenio. La voluntad de establecer unas relaciones bilaterales más estrechas surgieron en agosto de 2000, cuando ambos Estados declararon la intención de establecer una “Cooperación global en el siglo XXI”. En línea con esta declaración, en 2001, Japón retiró sus sanciones económicas en las fronteras de la India, adoptadas a causa de las pruebas nucleares hindúes realizadas a finales de los años '90. A lo largo de los siguientes años, las recíprocas visitas de los jefes de Estado y de los principales ministros han sellado esta búsqueda de colaboración mutua en los sectores económico, político y militar, para contribuir a la estabilización de Asia sub-oriental. Los principales puntos de colaboración reexaminan la lucha contra el terrorismo, la seguridad de las rutas de navegación, el empeño a favor de la no proliferación de las armas de destrucción masiva y el desarrollo de líneas de acción comunes sobre prevención y gestión de los conflictos, así como intervención en caso de catástrofes naturales. Los instrumentos indicados para la realización de los objetivos comprenden encuentros periódicos entre los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambos países; intercambio de estudiantes e investigadores; coloquios entre los dirigentes militares y ejercitaciones comunes; foros de discusión entre los responsables de las infraestructuras ferroviarias y marítimas.
Los objetivos de Japón
Por parte japonesa, la firma del acuerdo de cooperación con el socio hindú representa el anillo perdido del sistema de alianzas instituyente del llamado “Arco de libertad y de prosperidad”, entre Japón, India, Australia y Estados Unidos. De hecho, la alianza indo-japonesa representa la última pieza de un mosaico de solidaridad económica, política y militar que Japón ha instaurado también con los Estados Unidos y Australia. Iniciado por el ex primer ministro japonés Shinzo Abe y retomado por el actual primer ministro Taro Aso, este Arco de libertad y prosperidad es una clase de asociación que trata de unir a los países que comparten valores comunes como la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos, a fin de garantizar la paz y el bienestar en las regiones. El eslogan de estos valores universalmente compartidos, retomados tanto en el reciente acuerdo con la India como en el firmado con Australia en 2007, excluye implícitamente la posible participación de China, cuanto menos en el actual campo de su desarrollo socio-político.
De las naciones implicadas, los Estados Unidos son los únicos efectivos aliados militares de Japón. De hecho, los dos Estados están ligados a través del Tratado de Seguridad entre EE.UU. y Japón de 1951. El 3 de marzo de 2007, Japón ha concluido un pacto de cooperación sobre seguridad con Australia en el cual se hace explícito reclamos a intereses estratégicos comunes, que están también en la base de las respectivas alianzas con los Estados Unidos, y a la voluntad de reforzar una cooperación trilateral. A diferencia del acuerdo entre Tokio y Camberra, el de Tokio y Nueva Delhi es más impreciso en algunos partes del preámbulo: no existe referencia alguna a alianzas ya consolidadas, ni al común empeño sobre nuevas amenazas y peligros en materia de seguridad, citaciones que han alarmado a Pekín, tanto para hacer intervenir a la ahora portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores que auspiciaba la buena fe de los contrayentes.
El acercamiento de Japón a la India se ha realizado sobre el impulso de la diplomacia japonesa pero con el beneplácito estadounidense. De hecho, un sensible reacercamiento entre India y Estados Unidos ha sido confirmado por la estipulación de un acuerdo de cooperación en el campo nuclear entre ambos documentos, los Estados Unidos se han empeñado en vender a la India los reactores nucleares y combustible para uso civil, así como suministrar sus propios conocimientos tecnológicos. Con la firma del acuerdo de cooperación indojaponés, Japón trata además de garantizar la seguridad de las rutas de comunicación marítima fundamentales para el suministro de reservas energéticas desde el Golfo Pérsico. En esta óptica, el control indio de las aguas limítrofes a la península ofrece una posterior garantía de protección de los aprovisionamientos japoneses vista la incertidumbre de las rutas que atraviesan el Estrecho de Formosa (Taiwan), a causa de la reivindicaciones chinas sobre la isla.
Los objetivos de la India
Por la parte hindú, el acuerdo ha sido firmado a fin de estimular las inversiones de Japón en la región. De hecho, junto al documento, el primer ministro Taro Aso ha aprobado una alianza económica que prevé un préstamo con baja tasa de interés, equivalente a cerca de 4,5 millones de dólares, para la realización de una red ferroviaria que una los principales centros urbanos indios de Nueva Delhi y Mumbai. Para Japón se trata de mayor proyecto de financiación nunca realizado en el extranjero. Sin embargo, el mayor socio comercial de la India sigue siendo China, con la cual está ligada a una serie de asuntos muy superior al de Japón. Con tal motivo, el primer ministro Manmohan Singh ha declarado oficialmente que el acuerdo firmado con Japón no intenta prejuzgar las relaciones comerciales con China y que no se debe interpretar contra China. En cuanto a las intenciones de la India, la firma del acuerdo representa una fase hacia una auspiciada colaboración en materia nuclear y, por el contrario, ha pedido a la India el respeto de la moratoria prevista para los experimentos nucleares.
Un posterior motivo de solidaridad que empuja a la India hacia Japón es la voluntad común de proceder a una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para obtener un puesto como potencias permanentes. Frente a la oposición de China, que como miembro permanente está dotado de poder de veto, es evidente que Japón y China logren encontrar un terreno de entendimiento.
Las reacciones chinas
Oficialmente, el gobierno chino se ha abstenido de relanzar declaraciones sobre el acuerdo indo-japonés, a diferencia de lo ocurrido con el pacto entre Camberra y Tokio, firmado en 2007. Del mismo modo, los principales medios de comunicación, notoriamente de propiedad estatal, no han tratado el asunto. La única excepción al silencio de las instituciones ha sido una transmisión radiofónica difundida por la China Radio Internacional (CRI), a varios días del encuentro entre los jefes de Estado. El emisor ha condenado abiertamente la relación instaurada entre la India y Japón y ha acusado explícitamente a los dos Estados de querer formalizar una alianza militar contra China, con el fin de atacar a China en dos frentes. Para dicho fin, se recalca la parte del acuerdo que prevé una ejercitación bilateral y multilateral, amenazando con la posibilidad de una ampliación de la cooperación con Australia y con los Estados Unidos, ya aliados de Japón. Bajo este punto de vista, la realización del plan del primer ministro japonés, Taro Aso, relativo a la formación de un Arco de la libertad y de la prosperidad representaría el instrumento para cercar a la República Popular China. Por lo tanto, a pesar de que entre ambos jefes de Estado de Japón y de la India se han apresurado, a través de declaraciones publicas, a tranquilizar a China con la voluntad común de no perjudicar a las respectivas relaciones diplomáticas y comerciales. El pacto sobre la cooperación en materia de seguridad forma parte integrante de la franja de tratados bilaterales que da vida a una "cuádruple alianza", donde el cuarto y último aliado es la India.
