Néstor Kirchner pudo gobernar agotando stocks. Cuando llegó al gobierno, el 25 de mayo de 2003, había exceso de capacidad instalada en energía (ahora no) y en el sector manufacturero (ahora muchísimo menos), y lo mismo podríamos decir en otorgarle el beneficio de la duda en el plano internacional.
Quien se haga cargo de la principal responsabilidad ejecutiva se encontrará con la necesidad de reponer stocks.
En la versión Gelbard, el Pacto Social no tiene nada que ver, ni desde la forma ni desde el contenido, con el Pacto de la Moncloa. Este último fue firmado en España, en 1977, por todos los partidos políticos que tenían representación parlamentaria, sin ingerencia corporativa, sea obrera o patronal. Y se concentró en limitaciones al gasto público, la emisión monetaria, etc.
Por el contario, el Pacto Social firmado en Argentina en 1973, fue celebrado entre la Confederación General económica (CGE), la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Poder Ejecutivo –al tope de cuyo equipo económico estaba José Ber Gelbard… líder de la CGE. En otros términos, fue un pacto corporativo, que ignoró las restricciones fiscal y monetaria, disponiendo congelamientos de precios, salarios, tipos de cambio, tarifas públicas y tasas de interés.
¿Quién va a defender los intereses de los ausentes en la mesa de negociaciones?
En el mejor de los casos, en la referida mesa estarán representados los asalariados que laboran en el sector formal de la economía, las empresas industriales y comerciales, las entidades financieras y quizás las agropecuarias. Dado que la esencia de la postura corporativa consiste en la defensa de los intereses de sus miembros, cabe plantear quién se va a ocupar de los restantes actores económicos.
Por ejemplo, los trabajadores informales. Aproximadamente la mitad de los ocupados laboran amparados en "la ley de la selva", y cuanto mayor es la protección del sector formal del mercado laboral, más aumenta la proporción de gente que no obtiene dichos beneficios. ¿Quién peleará por ellos en el Pacto Social?
Quien se haga cargo de la principal responsabilidad ejecutiva se encontrará con la necesidad de reponer stocks.
En la versión Gelbard, el Pacto Social no tiene nada que ver, ni desde la forma ni desde el contenido, con el Pacto de la Moncloa. Este último fue firmado en España, en 1977, por todos los partidos políticos que tenían representación parlamentaria, sin ingerencia corporativa, sea obrera o patronal. Y se concentró en limitaciones al gasto público, la emisión monetaria, etc.
Por el contario, el Pacto Social firmado en Argentina en 1973, fue celebrado entre la Confederación General económica (CGE), la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Poder Ejecutivo –al tope de cuyo equipo económico estaba José Ber Gelbard… líder de la CGE. En otros términos, fue un pacto corporativo, que ignoró las restricciones fiscal y monetaria, disponiendo congelamientos de precios, salarios, tipos de cambio, tarifas públicas y tasas de interés.
¿Quién va a defender los intereses de los ausentes en la mesa de negociaciones?
En el mejor de los casos, en la referida mesa estarán representados los asalariados que laboran en el sector formal de la economía, las empresas industriales y comerciales, las entidades financieras y quizás las agropecuarias. Dado que la esencia de la postura corporativa consiste en la defensa de los intereses de sus miembros, cabe plantear quién se va a ocupar de los restantes actores económicos.
Por ejemplo, los trabajadores informales. Aproximadamente la mitad de los ocupados laboran amparados en "la ley de la selva", y cuanto mayor es la protección del sector formal del mercado laboral, más aumenta la proporción de gente que no obtiene dichos beneficios. ¿Quién peleará por ellos en el Pacto Social?
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