Con Palestina atomizada, no hay salida
Por Régis Debray
Le Monde Diplomatique
PARIS.– Ya en el año 2000, Dennis Ross, enviado norteamericano a Medio Oriente, admitió que al negociar los acuerdos de Camp David de 1978 no se habían tenido en cuenta los sucesos locales, en especial los asentamientos. Entre 1994 y 2000 se duplicó el número de colonos judíos asentados en territorios palestinos. Desde los acuerdos de Oslo (1993) hasta hoy se radicaron en Cisjordania tantos colonos como en los 25 años anteriores. En estos momentos en que se habla de una nueva conferencia internacional, sería un error seguir pasando por alto la situación real. No hace falta una comisión investigadora. Ya hay muchos informes. No hay en el mundo otro conflicto tan bien documentado, cartografiado y registrado.La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios tiene mapas detallados y actualizados de los territorios en disputa, con fotos, censos y gráficos. Mirarlos lleva una hora, pero podrían evitarse algunos de los sempiternos enunciados de buenas intenciones.Esos mapas muestran la desaparición paulatina de las bases físicas, económicas y humanas para un Estado palestino viable. La solución de los dos Estados y la del “divorcio justo y equitativo” que propone el escritor israelí Amos Oz (un territorio compartido por dos patrias, una más pequeña y desmilitarizada, pero soberana, viable y permanente) ya son palabras huecas.
Algunos dirán que todavía no hemos llegado al punto de no retorno y que, tal vez, los israelíes han ganado la batalla territorial, pero los palestinos ganarán ciertamente la batalla demográfica. Ellos invocan la elasticidad de la población frente a la aplanadora que, a paso lento pero firme, va implementando el Plan Allon, de 1968, y el Plan de Red Caminera 50, de 1984.
Los acontecimientos locales indican que:
El muro de seguridad no se alza, como se cree, para trazar un límite que, aun siendo ilegal (incluye más del 10 por ciento de Cisjordania), al menos servirá de línea de puntos para una futura frontera internacional.
Como dijo Ehud Olmert en 2006, la frontera estratégica de Israel es, por cierto, el Jordán. Todo el valle ha sido declarado “zona prohibida” y el área intermedia, carcomida.
Es obvio que los nuevos desvíos este-oeste, tendidos a expensas del antiguo eje norte-sur, marcan un territorio en vías de anexión, con espacio para tres o cuatro enclaves árabes. A la larga, el agotamiento de los recursos naturales en esos enclaves superpoblados provocará un éxodo (gran parte de la elite, en especial la cristiana, ya emigró).
La construcción del muro divisorio, la judaización constante de Jerusalén Este y la reforma del municipio capitalino hacen que las reiteradas, aunque puramente formales, condenas de la ONU no afecten en absoluto la dominación israelí sobre toda la ciudad.
Hay un enorme hiato entre lo que se dice porque queremos oírlo y los hechos locales que no queremos ver. Algunos hablarían de hipocresía; otros, de ambigüedad. La intrusión gradual ocurre a escondidas de los medios, sin causar el menor revuelo y sin un diktat colonialista explícito. Nadie eleva una queja formal, ni aun suponiendo que pueda descubrir lo que está pasando, lo cual resulta difícil para quien no se haya criado allí. En los mapas y textos escolares israelíes, Cisjordania es “Judea y Samaria”. La obliteración de la línea verde de 1967 ya es, legalmente, un hecho consumado.
Esto no es tan sólo un hiato entre la situación de facto y la de jure. Refleja una tradición que se remonta a los comienzos de la Yeshuvá: la estrategia del hecho consumado. Siempre dio resultado. El Estado judío estaba allí antes de ser proclamado y reconocido en 1948; el ejército, también. Tenemos un teatro con dos escenarios. En el internacional, oímos una y otra vez discursos vagos y alentadores, pero lo importante ocurre al lado, en el escenario operacional: allí, fuera de la vista del público, se decide el desenlace.
Los sucesivos gobiernos israelíes, de izquierda o de derecha, comprenden cómo funciona la opinión pública en una democracia y, periódicamente, le administran analgésicos, esto es, planes y anuncios alentadores, siempre condicionales y nunca llevados a cabo. Los medios viven al día y ni siquiera intentan recordar.
Los acuerdos de Oslo no sólo fueron letra muerta: en abril de 2002, con la reocupación militar de las zonas A y B, entraron en reversión.
La fragmentación territorial aísla a las autoridades locales entre sí y de cualquier gobierno central palestino posible. La sistemática destrucción física, por el ejército israelí, de las instituciones nacionales, la infraestructura y los líderes políticos palestinos asegura un caos insondable.
Evidentemente, no se ha tomado el camino hacia la construcción de una nación, sino hacia la deconstrucción de toda posibilidad de gobierno más allá del muro divisorio. Es la contrapartida lógica de un proceso de anexión que, a su debido tiempo, será aprobado “en vista de la nueva realidad percibida sobre el terreno”.
En tales circunstancias, la invocación constante de la “hoja de ruta” por todas las partes tiene más de autosugestión que de examen serio de una firme transformación de la realidad.
Esa realidad quizá no se divise desde Ginebra, París o Nueva York, pero salta a la vista de quien recorra el país tras algunos años de ausencia. Es una tierra ganada por la fuerza militar, donde los asentamientos israelíes ya no son contornos dispuestos sobre un fondo palestino y, en cambio, las áreas palestinas aparecen como contornos sobre un fondo israelí sólidamente infraestructurado.
Veamos un par de ideas, tal vez reconfortantes para algunos:
Si fue posible retirar asentamientos en Gaza, también debería serlo en Cisjordania en un futuro cercano. Quien así piense pasa por alto el hecho de que al retiro de 8000 colonos de Gaza pronto le siguió el callado asentamiento de 20.000 colonos en Cisjordania y Jerusalén. Gaza no forma parte de la tierra prometida, pero Judea y Samaria son su columna vertebral. Sharon no ocultó el hecho de que Israel compensaría su retiro de áreas marginales con el fortalecimiento de su presencia en otras.
El desmantelamiento de cuatro asentamientos pequeños en el Norte y la concentración propuesta de 60.000 colonos en los bloques más populosos crearán un espacio libre. Sí, pero con los asentamientos eslabonados al socaire del muro, en realidad, Cisjordania ha sido partida en dos. El muro separa a los palestinos de los israelíes, pero más aún de sus compatriotas.
Está cobrando forma algo que no es el Estado palestino anunciado y deseado por todos, sino un territorio israelí, todavía no percibido, con tres enclaves palestinos autónomos.
A todas las partes les interesa mantener la simulación internacional. Para los israelíes, la historia se crea bajo su abrigo y cobertura. A los palestinos no se les puede decir la verdad: la racionalización de sus anhelos provee medios de vida, estatus, dignidad y razón de ser a los notables, los representantes elegidos y los funcionarios.
Los europeos optaron por aquietar su conciencia prestando ayuda financiera y humanitaria y, así, disculpar su pasividad política y su ceguera voluntaria.
El pensamiento de los norteamericanos se inspira más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo; ellos mantienen con Israel una relación filial incondicional. Esta ilusión compartida de autoprotección se debe a una coincidencia de intereses opuestos.
¿Esta situación podrá sostenerse hasta fines de este siglo? Parece dudoso, dada la obsesión de Israel por la seguridad (que la hace menos segura) y su desdén por las tendencias demográficas y religiosas en la región.
Al menos un gobierno europeo ¿no podría decirles a nuestros amigos israelíes que no todos nos dejamos engañar? ¿Advertirles que los artífices del engaño quizá no serán las primeras víctimas de él, pero, sin duda, serán las últimas?
Por Régis Debray
Le Monde Diplomatique
El autor es escritor, filósofo y presidente honorario del Instituto de Ciencias de las Religiones, en París.
viernes, agosto 24, 2007
EL “ETNONACIONALISMO”: LAS NUEVAS TENSIONES INTERÉTNICAS EN AMÉRICA LATINA
En su último informe sobre tendencias mundiales, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos menciona entre los peligros potenciales para la seguridad hemisférica el “indigenismo militante” asociado al antiamericanismo.
Por Luis Esteban González Manrique
En muchos países latinoamericanos la proliferación de nuevos “actores armados” se vincula a una progresiva organización de grupos étnicos que reclaman una mayor cuota de autonomía territorial y política. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y en el Perú el Movimiento Etnocacerista (ME) denuncian la discriminación étnica de “naciones originarias”. Incluso en Venezuela algunos sectores del chavismo hablan de una supuesta lucha de la oligarquía contra mestizos y mulatos. La analista venezolana Elizabeth Burgos define el proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista con rasgos neofascistas”, una especie de racismo invertido que Chávez promueve como parte de su revolución continental. Las consecuencias económicas podrían ser peligrosas si ese fenómeno pone en peligro la explotación de recursos naturales –gas, petróleo, oro…– en territorios donde la presencia de comunidades indígenas es importante.
En su último estudio sobre tendencias mundiales durante los próximos 15 años –Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project–, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) de EEUU, dedica muy pocas páginas a América Latina, pero su diagnóstico sobre la principal amenaza a la seguridad de la región es inequívoco: el fracaso de los gobiernos para encontrar soluciones a la pobreza extrema y a la ingobernabilidad podría alimentar el populismo, el indigenismo radical, el terrorismo, el crimen organizado y el sentimiento antiamericano. Por su parte, Dirk Kruijt y Kees Kooning, en su libro Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America subrayan que la proliferación de “actores armados” en la región obedece en parte a tensiones étnicas que están irrumpiendo violentamente en varios países, especialmente en el núcleo de los Andes centrales: Ecuador, Perú y Bolivia.
Algunos grupos rechazan la globalización, percibida como un fenómeno homogeneizador que mina sus culturas con un modelo económico basado en la explotación de las poblaciones indígenas y sus ecosistemas. Michael Radu, del Foreign Policy Research Institute, ha criticado la “parálisis” de Washington frente a la “creciente radicalización de los indígenas en la región andina”. A su vez, Michael Weinstein prevé un nuevo “ciclo de inestabilidad” en los Andes centrales cuyas señales son “marchas masivas de protesta, bloqueo de carreteras, toma de instalaciones oficiales, rebeliones regionales, desarraigo de los gobiernos e intentos de los gobiernos para extender anticonstitucionalmente sus poderes”.
Nacional-populismo-etnicista
Algunos de los protagonistas políticos son la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador, el Movimiento Etnocacerista (ME) de los hermanos Ollanta y Antauro Humala en el Perú, el Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero boliviano Evo Morales y el Movimiento Indigenista Pachacutik del dirigente aymara Felipe Quispe, que busca la fundación de un Estado quechua-aymara en el sur peruano y el norte boliviano al que denomina “Collasuyo”, el nombre de la región durante el imperio incaico. El discurso de Quispe y Antauro Humala es abiertamente xenófobo contra los criollos, en una suerte de racismo invertido. En Bolivia las manifestaciones más violentas se han registrado en las comunidades de inmigrantes quechuas y aymaras asentadas en El Alto, un suburbio superpoblado de La Paz, que conserva la fuerte cohesión originaria de las comunidades rurales, que le da una capacidad organizativa muy eficaz para bloquear carreteras, paralizar los mercados e incluso emboscar patrullas policiales y militares. A este escenario se han añadido las protestas campesinas de las más importantes zonas agrícolas –las Yungas y el Chapare– contra las campañas gubernamentales para erradicar los cultivos de coca.
En Sicuani, Puno, el departamento peruano limítrofe con Bolivia, el pasado 8 de abril Morales con otros diez diputados del MAS asistieron a la fundación de la versión peruana de su partido. En una entrevista con el diario chileno El Mercurio, Morales habló de la necesidad de “internacionalizar” el MAS promoviendo movimientos sociales antiimperialistas en toda la región andina. En Ecuador, la Conaie y su brazo político –el partido indigenista Pachakuti, que respaldó en 2000 el levantamiento del coronel Lucio Gutiérrez contra Jamil Mahuad– ha jugado un papel fundamental en las últimas crisis políticas.
Según Weinstein la movilización étnica toma la forma de la acción directa porque el segmento indígena de la población andina ha conservado sus vínculos comunitarios. La escritora venezolana Elizabeth Burgos incluye a Hugo Chávez entre los líderes “etnonacionalistas”, al caracterizar al proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista” fundamentado en el discurso de una Venezuela rota en dos mitades: una con un imaginario occidental y criollo y otra llena de ancestros mestizos y mulatos. Al definir la confrontación en términos casi raciales –‘No nos quieren. La oligarquía nos desprecia. Siempre se ha burlado de nosotros’– Chávez pulsa los resentimientos, acude a las diferencias y a las experiencias de rechazo. La historiadora Margarita López Maya dijo ante la Asamblea Nacional en agosto de 2004 que con el chavismo está emergiendo un país “de ancestros mulatos y mestizos” que estaba escondido y silencioso.
El Jornal do Brasil, abierto partidario de Lula da Silva, editorializaba que: “Venezuela se ha convertido en el primer motivo de desacuerdo entre EEUU y Brasil. Chávez tiene dinero y está lejos de ser inofensivo (…) pretende encontrar un villano para justificar la creación de una milicia popular y armar a su ejército. La lista de ingredientes explosivos se engrosa porque al igual que Ecuador, Perú y Bolivia, Venezuela padece una lucha fratricida entre una elite blanca y una población pobre de origen mayoritariamente indígena y mestiza”. La mezcla de peronismo y guevarismo de Chávez es la confirmación de la fuerza del populismo que recorre toda América del Sur y que incluso podría terminar afectando a la Colombia de Uribe y al Chile de la Concertación.
El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada acusó a Chávez de haber financiado el “movimiento indigenista y cocalero” que puso fin a su mandato. Evo Morales ha sido un asiduo visitante de Caracas, donde fue recibido en varias ocasiones por Chávez. Morales es un agitador que denuncia a las multinacionales y al imperialismo. Venezuela es el principal proveedor de crudo y gas en América Latina. Algunos analistas creen que Hugo Chávez podría estar utilizando a Morales y al MAS para que se invaliden las inversiones que puedan competir con Venezuela y vincular a Bolivia a su proyecto “bolivariano”. Evo Morales tiene cierto eco en Perú y Ecuador, países con condiciones parecidas a Bolivia.
Esas advertencias son tomadas muy en serio en Washington. La secretaria de Estado, Condoleeza Rice, declaró ante el Senado que la administración Bush “conoce muy bien las dificultades que Chávez está causando a sus vecinos”. En el Pentágono se cree que Chávez está usando el dinero del petróleo para intervenir en la política interna de sus vecinos y que está eligiendo para ello a los que tienen un tejido social más vulnerable, en algunos casos mediante métodos abiertamente subversivos.
La internacional “bolivariana”
En el Perú varios analistas han denunciado que Chávez dio apoyo –ideológico y quizá económico– al asalto de una comisaría en Andahuaylas el pasado 1 de enero de los 165 paramilitares del ME, en el que murieron cuatro policías. Al cabo de 36 horas Humala se entregó a las autoridades. Ha sido encarcelado en un penal de máxima seguridad mientras espera juicio. Tras el asalto la policía incautó a los “etnocaceristas” 110 fusiles de asalto, 50 granadas, 60 pistolas, cuatro vehículos y munición abundante. En su visita a Cuzco en diciembre de 2004 para la ceremonia de creación de la Comunidad Suramericana de Naciones, Chávez –que hizo un apasionado elogio del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975)– fue vitoreado por los seguidores de Humala. El ME –que tendría alrededor de 4.000 militantes– reivindica el legado del gobierno de Velasco, a pesar de que éste nunca utilizó el nacionalismo étnico o el racismo. Sin embargo, el régimen velasquista oficializó el quechua e hizo de Túpac Amaru el icono de la “revolución peruana”.
La asonada de Humala para exigir la renuncia de Alejandro Toledo fue ejecutada al estilo de la de Chávez en 1992 y la de Lucio Gutiérrez en 2000: una insubordinación que les sirvió de antesala para su exitosa carrera política al poder. El eclecticismo ideológico de Chávez le lleva a apoyar movimientos que defienden una combinación de nacionalismo étnico y un populismo izquierdista pero que en el caso del ME utiliza profusamente una simbología fascistoide: uniformes, boinas rojas, banderas, estandartes con águilas y brazaletes, en una suerte de identificación entre el uniforme y la “raza originaria”. El asalto de Humala fue anticipado por analistas que advirtieron de una organización paramilitar que reclamaba la “globalización de la guillotina contra los corruptos”. En octubre de 2000 los hermanos Humala encabezaron un levantamiento abortado contra el gobierno de Alberto Fujimori, poco antes de que éste huyera del país.