Conclusiones
El acuerdo indo-japonés de cooperación en materia de seguridad, unido al precedente pacto de colaboración nuclear con los Estados Unidos, constituye una prueba posterior del lento escabullir de la India hacia la esfera de influencia occidental. Actualmente, para no renunciar a la relación económica privilegiada con Pekín, Nueva Delhi está diseñando un grupo de alianzas de geometría variable.
Las disputas territoriales no resueltas con China en cuanto a parte del Kashmir y al actual Estado hindú de Arunachal Pradesh en el extremo noreste, ponen a la India en una posición de constante inseguridad en sus propias fronteras. A esto se une el posicionamiento de misiles balísticos con punta nuclear en el Tíbet y la disputa en curso con Pakistán por la sistematización del Kashmir.
Es razonable imaginar que si en un futuro Japón se vuelve disponible para colaborar con la India, también en el terreno nuclear, hipótesis descartada por el actual primer ministro, Taro Aso, con ocasión del encuentro del 22 de octubre, las relaciones entre los dos países, el primero de los cuales ya está ligado a los Estados Unidos y a Australia por sólidos acuerdos de cooperación, podrían suponer una espina en el costado para China. De hecho, el acuerdo de cooperación en el campo de la seguridad podría representar un giro en las relaciones entre la India y Japón para desfavorecer al gigante chino.
El acuerdo firmado el pasado octubre representa la piedra miliar de un proceso de acercamiento perseguido con constancia por los dos países desde comienzos del nuevo milenio. La voluntad de establecer unas relaciones bilaterales más estrechas surgieron en agosto de 2000, cuando ambos Estados declararon la intención de establecer una “Cooperación global en el siglo XXI”. En línea con esta declaración, en 2001, Japón retiró sus sanciones económicas en las fronteras de la India, adoptadas a causa de las pruebas nucleares hindúes realizadas a finales de los años '90. A lo largo de los siguientes años, las recíprocas visitas de los jefes de Estado y de los principales ministros han sellado esta búsqueda de colaboración mutua en los sectores económico, político y militar, para contribuir a la estabilización de Asia sub-oriental. Los principales puntos de colaboración reexaminan la lucha contra el terrorismo, la seguridad de las rutas de navegación, el empeño a favor de la no proliferación de las armas de destrucción masiva y el desarrollo de líneas de acción comunes sobre prevención y gestión de los conflictos, así como intervención en caso de catástrofes naturales. Los instrumentos indicados para la realización de los objetivos comprenden encuentros periódicos entre los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambos países; intercambio de estudiantes e investigadores; coloquios entre los dirigentes militares y ejercitaciones comunes; foros de discusión entre los responsables de las infraestructuras ferroviarias y marítimas.
Los objetivos de Japón
Por parte japonesa, la firma del acuerdo de cooperación con el socio hindú representa el anillo perdido del sistema de alianzas instituyente del llamado “Arco de libertad y de prosperidad”, entre Japón, India, Australia y Estados Unidos. De hecho, la alianza indo-japonesa representa la última pieza de un mosaico de solidaridad económica, política y militar que Japón ha instaurado también con los Estados Unidos y Australia. Iniciado por el ex primer ministro japonés Shinzo Abe y retomado por el actual primer ministro Taro Aso, este Arco de libertad y prosperidad es una clase de asociación que trata de unir a los países que comparten valores comunes como la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos, a fin de garantizar la paz y el bienestar en las regiones. El eslogan de estos valores universalmente compartidos, retomados tanto en el reciente acuerdo con la India como en el firmado con Australia en 2007, excluye implícitamente la posible participación de China, cuanto menos en el actual campo de su desarrollo socio-político.
De las naciones implicadas, los Estados Unidos son los únicos efectivos aliados militares de Japón. De hecho, los dos Estados están ligados a través del Tratado de Seguridad entre EE.UU. y Japón de 1951. El 3 de marzo de 2007, Japón ha concluido un pacto de cooperación sobre seguridad con Australia en el cual se hace explícito reclamos a intereses estratégicos comunes, que están también en la base de las respectivas alianzas con los Estados Unidos, y a la voluntad de reforzar una cooperación trilateral. A diferencia del acuerdo entre Tokio y Camberra, el de Tokio y Nueva Delhi es más impreciso en algunos partes del preámbulo: no existe referencia alguna a alianzas ya consolidadas, ni al común empeño sobre nuevas amenazas y peligros en materia de seguridad, citaciones que han alarmado a Pekín, tanto para hacer intervenir a la ahora portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores que auspiciaba la buena fe de los contrayentes.
El acercamiento de Japón a la India se ha realizado sobre el impulso de la diplomacia japonesa pero con el beneplácito estadounidense. De hecho, un sensible reacercamiento entre India y Estados Unidos ha sido confirmado por la estipulación de un acuerdo de cooperación en el campo nuclear entre ambos documentos, los Estados Unidos se han empeñado en vender a la India los reactores nucleares y combustible para uso civil, así como suministrar sus propios conocimientos tecnológicos. Con la firma del acuerdo de cooperación indojaponés, Japón trata además de garantizar la seguridad de las rutas de comunicación marítima fundamentales para el suministro de reservas energéticas desde el Golfo Pérsico. En esta óptica, el control indio de las aguas limítrofes a la península ofrece una posterior garantía de protección de los aprovisionamientos japoneses vista la incertidumbre de las rutas que atraviesan el Estrecho de Formosa (Taiwan), a causa de la reivindicaciones chinas sobre la isla.
Los objetivos de la India
Por la parte hindú, el acuerdo ha sido firmado a fin de estimular las inversiones de Japón en la región. De hecho, junto al documento, el primer ministro Taro Aso ha aprobado una alianza económica que prevé un préstamo con baja tasa de interés, equivalente a cerca de 4,5 millones de dólares, para la realización de una red ferroviaria que una los principales centros urbanos indios de Nueva Delhi y Mumbai. Para Japón se trata de mayor proyecto de financiación nunca realizado en el extranjero. Sin embargo, el mayor socio comercial de la India sigue siendo China, con la cual está ligada a una serie de asuntos muy superior al de Japón. Con tal motivo, el primer ministro Manmohan Singh ha declarado oficialmente que el acuerdo firmado con Japón no intenta prejuzgar las relaciones comerciales con China y que no se debe interpretar contra China. En cuanto a las intenciones de la India, la firma del acuerdo representa una fase hacia una auspiciada colaboración en materia nuclear y, por el contrario, ha pedido a la India el respeto de la moratoria prevista para los experimentos nucleares.
Un posterior motivo de solidaridad que empuja a la India hacia Japón es la voluntad común de proceder a una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para obtener un puesto como potencias permanentes. Frente a la oposición de China, que como miembro permanente está dotado de poder de veto, es evidente que Japón y China logren encontrar un terreno de entendimiento.
Las reacciones chinas
Oficialmente, el gobierno chino se ha abstenido de relanzar declaraciones sobre el acuerdo indo-japonés, a diferencia de lo ocurrido con el pacto entre Camberra y Tokio, firmado en 2007. Del mismo modo, los principales medios de comunicación, notoriamente de propiedad estatal, no han tratado el asunto. La única excepción al silencio de las instituciones ha sido una transmisión radiofónica difundida por la China Radio Internacional (CRI), a varios días del encuentro entre los jefes de Estado. El emisor ha condenado abiertamente la relación instaurada entre la India y Japón y ha acusado explícitamente a los dos Estados de querer formalizar una alianza militar contra China, con el fin de atacar a China en dos frentes. Para dicho fin, se recalca la parte del acuerdo que prevé una ejercitación bilateral y multilateral, amenazando con la posibilidad de una ampliación de la cooperación con Australia y con los Estados Unidos, ya aliados de Japón. Bajo este punto de vista, la realización del plan del primer ministro japonés, Taro Aso, relativo a la formación de un Arco de la libertad y de la prosperidad representaría el instrumento para cercar a la República Popular China. Por lo tanto, a pesar de que entre ambos jefes de Estado de Japón y de la India se han apresurado, a través de declaraciones publicas, a tranquilizar a China con la voluntad común de no perjudicar a las respectivas relaciones diplomáticas y comerciales. El pacto sobre la cooperación en materia de seguridad forma parte integrante de la franja de tratados bilaterales que da vida a una "cuádruple alianza", donde el cuarto y último aliado es la India.
Conclusiones
El acuerdo indo-japonés de cooperación en materia de seguridad, unido al precedente pacto de colaboración nuclear con los Estados Unidos, constituye una prueba posterior del lento escabullir de la India hacia la esfera de influencia occidental. Actualmente, para no renunciar a la relación económica privilegiada con Pekín, Nueva Delhi está diseñando un grupo de alianzas de geometría variable.
Las disputas territoriales no resueltas con China en cuanto a parte del Kashmir y al actual Estado hindú de Arunachal Pradesh en el extremo noreste, ponen a la India en una posición de constante inseguridad en sus propias fronteras. A esto se une el posicionamiento de misiles balísticos con punta nuclear en el Tíbet y la disputa en curso con Pakistán por la sistematización del Kashmir.
Es razonable imaginar que si en un futuro Japón se vuelve disponible para colaborar con la India, también en el terreno nuclear, hipótesis descartada por el actual primer ministro, Taro Aso, con ocasión del encuentro del 22 de octubre, las relaciones entre los dos países, el primero de los cuales ya está ligado a los Estados Unidos y a Australia por sólidos acuerdos de cooperación, podrían suponer una espina en el costado para China. De hecho, el acuerdo de cooperación en el campo de la seguridad podría representar un giro en las relaciones entre la India y Japón para desfavorecer al gigante chino.
sábado, septiembre 27, 2008
El crac de 2008
Tomás Eloy Martínez
Mientras George W. Bush hablaba sobre terrorismo, en su último discurso como presidente de los Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los norteamericanos se preguntaban hasta dónde llegará la crisis que el Estado intenta conjurar, tomando 700.000 millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes; es decir, cien mil millones más que la deuda generada por la guerra en Irak.
Desde hace un año y medio, cuando el sistema financiero comenzó a intoxicarse con el colapso de las hipotecas, a los norteamericanos comunes se les hizo cada día más difícil pagar el seguro de salud, financiar los estudios universitarios de los hijos, comprar la misma cantidad de alimentos con la misma suma de pocos meses atrás y llenar el tanque de nafta en un país donde la mayor parte de la población está obligada a manejar. Algunos ni siquiera pueden vender la casa para poner fin a la pesadilla de la hipoteca. Las propiedades valen hoy casi 20% menos de lo que se pagó por ellas hace dos años, en plena burbuja inmobiliaria, y la deuda es superior al valor de la vivienda. El tema está en boca de todos porque la crisis, más allá de la complejidad de su ingeniería financiera o sus números inasibles -el salvavidas representa sólo una parte de los ocho billones de dólares sueltos en créditos hipotecarios- refuerza la impresión de que la economía norteamericana sigue un rumbo de catástrofe debido a lo que Joseph Stiglitz llamó "ocho años de mala gestión económica". Los primeros golpes alcanzaron a las clases bajas; ahora, la clase media sucumbe a la inflación en el supermercado o cuando recibe las abrumadoras cuentas de electricidad y gas, en un país que consume más del 25 por ciento del petróleo mundial y que envió su precio a los cielos.