El gobierno de Valentín Paniagua amnistió a Ollanta Humala, que se reintegró en el ejército, pero su hermano Antauro se dedicó a organizar el ME, que pronto fue acusado de financiarse con el narcotráfico por su apoyo a las protestas cocaleras. El ME es algo parecido a una secta: dice defender un reconstituido “código moral de los Incas” y la memoria del mariscal Avelino Cáceres, un héroe de la guerra con Chile (1879-1883) que organizó milicias campesinas contra los invasores. El ME predica el odio de los cobrizos contra los blancos del Perú, Chile, EEUU e Israel, aproximadamente en ese orden. Nadie ha pedido la libertad de Humala, lo que revela su orfandad política, pero su discurso “etnonacionalista” revela las tensiones sociales larvadas del país. La cuestión racial no había formado parte del programa de ningún actor político. El ME ha sido el primero en hacerlo, aunque la Coordinadora Permanente de los Pueblo Indígenas del Perú ha denunciado en términos inequívocos la violencia preconizada por el ME.
Humala buscaba un baño mediático antes que un baño de sangre: protagonizar un acontecimiento que captara la atención pública en el comienzo de un año preelectoral y que permitiera una mayor visibilidad política para su eventual comparecencia electoral. El horror de la población ante los asesinatos de Andahuaylas llevó a Ollanta Humala, agregado militar de la embajada peruana en Seúl hasta diciembre de 2004, a tomar distancia del intento de su hermano de “presentar en sociedad” al etnocacerismo. Sin embargo, algunas encuestas dieron un alto nivel de apoyo (28%) al asalto de la comisaría.
Norberto Ceresole, el ideólogo
El parentesco ideológico entre Chávez, Humala y Morales tiene un antecedente común: el peronismo, expresión del ascenso de una fuerza popular nacionalista. Perón nunca ocultó su admiración por Mussolini y el fascismo italiano. Chávez se nutrió del peronismo a través del sociólogo argentino Norberto Ceresole, un personaje complejo y excéntrico que le asesoró durante varios años antes de que éste se deshiciera de él –entre otras cosas por su declarado antisemitismo– ordenando su expulsión de Venezuela en 1999. Ceresole murió en Buenos Aires en 2003 tras sostener que su expulsión de Venezuela se había debido a la “persecución judía”. En la fórmula de Ceresole, publicada formalmente en Madrid en 2000, se establece que el caudillo garantiza el poder a través de un partido cívico-militar, en un modelo que denomina “posdemocracia”. A largo plazo, según Ceresole la integración “bolivariana” del continente conduciría a una Confederación de Estados Latinoamericanos en la que las fuerzas armadas tendrían las riendas del desarrollo económico, social, político y de la seguridad del continente.
Chávez jamás ha renunciado a la simbología castrense. Según El Universal de Caracas, más de 100 militares, en su mayoría activos, ocupan cargos directivos y de confianza en las empresas estatales, en servicios e institutos autónomos y nacionales, fondos gubernamentales, fundaciones y comisiones especiales. En las elecciones regionales de octubre de 2004, 14 de los 22 candidatos oficialistas designados por Chávez provenían de las filas militares. Según Chávez: “Cuando hablo de revolución armada no estoy hablando de metáforas; armada es que tiene fusiles, tanques, aviones y miles de hombres listos para defenderla”. Venezuela tiene ya más oficiales que México y Argentina juntos y 120 civiles han sido juzgados por tribunales militares. Ese esquema no funcionaría sin el petróleo.
El eje Caracas-La Habana
Roger Noriega, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, ha declarado que a EEUU le preocupa la posibilidad de que los 100.000 fusiles AK que Venezuela comprará a Rusia terminen en manos de “grupos criminales, milicias o guerrillas”. Chávez dice que se entregarán a “unidades populares de defensa” que responderán directamente al presidente, en una estrategia que los opositores atribuyen más a una intención de control político interno que a una amenaza militar exterior real. Chávez no va poder garantizar que esas armas no terminen en manos indeseables. Venezuela tiene miles de kilómetros de fronteras poco resguardadas por las que podrían filtrarse esas armas, como ocurrió en Centroamérica con el armamento que fluyó a esa región durante los años 70 y 80.
En su visita al Foro Social de Porto Alegre, Chávez advirtió que considerará cualquier ataque contra Cuba como un ataque a Venezuela. El eje Caracas-La Habana completa el complejo escenario de la nueva situación estratégica de la región y del surgimiento del “etnonacionalismo” como uno de sus factores principales. Tras la derrota del sandinismo en Nicaragua, Fidel Castro pareció conceder una tregua a un continente en gran parte pacificado. Pero Chávez –al que Castro recibió en 1995 con honores de jefe de Estado pocos días después de ser excarcelado por el gobierno de Rafael Caldera– parece haberle devuelto las esperanzas de cumplir el sueño del Che: con el petróleo venezolano –dijo Castro a Régis Debray en 1962– la revolución continental sería cuestión de meses.
A cambio del crudo venezolano, Cuba envía alfabetizadores, asesores culturales, deportivos y médicos que realizan labores de proselitismo político, a los que se unen los servicios comunitarios a cargo de las guarniciones militares venezolanas. Chávez tiene además una ventaja: su poder es fruto de un proceso democrático. Según un antiguo funcionario del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista: “Fidel no quería cometer el mismo error que en Chile; él ahora hace todo de manera legal”.
La estrategia tiene múltiples frentes. Las repetidas visitas de Chávez al Foro Social Mundial de Porto Alegre han tenido la obvia intención de utilizarlo como una plataforma de propaganda política. El Movimiento Sin Tierra de Brasil ha propuesto al comité internacional que organiza el Foro que en 2006 la sede sea en Caracas, lo que ha agudizado las diferencias entre quienes creen que éste debe ser un espacio plural y quienes creen que debe organizarse como una especie de partido político global.
La línea más radical, integrada entre otros por el periodista español Ignacio Ramonet y el escritor paquistaní Tarik Alí, defienden la cita en Caracas como un gesto de respaldo del “altermundismo” a Chávez. Tarik Alí dijo en Porto Alegre que “en Irak está la resistencia armada y en Venezuela la resistencia democrática al imperialismo”.
Esas tensiones se inscriben en un marco geopolítico: el presidente colombiano Álvaro Uribe y el peruano Alejandro Toledo han estrechado sus lazos políticos y militares con EEUU mientras que, según el Washington Post, el gobierno de Chávez está gestionando compras de armamento en Rusia por valor de 5.000 millones de dólares, incluyendo una flota de 40 helicópteros y caza-bombarderos Mig-29 de última generación, y ha comprado aviones Tucano a Brasil y fragatas y aviones de transporte militar a España.
Una dimensión continental
Chávez y Castro parecen haber percibido el potencial “revolucionario” de las reivindicaciones indígenas. Si bien los criterios usados en las definiciones étnicas varían de país a país, se estima que existen más de 400 grupos indígenas identificables en América Latina, con casi 40 millones de personas, que incluyen desde pequeñas tribus selváticas amazónicas hasta las macroetnias andinas quechua y aymara. México tiene la población indígena más numerosa de América Latina, alrededor de diez millones, pero representa solamente entre el 12% y el 15% de la población total. En contraste, los indígenas de Guatemala y Bolivia constituyen la mayoría de la población nacional y en Perú y Ecuador llegan casi a la mitad. Según estimaciones de la CEPAL y el BID, un 9% de la población total de la región es indígena, pero representa el 27% en el mundo rural.
Un estudio del Banco Mundial de 1994 concluyó que la relación entre un color de piel oscuro y pobreza no es casual: la pobreza entre las poblaciones indígenas y negras de América Latina es severa y persistente. A pesar de ser los más pobres entre los pobres –en Bolivia un 75% vive por debajo del umbral de la pobreza, un 79% en Perú, un 80% en México y un 90% en Guatemala– y de las dificultades para precisar los criterios censales que los definan, los últimos datos disponibles muestran que la población indígena tiende a aumentar. Las propuestas de estatutos que otorguen autonomía territorial a los grupos indígenas se extienden desde México a Chile, especialmente desde 1992, cuando con ocasión del V Centenario del Descubrimiento se realizó en Guatemala el primer encuentro regional de organizaciones amerindias. En Ecuador el partido Pachacutik obtuvo ese año el 11% de escaños en el Parlamento.
En México, el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) ha lanzado una estrategia basada en la creación de gobiernos indígenas autónomos en 30 municipalidades, urgiendo a las demás etnias del país a imitarles para introducir los procedimientos “indígenas” para elegir y sustituir a sus autoridades. Incluso en países como Colombia y Venezuela, donde la población amerindia representa una reducida minoría, varios partidos indígenas han ganado posiciones en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales. En Guatemala y el Perú ha habido poca o ninguna organización política étnica, probablemente por los traumas causados en sus recientes guerras internas, en las cuales sus comunidades fueron las principales víctimas. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar: en octubre de 2002 organizaciones indígenas peruanas formaron el partido Llapansuyo (“todas las regiones” en quechua) con la presencia de delegaciones de los partidos Pachacutik de Bolivia y Ecuador. En Chile, los mapuches, que tienen una presencia significativa en la Patagonia (25% de la población en las regiones IX y XI), quieren obtener el mismo estatus legal que el pueblo Rapa Nui (polinesio) de la Isla de Pascua, al que el gobierno central ha concedido considerables facultades de autogobierno como “territorio especial”. Sólo Panamá ha concedido un territorio semiautónomo a una etnia indígena: a los kuna, desde 1925.
En 1989, la OIT aprobó la convención 169 como el estatuto de los derechos indígenas, en la cual los amerindios eran, por primera vez, referidos como pueblos, pero pocos países de la región la han suscrito. El caso boliviano muestra que el patrón de pacíficos avances electorales puede verse en peligro si no predomina una actitud más abierta al respecto. Un factor que inhibe las reformas políticas por parte de los Estados es el carácter supranacional de muchas de las etnias, como la de los quechuas, que abarca seis países desde Argentina a Colombia; los mayas o varias tribus amazónicas, cuyos territorios se superponen con las fronteras de Brasil y sus vecinos, lo que alimenta el temor a potenciales movimientos secesionistas.
Discriminación étnica
Uno de los grandes mitos difundidos por los nacionalismos latinoamericanos de todo tipo ha sido la virtual ausencia de discriminación racial entre sus ciudadanos y el mestizaje como paradigma de la composición étnica de sus sociedades. En los hechos, el racismo, disimulado o explícito, es una de los rasgos de la vida cotidiana y de la estructura socioeconómica más visibles en los países de la región. El problema es que al ser una realidad persistentemente negada, prácticamente ningún Estado se ha enfrentado el asunto.
La diferencia de clases es el argumento que más se utiliza para explicar la pobreza porque es el más simple: ofrece una coartada solvente para encubrir aspectos incómodos de las relaciones sociales. Esa estrategia de subterfugios más o menos velados, es casi indistinguible en los discursos oficiales desde México a Brasil. En ese complejo universo social, lleno de subterfugios y eufemismos, el racismo latinoamericano implica una discriminación no admitida que corresponde a unas sociedades que postulan un credo político igualitario pero que mantienen la desigualdad en los hechos. Se trata de un racismo emotivo, no ideológico o doctrinario. Sin embargo, desde la ola democratizadora de los años 80, el problema ha comenzado a ser abordado con menos prejuicios a medida que los pueblos indígenas se han convertido en actores políticos y sociales que exigen que las diferencias étnicas reales sean reconocidas social y jurídicamente.
En 1980 se creó el Consejo Indio de América del Sur (CISA) en Ollantaytambo, Cuzco. En los años 60 ese tipo de organizaciones apenas eran un puñado. En los 90 eran ya centenares: locales, intercomunitarias y regionales, con una intensa actividad internacional. En sus versiones extremistas iniciales articularon un discurso entre mesiánico y renovador que denunciaba a los partidos políticos, de izquierda y de derecha, por estar controlados por criollos. De ahí que incluso la revolución socialista fuese criticada como insuficiente y ajena; en todo caso, incapaz, por su origen étnico, de comprender y plantear adecuadamente el problema indígena. El énfasis en ese tipo de discurso se refleja en posturas como las de Demetrio Cotji, de la etnia kaqchiquel y catedrático en la Universidad San Carlos de Guatemala, que sostiene que cada quien teoriza según la etnia a la que pertenece en una “sociedad colonizada”; es decir, que si un marxista pertenece a la etnia dominante, pensará necesariamente en función de esa perspectiva.
Desde los años 80 las organizaciones indígenas comenzaron a realizar congresos, publicar manifiestos, dirigir peticiones a los gobiernos y a los organismos internacionales y, con mayor frecuencia, manifestaciones, marchas de protesta, ocupaciones de tierras y movilizaciones nacionales para protestar contra la depredación de sus tierras, exigiendo derechos territoriales, representación política y la preservación del medio ambiente. Las más importantes de esas luchas fueron las organizadas por la Conaie en Ecuador en 1990, 1993, 2000 y 2001, que prácticamente paralizaron el país y obligaron al gobierno a negociar cuestiones agrarias y reformas constitucionales. A escala internacional, su actividad logró que la ONU proclamara 1993 como el “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas” y el “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas”, que comenzó en 1995. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA comenzó a elaborar ese año un instrumento jurídico interamericano sobre derechos indígenas. El énfasis inicial en la idealización de un pasado mitificado dio paso a reivindicaciones más concretas, como el acceso a la tierra, al crédito agrícola, a la educación, la salud y la cooperación técnica. Según Stavenhagen, los derechos territoriales, es decir, el reconocimiento y la delimitación legal de territorios ancestrales, son imprescindibles para preservar “el espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo”. La Federación Shuar-Ashuar de Ecuador niega, por ejemplo, querer formar un Estado dentro del Estado, y defiende su participación dentro de la sociedad ecuatoriana desde sus propios valores culturales, territorio y sistema político organizado.
Probablemente nunca ha habido sociedades totalmente homogéneas en términos raciales, lingüísticos o religiosos. Y mucho menos en América Latina. Los mapas étnicos no coinciden con los lingüísticos, ni la voluntad de los ciudadanos con las formaciones históricas de los Estados nacionales: la realidad multicultural presenta una imagen de múltiples estratos que se superponen y confunden. Cualquier nuevo Estado entraría inmediatamente en conflicto con minorías irredentas que se sentirían legitimadas a ejercer su propio derecho a la autodeterminación. El principio de los derechos colectivos, in extremis, tendría que aceptar la legitimidad de la autodeterminación de todas las unidades sociales, por pequeñas que fueran y segregarlas, en uno u otro sentido, en una miríada de cantones étnicos.
Conclusiones: Como en otros terrenos, Brasil está tomando la iniciativa a través de medidas de discriminación positiva, siguiendo el modelo de la affirmative action de EEUU. Con una población de origen africano mayor que la de cualquier otro país americano, el gobierno de Lula da Silva ha decidido disminuir las desigualdades sociales estableciendo cuotas raciales para el acceso a universidades y las administraciones públicas. Lula está empeñado en reexaminar la noción idealizada de Brasil como una armoniosa “democracia racial”, obligando a la sociedad a enfrentar la realidad de la exclusión social. Entre los negros (pretos) y mestizos (pardos) –más de un 50% de la población se define de ese modo– la tasa de desempleo duplica a la de los blancos que, además, ganan un 57% más que los brasileños no blancos que trabajan en el mismo campo. Los pardos y negros tienen también mayores índices de delincuencia y un 50% menos de posibilidades de tener agua potable en sus hogares.
Cuatro de los ministros de Lula son negros, incluyendo el de la recién creada cartera de promoción de la igualdad racial, y también ha nombrado al primer juez negro del Tribunal Supremo. Si el Congreso aprueba su proyecto de ley para la igualdad racial, las cuotas se aplicarán en todos los niveles de gobierno, incluso en la programación de televisión y las listas de candidatos de los partidos políticos. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, tres ministerios federales y la municipalidad de São Paulo ya aplican una cuota del 20% de “afrobrasileños” en los principales cargos. La Universidade Estadual de Río de Janeiro ha sido la primera institución educativa que ha introducido la discriminación positiva en sus procesos de admisión: al menos un 40% de los estudiantes deben ser negros o pardos y un 50% provenir de escuelas públicas. En pocos meses ha conseguido a través de esas políticas duplicar y en algunos casos triplicar el número de sus estudiantes negros o mestizos en facultades como las de medicina, derecho e ingenierías.
Al mismo tiempo, las demandas judiciales de quienes se sienten perjudicados se han disparado. El problema para aplicar estas políticas en un país de 180 millones de habitantes en el que casi todos reconocen tener ancestros de diferentes razas es elemental: ¿quién es realmente negro, o blanco, o indio? ¿Es suficiente decir, como ahora, que uno es negro –o blanco– para serlo? ¿Debería existir una especie de tribunal racial que clasifique a las personas de acuerdo a un genotipo racial específico? El censo brasileño incluye cien clasificaciones determinadas por el color de la piel, algunas tan surrealistas como la de “café con leche”. América Latina sabe ahora que tiene un problema racial, pero está aún lejos de saber cómo resolverlo.