En el suburbio de Nueva Jersey donde vivo, los carteles de "ejecución judicial" se alternan con los que adornan los jardines en apoyo a Obama-Biden o McCain-Palin. Un colega de la universidad donde enseño envió un correo electrónico a sus amigos para recomendar dos páginas de Internet que ayudan a ahorrar combustible. Una de esas páginas, www.GasBuddy.com, busca el surtidor más económico de la zona; la otra, www.fueleconomy.com, traza el camino más corto de un punto a otro para gastar menos. "Pagar más de cien dólares en la estación de servicio es asunto de todos los días para la gente con camionetas familiares", dice un vendedor de Home Depot, de White Plains, estado de Nueva York. "Eso da miedo. Si el galón de nafta llega a 10 dólares (y la semana pasada estaba en 4,32, aunque ahora bajó a 3,99), vamos a caer en el infierno de la depresión."
Casi ochenta años después, la palabra depresión todavía eriza la memoria de las familias que sucumbieron a la crisis bursátil de 1929, cuyos efectos letales sobreviven en las novelas de Steinbeck y en las películas de la serie negra. Los historiadores coinciden en que las semillas del desastre pueden rastrearse en la torpeza de las administraciones de Hoover y Coolidge, y en la convicción de los conservadores en que los mercados podían regularse a sí mismos. Fue necesaria la audacia de un estadista brillante, como Franklin D. Roosevelt, para imponer planes que generaron trabajo, protegieron la salud, la educación y los ahorros de los sectores más bajos. Dos de las casas que se construyeron frente a la mía datan de esa época. Son modestas, tienen un pequeño jardín y se terminaron de pagar en 1956, sin traumas.
La tradición popular supone que los años de Roosevelt fueron luminosos hasta que les cayeron las sombras de Pearl Harbour, en 1941. Fue antes de esa época cuando, en 1933, una ley conocida como la Glass-Steagall, impidió que los bancos comunes jugaran en la bolsa y luego no tuvieran cómo devolver los ahorros a los ciudadanos. Las paradojas, sin embargo, entorpecen hasta las mejores intenciones. Algunas firmas de Wall Street franquearon el obstáculo y crearon los bancos de inversión que están ahora en el centro de la tormenta. Son los que compraron los fondos hipotecarios dudosos, los partieron y los reagruparon en nuevas inversiones que volvieron a colocar, permitiendo que se pagaran salarios como el de Richard Fuld, director ejecutivo de la quebrada Lehman Brothers: 45 millones de dólares el año pasado. Como tantos otros bancos de inversión, Lehman Brothers y Fuld se desbarrancaron cuando la gente no pudo seguir pagando sus hipotecas.
No es a los especuladores y timberos de Wall Street sino a los norteamericanos endeudados que quieren mantener sus casas y no pueden a los que -según cree el candidato demócrata Barack Obama- debería ir el apoyo que se está pidiendo al Estado. Lo ha dicho su asesor Stiglitz: "Podemos fomentar la renegociación de las hipotecas para que menos personas se vean obligadas a perder sus casas. Pero ningún inversor privado querría quedarse con estos valores que se imponen por la fuerza a los contribuyentes". Stiglitz recomienda lo que hizo la Corporación de Préstamos a Propietarios de Hogares (HOLC), creada durante la Gran Depresión: compró las hipotecas difíciles de pagar y las refinanció para que la gente mantuviera sus casas y aportara recursos legítimos al sistema financiero.
Obama, senador como su adversario, John McCain, prefiere reflexionar un poco antes de aprobar el salvavidas de dinero que quiere imponer el presidente Bush. Obama recordó que, ante la evidente inutilidad de los recortes de impuestos a las corporaciones, es "absolutamente necesario" un recorte de impuestos a la clase media. Aprovechó la ocasión para enfatizar su campaña de cambio: "Si queremos que la economía crezca, si queremos prevenir que una crisis como ésta vuelva a suceder, debemos cambiar a Washington. Debemos reformar nuestro sistema político, basado en el lobby. Debemos reformar las reglas que le permiten a Wall Street hacer cualquier cosa y pasarle la cuenta al pueblo".
Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, exige que los 700.000 millones de dólares se concedan ya mismo. Dice que sabe lo que hace, y sin duda lo sabe.
Hasta 2006, cuando se integró al gobierno actual, fue presidente de otro banco de inversión que sucumbió a la crisis, Goldman Sachs. Al retirarse, recibió 38,5 millones de dólares en concepto de su último bono, y ahora enfrenta en el Congreso la exigencia de una cláusula a la ley de rescate que limite los salarios de siete dígitos en Wall Street.
Aunque se manifiesta "incómodo" por la exigencia de votar a libro cerrado, el candidato John McCain defiende el pedido de Washington. "Vamos a hacernos cargo de esos préstamos malos", ha dicho. "No niego que sea enredado, no niego que sea costoso. Pero tenemos que detener la sangría."
"Sería el rescate mayor de la historia norteamericana", dice un médico de Albany, capital del estado de Nueva York. "Permitiría que las instituciones financieras afectadas pudieran seguir dando créditos y no se ahogaran. Si eso sucede, la tempestad se llevará muchos empleos. Pero no estoy de acuerdo, porque esos 700.000 millones saldrán del bolsillo de los contribuyentes, y endeudarán a nuestros hijos y nietos. Compraríamos valores que nadie sabe si alguna vez podremos recuperar. Es una historia ya conocida: mil millones aquí, mil millones allá y así hemos llegado a un déficit enorme, cuando Bush asumió con superávit. Podemos estar ante la puerta de un futuro peor."
El presidente que los norteamericanos elijan en noviembre cargará con el costo de esta crisis que supera al "lunes negro" de 1987, el tequilazo de 1994, la cesación de pagos de Rusia en 1998 y la explosión de la burbuja puntocom en 2000. El default argentino de 2001 -que para Paul O Neill, entonces secretario del Tesoro, iba a ser pagado por "los plomeros y los carpinteros" norteamericanos- representa, modestamente, el 20 por ciento de la quiebra de una sola empresa, Lehman Brothers. Aún no se sabe cómo se escribirá la historia, pero todo parece indicar que, en el otoño boreal de 2008, está naciendo un crac tan letal como el de 1929.
El Consenso de Washington, que pregonó el neoliberalismo en todos los continentes y dejó una estela de pobreza en América latina, acaba de fracasar en su país natal y ahora requiere un salvavidas del Estado, que era una institución tabú. Los caminos que elijan Obama o McCain serán, sin duda, diferentes, pero la responsabilidad que asumen es la misma: definir el destino de un mundo donde la crisis ha golpeado a la primera potencia sin que aún se pueda vislumbrar en el horizonte un camino nuevo.
Mientras George W. Bush hablaba sobre terrorismo, en su último discurso como presidente de los Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los norteamericanos se preguntaban hasta dónde llegará la crisis que el Estado intenta conjurar, tomando 700.000 millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes; es decir, cien mil millones más que la deuda generada por la guerra en Irak.
Desde hace un año y medio, cuando el sistema financiero comenzó a intoxicarse con el colapso de las hipotecas, a los norteamericanos comunes se les hizo cada día más difícil pagar el seguro de salud, financiar los estudios universitarios de los hijos, comprar la misma cantidad de alimentos con la misma suma de pocos meses atrás y llenar el tanque de nafta en un país donde la mayor parte de la población está obligada a manejar. Algunos ni siquiera pueden vender la casa para poner fin a la pesadilla de la hipoteca. Las propiedades valen hoy casi 20% menos de lo que se pagó por ellas hace dos años, en plena burbuja inmobiliaria, y la deuda es superior al valor de la vivienda. El tema está en boca de todos porque la crisis, más allá de la complejidad de su ingeniería financiera o sus números inasibles -el salvavidas representa sólo una parte de los ocho billones de dólares sueltos en créditos hipotecarios- refuerza la impresión de que la economía norteamericana sigue un rumbo de catástrofe debido a lo que Joseph Stiglitz llamó "ocho años de mala gestión económica". Los primeros golpes alcanzaron a las clases bajas; ahora, la clase media sucumbe a la inflación en el supermercado o cuando recibe las abrumadoras cuentas de electricidad y gas, en un país que consume más del 25 por ciento del petróleo mundial y que envió su precio a los cielos.
En el suburbio de Nueva Jersey donde vivo, los carteles de "ejecución judicial" se alternan con los que adornan los jardines en apoyo a Obama-Biden o McCain-Palin. Un colega de la universidad donde enseño envió un correo electrónico a sus amigos para recomendar dos páginas de Internet que ayudan a ahorrar combustible. Una de esas páginas, www.GasBuddy.com, busca el surtidor más económico de la zona; la otra, www.fueleconomy.com, traza el camino más corto de un punto a otro para gastar menos. "Pagar más de cien dólares en la estación de servicio es asunto de todos los días para la gente con camionetas familiares", dice un vendedor de Home Depot, de White Plains, estado de Nueva York. "Eso da miedo. Si el galón de nafta llega a 10 dólares (y la semana pasada estaba en 4,32, aunque ahora bajó a 3,99), vamos a caer en el infierno de la depresión."
Casi ochenta años después, la palabra depresión todavía eriza la memoria de las familias que sucumbieron a la crisis bursátil de 1929, cuyos efectos letales sobreviven en las novelas de Steinbeck y en las películas de la serie negra. Los historiadores coinciden en que las semillas del desastre pueden rastrearse en la torpeza de las administraciones de Hoover y Coolidge, y en la convicción de los conservadores en que los mercados podían regularse a sí mismos. Fue necesaria la audacia de un estadista brillante, como Franklin D. Roosevelt, para imponer planes que generaron trabajo, protegieron la salud, la educación y los ahorros de los sectores más bajos. Dos de las casas que se construyeron frente a la mía datan de esa época. Son modestas, tienen un pequeño jardín y se terminaron de pagar en 1956, sin traumas.
La tradición popular supone que los años de Roosevelt fueron luminosos hasta que les cayeron las sombras de Pearl Harbour, en 1941. Fue antes de esa época cuando, en 1933, una ley conocida como la Glass-Steagall, impidió que los bancos comunes jugaran en la bolsa y luego no tuvieran cómo devolver los ahorros a los ciudadanos. Las paradojas, sin embargo, entorpecen hasta las mejores intenciones. Algunas firmas de Wall Street franquearon el obstáculo y crearon los bancos de inversión que están ahora en el centro de la tormenta. Son los que compraron los fondos hipotecarios dudosos, los partieron y los reagruparon en nuevas inversiones que volvieron a colocar, permitiendo que se pagaran salarios como el de Richard Fuld, director ejecutivo de la quebrada Lehman Brothers: 45 millones de dólares el año pasado. Como tantos otros bancos de inversión, Lehman Brothers y Fuld se desbarrancaron cuando la gente no pudo seguir pagando sus hipotecas.
No es a los especuladores y timberos de Wall Street sino a los norteamericanos endeudados que quieren mantener sus casas y no pueden a los que -según cree el candidato demócrata Barack Obama- debería ir el apoyo que se está pidiendo al Estado. Lo ha dicho su asesor Stiglitz: "Podemos fomentar la renegociación de las hipotecas para que menos personas se vean obligadas a perder sus casas. Pero ningún inversor privado querría quedarse con estos valores que se imponen por la fuerza a los contribuyentes". Stiglitz recomienda lo que hizo la Corporación de Préstamos a Propietarios de Hogares (HOLC), creada durante la Gran Depresión: compró las hipotecas difíciles de pagar y las refinanció para que la gente mantuviera sus casas y aportara recursos legítimos al sistema financiero.
Obama, senador como su adversario, John McCain, prefiere reflexionar un poco antes de aprobar el salvavidas de dinero que quiere imponer el presidente Bush. Obama recordó que, ante la evidente inutilidad de los recortes de impuestos a las corporaciones, es "absolutamente necesario" un recorte de impuestos a la clase media. Aprovechó la ocasión para enfatizar su campaña de cambio: "Si queremos que la economía crezca, si queremos prevenir que una crisis como ésta vuelva a suceder, debemos cambiar a Washington. Debemos reformar nuestro sistema político, basado en el lobby. Debemos reformar las reglas que le permiten a Wall Street hacer cualquier cosa y pasarle la cuenta al pueblo".
Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, exige que los 700.000 millones de dólares se concedan ya mismo. Dice que sabe lo que hace, y sin duda lo sabe.
Hasta 2006, cuando se integró al gobierno actual, fue presidente de otro banco de inversión que sucumbió a la crisis, Goldman Sachs. Al retirarse, recibió 38,5 millones de dólares en concepto de su último bono, y ahora enfrenta en el Congreso la exigencia de una cláusula a la ley de rescate que limite los salarios de siete dígitos en Wall Street.