Luis Esteban González Manrique
Analista independiente de economía y política internacionales de Política Exterior y Dinero
Por Luis Esteban González Manrique
En muchos países latinoamericanos la proliferación de nuevos “actores armados” se vincula a una progresiva organización de grupos étnicos que reclaman una mayor cuota de autonomía territorial y política. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y en el Perú el Movimiento Etnocacerista (ME) denuncian la discriminación étnica de “naciones originarias”. Incluso en Venezuela algunos sectores del chavismo hablan de una supuesta lucha de la oligarquía contra mestizos y mulatos. La analista venezolana Elizabeth Burgos define el proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista con rasgos neofascistas”, una especie de racismo invertido que Chávez promueve como parte de su revolución continental. Las consecuencias económicas podrían ser peligrosas si ese fenómeno pone en peligro la explotación de recursos naturales –gas, petróleo, oro…– en territorios donde la presencia de comunidades indígenas es importante.
En su último estudio sobre tendencias mundiales durante los próximos 15 años –Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project–, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) de EEUU, dedica muy pocas páginas a América Latina, pero su diagnóstico sobre la principal amenaza a la seguridad de la región es inequívoco: el fracaso de los gobiernos para encontrar soluciones a la pobreza extrema y a la ingobernabilidad podría alimentar el populismo, el indigenismo radical, el terrorismo, el crimen organizado y el sentimiento antiamericano. Por su parte, Dirk Kruijt y Kees Kooning, en su libro Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America subrayan que la proliferación de “actores armados” en la región obedece en parte a tensiones étnicas que están irrumpiendo violentamente en varios países, especialmente en el núcleo de los Andes centrales: Ecuador, Perú y Bolivia.
Algunos grupos rechazan la globalización, percibida como un fenómeno homogeneizador que mina sus culturas con un modelo económico basado en la explotación de las poblaciones indígenas y sus ecosistemas. Michael Radu, del Foreign Policy Research Institute, ha criticado la “parálisis” de Washington frente a la “creciente radicalización de los indígenas en la región andina”. A su vez, Michael Weinstein prevé un nuevo “ciclo de inestabilidad” en los Andes centrales cuyas señales son “marchas masivas de protesta, bloqueo de carreteras, toma de instalaciones oficiales, rebeliones regionales, desarraigo de los gobiernos e intentos de los gobiernos para extender anticonstitucionalmente sus poderes”.
Nacional-populismo-etnicista
Algunos de los protagonistas políticos son la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador, el Movimiento Etnocacerista (ME) de los hermanos Ollanta y Antauro Humala en el Perú, el Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero boliviano Evo Morales y el Movimiento Indigenista Pachacutik del dirigente aymara Felipe Quispe, que busca la fundación de un Estado quechua-aymara en el sur peruano y el norte boliviano al que denomina “Collasuyo”, el nombre de la región durante el imperio incaico. El discurso de Quispe y Antauro Humala es abiertamente xenófobo contra los criollos, en una suerte de racismo invertido. En Bolivia las manifestaciones más violentas se han registrado en las comunidades de inmigrantes quechuas y aymaras asentadas en El Alto, un suburbio superpoblado de La Paz, que conserva la fuerte cohesión originaria de las comunidades rurales, que le da una capacidad organizativa muy eficaz para bloquear carreteras, paralizar los mercados e incluso emboscar patrullas policiales y militares. A este escenario se han añadido las protestas campesinas de las más importantes zonas agrícolas –las Yungas y el Chapare– contra las campañas gubernamentales para erradicar los cultivos de coca.
En Sicuani, Puno, el departamento peruano limítrofe con Bolivia, el pasado 8 de abril Morales con otros diez diputados del MAS asistieron a la fundación de la versión peruana de su partido. En una entrevista con el diario chileno El Mercurio, Morales habló de la necesidad de “internacionalizar” el MAS promoviendo movimientos sociales antiimperialistas en toda la región andina. En Ecuador, la Conaie y su brazo político –el partido indigenista Pachakuti, que respaldó en 2000 el levantamiento del coronel Lucio Gutiérrez contra Jamil Mahuad– ha jugado un papel fundamental en las últimas crisis políticas.
Según Weinstein la movilización étnica toma la forma de la acción directa porque el segmento indígena de la población andina ha conservado sus vínculos comunitarios. La escritora venezolana Elizabeth Burgos incluye a Hugo Chávez entre los líderes “etnonacionalistas”, al caracterizar al proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista” fundamentado en el discurso de una Venezuela rota en dos mitades: una con un imaginario occidental y criollo y otra llena de ancestros mestizos y mulatos. Al definir la confrontación en términos casi raciales –‘No nos quieren. La oligarquía nos desprecia. Siempre se ha burlado de nosotros’– Chávez pulsa los resentimientos, acude a las diferencias y a las experiencias de rechazo. La historiadora Margarita López Maya dijo ante la Asamblea Nacional en agosto de 2004 que con el chavismo está emergiendo un país “de ancestros mulatos y mestizos” que estaba escondido y silencioso.
El Jornal do Brasil, abierto partidario de Lula da Silva, editorializaba que: “Venezuela se ha convertido en el primer motivo de desacuerdo entre EEUU y Brasil. Chávez tiene dinero y está lejos de ser inofensivo (…) pretende encontrar un villano para justificar la creación de una milicia popular y armar a su ejército. La lista de ingredientes explosivos se engrosa porque al igual que Ecuador, Perú y Bolivia, Venezuela padece una lucha fratricida entre una elite blanca y una población pobre de origen mayoritariamente indígena y mestiza”. La mezcla de peronismo y guevarismo de Chávez es la confirmación de la fuerza del populismo que recorre toda América del Sur y que incluso podría terminar afectando a la Colombia de Uribe y al Chile de la Concertación.
El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada acusó a Chávez de haber financiado el “movimiento indigenista y cocalero” que puso fin a su mandato. Evo Morales ha sido un asiduo visitante de Caracas, donde fue recibido en varias ocasiones por Chávez. Morales es un agitador que denuncia a las multinacionales y al imperialismo. Venezuela es el principal proveedor de crudo y gas en América Latina. Algunos analistas creen que Hugo Chávez podría estar utilizando a Morales y al MAS para que se invaliden las inversiones que puedan competir con Venezuela y vincular a Bolivia a su proyecto “bolivariano”. Evo Morales tiene cierto eco en Perú y Ecuador, países con condiciones parecidas a Bolivia.
Esas advertencias son tomadas muy en serio en Washington. La secretaria de Estado, Condoleeza Rice, declaró ante el Senado que la administración Bush “conoce muy bien las dificultades que Chávez está causando a sus vecinos”. En el Pentágono se cree que Chávez está usando el dinero del petróleo para intervenir en la política interna de sus vecinos y que está eligiendo para ello a los que tienen un tejido social más vulnerable, en algunos casos mediante métodos abiertamente subversivos.
La internacional “bolivariana”
En el Perú varios analistas han denunciado que Chávez dio apoyo –ideológico y quizá económico– al asalto de una comisaría en Andahuaylas el pasado 1 de enero de los 165 paramilitares del ME, en el que murieron cuatro policías. Al cabo de 36 horas Humala se entregó a las autoridades. Ha sido encarcelado en un penal de máxima seguridad mientras espera juicio. Tras el asalto la policía incautó a los “etnocaceristas” 110 fusiles de asalto, 50 granadas, 60 pistolas, cuatro vehículos y munición abundante. En su visita a Cuzco en diciembre de 2004 para la ceremonia de creación de la Comunidad Suramericana de Naciones, Chávez –que hizo un apasionado elogio del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975)– fue vitoreado por los seguidores de Humala. El ME –que tendría alrededor de 4.000 militantes– reivindica el legado del gobierno de Velasco, a pesar de que éste nunca utilizó el nacionalismo étnico o el racismo. Sin embargo, el régimen velasquista oficializó el quechua e hizo de Túpac Amaru el icono de la “revolución peruana”.
La asonada de Humala para exigir la renuncia de Alejandro Toledo fue ejecutada al estilo de la de Chávez en 1992 y la de Lucio Gutiérrez en 2000: una insubordinación que les sirvió de antesala para su exitosa carrera política al poder. El eclecticismo ideológico de Chávez le lleva a apoyar movimientos que defienden una combinación de nacionalismo étnico y un populismo izquierdista pero que en el caso del ME utiliza profusamente una simbología fascistoide: uniformes, boinas rojas, banderas, estandartes con águilas y brazaletes, en una suerte de identificación entre el uniforme y la “raza originaria”. El asalto de Humala fue anticipado por analistas que advirtieron de una organización paramilitar que reclamaba la “globalización de la guillotina contra los corruptos”. En octubre de 2000 los hermanos Humala encabezaron un levantamiento abortado contra el gobierno de Alberto Fujimori, poco antes de que éste huyera del país.
El gobierno de Valentín Paniagua amnistió a Ollanta Humala, que se reintegró en el ejército, pero su hermano Antauro se dedicó a organizar el ME, que pronto fue acusado de financiarse con el narcotráfico por su apoyo a las protestas cocaleras. El ME es algo parecido a una secta: dice defender un reconstituido “código moral de los Incas” y la memoria del mariscal Avelino Cáceres, un héroe de la guerra con Chile (1879-1883) que organizó milicias campesinas contra los invasores. El ME predica el odio de los cobrizos contra los blancos del Perú, Chile, EEUU e Israel, aproximadamente en ese orden. Nadie ha pedido la libertad de Humala, lo que revela su orfandad política, pero su discurso “etnonacionalista” revela las tensiones sociales larvadas del país. La cuestión racial no había formado parte del programa de ningún actor político. El ME ha sido el primero en hacerlo, aunque la Coordinadora Permanente de los Pueblo Indígenas del Perú ha denunciado en términos inequívocos la violencia preconizada por el ME.
Humala buscaba un baño mediático antes que un baño de sangre: protagonizar un acontecimiento que captara la atención pública en el comienzo de un año preelectoral y que permitiera una mayor visibilidad política para su eventual comparecencia electoral. El horror de la población ante los asesinatos de Andahuaylas llevó a Ollanta Humala, agregado militar de la embajada peruana en Seúl hasta diciembre de 2004, a tomar distancia del intento de su hermano de “presentar en sociedad” al etnocacerismo. Sin embargo, algunas encuestas dieron un alto nivel de apoyo (28%) al asalto de la comisaría.
Norberto Ceresole, el ideólogo
El parentesco ideológico entre Chávez, Humala y Morales tiene un antecedente común: el peronismo, expresión del ascenso de una fuerza popular nacionalista. Perón nunca ocultó su admiración por Mussolini y el fascismo italiano. Chávez se nutrió del peronismo a través del sociólogo argentino Norberto Ceresole, un personaje complejo y excéntrico que le asesoró durante varios años antes de que éste se deshiciera de él –entre otras cosas por su declarado antisemitismo– ordenando su expulsión de Venezuela en 1999. Ceresole murió en Buenos Aires en 2003 tras sostener que su expulsión de Venezuela se había debido a la “persecución judía”. En la fórmula de Ceresole, publicada formalmente en Madrid en 2000, se establece que el caudillo garantiza el poder a través de un partido cívico-militar, en un modelo que denomina “posdemocracia”. A largo plazo, según Ceresole la integración “bolivariana” del continente conduciría a una Confederación de Estados Latinoamericanos en la que las fuerzas armadas tendrían las riendas del desarrollo económico, social, político y de la seguridad del continente.
Chávez jamás ha renunciado a la simbología castrense. Según El Universal de Caracas, más de 100 militares, en su mayoría activos, ocupan cargos directivos y de confianza en las empresas estatales, en servicios e institutos autónomos y nacionales, fondos gubernamentales, fundaciones y comisiones especiales. En las elecciones regionales de octubre de 2004, 14 de los 22 candidatos oficialistas designados por Chávez provenían de las filas militares. Según Chávez: “Cuando hablo de revolución armada no estoy hablando de metáforas; armada es que tiene fusiles, tanques, aviones y miles de hombres listos para defenderla”. Venezuela tiene ya más oficiales que México y Argentina juntos y 120 civiles han sido juzgados por tribunales militares. Ese esquema no funcionaría sin el petróleo.
El eje Caracas-La Habana
Roger Noriega, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, ha declarado que a EEUU le preocupa la posibilidad de que los 100.000 fusiles AK que Venezuela comprará a Rusia terminen en manos de “grupos criminales, milicias o guerrillas”. Chávez dice que se entregarán a “unidades populares de defensa” que responderán directamente al presidente, en una estrategia que los opositores atribuyen más a una intención de control político interno que a una amenaza militar exterior real. Chávez no va poder garantizar que esas armas no terminen en manos indeseables. Venezuela tiene miles de kilómetros de fronteras poco resguardadas por las que podrían filtrarse esas armas, como ocurrió en Centroamérica con el armamento que fluyó a esa región durante los años 70 y 80.
En su visita al Foro Social de Porto Alegre, Chávez advirtió que considerará cualquier ataque contra Cuba como un ataque a Venezuela. El eje Caracas-La Habana completa el complejo escenario de la nueva situación estratégica de la región y del surgimiento del “etnonacionalismo” como uno de sus factores principales. Tras la derrota del sandinismo en Nicaragua, Fidel Castro pareció conceder una tregua a un continente en gran parte pacificado. Pero Chávez –al que Castro recibió en 1995 con honores de jefe de Estado pocos días después de ser excarcelado por el gobierno de Rafael Caldera– parece haberle devuelto las esperanzas de cumplir el sueño del Che: con el petróleo venezolano –dijo Castro a Régis Debray en 1962– la revolución continental sería cuestión de meses.
A cambio del crudo venezolano, Cuba envía alfabetizadores, asesores culturales, deportivos y médicos que realizan labores de proselitismo político, a los que se unen los servicios comunitarios a cargo de las guarniciones militares venezolanas. Chávez tiene además una ventaja: su poder es fruto de un proceso democrático. Según un antiguo funcionario del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista: “Fidel no quería cometer el mismo error que en Chile; él ahora hace todo de manera legal”.
La estrategia tiene múltiples frentes. Las repetidas visitas de Chávez al Foro Social Mundial de Porto Alegre han tenido la obvia intención de utilizarlo como una plataforma de propaganda política. El Movimiento Sin Tierra de Brasil ha propuesto al comité internacional que organiza el Foro que en 2006 la sede sea en Caracas, lo que ha agudizado las diferencias entre quienes creen que éste debe ser un espacio plural y quienes creen que debe organizarse como una especie de partido político global.
La línea más radical, integrada entre otros por el periodista español Ignacio Ramonet y el escritor paquistaní Tarik Alí, defienden la cita en Caracas como un gesto de respaldo del “altermundismo” a Chávez. Tarik Alí dijo en Porto Alegre que “en Irak está la resistencia armada y en Venezuela la resistencia democrática al imperialismo”.
Esas tensiones se inscriben en un marco geopolítico: el presidente colombiano Álvaro Uribe y el peruano Alejandro Toledo han estrechado sus lazos políticos y militares con EEUU mientras que, según el Washington Post, el gobierno de Chávez está gestionando compras de armamento en Rusia por valor de 5.000 millones de dólares, incluyendo una flota de 40 helicópteros y caza-bombarderos Mig-29 de última generación, y ha comprado aviones Tucano a Brasil y fragatas y aviones de transporte militar a España.
Una dimensión continental
Chávez y Castro parecen haber percibido el potencial “revolucionario” de las reivindicaciones indígenas. Si bien los criterios usados en las definiciones étnicas varían de país a país, se estima que existen más de 400 grupos indígenas identificables en América Latina, con casi 40 millones de personas, que incluyen desde pequeñas tribus selváticas amazónicas hasta las macroetnias andinas quechua y aymara. México tiene la población indígena más numerosa de América Latina, alrededor de diez millones, pero representa solamente entre el 12% y el 15% de la población total. En contraste, los indígenas de Guatemala y Bolivia constituyen la mayoría de la población nacional y en Perú y Ecuador llegan casi a la mitad. Según estimaciones de la CEPAL y el BID, un 9% de la población total de la región es indígena, pero representa el 27% en el mundo rural.
Un estudio del Banco Mundial de 1994 concluyó que la relación entre un color de piel oscuro y pobreza no es casual: la pobreza entre las poblaciones indígenas y negras de América Latina es severa y persistente. A pesar de ser los más pobres entre los pobres –en Bolivia un 75% vive por debajo del umbral de la pobreza, un 79% en Perú, un 80% en México y un 90% en Guatemala– y de las dificultades para precisar los criterios censales que los definan, los últimos datos disponibles muestran que la población indígena tiende a aumentar. Las propuestas de estatutos que otorguen autonomía territorial a los grupos indígenas se extienden desde México a Chile, especialmente desde 1992, cuando con ocasión del V Centenario del Descubrimiento se realizó en Guatemala el primer encuentro regional de organizaciones amerindias. En Ecuador el partido Pachacutik obtuvo ese año el 11% de escaños en el Parlamento.