Aunque se manifiesta "incómodo" por la exigencia de votar a libro cerrado, el candidato John McCain defiende el pedido de Washington. "Vamos a hacernos cargo de esos préstamos malos", ha dicho. "No niego que sea enredado, no niego que sea costoso. Pero tenemos que detener la sangría."
"Sería el rescate mayor de la historia norteamericana", dice un médico de Albany, capital del estado de Nueva York. "Permitiría que las instituciones financieras afectadas pudieran seguir dando créditos y no se ahogaran. Si eso sucede, la tempestad se llevará muchos empleos. Pero no estoy de acuerdo, porque esos 700.000 millones saldrán del bolsillo de los contribuyentes, y endeudarán a nuestros hijos y nietos. Compraríamos valores que nadie sabe si alguna vez podremos recuperar. Es una historia ya conocida: mil millones aquí, mil millones allá y así hemos llegado a un déficit enorme, cuando Bush asumió con superávit. Podemos estar ante la puerta de un futuro peor."
El presidente que los norteamericanos elijan en noviembre cargará con el costo de esta crisis que supera al "lunes negro" de 1987, el tequilazo de 1994, la cesación de pagos de Rusia en 1998 y la explosión de la burbuja puntocom en 2000. El default argentino de 2001 -que para Paul O Neill, entonces secretario del Tesoro, iba a ser pagado por "los plomeros y los carpinteros" norteamericanos- representa, modestamente, el 20 por ciento de la quiebra de una sola empresa, Lehman Brothers. Aún no se sabe cómo se escribirá la historia, pero todo parece indicar que, en el otoño boreal de 2008, está naciendo un crac tan letal como el de 1929.
El Consenso de Washington, que pregonó el neoliberalismo en todos los continentes y dejó una estela de pobreza en América latina, acaba de fracasar en su país natal y ahora requiere un salvavidas del Estado, que era una institución tabú. Los caminos que elijan Obama o McCain serán, sin duda, diferentes, pero la responsabilidad que asumen es la misma: definir el destino de un mundo donde la crisis ha golpeado a la primera potencia sin que aún se pueda vislumbrar en el horizonte un camino nuevo.
El crac de 2008
Tomás Eloy Martínez
Mientras George W. Bush hablaba sobre terrorismo, en su último discurso como presidente de los Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los norteamericanos se preguntaban hasta dónde llegará la crisis que el Estado intenta conjurar, tomando 700.000 millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes; es decir, cien mil millones más que la deuda generada por la guerra en Irak.
Desde hace un año y medio, cuando el sistema financiero comenzó a intoxicarse con el colapso de las hipotecas, a los norteamericanos comunes se les hizo cada día más difícil pagar el seguro de salud, financiar los estudios universitarios de los hijos, comprar la misma cantidad de alimentos con la misma suma de pocos meses atrás y llenar el tanque de nafta en un país donde la mayor parte de la población está obligada a manejar. Algunos ni siquiera pueden vender la casa para poner fin a la pesadilla de la hipoteca. Las propiedades valen hoy casi 20% menos de lo que se pagó por ellas hace dos años, en plena burbuja inmobiliaria, y la deuda es superior al valor de la vivienda. El tema está en boca de todos porque la crisis, más allá de la complejidad de su ingeniería financiera o sus números inasibles -el salvavidas representa sólo una parte de los ocho billones de dólares sueltos en créditos hipotecarios- refuerza la impresión de que la economía norteamericana sigue un rumbo de catástrofe debido a lo que Joseph Stiglitz llamó "ocho años de mala gestión económica". Los primeros golpes alcanzaron a las clases bajas; ahora, la clase media sucumbe a la inflación en el supermercado o cuando recibe las abrumadoras cuentas de electricidad y gas, en un país que consume más del 25 por ciento del petróleo mundial y que envió su precio a los cielos.
En el suburbio de Nueva Jersey donde vivo, los carteles de "ejecución judicial" se alternan con los que adornan los jardines en apoyo a Obama-Biden o McCain-Palin. Un colega de la universidad donde enseño envió un correo electrónico a sus amigos para recomendar dos páginas de Internet que ayudan a ahorrar combustible. Una de esas páginas, www.GasBuddy.com, busca el surtidor más económico de la zona; la otra, www.fueleconomy.com, traza el camino más corto de un punto a otro para gastar menos. "Pagar más de cien dólares en la estación de servicio es asunto de todos los días para la gente con camionetas familiares", dice un vendedor de Home Depot, de White Plains, estado de Nueva York. "Eso da miedo. Si el galón de nafta llega a 10 dólares (y la semana pasada estaba en 4,32, aunque ahora bajó a 3,99), vamos a caer en el infierno de la depresión."
Casi ochenta años después, la palabra depresión todavía eriza la memoria de las familias que sucumbieron a la crisis bursátil de 1929, cuyos efectos letales sobreviven en las novelas de Steinbeck y en las películas de la serie negra. Los historiadores coinciden en que las semillas del desastre pueden rastrearse en la torpeza de las administraciones de Hoover y Coolidge, y en la convicción de los conservadores en que los mercados podían regularse a sí mismos. Fue necesaria la audacia de un estadista brillante, como Franklin D. Roosevelt, para imponer planes que generaron trabajo, protegieron la salud, la educación y los ahorros de los sectores más bajos. Dos de las casas que se construyeron frente a la mía datan de esa época. Son modestas, tienen un pequeño jardín y se terminaron de pagar en 1956, sin traumas.
La tradición popular supone que los años de Roosevelt fueron luminosos hasta que les cayeron las sombras de Pearl Harbour, en 1941. Fue antes de esa época cuando, en 1933, una ley conocida como la Glass-Steagall, impidió que los bancos comunes jugaran en la bolsa y luego no tuvieran cómo devolver los ahorros a los ciudadanos. Las paradojas, sin embargo, entorpecen hasta las mejores intenciones. Algunas firmas de Wall Street franquearon el obstáculo y crearon los bancos de inversión que están ahora en el centro de la tormenta. Son los que compraron los fondos hipotecarios dudosos, los partieron y los reagruparon en nuevas inversiones que volvieron a colocar, permitiendo que se pagaran salarios como el de Richard Fuld, director ejecutivo de la quebrada Lehman Brothers: 45 millones de dólares el año pasado. Como tantos otros bancos de inversión, Lehman Brothers y Fuld se desbarrancaron cuando la gente no pudo seguir pagando sus hipotecas.
No es a los especuladores y timberos de Wall Street sino a los norteamericanos endeudados que quieren mantener sus casas y no pueden a los que -según cree el candidato demócrata Barack Obama- debería ir el apoyo que se está pidiendo al Estado. Lo ha dicho su asesor Stiglitz: "Podemos fomentar la renegociación de las hipotecas para que menos personas se vean obligadas a perder sus casas. Pero ningún inversor privado querría quedarse con estos valores que se imponen por la fuerza a los contribuyentes". Stiglitz recomienda lo que hizo la Corporación de Préstamos a Propietarios de Hogares (HOLC), creada durante la Gran Depresión: compró las hipotecas difíciles de pagar y las refinanció para que la gente mantuviera sus casas y aportara recursos legítimos al sistema financiero.
Obama, senador como su adversario, John McCain, prefiere reflexionar un poco antes de aprobar el salvavidas de dinero que quiere imponer el presidente Bush. Obama recordó que, ante la evidente inutilidad de los recortes de impuestos a las corporaciones, es "absolutamente necesario" un recorte de impuestos a la clase media. Aprovechó la ocasión para enfatizar su campaña de cambio: "Si queremos que la economía crezca, si queremos prevenir que una crisis como ésta vuelva a suceder, debemos cambiar a Washington. Debemos reformar nuestro sistema político, basado en el lobby. Debemos reformar las reglas que le permiten a Wall Street hacer cualquier cosa y pasarle la cuenta al pueblo".
Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, exige que los 700.000 millones de dólares se concedan ya mismo. Dice que sabe lo que hace, y sin duda lo sabe.
Hasta 2006, cuando se integró al gobierno actual, fue presidente de otro banco de inversión que sucumbió a la crisis, Goldman Sachs. Al retirarse, recibió 38,5 millones de dólares en concepto de su último bono, y ahora enfrenta en el Congreso la exigencia de una cláusula a la ley de rescate que limite los salarios de siete dígitos en Wall Street.
Aunque se manifiesta "incómodo" por la exigencia de votar a libro cerrado, el candidato John McCain defiende el pedido de Washington. "Vamos a hacernos cargo de esos préstamos malos", ha dicho. "No niego que sea enredado, no niego que sea costoso. Pero tenemos que detener la sangría."
"Sería el rescate mayor de la historia norteamericana", dice un médico de Albany, capital del estado de Nueva York. "Permitiría que las instituciones financieras afectadas pudieran seguir dando créditos y no se ahogaran. Si eso sucede, la tempestad se llevará muchos empleos. Pero no estoy de acuerdo, porque esos 700.000 millones saldrán del bolsillo de los contribuyentes, y endeudarán a nuestros hijos y nietos. Compraríamos valores que nadie sabe si alguna vez podremos recuperar. Es una historia ya conocida: mil millones aquí, mil millones allá y así hemos llegado a un déficit enorme, cuando Bush asumió con superávit. Podemos estar ante la puerta de un futuro peor."
El presidente que los norteamericanos elijan en noviembre cargará con el costo de esta crisis que supera al "lunes negro" de 1987, el tequilazo de 1994, la cesación de pagos de Rusia en 1998 y la explosión de la burbuja puntocom en 2000. El default argentino de 2001 -que para Paul O Neill, entonces secretario del Tesoro, iba a ser pagado por "los plomeros y los carpinteros" norteamericanos- representa, modestamente, el 20 por ciento de la quiebra de una sola empresa, Lehman Brothers. Aún no se sabe cómo se escribirá la historia, pero todo parece indicar que, en el otoño boreal de 2008, está naciendo un crac tan letal como el de 1929.
El Consenso de Washington, que pregonó el neoliberalismo en todos los continentes y dejó una estela de pobreza en América latina, acaba de fracasar en su país natal y ahora requiere un salvavidas del Estado, que era una institución tabú. Los caminos que elijan Obama o McCain serán, sin duda, diferentes, pero la responsabilidad que asumen es la misma: definir el destino de un mundo donde la crisis ha golpeado a la primera potencia sin que aún se pueda vislumbrar en el horizonte un camino nuevo.
Mientras George W. Bush hablaba sobre terrorismo, en su último discurso como presidente de los Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los norteamericanos se preguntaban hasta dónde llegará la crisis que el Estado intenta conjurar, tomando 700.000 millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes; es decir, cien mil millones más que la deuda generada por la guerra en Irak.
Desde hace un año y medio, cuando el sistema financiero comenzó a intoxicarse con el colapso de las hipotecas, a los norteamericanos comunes se les hizo cada día más difícil pagar el seguro de salud, financiar los estudios universitarios de los hijos, comprar la misma cantidad de alimentos con la misma suma de pocos meses atrás y llenar el tanque de nafta en un país donde la mayor parte de la población está obligada a manejar. Algunos ni siquiera pueden vender la casa para poner fin a la pesadilla de la hipoteca. Las propiedades valen hoy casi 20% menos de lo que se pagó por ellas hace dos años, en plena burbuja inmobiliaria, y la deuda es superior al valor de la vivienda. El tema está en boca de todos porque la crisis, más allá de la complejidad de su ingeniería financiera o sus números inasibles -el salvavidas representa sólo una parte de los ocho billones de dólares sueltos en créditos hipotecarios- refuerza la impresión de que la economía norteamericana sigue un rumbo de catástrofe debido a lo que Joseph Stiglitz llamó "ocho años de mala gestión económica". Los primeros golpes alcanzaron a las clases bajas; ahora, la clase media sucumbe a la inflación en el supermercado o cuando recibe las abrumadoras cuentas de electricidad y gas, en un país que consume más del 25 por ciento del petróleo mundial y que envió su precio a los cielos.
En el suburbio de Nueva Jersey donde vivo, los carteles de "ejecución judicial" se alternan con los que adornan los jardines en apoyo a Obama-Biden o McCain-Palin. Un colega de la universidad donde enseño envió un correo electrónico a sus amigos para recomendar dos páginas de Internet que ayudan a ahorrar combustible. Una de esas páginas, www.GasBuddy.com, busca el surtidor más económico de la zona; la otra, www.fueleconomy.com, traza el camino más corto de un punto a otro para gastar menos. "Pagar más de cien dólares en la estación de servicio es asunto de todos los días para la gente con camionetas familiares", dice un vendedor de Home Depot, de White Plains, estado de Nueva York. "Eso da miedo. Si el galón de nafta llega a 10 dólares (y la semana pasada estaba en 4,32, aunque ahora bajó a 3,99), vamos a caer en el infierno de la depresión."