En México, el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) ha lanzado una estrategia basada en la creación de gobiernos indígenas autónomos en 30 municipalidades, urgiendo a las demás etnias del país a imitarles para introducir los procedimientos “indígenas” para elegir y sustituir a sus autoridades. Incluso en países como Colombia y Venezuela, donde la población amerindia representa una reducida minoría, varios partidos indígenas han ganado posiciones en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales. En Guatemala y el Perú ha habido poca o ninguna organización política étnica, probablemente por los traumas causados en sus recientes guerras internas, en las cuales sus comunidades fueron las principales víctimas. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar: en octubre de 2002 organizaciones indígenas peruanas formaron el partido Llapansuyo (“todas las regiones” en quechua) con la presencia de delegaciones de los partidos Pachacutik de Bolivia y Ecuador. En Chile, los mapuches, que tienen una presencia significativa en la Patagonia (25% de la población en las regiones IX y XI), quieren obtener el mismo estatus legal que el pueblo Rapa Nui (polinesio) de la Isla de Pascua, al que el gobierno central ha concedido considerables facultades de autogobierno como “territorio especial”. Sólo Panamá ha concedido un territorio semiautónomo a una etnia indígena: a los kuna, desde 1925.
En 1989, la OIT aprobó la convención 169 como el estatuto de los derechos indígenas, en la cual los amerindios eran, por primera vez, referidos como pueblos, pero pocos países de la región la han suscrito. El caso boliviano muestra que el patrón de pacíficos avances electorales puede verse en peligro si no predomina una actitud más abierta al respecto. Un factor que inhibe las reformas políticas por parte de los Estados es el carácter supranacional de muchas de las etnias, como la de los quechuas, que abarca seis países desde Argentina a Colombia; los mayas o varias tribus amazónicas, cuyos territorios se superponen con las fronteras de Brasil y sus vecinos, lo que alimenta el temor a potenciales movimientos secesionistas.
Discriminación étnica
Uno de los grandes mitos difundidos por los nacionalismos latinoamericanos de todo tipo ha sido la virtual ausencia de discriminación racial entre sus ciudadanos y el mestizaje como paradigma de la composición étnica de sus sociedades. En los hechos, el racismo, disimulado o explícito, es una de los rasgos de la vida cotidiana y de la estructura socioeconómica más visibles en los países de la región. El problema es que al ser una realidad persistentemente negada, prácticamente ningún Estado se ha enfrentado el asunto.
La diferencia de clases es el argumento que más se utiliza para explicar la pobreza porque es el más simple: ofrece una coartada solvente para encubrir aspectos incómodos de las relaciones sociales. Esa estrategia de subterfugios más o menos velados, es casi indistinguible en los discursos oficiales desde México a Brasil. En ese complejo universo social, lleno de subterfugios y eufemismos, el racismo latinoamericano implica una discriminación no admitida que corresponde a unas sociedades que postulan un credo político igualitario pero que mantienen la desigualdad en los hechos. Se trata de un racismo emotivo, no ideológico o doctrinario. Sin embargo, desde la ola democratizadora de los años 80, el problema ha comenzado a ser abordado con menos prejuicios a medida que los pueblos indígenas se han convertido en actores políticos y sociales que exigen que las diferencias étnicas reales sean reconocidas social y jurídicamente.
En 1980 se creó el Consejo Indio de América del Sur (CISA) en Ollantaytambo, Cuzco. En los años 60 ese tipo de organizaciones apenas eran un puñado. En los 90 eran ya centenares: locales, intercomunitarias y regionales, con una intensa actividad internacional. En sus versiones extremistas iniciales articularon un discurso entre mesiánico y renovador que denunciaba a los partidos políticos, de izquierda y de derecha, por estar controlados por criollos. De ahí que incluso la revolución socialista fuese criticada como insuficiente y ajena; en todo caso, incapaz, por su origen étnico, de comprender y plantear adecuadamente el problema indígena. El énfasis en ese tipo de discurso se refleja en posturas como las de Demetrio Cotji, de la etnia kaqchiquel y catedrático en la Universidad San Carlos de Guatemala, que sostiene que cada quien teoriza según la etnia a la que pertenece en una “sociedad colonizada”; es decir, que si un marxista pertenece a la etnia dominante, pensará necesariamente en función de esa perspectiva.
Desde los años 80 las organizaciones indígenas comenzaron a realizar congresos, publicar manifiestos, dirigir peticiones a los gobiernos y a los organismos internacionales y, con mayor frecuencia, manifestaciones, marchas de protesta, ocupaciones de tierras y movilizaciones nacionales para protestar contra la depredación de sus tierras, exigiendo derechos territoriales, representación política y la preservación del medio ambiente. Las más importantes de esas luchas fueron las organizadas por la Conaie en Ecuador en 1990, 1993, 2000 y 2001, que prácticamente paralizaron el país y obligaron al gobierno a negociar cuestiones agrarias y reformas constitucionales. A escala internacional, su actividad logró que la ONU proclamara 1993 como el “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas” y el “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas”, que comenzó en 1995. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA comenzó a elaborar ese año un instrumento jurídico interamericano sobre derechos indígenas. El énfasis inicial en la idealización de un pasado mitificado dio paso a reivindicaciones más concretas, como el acceso a la tierra, al crédito agrícola, a la educación, la salud y la cooperación técnica. Según Stavenhagen, los derechos territoriales, es decir, el reconocimiento y la delimitación legal de territorios ancestrales, son imprescindibles para preservar “el espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo”. La Federación Shuar-Ashuar de Ecuador niega, por ejemplo, querer formar un Estado dentro del Estado, y defiende su participación dentro de la sociedad ecuatoriana desde sus propios valores culturales, territorio y sistema político organizado.
Probablemente nunca ha habido sociedades totalmente homogéneas en términos raciales, lingüísticos o religiosos. Y mucho menos en América Latina. Los mapas étnicos no coinciden con los lingüísticos, ni la voluntad de los ciudadanos con las formaciones históricas de los Estados nacionales: la realidad multicultural presenta una imagen de múltiples estratos que se superponen y confunden. Cualquier nuevo Estado entraría inmediatamente en conflicto con minorías irredentas que se sentirían legitimadas a ejercer su propio derecho a la autodeterminación. El principio de los derechos colectivos, in extremis, tendría que aceptar la legitimidad de la autodeterminación de todas las unidades sociales, por pequeñas que fueran y segregarlas, en uno u otro sentido, en una miríada de cantones étnicos.
Conclusiones: Como en otros terrenos, Brasil está tomando la iniciativa a través de medidas de discriminación positiva, siguiendo el modelo de la affirmative action de EEUU. Con una población de origen africano mayor que la de cualquier otro país americano, el gobierno de Lula da Silva ha decidido disminuir las desigualdades sociales estableciendo cuotas raciales para el acceso a universidades y las administraciones públicas. Lula está empeñado en reexaminar la noción idealizada de Brasil como una armoniosa “democracia racial”, obligando a la sociedad a enfrentar la realidad de la exclusión social. Entre los negros (pretos) y mestizos (pardos) –más de un 50% de la población se define de ese modo– la tasa de desempleo duplica a la de los blancos que, además, ganan un 57% más que los brasileños no blancos que trabajan en el mismo campo. Los pardos y negros tienen también mayores índices de delincuencia y un 50% menos de posibilidades de tener agua potable en sus hogares.
Cuatro de los ministros de Lula son negros, incluyendo el de la recién creada cartera de promoción de la igualdad racial, y también ha nombrado al primer juez negro del Tribunal Supremo. Si el Congreso aprueba su proyecto de ley para la igualdad racial, las cuotas se aplicarán en todos los niveles de gobierno, incluso en la programación de televisión y las listas de candidatos de los partidos políticos. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, tres ministerios federales y la municipalidad de São Paulo ya aplican una cuota del 20% de “afrobrasileños” en los principales cargos. La Universidade Estadual de Río de Janeiro ha sido la primera institución educativa que ha introducido la discriminación positiva en sus procesos de admisión: al menos un 40% de los estudiantes deben ser negros o pardos y un 50% provenir de escuelas públicas. En pocos meses ha conseguido a través de esas políticas duplicar y en algunos casos triplicar el número de sus estudiantes negros o mestizos en facultades como las de medicina, derecho e ingenierías.
Al mismo tiempo, las demandas judiciales de quienes se sienten perjudicados se han disparado. El problema para aplicar estas políticas en un país de 180 millones de habitantes en el que casi todos reconocen tener ancestros de diferentes razas es elemental: ¿quién es realmente negro, o blanco, o indio? ¿Es suficiente decir, como ahora, que uno es negro –o blanco– para serlo? ¿Debería existir una especie de tribunal racial que clasifique a las personas de acuerdo a un genotipo racial específico? El censo brasileño incluye cien clasificaciones determinadas por el color de la piel, algunas tan surrealistas como la de “café con leche”. América Latina sabe ahora que tiene un problema racial, pero está aún lejos de saber cómo resolverlo.
Luis Esteban González Manrique
Analista independiente de economía y política internacionales de Política Exterior y Dinero
EL “ETNONACIONALISMO”: LAS NUEVAS TENSIONES INTERÉTNICAS EN AMÉRICA LATINA
En su último informe sobre tendencias mundiales, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos menciona entre los peligros potenciales para la seguridad hemisférica el “indigenismo militante” asociado al antiamericanismo.
Por Luis Esteban González Manrique
En muchos países latinoamericanos la proliferación de nuevos “actores armados” se vincula a una progresiva organización de grupos étnicos que reclaman una mayor cuota de autonomía territorial y política. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y en el Perú el Movimiento Etnocacerista (ME) denuncian la discriminación étnica de “naciones originarias”. Incluso en Venezuela algunos sectores del chavismo hablan de una supuesta lucha de la oligarquía contra mestizos y mulatos. La analista venezolana Elizabeth Burgos define el proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista con rasgos neofascistas”, una especie de racismo invertido que Chávez promueve como parte de su revolución continental. Las consecuencias económicas podrían ser peligrosas si ese fenómeno pone en peligro la explotación de recursos naturales –gas, petróleo, oro…– en territorios donde la presencia de comunidades indígenas es importante.
En su último estudio sobre tendencias mundiales durante los próximos 15 años –Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project–, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) de EEUU, dedica muy pocas páginas a América Latina, pero su diagnóstico sobre la principal amenaza a la seguridad de la región es inequívoco: el fracaso de los gobiernos para encontrar soluciones a la pobreza extrema y a la ingobernabilidad podría alimentar el populismo, el indigenismo radical, el terrorismo, el crimen organizado y el sentimiento antiamericano. Por su parte, Dirk Kruijt y Kees Kooning, en su libro Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America subrayan que la proliferación de “actores armados” en la región obedece en parte a tensiones étnicas que están irrumpiendo violentamente en varios países, especialmente en el núcleo de los Andes centrales: Ecuador, Perú y Bolivia.
Algunos grupos rechazan la globalización, percibida como un fenómeno homogeneizador que mina sus culturas con un modelo económico basado en la explotación de las poblaciones indígenas y sus ecosistemas. Michael Radu, del Foreign Policy Research Institute, ha criticado la “parálisis” de Washington frente a la “creciente radicalización de los indígenas en la región andina”. A su vez, Michael Weinstein prevé un nuevo “ciclo de inestabilidad” en los Andes centrales cuyas señales son “marchas masivas de protesta, bloqueo de carreteras, toma de instalaciones oficiales, rebeliones regionales, desarraigo de los gobiernos e intentos de los gobiernos para extender anticonstitucionalmente sus poderes”.
Nacional-populismo-etnicista
Algunos de los protagonistas políticos son la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador, el Movimiento Etnocacerista (ME) de los hermanos Ollanta y Antauro Humala en el Perú, el Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero boliviano Evo Morales y el Movimiento Indigenista Pachacutik del dirigente aymara Felipe Quispe, que busca la fundación de un Estado quechua-aymara en el sur peruano y el norte boliviano al que denomina “Collasuyo”, el nombre de la región durante el imperio incaico. El discurso de Quispe y Antauro Humala es abiertamente xenófobo contra los criollos, en una suerte de racismo invertido. En Bolivia las manifestaciones más violentas se han registrado en las comunidades de inmigrantes quechuas y aymaras asentadas en El Alto, un suburbio superpoblado de La Paz, que conserva la fuerte cohesión originaria de las comunidades rurales, que le da una capacidad organizativa muy eficaz para bloquear carreteras, paralizar los mercados e incluso emboscar patrullas policiales y militares. A este escenario se han añadido las protestas campesinas de las más importantes zonas agrícolas –las Yungas y el Chapare– contra las campañas gubernamentales para erradicar los cultivos de coca.
En Sicuani, Puno, el departamento peruano limítrofe con Bolivia, el pasado 8 de abril Morales con otros diez diputados del MAS asistieron a la fundación de la versión peruana de su partido. En una entrevista con el diario chileno El Mercurio, Morales habló de la necesidad de “internacionalizar” el MAS promoviendo movimientos sociales antiimperialistas en toda la región andina. En Ecuador, la Conaie y su brazo político –el partido indigenista Pachakuti, que respaldó en 2000 el levantamiento del coronel Lucio Gutiérrez contra Jamil Mahuad– ha jugado un papel fundamental en las últimas crisis políticas.
Según Weinstein la movilización étnica toma la forma de la acción directa porque el segmento indígena de la población andina ha conservado sus vínculos comunitarios. La escritora venezolana Elizabeth Burgos incluye a Hugo Chávez entre los líderes “etnonacionalistas”, al caracterizar al proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista” fundamentado en el discurso de una Venezuela rota en dos mitades: una con un imaginario occidental y criollo y otra llena de ancestros mestizos y mulatos. Al definir la confrontación en términos casi raciales –‘No nos quieren. La oligarquía nos desprecia. Siempre se ha burlado de nosotros’– Chávez pulsa los resentimientos, acude a las diferencias y a las experiencias de rechazo. La historiadora Margarita López Maya dijo ante la Asamblea Nacional en agosto de 2004 que con el chavismo está emergiendo un país “de ancestros mulatos y mestizos” que estaba escondido y silencioso.
El Jornal do Brasil, abierto partidario de Lula da Silva, editorializaba que: “Venezuela se ha convertido en el primer motivo de desacuerdo entre EEUU y Brasil. Chávez tiene dinero y está lejos de ser inofensivo (…) pretende encontrar un villano para justificar la creación de una milicia popular y armar a su ejército. La lista de ingredientes explosivos se engrosa porque al igual que Ecuador, Perú y Bolivia, Venezuela padece una lucha fratricida entre una elite blanca y una población pobre de origen mayoritariamente indígena y mestiza”. La mezcla de peronismo y guevarismo de Chávez es la confirmación de la fuerza del populismo que recorre toda América del Sur y que incluso podría terminar afectando a la Colombia de Uribe y al Chile de la Concertación.
El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada acusó a Chávez de haber financiado el “movimiento indigenista y cocalero” que puso fin a su mandato. Evo Morales ha sido un asiduo visitante de Caracas, donde fue recibido en varias ocasiones por Chávez. Morales es un agitador que denuncia a las multinacionales y al imperialismo. Venezuela es el principal proveedor de crudo y gas en América Latina. Algunos analistas creen que Hugo Chávez podría estar utilizando a Morales y al MAS para que se invaliden las inversiones que puedan competir con Venezuela y vincular a Bolivia a su proyecto “bolivariano”. Evo Morales tiene cierto eco en Perú y Ecuador, países con condiciones parecidas a Bolivia.
Esas advertencias son tomadas muy en serio en Washington. La secretaria de Estado, Condoleeza Rice, declaró ante el Senado que la administración Bush “conoce muy bien las dificultades que Chávez está causando a sus vecinos”. En el Pentágono se cree que Chávez está usando el dinero del petróleo para intervenir en la política interna de sus vecinos y que está eligiendo para ello a los que tienen un tejido social más vulnerable, en algunos casos mediante métodos abiertamente subversivos.
La internacional “bolivariana”
En el Perú varios analistas han denunciado que Chávez dio apoyo –ideológico y quizá económico– al asalto de una comisaría en Andahuaylas el pasado 1 de enero de los 165 paramilitares del ME, en el que murieron cuatro policías. Al cabo de 36 horas Humala se entregó a las autoridades. Ha sido encarcelado en un penal de máxima seguridad mientras espera juicio. Tras el asalto la policía incautó a los “etnocaceristas” 110 fusiles de asalto, 50 granadas, 60 pistolas, cuatro vehículos y munición abundante. En su visita a Cuzco en diciembre de 2004 para la ceremonia de creación de la Comunidad Suramericana de Naciones, Chávez –que hizo un apasionado elogio del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975)– fue vitoreado por los seguidores de Humala. El ME –que tendría alrededor de 4.000 militantes– reivindica el legado del gobierno de Velasco, a pesar de que éste nunca utilizó el nacionalismo étnico o el racismo. Sin embargo, el régimen velasquista oficializó el quechua e hizo de Túpac Amaru el icono de la “revolución peruana”.
La asonada de Humala para exigir la renuncia de Alejandro Toledo fue ejecutada al estilo de la de Chávez en 1992 y la de Lucio Gutiérrez en 2000: una insubordinación que les sirvió de antesala para su exitosa carrera política al poder. El eclecticismo ideológico de Chávez le lleva a apoyar movimientos que defienden una combinación de nacionalismo étnico y un populismo izquierdista pero que en el caso del ME utiliza profusamente una simbología fascistoide: uniformes, boinas rojas, banderas, estandartes con águilas y brazaletes, en una suerte de identificación entre el uniforme y la “raza originaria”. El asalto de Humala fue anticipado por analistas que advirtieron de una organización paramilitar que reclamaba la “globalización de la guillotina contra los corruptos”. En octubre de 2000 los hermanos Humala encabezaron un levantamiento abortado contra el gobierno de Alberto Fujimori, poco antes de que éste huyera del país.
El gobierno de Valentín Paniagua amnistió a Ollanta Humala, que se reintegró en el ejército, pero su hermano Antauro se dedicó a organizar el ME, que pronto fue acusado de financiarse con el narcotráfico por su apoyo a las protestas cocaleras. El ME es algo parecido a una secta: dice defender un reconstituido “código moral de los Incas” y la memoria del mariscal Avelino Cáceres, un héroe de la guerra con Chile (1879-1883) que organizó milicias campesinas contra los invasores. El ME predica el odio de los cobrizos contra los blancos del Perú, Chile, EEUU e Israel, aproximadamente en ese orden. Nadie ha pedido la libertad de Humala, lo que revela su orfandad política, pero su discurso “etnonacionalista” revela las tensiones sociales larvadas del país. La cuestión racial no había formado parte del programa de ningún actor político. El ME ha sido el primero en hacerlo, aunque la Coordinadora Permanente de los Pueblo Indígenas del Perú ha denunciado en términos inequívocos la violencia preconizada por el ME.
Humala buscaba un baño mediático antes que un baño de sangre: protagonizar un acontecimiento que captara la atención pública en el comienzo de un año preelectoral y que permitiera una mayor visibilidad política para su eventual comparecencia electoral. El horror de la población ante los asesinatos de Andahuaylas llevó a Ollanta Humala, agregado militar de la embajada peruana en Seúl hasta diciembre de 2004, a tomar distancia del intento de su hermano de “presentar en sociedad” al etnocacerismo. Sin embargo, algunas encuestas dieron un alto nivel de apoyo (28%) al asalto de la comisaría.
Norberto Ceresole, el ideólogo
El parentesco ideológico entre Chávez, Humala y Morales tiene un antecedente común: el peronismo, expresión del ascenso de una fuerza popular nacionalista. Perón nunca ocultó su admiración por Mussolini y el fascismo italiano. Chávez se nutrió del peronismo a través del sociólogo argentino Norberto Ceresole, un personaje complejo y excéntrico que le asesoró durante varios años antes de que éste se deshiciera de él –entre otras cosas por su declarado antisemitismo– ordenando su expulsión de Venezuela en 1999. Ceresole murió en Buenos Aires en 2003 tras sostener que su expulsión de Venezuela se había debido a la “persecución judía”. En la fórmula de Ceresole, publicada formalmente en Madrid en 2000, se establece que el caudillo garantiza el poder a través de un partido cívico-militar, en un modelo que denomina “posdemocracia”. A largo plazo, según Ceresole la integración “bolivariana” del continente conduciría a una Confederación de Estados Latinoamericanos en la que las fuerzas armadas tendrían las riendas del desarrollo económico, social, político y de la seguridad del continente.
Chávez jamás ha renunciado a la simbología castrense. Según El Universal de Caracas, más de 100 militares, en su mayoría activos, ocupan cargos directivos y de confianza en las empresas estatales, en servicios e institutos autónomos y nacionales, fondos gubernamentales, fundaciones y comisiones especiales. En las elecciones regionales de octubre de 2004, 14 de los 22 candidatos oficialistas designados por Chávez provenían de las filas militares. Según Chávez: “Cuando hablo de revolución armada no estoy hablando de metáforas; armada es que tiene fusiles, tanques, aviones y miles de hombres listos para defenderla”. Venezuela tiene ya más oficiales que México y Argentina juntos y 120 civiles han sido juzgados por tribunales militares. Ese esquema no funcionaría sin el petróleo.
El eje Caracas-La Habana
Roger Noriega, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, ha declarado que a EEUU le preocupa la posibilidad de que los 100.000 fusiles AK que Venezuela comprará a Rusia terminen en manos de “grupos criminales, milicias o guerrillas”. Chávez dice que se entregarán a “unidades populares de defensa” que responderán directamente al presidente, en una estrategia que los opositores atribuyen más a una intención de control político interno que a una amenaza militar exterior real. Chávez no va poder garantizar que esas armas no terminen en manos indeseables. Venezuela tiene miles de kilómetros de fronteras poco resguardadas por las que podrían filtrarse esas armas, como ocurrió en Centroamérica con el armamento que fluyó a esa región durante los años 70 y 80.
En su visita al Foro Social de Porto Alegre, Chávez advirtió que considerará cualquier ataque contra Cuba como un ataque a Venezuela. El eje Caracas-La Habana completa el complejo escenario de la nueva situación estratégica de la región y del surgimiento del “etnonacionalismo” como uno de sus factores principales. Tras la derrota del sandinismo en Nicaragua, Fidel Castro pareció conceder una tregua a un continente en gran parte pacificado. Pero Chávez –al que Castro recibió en 1995 con honores de jefe de Estado pocos días después de ser excarcelado por el gobierno de Rafael Caldera– parece haberle devuelto las esperanzas de cumplir el sueño del Che: con el petróleo venezolano –dijo Castro a Régis Debray en 1962– la revolución continental sería cuestión de meses.
A cambio del crudo venezolano, Cuba envía alfabetizadores, asesores culturales, deportivos y médicos que realizan labores de proselitismo político, a los que se unen los servicios comunitarios a cargo de las guarniciones militares venezolanas. Chávez tiene además una ventaja: su poder es fruto de un proceso democrático. Según un antiguo funcionario del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista: “Fidel no quería cometer el mismo error que en Chile; él ahora hace todo de manera legal”.
La estrategia tiene múltiples frentes. Las repetidas visitas de Chávez al Foro Social Mundial de Porto Alegre han tenido la obvia intención de utilizarlo como una plataforma de propaganda política. El Movimiento Sin Tierra de Brasil ha propuesto al comité internacional que organiza el Foro que en 2006 la sede sea en Caracas, lo que ha agudizado las diferencias entre quienes creen que éste debe ser un espacio plural y quienes creen que debe organizarse como una especie de partido político global.
La línea más radical, integrada entre otros por el periodista español Ignacio Ramonet y el escritor paquistaní Tarik Alí, defienden la cita en Caracas como un gesto de respaldo del “altermundismo” a Chávez. Tarik Alí dijo en Porto Alegre que “en Irak está la resistencia armada y en Venezuela la resistencia democrática al imperialismo”.
Esas tensiones se inscriben en un marco geopolítico: el presidente colombiano Álvaro Uribe y el peruano Alejandro Toledo han estrechado sus lazos políticos y militares con EEUU mientras que, según el Washington Post, el gobierno de Chávez está gestionando compras de armamento en Rusia por valor de 5.000 millones de dólares, incluyendo una flota de 40 helicópteros y caza-bombarderos Mig-29 de última generación, y ha comprado aviones Tucano a Brasil y fragatas y aviones de transporte militar a España.
Una dimensión continental
Chávez y Castro parecen haber percibido el potencial “revolucionario” de las reivindicaciones indígenas. Si bien los criterios usados en las definiciones étnicas varían de país a país, se estima que existen más de 400 grupos indígenas identificables en América Latina, con casi 40 millones de personas, que incluyen desde pequeñas tribus selváticas amazónicas hasta las macroetnias andinas quechua y aymara. México tiene la población indígena más numerosa de América Latina, alrededor de diez millones, pero representa solamente entre el 12% y el 15% de la población total. En contraste, los indígenas de Guatemala y Bolivia constituyen la mayoría de la población nacional y en Perú y Ecuador llegan casi a la mitad. Según estimaciones de la CEPAL y el BID, un 9% de la población total de la región es indígena, pero representa el 27% en el mundo rural.
Un estudio del Banco Mundial de 1994 concluyó que la relación entre un color de piel oscuro y pobreza no es casual: la pobreza entre las poblaciones indígenas y negras de América Latina es severa y persistente. A pesar de ser los más pobres entre los pobres –en Bolivia un 75% vive por debajo del umbral de la pobreza, un 79% en Perú, un 80% en México y un 90% en Guatemala– y de las dificultades para precisar los criterios censales que los definan, los últimos datos disponibles muestran que la población indígena tiende a aumentar. Las propuestas de estatutos que otorguen autonomía territorial a los grupos indígenas se extienden desde México a Chile, especialmente desde 1992, cuando con ocasión del V Centenario del Descubrimiento se realizó en Guatemala el primer encuentro regional de organizaciones amerindias. En Ecuador el partido Pachacutik obtuvo ese año el 11% de escaños en el Parlamento.
En México, el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) ha lanzado una estrategia basada en la creación de gobiernos indígenas autónomos en 30 municipalidades, urgiendo a las demás etnias del país a imitarles para introducir los procedimientos “indígenas” para elegir y sustituir a sus autoridades. Incluso en países como Colombia y Venezuela, donde la población amerindia representa una reducida minoría, varios partidos indígenas han ganado posiciones en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales. En Guatemala y el Perú ha habido poca o ninguna organización política étnica, probablemente por los traumas causados en sus recientes guerras internas, en las cuales sus comunidades fueron las principales víctimas. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar: en octubre de 2002 organizaciones indígenas peruanas formaron el partido Llapansuyo (“todas las regiones” en quechua) con la presencia de delegaciones de los partidos Pachacutik de Bolivia y Ecuador. En Chile, los mapuches, que tienen una presencia significativa en la Patagonia (25% de la población en las regiones IX y XI), quieren obtener el mismo estatus legal que el pueblo Rapa Nui (polinesio) de la Isla de Pascua, al que el gobierno central ha concedido considerables facultades de autogobierno como “territorio especial”. Sólo Panamá ha concedido un territorio semiautónomo a una etnia indígena: a los kuna, desde 1925.
En 1989, la OIT aprobó la convención 169 como el estatuto de los derechos indígenas, en la cual los amerindios eran, por primera vez, referidos como pueblos, pero pocos países de la región la han suscrito. El caso boliviano muestra que el patrón de pacíficos avances electorales puede verse en peligro si no predomina una actitud más abierta al respecto. Un factor que inhibe las reformas políticas por parte de los Estados es el carácter supranacional de muchas de las etnias, como la de los quechuas, que abarca seis países desde Argentina a Colombia; los mayas o varias tribus amazónicas, cuyos territorios se superponen con las fronteras de Brasil y sus vecinos, lo que alimenta el temor a potenciales movimientos secesionistas.
Discriminación étnica
Uno de los grandes mitos difundidos por los nacionalismos latinoamericanos de todo tipo ha sido la virtual ausencia de discriminación racial entre sus ciudadanos y el mestizaje como paradigma de la composición étnica de sus sociedades. En los hechos, el racismo, disimulado o explícito, es una de los rasgos de la vida cotidiana y de la estructura socioeconómica más visibles en los países de la región. El problema es que al ser una realidad persistentemente negada, prácticamente ningún Estado se ha enfrentado el asunto.
La diferencia de clases es el argumento que más se utiliza para explicar la pobreza porque es el más simple: ofrece una coartada solvente para encubrir aspectos incómodos de las relaciones sociales. Esa estrategia de subterfugios más o menos velados, es casi indistinguible en los discursos oficiales desde México a Brasil. En ese complejo universo social, lleno de subterfugios y eufemismos, el racismo latinoamericano implica una discriminación no admitida que corresponde a unas sociedades que postulan un credo político igualitario pero que mantienen la desigualdad en los hechos. Se trata de un racismo emotivo, no ideológico o doctrinario. Sin embargo, desde la ola democratizadora de los años 80, el problema ha comenzado a ser abordado con menos prejuicios a medida que los pueblos indígenas se han convertido en actores políticos y sociales que exigen que las diferencias étnicas reales sean reconocidas social y jurídicamente.
En 1980 se creó el Consejo Indio de América del Sur (CISA) en Ollantaytambo, Cuzco. En los años 60 ese tipo de organizaciones apenas eran un puñado. En los 90 eran ya centenares: locales, intercomunitarias y regionales, con una intensa actividad internacional. En sus versiones extremistas iniciales articularon un discurso entre mesiánico y renovador que denunciaba a los partidos políticos, de izquierda y de derecha, por estar controlados por criollos. De ahí que incluso la revolución socialista fuese criticada como insuficiente y ajena; en todo caso, incapaz, por su origen étnico, de comprender y plantear adecuadamente el problema indígena. El énfasis en ese tipo de discurso se refleja en posturas como las de Demetrio Cotji, de la etnia kaqchiquel y catedrático en la Universidad San Carlos de Guatemala, que sostiene que cada quien teoriza según la etnia a la que pertenece en una “sociedad colonizada”; es decir, que si un marxista pertenece a la etnia dominante, pensará necesariamente en función de esa perspectiva.
Desde los años 80 las organizaciones indígenas comenzaron a realizar congresos, publicar manifiestos, dirigir peticiones a los gobiernos y a los organismos internacionales y, con mayor frecuencia, manifestaciones, marchas de protesta, ocupaciones de tierras y movilizaciones nacionales para protestar contra la depredación de sus tierras, exigiendo derechos territoriales, representación política y la preservación del medio ambiente. Las más importantes de esas luchas fueron las organizadas por la Conaie en Ecuador en 1990, 1993, 2000 y 2001, que prácticamente paralizaron el país y obligaron al gobierno a negociar cuestiones agrarias y reformas constitucionales. A escala internacional, su actividad logró que la ONU proclamara 1993 como el “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas” y el “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas”, que comenzó en 1995. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA comenzó a elaborar ese año un instrumento jurídico interamericano sobre derechos indígenas. El énfasis inicial en la idealización de un pasado mitificado dio paso a reivindicaciones más concretas, como el acceso a la tierra, al crédito agrícola, a la educación, la salud y la cooperación técnica. Según Stavenhagen, los derechos territoriales, es decir, el reconocimiento y la delimitación legal de territorios ancestrales, son imprescindibles para preservar “el espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo”. La Federación Shuar-Ashuar de Ecuador niega, por ejemplo, querer formar un Estado dentro del Estado, y defiende su participación dentro de la sociedad ecuatoriana desde sus propios valores culturales, territorio y sistema político organizado.
Probablemente nunca ha habido sociedades totalmente homogéneas en términos raciales, lingüísticos o religiosos. Y mucho menos en América Latina. Los mapas étnicos no coinciden con los lingüísticos, ni la voluntad de los ciudadanos con las formaciones históricas de los Estados nacionales: la realidad multicultural presenta una imagen de múltiples estratos que se superponen y confunden. Cualquier nuevo Estado entraría inmediatamente en conflicto con minorías irredentas que se sentirían legitimadas a ejercer su propio derecho a la autodeterminación. El principio de los derechos colectivos, in extremis, tendría que aceptar la legitimidad de la autodeterminación de todas las unidades sociales, por pequeñas que fueran y segregarlas, en uno u otro sentido, en una miríada de cantones étnicos.
Conclusiones: Como en otros terrenos, Brasil está tomando la iniciativa a través de medidas de discriminación positiva, siguiendo el modelo de la affirmative action de EEUU. Con una población de origen africano mayor que la de cualquier otro país americano, el gobierno de Lula da Silva ha decidido disminuir las desigualdades sociales estableciendo cuotas raciales para el acceso a universidades y las administraciones públicas. Lula está empeñado en reexaminar la noción idealizada de Brasil como una armoniosa “democracia racial”, obligando a la sociedad a enfrentar la realidad de la exclusión social. Entre los negros (pretos) y mestizos (pardos) –más de un 50% de la población se define de ese modo– la tasa de desempleo duplica a la de los blancos que, además, ganan un 57% más que los brasileños no blancos que trabajan en el mismo campo. Los pardos y negros tienen también mayores índices de delincuencia y un 50% menos de posibilidades de tener agua potable en sus hogares.
Cuatro de los ministros de Lula son negros, incluyendo el de la recién creada cartera de promoción de la igualdad racial, y también ha nombrado al primer juez negro del Tribunal Supremo. Si el Congreso aprueba su proyecto de ley para la igualdad racial, las cuotas se aplicarán en todos los niveles de gobierno, incluso en la programación de televisión y las listas de candidatos de los partidos políticos. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, tres ministerios federales y la municipalidad de São Paulo ya aplican una cuota del 20% de “afrobrasileños” en los principales cargos. La Universidade Estadual de Río de Janeiro ha sido la primera institución educativa que ha introducido la discriminación positiva en sus procesos de admisión: al menos un 40% de los estudiantes deben ser negros o pardos y un 50% provenir de escuelas públicas. En pocos meses ha conseguido a través de esas políticas duplicar y en algunos casos triplicar el número de sus estudiantes negros o mestizos en facultades como las de medicina, derecho e ingenierías.