Casi ochenta años después, la palabra depresión todavía eriza la memoria de las familias que sucumbieron a la crisis bursátil de 1929, cuyos efectos letales sobreviven en las novelas de Steinbeck y en las películas de la serie negra. Los historiadores coinciden en que las semillas del desastre pueden rastrearse en la torpeza de las administraciones de Hoover y Coolidge, y en la convicción de los conservadores en que los mercados podían regularse a sí mismos. Fue necesaria la audacia de un estadista brillante, como Franklin D. Roosevelt, para imponer planes que generaron trabajo, protegieron la salud, la educación y los ahorros de los sectores más bajos. Dos de las casas que se construyeron frente a la mía datan de esa época. Son modestas, tienen un pequeño jardín y se terminaron de pagar en 1956, sin traumas.
La tradición popular supone que los años de Roosevelt fueron luminosos hasta que les cayeron las sombras de Pearl Harbour, en 1941. Fue antes de esa época cuando, en 1933, una ley conocida como la Glass-Steagall, impidió que los bancos comunes jugaran en la bolsa y luego no tuvieran cómo devolver los ahorros a los ciudadanos. Las paradojas, sin embargo, entorpecen hasta las mejores intenciones. Algunas firmas de Wall Street franquearon el obstáculo y crearon los bancos de inversión que están ahora en el centro de la tormenta. Son los que compraron los fondos hipotecarios dudosos, los partieron y los reagruparon en nuevas inversiones que volvieron a colocar, permitiendo que se pagaran salarios como el de Richard Fuld, director ejecutivo de la quebrada Lehman Brothers: 45 millones de dólares el año pasado. Como tantos otros bancos de inversión, Lehman Brothers y Fuld se desbarrancaron cuando la gente no pudo seguir pagando sus hipotecas.
No es a los especuladores y timberos de Wall Street sino a los norteamericanos endeudados que quieren mantener sus casas y no pueden a los que -según cree el candidato demócrata Barack Obama- debería ir el apoyo que se está pidiendo al Estado. Lo ha dicho su asesor Stiglitz: "Podemos fomentar la renegociación de las hipotecas para que menos personas se vean obligadas a perder sus casas. Pero ningún inversor privado querría quedarse con estos valores que se imponen por la fuerza a los contribuyentes". Stiglitz recomienda lo que hizo la Corporación de Préstamos a Propietarios de Hogares (HOLC), creada durante la Gran Depresión: compró las hipotecas difíciles de pagar y las refinanció para que la gente mantuviera sus casas y aportara recursos legítimos al sistema financiero.
Obama, senador como su adversario, John McCain, prefiere reflexionar un poco antes de aprobar el salvavidas de dinero que quiere imponer el presidente Bush. Obama recordó que, ante la evidente inutilidad de los recortes de impuestos a las corporaciones, es "absolutamente necesario" un recorte de impuestos a la clase media. Aprovechó la ocasión para enfatizar su campaña de cambio: "Si queremos que la economía crezca, si queremos prevenir que una crisis como ésta vuelva a suceder, debemos cambiar a Washington. Debemos reformar nuestro sistema político, basado en el lobby. Debemos reformar las reglas que le permiten a Wall Street hacer cualquier cosa y pasarle la cuenta al pueblo".
Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, exige que los 700.000 millones de dólares se concedan ya mismo. Dice que sabe lo que hace, y sin duda lo sabe.
Hasta 2006, cuando se integró al gobierno actual, fue presidente de otro banco de inversión que sucumbió a la crisis, Goldman Sachs. Al retirarse, recibió 38,5 millones de dólares en concepto de su último bono, y ahora enfrenta en el Congreso la exigencia de una cláusula a la ley de rescate que limite los salarios de siete dígitos en Wall Street.
Aunque se manifiesta "incómodo" por la exigencia de votar a libro cerrado, el candidato John McCain defiende el pedido de Washington. "Vamos a hacernos cargo de esos préstamos malos", ha dicho. "No niego que sea enredado, no niego que sea costoso. Pero tenemos que detener la sangría."
"Sería el rescate mayor de la historia norteamericana", dice un médico de Albany, capital del estado de Nueva York. "Permitiría que las instituciones financieras afectadas pudieran seguir dando créditos y no se ahogaran. Si eso sucede, la tempestad se llevará muchos empleos. Pero no estoy de acuerdo, porque esos 700.000 millones saldrán del bolsillo de los contribuyentes, y endeudarán a nuestros hijos y nietos. Compraríamos valores que nadie sabe si alguna vez podremos recuperar. Es una historia ya conocida: mil millones aquí, mil millones allá y así hemos llegado a un déficit enorme, cuando Bush asumió con superávit. Podemos estar ante la puerta de un futuro peor."
El presidente que los norteamericanos elijan en noviembre cargará con el costo de esta crisis que supera al "lunes negro" de 1987, el tequilazo de 1994, la cesación de pagos de Rusia en 1998 y la explosión de la burbuja puntocom en 2000. El default argentino de 2001 -que para Paul O Neill, entonces secretario del Tesoro, iba a ser pagado por "los plomeros y los carpinteros" norteamericanos- representa, modestamente, el 20 por ciento de la quiebra de una sola empresa, Lehman Brothers. Aún no se sabe cómo se escribirá la historia, pero todo parece indicar que, en el otoño boreal de 2008, está naciendo un crac tan letal como el de 1929.
El Consenso de Washington, que pregonó el neoliberalismo en todos los continentes y dejó una estela de pobreza en América latina, acaba de fracasar en su país natal y ahora requiere un salvavidas del Estado, que era una institución tabú. Los caminos que elijan Obama o McCain serán, sin duda, diferentes, pero la responsabilidad que asumen es la misma: definir el destino de un mundo donde la crisis ha golpeado a la primera potencia sin que aún se pueda vislumbrar en el horizonte un camino nuevo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)