Al mismo tiempo, las demandas judiciales de quienes se sienten perjudicados se han disparado. El problema para aplicar estas políticas en un país de 180 millones de habitantes en el que casi todos reconocen tener ancestros de diferentes razas es elemental: ¿quién es realmente negro, o blanco, o indio? ¿Es suficiente decir, como ahora, que uno es negro –o blanco– para serlo? ¿Debería existir una especie de tribunal racial que clasifique a las personas de acuerdo a un genotipo racial específico? El censo brasileño incluye cien clasificaciones determinadas por el color de la piel, algunas tan surrealistas como la de “café con leche”. América Latina sabe ahora que tiene un problema racial, pero está aún lejos de saber cómo resolverlo.
Luis Esteban González Manrique
Analista independiente de economía y política internacionales de Política Exterior y Dinero
Por Luis Esteban González Manrique
En muchos países latinoamericanos la proliferación de nuevos “actores armados” se vincula a una progresiva organización de grupos étnicos que reclaman una mayor cuota de autonomía territorial y política. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y en el Perú el Movimiento Etnocacerista (ME) denuncian la discriminación étnica de “naciones originarias”. Incluso en Venezuela algunos sectores del chavismo hablan de una supuesta lucha de la oligarquía contra mestizos y mulatos. La analista venezolana Elizabeth Burgos define el proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista con rasgos neofascistas”, una especie de racismo invertido que Chávez promueve como parte de su revolución continental. Las consecuencias económicas podrían ser peligrosas si ese fenómeno pone en peligro la explotación de recursos naturales –gas, petróleo, oro…– en territorios donde la presencia de comunidades indígenas es importante.
En su último estudio sobre tendencias mundiales durante los próximos 15 años –Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project–, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) de EEUU, dedica muy pocas páginas a América Latina, pero su diagnóstico sobre la principal amenaza a la seguridad de la región es inequívoco: el fracaso de los gobiernos para encontrar soluciones a la pobreza extrema y a la ingobernabilidad podría alimentar el populismo, el indigenismo radical, el terrorismo, el crimen organizado y el sentimiento antiamericano. Por su parte, Dirk Kruijt y Kees Kooning, en su libro Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America subrayan que la proliferación de “actores armados” en la región obedece en parte a tensiones étnicas que están irrumpiendo violentamente en varios países, especialmente en el núcleo de los Andes centrales: Ecuador, Perú y Bolivia.
Algunos grupos rechazan la globalización, percibida como un fenómeno homogeneizador que mina sus culturas con un modelo económico basado en la explotación de las poblaciones indígenas y sus ecosistemas. Michael Radu, del Foreign Policy Research Institute, ha criticado la “parálisis” de Washington frente a la “creciente radicalización de los indígenas en la región andina”. A su vez, Michael Weinstein prevé un nuevo “ciclo de inestabilidad” en los Andes centrales cuyas señales son “marchas masivas de protesta, bloqueo de carreteras, toma de instalaciones oficiales, rebeliones regionales, desarraigo de los gobiernos e intentos de los gobiernos para extender anticonstitucionalmente sus poderes”.
Nacional-populismo-etnicista
Algunos de los protagonistas políticos son la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador, el Movimiento Etnocacerista (ME) de los hermanos Ollanta y Antauro Humala en el Perú, el Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero boliviano Evo Morales y el Movimiento Indigenista Pachacutik del dirigente aymara Felipe Quispe, que busca la fundación de un Estado quechua-aymara en el sur peruano y el norte boliviano al que denomina “Collasuyo”, el nombre de la región durante el imperio incaico. El discurso de Quispe y Antauro Humala es abiertamente xenófobo contra los criollos, en una suerte de racismo invertido. En Bolivia las manifestaciones más violentas se han registrado en las comunidades de inmigrantes quechuas y aymaras asentadas en El Alto, un suburbio superpoblado de La Paz, que conserva la fuerte cohesión originaria de las comunidades rurales, que le da una capacidad organizativa muy eficaz para bloquear carreteras, paralizar los mercados e incluso emboscar patrullas policiales y militares. A este escenario se han añadido las protestas campesinas de las más importantes zonas agrícolas –las Yungas y el Chapare– contra las campañas gubernamentales para erradicar los cultivos de coca.
En Sicuani, Puno, el departamento peruano limítrofe con Bolivia, el pasado 8 de abril Morales con otros diez diputados del MAS asistieron a la fundación de la versión peruana de su partido. En una entrevista con el diario chileno El Mercurio, Morales habló de la necesidad de “internacionalizar” el MAS promoviendo movimientos sociales antiimperialistas en toda la región andina. En Ecuador, la Conaie y su brazo político –el partido indigenista Pachakuti, que respaldó en 2000 el levantamiento del coronel Lucio Gutiérrez contra Jamil Mahuad– ha jugado un papel fundamental en las últimas crisis políticas.
Según Weinstein la movilización étnica toma la forma de la acción directa porque el segmento indígena de la población andina ha conservado sus vínculos comunitarios. La escritora venezolana Elizabeth Burgos incluye a Hugo Chávez entre los líderes “etnonacionalistas”, al caracterizar al proceso “bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista” fundamentado en el discurso de una Venezuela rota en dos mitades: una con un imaginario occidental y criollo y otra llena de ancestros mestizos y mulatos. Al definir la confrontación en términos casi raciales –‘No nos quieren. La oligarquía nos desprecia. Siempre se ha burlado de nosotros’– Chávez pulsa los resentimientos, acude a las diferencias y a las experiencias de rechazo. La historiadora Margarita López Maya dijo ante la Asamblea Nacional en agosto de 2004 que con el chavismo está emergiendo un país “de ancestros mulatos y mestizos” que estaba escondido y silencioso.
El Jornal do Brasil, abierto partidario de Lula da Silva, editorializaba que: “Venezuela se ha convertido en el primer motivo de desacuerdo entre EEUU y Brasil. Chávez tiene dinero y está lejos de ser inofensivo (…) pretende encontrar un villano para justificar la creación de una milicia popular y armar a su ejército. La lista de ingredientes explosivos se engrosa porque al igual que Ecuador, Perú y Bolivia, Venezuela padece una lucha fratricida entre una elite blanca y una población pobre de origen mayoritariamente indígena y mestiza”. La mezcla de peronismo y guevarismo de Chávez es la confirmación de la fuerza del populismo que recorre toda América del Sur y que incluso podría terminar afectando a la Colombia de Uribe y al Chile de la Concertación.
El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada acusó a Chávez de haber financiado el “movimiento indigenista y cocalero” que puso fin a su mandato. Evo Morales ha sido un asiduo visitante de Caracas, donde fue recibido en varias ocasiones por Chávez. Morales es un agitador que denuncia a las multinacionales y al imperialismo. Venezuela es el principal proveedor de crudo y gas en América Latina. Algunos analistas creen que Hugo Chávez podría estar utilizando a Morales y al MAS para que se invaliden las inversiones que puedan competir con Venezuela y vincular a Bolivia a su proyecto “bolivariano”. Evo Morales tiene cierto eco en Perú y Ecuador, países con condiciones parecidas a Bolivia.
Esas advertencias son tomadas muy en serio en Washington. La secretaria de Estado, Condoleeza Rice, declaró ante el Senado que la administración Bush “conoce muy bien las dificultades que Chávez está causando a sus vecinos”. En el Pentágono se cree que Chávez está usando el dinero del petróleo para intervenir en la política interna de sus vecinos y que está eligiendo para ello a los que tienen un tejido social más vulnerable, en algunos casos mediante métodos abiertamente subversivos.
La internacional “bolivariana”
En el Perú varios analistas han denunciado que Chávez dio apoyo –ideológico y quizá económico– al asalto de una comisaría en Andahuaylas el pasado 1 de enero de los 165 paramilitares del ME, en el que murieron cuatro policías. Al cabo de 36 horas Humala se entregó a las autoridades. Ha sido encarcelado en un penal de máxima seguridad mientras espera juicio. Tras el asalto la policía incautó a los “etnocaceristas” 110 fusiles de asalto, 50 granadas, 60 pistolas, cuatro vehículos y munición abundante. En su visita a Cuzco en diciembre de 2004 para la ceremonia de creación de la Comunidad Suramericana de Naciones, Chávez –que hizo un apasionado elogio del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975)– fue vitoreado por los seguidores de Humala. El ME –que tendría alrededor de 4.000 militantes– reivindica el legado del gobierno de Velasco, a pesar de que éste nunca utilizó el nacionalismo étnico o el racismo. Sin embargo, el régimen velasquista oficializó el quechua e hizo de Túpac Amaru el icono de la “revolución peruana”.
La asonada de Humala para exigir la renuncia de Alejandro Toledo fue ejecutada al estilo de la de Chávez en 1992 y la de Lucio Gutiérrez en 2000: una insubordinación que les sirvió de antesala para su exitosa carrera política al poder. El eclecticismo ideológico de Chávez le lleva a apoyar movimientos que defienden una combinación de nacionalismo étnico y un populismo izquierdista pero que en el caso del ME utiliza profusamente una simbología fascistoide: uniformes, boinas rojas, banderas, estandartes con águilas y brazaletes, en una suerte de identificación entre el uniforme y la “raza originaria”. El asalto de Humala fue anticipado por analistas que advirtieron de una organización paramilitar que reclamaba la “globalización de la guillotina contra los corruptos”. En octubre de 2000 los hermanos Humala encabezaron un levantamiento abortado contra el gobierno de Alberto Fujimori, poco antes de que éste huyera del país.
El gobierno de Valentín Paniagua amnistió a Ollanta Humala, que se reintegró en el ejército, pero su hermano Antauro se dedicó a organizar el ME, que pronto fue acusado de financiarse con el narcotráfico por su apoyo a las protestas cocaleras. El ME es algo parecido a una secta: dice defender un reconstituido “código moral de los Incas” y la memoria del mariscal Avelino Cáceres, un héroe de la guerra con Chile (1879-1883) que organizó milicias campesinas contra los invasores. El ME predica el odio de los cobrizos contra los blancos del Perú, Chile, EEUU e Israel, aproximadamente en ese orden. Nadie ha pedido la libertad de Humala, lo que revela su orfandad política, pero su discurso “etnonacionalista” revela las tensiones sociales larvadas del país. La cuestión racial no había formado parte del programa de ningún actor político. El ME ha sido el primero en hacerlo, aunque la Coordinadora Permanente de los Pueblo Indígenas del Perú ha denunciado en términos inequívocos la violencia preconizada por el ME.
Humala buscaba un baño mediático antes que un baño de sangre: protagonizar un acontecimiento que captara la atención pública en el comienzo de un año preelectoral y que permitiera una mayor visibilidad política para su eventual comparecencia electoral. El horror de la población ante los asesinatos de Andahuaylas llevó a Ollanta Humala, agregado militar de la embajada peruana en Seúl hasta diciembre de 2004, a tomar distancia del intento de su hermano de “presentar en sociedad” al etnocacerismo. Sin embargo, algunas encuestas dieron un alto nivel de apoyo (28%) al asalto de la comisaría.
Norberto Ceresole, el ideólogo
El parentesco ideológico entre Chávez, Humala y Morales tiene un antecedente común: el peronismo, expresión del ascenso de una fuerza popular nacionalista. Perón nunca ocultó su admiración por Mussolini y el fascismo italiano. Chávez se nutrió del peronismo a través del sociólogo argentino Norberto Ceresole, un personaje complejo y excéntrico que le asesoró durante varios años antes de que éste se deshiciera de él –entre otras cosas por su declarado antisemitismo– ordenando su expulsión de Venezuela en 1999. Ceresole murió en Buenos Aires en 2003 tras sostener que su expulsión de Venezuela se había debido a la “persecución judía”. En la fórmula de Ceresole, publicada formalmente en Madrid en 2000, se establece que el caudillo garantiza el poder a través de un partido cívico-militar, en un modelo que denomina “posdemocracia”. A largo plazo, según Ceresole la integración “bolivariana” del continente conduciría a una Confederación de Estados Latinoamericanos en la que las fuerzas armadas tendrían las riendas del desarrollo económico, social, político y de la seguridad del continente.
Chávez jamás ha renunciado a la simbología castrense. Según El Universal de Caracas, más de 100 militares, en su mayoría activos, ocupan cargos directivos y de confianza en las empresas estatales, en servicios e institutos autónomos y nacionales, fondos gubernamentales, fundaciones y comisiones especiales. En las elecciones regionales de octubre de 2004, 14 de los 22 candidatos oficialistas designados por Chávez provenían de las filas militares. Según Chávez: “Cuando hablo de revolución armada no estoy hablando de metáforas; armada es que tiene fusiles, tanques, aviones y miles de hombres listos para defenderla”. Venezuela tiene ya más oficiales que México y Argentina juntos y 120 civiles han sido juzgados por tribunales militares. Ese esquema no funcionaría sin el petróleo.
El eje Caracas-La Habana
Roger Noriega, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, ha declarado que a EEUU le preocupa la posibilidad de que los 100.000 fusiles AK que Venezuela comprará a Rusia terminen en manos de “grupos criminales, milicias o guerrillas”. Chávez dice que se entregarán a “unidades populares de defensa” que responderán directamente al presidente, en una estrategia que los opositores atribuyen más a una intención de control político interno que a una amenaza militar exterior real. Chávez no va poder garantizar que esas armas no terminen en manos indeseables. Venezuela tiene miles de kilómetros de fronteras poco resguardadas por las que podrían filtrarse esas armas, como ocurrió en Centroamérica con el armamento que fluyó a esa región durante los años 70 y 80.
En su visita al Foro Social de Porto Alegre, Chávez advirtió que considerará cualquier ataque contra Cuba como un ataque a Venezuela. El eje Caracas-La Habana completa el complejo escenario de la nueva situación estratégica de la región y del surgimiento del “etnonacionalismo” como uno de sus factores principales. Tras la derrota del sandinismo en Nicaragua, Fidel Castro pareció conceder una tregua a un continente en gran parte pacificado. Pero Chávez –al que Castro recibió en 1995 con honores de jefe de Estado pocos días después de ser excarcelado por el gobierno de Rafael Caldera– parece haberle devuelto las esperanzas de cumplir el sueño del Che: con el petróleo venezolano –dijo Castro a Régis Debray en 1962– la revolución continental sería cuestión de meses.
A cambio del crudo venezolano, Cuba envía alfabetizadores, asesores culturales, deportivos y médicos que realizan labores de proselitismo político, a los que se unen los servicios comunitarios a cargo de las guarniciones militares venezolanas. Chávez tiene además una ventaja: su poder es fruto de un proceso democrático. Según un antiguo funcionario del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista: “Fidel no quería cometer el mismo error que en Chile; él ahora hace todo de manera legal”.
La estrategia tiene múltiples frentes. Las repetidas visitas de Chávez al Foro Social Mundial de Porto Alegre han tenido la obvia intención de utilizarlo como una plataforma de propaganda política. El Movimiento Sin Tierra de Brasil ha propuesto al comité internacional que organiza el Foro que en 2006 la sede sea en Caracas, lo que ha agudizado las diferencias entre quienes creen que éste debe ser un espacio plural y quienes creen que debe organizarse como una especie de partido político global.
La línea más radical, integrada entre otros por el periodista español Ignacio Ramonet y el escritor paquistaní Tarik Alí, defienden la cita en Caracas como un gesto de respaldo del “altermundismo” a Chávez. Tarik Alí dijo en Porto Alegre que “en Irak está la resistencia armada y en Venezuela la resistencia democrática al imperialismo”.
Esas tensiones se inscriben en un marco geopolítico: el presidente colombiano Álvaro Uribe y el peruano Alejandro Toledo han estrechado sus lazos políticos y militares con EEUU mientras que, según el Washington Post, el gobierno de Chávez está gestionando compras de armamento en Rusia por valor de 5.000 millones de dólares, incluyendo una flota de 40 helicópteros y caza-bombarderos Mig-29 de última generación, y ha comprado aviones Tucano a Brasil y fragatas y aviones de transporte militar a España.
Una dimensión continental
Chávez y Castro parecen haber percibido el potencial “revolucionario” de las reivindicaciones indígenas. Si bien los criterios usados en las definiciones étnicas varían de país a país, se estima que existen más de 400 grupos indígenas identificables en América Latina, con casi 40 millones de personas, que incluyen desde pequeñas tribus selváticas amazónicas hasta las macroetnias andinas quechua y aymara. México tiene la población indígena más numerosa de América Latina, alrededor de diez millones, pero representa solamente entre el 12% y el 15% de la población total. En contraste, los indígenas de Guatemala y Bolivia constituyen la mayoría de la población nacional y en Perú y Ecuador llegan casi a la mitad. Según estimaciones de la CEPAL y el BID, un 9% de la población total de la región es indígena, pero representa el 27% en el mundo rural.
Un estudio del Banco Mundial de 1994 concluyó que la relación entre un color de piel oscuro y pobreza no es casual: la pobreza entre las poblaciones indígenas y negras de América Latina es severa y persistente. A pesar de ser los más pobres entre los pobres –en Bolivia un 75% vive por debajo del umbral de la pobreza, un 79% en Perú, un 80% en México y un 90% en Guatemala– y de las dificultades para precisar los criterios censales que los definan, los últimos datos disponibles muestran que la población indígena tiende a aumentar. Las propuestas de estatutos que otorguen autonomía territorial a los grupos indígenas se extienden desde México a Chile, especialmente desde 1992, cuando con ocasión del V Centenario del Descubrimiento se realizó en Guatemala el primer encuentro regional de organizaciones amerindias. En Ecuador el partido Pachacutik obtuvo ese año el 11% de escaños en el Parlamento.
En México, el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) ha lanzado una estrategia basada en la creación de gobiernos indígenas autónomos en 30 municipalidades, urgiendo a las demás etnias del país a imitarles para introducir los procedimientos “indígenas” para elegir y sustituir a sus autoridades. Incluso en países como Colombia y Venezuela, donde la población amerindia representa una reducida minoría, varios partidos indígenas han ganado posiciones en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales. En Guatemala y el Perú ha habido poca o ninguna organización política étnica, probablemente por los traumas causados en sus recientes guerras internas, en las cuales sus comunidades fueron las principales víctimas. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar: en octubre de 2002 organizaciones indígenas peruanas formaron el partido Llapansuyo (“todas las regiones” en quechua) con la presencia de delegaciones de los partidos Pachacutik de Bolivia y Ecuador. En Chile, los mapuches, que tienen una presencia significativa en la Patagonia (25% de la población en las regiones IX y XI), quieren obtener el mismo estatus legal que el pueblo Rapa Nui (polinesio) de la Isla de Pascua, al que el gobierno central ha concedido considerables facultades de autogobierno como “territorio especial”. Sólo Panamá ha concedido un territorio semiautónomo a una etnia indígena: a los kuna, desde 1925.
En 1989, la OIT aprobó la convención 169 como el estatuto de los derechos indígenas, en la cual los amerindios eran, por primera vez, referidos como pueblos, pero pocos países de la región la han suscrito. El caso boliviano muestra que el patrón de pacíficos avances electorales puede verse en peligro si no predomina una actitud más abierta al respecto. Un factor que inhibe las reformas políticas por parte de los Estados es el carácter supranacional de muchas de las etnias, como la de los quechuas, que abarca seis países desde Argentina a Colombia; los mayas o varias tribus amazónicas, cuyos territorios se superponen con las fronteras de Brasil y sus vecinos, lo que alimenta el temor a potenciales movimientos secesionistas.
Discriminación étnica
Uno de los grandes mitos difundidos por los nacionalismos latinoamericanos de todo tipo ha sido la virtual ausencia de discriminación racial entre sus ciudadanos y el mestizaje como paradigma de la composición étnica de sus sociedades. En los hechos, el racismo, disimulado o explícito, es una de los rasgos de la vida cotidiana y de la estructura socioeconómica más visibles en los países de la región. El problema es que al ser una realidad persistentemente negada, prácticamente ningún Estado se ha enfrentado el asunto.
La diferencia de clases es el argumento que más se utiliza para explicar la pobreza porque es el más simple: ofrece una coartada solvente para encubrir aspectos incómodos de las relaciones sociales. Esa estrategia de subterfugios más o menos velados, es casi indistinguible en los discursos oficiales desde México a Brasil. En ese complejo universo social, lleno de subterfugios y eufemismos, el racismo latinoamericano implica una discriminación no admitida que corresponde a unas sociedades que postulan un credo político igualitario pero que mantienen la desigualdad en los hechos. Se trata de un racismo emotivo, no ideológico o doctrinario. Sin embargo, desde la ola democratizadora de los años 80, el problema ha comenzado a ser abordado con menos prejuicios a medida que los pueblos indígenas se han convertido en actores políticos y sociales que exigen que las diferencias étnicas reales sean reconocidas social y jurídicamente.
En 1980 se creó el Consejo Indio de América del Sur (CISA) en Ollantaytambo, Cuzco. En los años 60 ese tipo de organizaciones apenas eran un puñado. En los 90 eran ya centenares: locales, intercomunitarias y regionales, con una intensa actividad internacional. En sus versiones extremistas iniciales articularon un discurso entre mesiánico y renovador que denunciaba a los partidos políticos, de izquierda y de derecha, por estar controlados por criollos. De ahí que incluso la revolución socialista fuese criticada como insuficiente y ajena; en todo caso, incapaz, por su origen étnico, de comprender y plantear adecuadamente el problema indígena. El énfasis en ese tipo de discurso se refleja en posturas como las de Demetrio Cotji, de la etnia kaqchiquel y catedrático en la Universidad San Carlos de Guatemala, que sostiene que cada quien teoriza según la etnia a la que pertenece en una “sociedad colonizada”; es decir, que si un marxista pertenece a la etnia dominante, pensará necesariamente en función de esa perspectiva.
Desde los años 80 las organizaciones indígenas comenzaron a realizar congresos, publicar manifiestos, dirigir peticiones a los gobiernos y a los organismos internacionales y, con mayor frecuencia, manifestaciones, marchas de protesta, ocupaciones de tierras y movilizaciones nacionales para protestar contra la depredación de sus tierras, exigiendo derechos territoriales, representación política y la preservación del medio ambiente. Las más importantes de esas luchas fueron las organizadas por la Conaie en Ecuador en 1990, 1993, 2000 y 2001, que prácticamente paralizaron el país y obligaron al gobierno a negociar cuestiones agrarias y reformas constitucionales. A escala internacional, su actividad logró que la ONU proclamara 1993 como el “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas” y el “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas”, que comenzó en 1995. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA comenzó a elaborar ese año un instrumento jurídico interamericano sobre derechos indígenas. El énfasis inicial en la idealización de un pasado mitificado dio paso a reivindicaciones más concretas, como el acceso a la tierra, al crédito agrícola, a la educación, la salud y la cooperación técnica. Según Stavenhagen, los derechos territoriales, es decir, el reconocimiento y la delimitación legal de territorios ancestrales, son imprescindibles para preservar “el espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo”. La Federación Shuar-Ashuar de Ecuador niega, por ejemplo, querer formar un Estado dentro del Estado, y defiende su participación dentro de la sociedad ecuatoriana desde sus propios valores culturales, territorio y sistema político organizado.
Probablemente nunca ha habido sociedades totalmente homogéneas en términos raciales, lingüísticos o religiosos. Y mucho menos en América Latina. Los mapas étnicos no coinciden con los lingüísticos, ni la voluntad de los ciudadanos con las formaciones históricas de los Estados nacionales: la realidad multicultural presenta una imagen de múltiples estratos que se superponen y confunden. Cualquier nuevo Estado entraría inmediatamente en conflicto con minorías irredentas que se sentirían legitimadas a ejercer su propio derecho a la autodeterminación. El principio de los derechos colectivos, in extremis, tendría que aceptar la legitimidad de la autodeterminación de todas las unidades sociales, por pequeñas que fueran y segregarlas, en uno u otro sentido, en una miríada de cantones étnicos.
Conclusiones: Como en otros terrenos, Brasil está tomando la iniciativa a través de medidas de discriminación positiva, siguiendo el modelo de la affirmative action de EEUU. Con una población de origen africano mayor que la de cualquier otro país americano, el gobierno de Lula da Silva ha decidido disminuir las desigualdades sociales estableciendo cuotas raciales para el acceso a universidades y las administraciones públicas. Lula está empeñado en reexaminar la noción idealizada de Brasil como una armoniosa “democracia racial”, obligando a la sociedad a enfrentar la realidad de la exclusión social. Entre los negros (pretos) y mestizos (pardos) –más de un 50% de la población se define de ese modo– la tasa de desempleo duplica a la de los blancos que, además, ganan un 57% más que los brasileños no blancos que trabajan en el mismo campo. Los pardos y negros tienen también mayores índices de delincuencia y un 50% menos de posibilidades de tener agua potable en sus hogares.
Cuatro de los ministros de Lula son negros, incluyendo el de la recién creada cartera de promoción de la igualdad racial, y también ha nombrado al primer juez negro del Tribunal Supremo. Si el Congreso aprueba su proyecto de ley para la igualdad racial, las cuotas se aplicarán en todos los niveles de gobierno, incluso en la programación de televisión y las listas de candidatos de los partidos políticos. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, tres ministerios federales y la municipalidad de São Paulo ya aplican una cuota del 20% de “afrobrasileños” en los principales cargos. La Universidade Estadual de Río de Janeiro ha sido la primera institución educativa que ha introducido la discriminación positiva en sus procesos de admisión: al menos un 40% de los estudiantes deben ser negros o pardos y un 50% provenir de escuelas públicas. En pocos meses ha conseguido a través de esas políticas duplicar y en algunos casos triplicar el número de sus estudiantes negros o mestizos en facultades como las de medicina, derecho e ingenierías.
Al mismo tiempo, las demandas judiciales de quienes se sienten perjudicados se han disparado. El problema para aplicar estas políticas en un país de 180 millones de habitantes en el que casi todos reconocen tener ancestros de diferentes razas es elemental: ¿quién es realmente negro, o blanco, o indio? ¿Es suficiente decir, como ahora, que uno es negro –o blanco– para serlo? ¿Debería existir una especie de tribunal racial que clasifique a las personas de acuerdo a un genotipo racial específico? El censo brasileño incluye cien clasificaciones determinadas por el color de la piel, algunas tan surrealistas como la de “café con leche”. América Latina sabe ahora que tiene un problema racial, pero está aún lejos de saber cómo resolverlo.
Luis Esteban González Manrique
Analista independiente de economía y política internacionales de Política Exterior y Dinero
miércoles, agosto 22, 2007
Escribir
En el proceso de la escritura, dedicarle un tiempo a planificar la idea, después redactar y por último corregir, reduce las posibilidades de equivocarse y permite expresar lo que realmente se tiene la intención de decir, pensando los efectos que causará en quien lea.
¿Por qué hacerlo si estamos tan apurados? Porque las palabras se han hecho para entendernos y mal utilizadas, crean desinteligencias. Un mail redactado con apuro o un acuerdo comercial ambiguo pueden llevar a desaciertos adentro y fuera de la empresa, además del consabido deterioro de la imagen. Como un restaurant famoso, que me invitó por mail a probar la carne de "siervo". Me apuré a contestar que yo no aceptaba el convite, no vaya a ser que lo tienten a uno con la antropofagia.
En las organizaciones de hoy todos somos escritores. Mail, chat, informes a superiores, presentaciones, balances: todos tenemos en algún momento que expresar ideas por escrito.
Escritores y periodistas han sabido desde siempre que además de talento, o quizá por encima de él, es necesario "ablandar la pluma" para escribir, poner el músculo del brazo al servicio del pensamiento.
¿Por qué hacerlo si estamos tan apurados? Porque las palabras se han hecho para entendernos y mal utilizadas, crean desinteligencias. Un mail redactado con apuro o un acuerdo comercial ambiguo pueden llevar a desaciertos adentro y fuera de la empresa, además del consabido deterioro de la imagen. Como un restaurant famoso, que me invitó por mail a probar la carne de "siervo". Me apuré a contestar que yo no aceptaba el convite, no vaya a ser que lo tienten a uno con la antropofagia.
En las organizaciones de hoy todos somos escritores. Mail, chat, informes a superiores, presentaciones, balances: todos tenemos en algún momento que expresar ideas por escrito.
Escritores y periodistas han sabido desde siempre que además de talento, o quizá por encima de él, es necesario "ablandar la pluma" para escribir, poner el músculo del brazo al servicio del pensamiento.
Escribir
En el proceso de la escritura, dedicarle un tiempo a planificar la idea, después redactar y por último corregir, reduce las posibilidades de equivocarse y permite expresar lo que realmente se tiene la intención de decir, pensando los efectos que causará en quien lea.
¿Por qué hacerlo si estamos tan apurados? Porque las palabras se han hecho para entendernos y mal utilizadas, crean desinteligencias. Un mail redactado con apuro o un acuerdo comercial ambiguo pueden llevar a desaciertos adentro y fuera de la empresa, además del consabido deterioro de la imagen. Como un restaurant famoso, que me invitó por mail a probar la carne de "siervo". Me apuré a contestar que yo no aceptaba el convite, no vaya a ser que lo tienten a uno con la antropofagia.
En las organizaciones de hoy todos somos escritores. Mail, chat, informes a superiores, presentaciones, balances: todos tenemos en algún momento que expresar ideas por escrito.
Escritores y periodistas han sabido desde siempre que además de talento, o quizá por encima de él, es necesario "ablandar la pluma" para escribir, poner el músculo del brazo al servicio del pensamiento.
¿Por qué hacerlo si estamos tan apurados? Porque las palabras se han hecho para entendernos y mal utilizadas, crean desinteligencias. Un mail redactado con apuro o un acuerdo comercial ambiguo pueden llevar a desaciertos adentro y fuera de la empresa, además del consabido deterioro de la imagen. Como un restaurant famoso, que me invitó por mail a probar la carne de "siervo". Me apuré a contestar que yo no aceptaba el convite, no vaya a ser que lo tienten a uno con la antropofagia.
En las organizaciones de hoy todos somos escritores. Mail, chat, informes a superiores, presentaciones, balances: todos tenemos en algún momento que expresar ideas por escrito.
Escritores y periodistas han sabido desde siempre que además de talento, o quizá por encima de él, es necesario "ablandar la pluma" para escribir, poner el músculo del brazo al servicio del pensamiento.
miércoles, agosto 15, 2007
Gas y política
Por Alieto Aldo Guadagni
"Los jugos de la tierra pertenecen al rey." Carlos III (Ordenanzas de Aranjuez. Minas en Nueva España, 1783)
Los hidrocarburos han ocupado un lugar importante en nuestra agenda política; recordemos el frustrado acuerdo con la Standard Oil de California, propiciado por Perón antes del golpe militar que lo derrocó, en 1955, o los contratos petroleros impulsados por Frondizi y Frigerio en 1958. También podríamos mencionar las iniciativas de Alfonsín para estimular la producción nacional, bautizadas Plan Olivos en 1988 y que fueron profundizadas por Menem en los años 90 con la privatización de YPF. Es así como nuestro país, tradicional importador de petróleo, no sólo pudo lograr su anhelado autoabastecimiento, sino también convertirse en exportador de petróleo y de gas.
Pero las cosas han comenzado a cambiar en los últimos años, a pesar de que los precios energéticos han trepado, impulsados al alza por varios factores, entre los cuales destacamos la creciente demanda china (a fines de 2001 el petróleo se cotizaba a apenas 20 dólares el barril y en la actualidad supera los 70). Si no definimos con urgencia una nueva política de hidrocarburos que aliente el aprovechamiento de nuestros recursos corremos el riesgo de caer en la trampa de la "triple tenaza", al transitar de un estadio de energía abundante, barata y exportada a otro caracterizado por energía escasa, cara e importada.
Estamos en presencia de un creciente desfase entre una demanda energética que trepa por la expansión económica y una oferta que declina año tras año.
Señalemos que la producción de petróleo viene cayendo desde 1998, cuando su nivel se ubicaba un 30 por ciento por encima del volumen actual; por este motivo, estas exportaciones han caído nada menos que un 80 por ciento en la última década. Pero lo más grave es que las reservas vienen cayendo por la merma en las tareas de exploración. Por todo esto no debe sorprender que las exportaciones se estén evaporando y apunten a su extinción hacia 2009, cuando perdamos así el autoabastecimiento y nos convirtamos nuevamente en importadores.
No sólo se perderían entonces los recursos fiscales por retenciones a las exportaciones, sino que también emergerían presiones para alinear nuestros precios internos con los precios de importación, que equivalen a más del doble. Para darse cuenta de ello, basta con mirar a nuestros vecinos importadores de petróleo -Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay-, donde los combustibles tienen precios que duplican los nuestros.
Pero el mayor esfuerzo debe estar orientado hacia el gas que, como no es un commodity global como el petróleo, se moviliza en ámbitos regionales más reducidos, potenciando así su importancia geopolítica, por la gravitación de la cercanía geográfica entre países exportadores e importadores. La madre de todas las batallas por nuestra seguridad energética se librará, por estas razones, en el sector gasífero, ya que en pocos países el gas es tan importante como en la Argentina. En el mundo representa apenas la quinta parte del consumo de energía, mucho menos que el petróleo y el carbón. Las cosas son distintas en nuestro país, donde el gas satisface la mitad del consumo energético (en Brasil apenas el 8 por ciento). No es sólo esencial para el confort familiar, sino que también es un insumo crítico en las muchas actividades productivas que necesitan de gas abundante y barato para potenciar sus ventajas competitivas.
Alrededor del 60 por ciento de la generación eléctrica depende del gas; con más de 1,5 millones de vehículos impulsados por GNC, lideramos en el mundo la transformación tecnológica que significa este reemplazo de petróleo por gas. No es una exageración decir que nuestro crecimiento económico dependerá del acceso a suministros seguros de gas a costos moderados. Esto se refuerza cuando se considera que en poco tiempo volveremos a ser importadores de petróleo.
Es preocupante observar que la producción de gas está estancada desde 2004 y que las reservas han caído más del 40 por ciento desde 2002. Por esto, es conveniente buscar el acceso a las reservas gasíferas de Bolivia, como procura el contrato firmado por Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos el año último. Pero para que Bolivia pueda cumplir en el futuro sus compromisos de exportación a nuestro país hay que construir un gran gasoducto que recién se está licitando ahora y además hay que invertir en desarrollar los campos gasíferos.
Si la producción boliviana no se expande, podrían aparecer problemas para nuestro abastecimiento. Aquí es preocupante el artículo 3.8 del contrato firmado por Enarsa, que reza "las exportaciones de gas a la Argentina, ante potenciales interrupciones que pudieran presentarse, mantendrán razonable prioridad o proporcionalidad (...) respetando las obligaciones asumidas con anterioridad (...) es decir, abastecer primero el mercado interno boliviano, luego la exportación de gas a Brasil e inmediatamente después el contrato con la Argentina".
Vale la pena aprender de las lecciones de la diplomacia energética mundial, que procura diversificar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de la dependencia en este crítico rubro. Esto ocurre no sólo ahora en Chile y Brasil, sino también en Japón, China, la India, Estados Unidos y, particularmente, en la Unión Europea, que no está nada contenta con su dependencia del gas ruso.
En nuestro caso, es razonable que procuremos el acceso al gas boliviano, pero no es recomendable olvidar nuestras propias posibilidades, ya que el consumo aumentará fuertemente por la construcción de nuevas centrales eléctricas que ahora impulsa el Gobierno.
Es difícil de entender que fijemos un precio de 5 dólares para el gas boliviano mientras la producción de Salta, Neuquén y la Patagonia tiene un precio de apenas 1,5 dólares por millón de BTU. No olvidemos que cada metro cúbico adicional de gas argentino significará más regalías para las provincias y más empleo, inversiones y prosperidad en el interior de nuestro país.
La caída en las reservas y en la producción de nuestros hidrocarburos no puede ser atribuida a una "maldición geológica", sino a deficientes políticas que no alientan inversiones que enfrenten el riesgo exploratorio. Los productores de hidrocarburos, en los últimos años, salvo ciertas excepciones, pusieron más énfasis en extraer de pozos conocidos que en incorporar reservas.
Es urgente replantear la movilización de genuinos capitales de riesgo para el desarrollo de áreas potencialmente productivas. Y para ello es crucial un nuevo régimen de estabilidad tributaria, similar a la ley de minería que impulsó esta históricamente olvidada actividad. En este nuevo régimen nos tendremos que olvidar de las retenciones a las exportaciones (que están desapareciendo) y capturar la renta fiscal del recurso mediante licitaciones abiertas, transparentes y competitivas. Este mecanismo es claramente superior a las decisiones discrecionales de adjudicación de concesión de áreas a las cuales son tan afectos las burocracias políticas de muchos países petroleros.
La recuperación de nuestras alicaídas reservas y seguridad energética se logrará no con el "capitalismo de amigos" sino con inversores genuinos y eficientes productores que acepten lo que insinuaba Carlos III, en el sentido de que la renta del recurso natural pertenece a toda la sociedad.
El autor fue secretario de Energía durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
"Los jugos de la tierra pertenecen al rey." Carlos III (Ordenanzas de Aranjuez. Minas en Nueva España, 1783)
Los hidrocarburos han ocupado un lugar importante en nuestra agenda política; recordemos el frustrado acuerdo con la Standard Oil de California, propiciado por Perón antes del golpe militar que lo derrocó, en 1955, o los contratos petroleros impulsados por Frondizi y Frigerio en 1958. También podríamos mencionar las iniciativas de Alfonsín para estimular la producción nacional, bautizadas Plan Olivos en 1988 y que fueron profundizadas por Menem en los años 90 con la privatización de YPF. Es así como nuestro país, tradicional importador de petróleo, no sólo pudo lograr su anhelado autoabastecimiento, sino también convertirse en exportador de petróleo y de gas.
Pero las cosas han comenzado a cambiar en los últimos años, a pesar de que los precios energéticos han trepado, impulsados al alza por varios factores, entre los cuales destacamos la creciente demanda china (a fines de 2001 el petróleo se cotizaba a apenas 20 dólares el barril y en la actualidad supera los 70). Si no definimos con urgencia una nueva política de hidrocarburos que aliente el aprovechamiento de nuestros recursos corremos el riesgo de caer en la trampa de la "triple tenaza", al transitar de un estadio de energía abundante, barata y exportada a otro caracterizado por energía escasa, cara e importada.
Estamos en presencia de un creciente desfase entre una demanda energética que trepa por la expansión económica y una oferta que declina año tras año.
Señalemos que la producción de petróleo viene cayendo desde 1998, cuando su nivel se ubicaba un 30 por ciento por encima del volumen actual; por este motivo, estas exportaciones han caído nada menos que un 80 por ciento en la última década. Pero lo más grave es que las reservas vienen cayendo por la merma en las tareas de exploración. Por todo esto no debe sorprender que las exportaciones se estén evaporando y apunten a su extinción hacia 2009, cuando perdamos así el autoabastecimiento y nos convirtamos nuevamente en importadores.
No sólo se perderían entonces los recursos fiscales por retenciones a las exportaciones, sino que también emergerían presiones para alinear nuestros precios internos con los precios de importación, que equivalen a más del doble. Para darse cuenta de ello, basta con mirar a nuestros vecinos importadores de petróleo -Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay-, donde los combustibles tienen precios que duplican los nuestros.
Pero el mayor esfuerzo debe estar orientado hacia el gas que, como no es un commodity global como el petróleo, se moviliza en ámbitos regionales más reducidos, potenciando así su importancia geopolítica, por la gravitación de la cercanía geográfica entre países exportadores e importadores. La madre de todas las batallas por nuestra seguridad energética se librará, por estas razones, en el sector gasífero, ya que en pocos países el gas es tan importante como en la Argentina. En el mundo representa apenas la quinta parte del consumo de energía, mucho menos que el petróleo y el carbón. Las cosas son distintas en nuestro país, donde el gas satisface la mitad del consumo energético (en Brasil apenas el 8 por ciento). No es sólo esencial para el confort familiar, sino que también es un insumo crítico en las muchas actividades productivas que necesitan de gas abundante y barato para potenciar sus ventajas competitivas.
Alrededor del 60 por ciento de la generación eléctrica depende del gas; con más de 1,5 millones de vehículos impulsados por GNC, lideramos en el mundo la transformación tecnológica que significa este reemplazo de petróleo por gas. No es una exageración decir que nuestro crecimiento económico dependerá del acceso a suministros seguros de gas a costos moderados. Esto se refuerza cuando se considera que en poco tiempo volveremos a ser importadores de petróleo.
Es preocupante observar que la producción de gas está estancada desde 2004 y que las reservas han caído más del 40 por ciento desde 2002. Por esto, es conveniente buscar el acceso a las reservas gasíferas de Bolivia, como procura el contrato firmado por Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos el año último. Pero para que Bolivia pueda cumplir en el futuro sus compromisos de exportación a nuestro país hay que construir un gran gasoducto que recién se está licitando ahora y además hay que invertir en desarrollar los campos gasíferos.
Si la producción boliviana no se expande, podrían aparecer problemas para nuestro abastecimiento. Aquí es preocupante el artículo 3.8 del contrato firmado por Enarsa, que reza "las exportaciones de gas a la Argentina, ante potenciales interrupciones que pudieran presentarse, mantendrán razonable prioridad o proporcionalidad (...) respetando las obligaciones asumidas con anterioridad (...) es decir, abastecer primero el mercado interno boliviano, luego la exportación de gas a Brasil e inmediatamente después el contrato con la Argentina".
Vale la pena aprender de las lecciones de la diplomacia energética mundial, que procura diversificar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de la dependencia en este crítico rubro. Esto ocurre no sólo ahora en Chile y Brasil, sino también en Japón, China, la India, Estados Unidos y, particularmente, en la Unión Europea, que no está nada contenta con su dependencia del gas ruso.
En nuestro caso, es razonable que procuremos el acceso al gas boliviano, pero no es recomendable olvidar nuestras propias posibilidades, ya que el consumo aumentará fuertemente por la construcción de nuevas centrales eléctricas que ahora impulsa el Gobierno.
Es difícil de entender que fijemos un precio de 5 dólares para el gas boliviano mientras la producción de Salta, Neuquén y la Patagonia tiene un precio de apenas 1,5 dólares por millón de BTU. No olvidemos que cada metro cúbico adicional de gas argentino significará más regalías para las provincias y más empleo, inversiones y prosperidad en el interior de nuestro país.
La caída en las reservas y en la producción de nuestros hidrocarburos no puede ser atribuida a una "maldición geológica", sino a deficientes políticas que no alientan inversiones que enfrenten el riesgo exploratorio. Los productores de hidrocarburos, en los últimos años, salvo ciertas excepciones, pusieron más énfasis en extraer de pozos conocidos que en incorporar reservas.
Es urgente replantear la movilización de genuinos capitales de riesgo para el desarrollo de áreas potencialmente productivas. Y para ello es crucial un nuevo régimen de estabilidad tributaria, similar a la ley de minería que impulsó esta históricamente olvidada actividad. En este nuevo régimen nos tendremos que olvidar de las retenciones a las exportaciones (que están desapareciendo) y capturar la renta fiscal del recurso mediante licitaciones abiertas, transparentes y competitivas. Este mecanismo es claramente superior a las decisiones discrecionales de adjudicación de concesión de áreas a las cuales son tan afectos las burocracias políticas de muchos países petroleros.
La recuperación de nuestras alicaídas reservas y seguridad energética se logrará no con el "capitalismo de amigos" sino con inversores genuinos y eficientes productores que acepten lo que insinuaba Carlos III, en el sentido de que la renta del recurso natural pertenece a toda la sociedad.
El autor fue secretario de Energía durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
Gas y política
Por Alieto Aldo Guadagni
"Los jugos de la tierra pertenecen al rey." Carlos III (Ordenanzas de Aranjuez. Minas en Nueva España, 1783)
Los hidrocarburos han ocupado un lugar importante en nuestra agenda política; recordemos el frustrado acuerdo con la Standard Oil de California, propiciado por Perón antes del golpe militar que lo derrocó, en 1955, o los contratos petroleros impulsados por Frondizi y Frigerio en 1958. También podríamos mencionar las iniciativas de Alfonsín para estimular la producción nacional, bautizadas Plan Olivos en 1988 y que fueron profundizadas por Menem en los años 90 con la privatización de YPF. Es así como nuestro país, tradicional importador de petróleo, no sólo pudo lograr su anhelado autoabastecimiento, sino también convertirse en exportador de petróleo y de gas.
Pero las cosas han comenzado a cambiar en los últimos años, a pesar de que los precios energéticos han trepado, impulsados al alza por varios factores, entre los cuales destacamos la creciente demanda china (a fines de 2001 el petróleo se cotizaba a apenas 20 dólares el barril y en la actualidad supera los 70). Si no definimos con urgencia una nueva política de hidrocarburos que aliente el aprovechamiento de nuestros recursos corremos el riesgo de caer en la trampa de la "triple tenaza", al transitar de un estadio de energía abundante, barata y exportada a otro caracterizado por energía escasa, cara e importada.
Estamos en presencia de un creciente desfase entre una demanda energética que trepa por la expansión económica y una oferta que declina año tras año.
Señalemos que la producción de petróleo viene cayendo desde 1998, cuando su nivel se ubicaba un 30 por ciento por encima del volumen actual; por este motivo, estas exportaciones han caído nada menos que un 80 por ciento en la última década. Pero lo más grave es que las reservas vienen cayendo por la merma en las tareas de exploración. Por todo esto no debe sorprender que las exportaciones se estén evaporando y apunten a su extinción hacia 2009, cuando perdamos así el autoabastecimiento y nos convirtamos nuevamente en importadores.
No sólo se perderían entonces los recursos fiscales por retenciones a las exportaciones, sino que también emergerían presiones para alinear nuestros precios internos con los precios de importación, que equivalen a más del doble. Para darse cuenta de ello, basta con mirar a nuestros vecinos importadores de petróleo -Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay-, donde los combustibles tienen precios que duplican los nuestros.
Pero el mayor esfuerzo debe estar orientado hacia el gas que, como no es un commodity global como el petróleo, se moviliza en ámbitos regionales más reducidos, potenciando así su importancia geopolítica, por la gravitación de la cercanía geográfica entre países exportadores e importadores. La madre de todas las batallas por nuestra seguridad energética se librará, por estas razones, en el sector gasífero, ya que en pocos países el gas es tan importante como en la Argentina. En el mundo representa apenas la quinta parte del consumo de energía, mucho menos que el petróleo y el carbón. Las cosas son distintas en nuestro país, donde el gas satisface la mitad del consumo energético (en Brasil apenas el 8 por ciento). No es sólo esencial para el confort familiar, sino que también es un insumo crítico en las muchas actividades productivas que necesitan de gas abundante y barato para potenciar sus ventajas competitivas.
Alrededor del 60 por ciento de la generación eléctrica depende del gas; con más de 1,5 millones de vehículos impulsados por GNC, lideramos en el mundo la transformación tecnológica que significa este reemplazo de petróleo por gas. No es una exageración decir que nuestro crecimiento económico dependerá del acceso a suministros seguros de gas a costos moderados. Esto se refuerza cuando se considera que en poco tiempo volveremos a ser importadores de petróleo.
Es preocupante observar que la producción de gas está estancada desde 2004 y que las reservas han caído más del 40 por ciento desde 2002. Por esto, es conveniente buscar el acceso a las reservas gasíferas de Bolivia, como procura el contrato firmado por Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos el año último. Pero para que Bolivia pueda cumplir en el futuro sus compromisos de exportación a nuestro país hay que construir un gran gasoducto que recién se está licitando ahora y además hay que invertir en desarrollar los campos gasíferos.
Si la producción boliviana no se expande, podrían aparecer problemas para nuestro abastecimiento. Aquí es preocupante el artículo 3.8 del contrato firmado por Enarsa, que reza "las exportaciones de gas a la Argentina, ante potenciales interrupciones que pudieran presentarse, mantendrán razonable prioridad o proporcionalidad (...) respetando las obligaciones asumidas con anterioridad (...) es decir, abastecer primero el mercado interno boliviano, luego la exportación de gas a Brasil e inmediatamente después el contrato con la Argentina".
Vale la pena aprender de las lecciones de la diplomacia energética mundial, que procura diversificar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de la dependencia en este crítico rubro. Esto ocurre no sólo ahora en Chile y Brasil, sino también en Japón, China, la India, Estados Unidos y, particularmente, en la Unión Europea, que no está nada contenta con su dependencia del gas ruso.
En nuestro caso, es razonable que procuremos el acceso al gas boliviano, pero no es recomendable olvidar nuestras propias posibilidades, ya que el consumo aumentará fuertemente por la construcción de nuevas centrales eléctricas que ahora impulsa el Gobierno.
Es difícil de entender que fijemos un precio de 5 dólares para el gas boliviano mientras la producción de Salta, Neuquén y la Patagonia tiene un precio de apenas 1,5 dólares por millón de BTU. No olvidemos que cada metro cúbico adicional de gas argentino significará más regalías para las provincias y más empleo, inversiones y prosperidad en el interior de nuestro país.
La caída en las reservas y en la producción de nuestros hidrocarburos no puede ser atribuida a una "maldición geológica", sino a deficientes políticas que no alientan inversiones que enfrenten el riesgo exploratorio. Los productores de hidrocarburos, en los últimos años, salvo ciertas excepciones, pusieron más énfasis en extraer de pozos conocidos que en incorporar reservas.
Es urgente replantear la movilización de genuinos capitales de riesgo para el desarrollo de áreas potencialmente productivas. Y para ello es crucial un nuevo régimen de estabilidad tributaria, similar a la ley de minería que impulsó esta históricamente olvidada actividad. En este nuevo régimen nos tendremos que olvidar de las retenciones a las exportaciones (que están desapareciendo) y capturar la renta fiscal del recurso mediante licitaciones abiertas, transparentes y competitivas. Este mecanismo es claramente superior a las decisiones discrecionales de adjudicación de concesión de áreas a las cuales son tan afectos las burocracias políticas de muchos países petroleros.
La recuperación de nuestras alicaídas reservas y seguridad energética se logrará no con el "capitalismo de amigos" sino con inversores genuinos y eficientes productores que acepten lo que insinuaba Carlos III, en el sentido de que la renta del recurso natural pertenece a toda la sociedad.
El autor fue secretario de Energía durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
"Los jugos de la tierra pertenecen al rey." Carlos III (Ordenanzas de Aranjuez. Minas en Nueva España, 1783)
Los hidrocarburos han ocupado un lugar importante en nuestra agenda política; recordemos el frustrado acuerdo con la Standard Oil de California, propiciado por Perón antes del golpe militar que lo derrocó, en 1955, o los contratos petroleros impulsados por Frondizi y Frigerio en 1958. También podríamos mencionar las iniciativas de Alfonsín para estimular la producción nacional, bautizadas Plan Olivos en 1988 y que fueron profundizadas por Menem en los años 90 con la privatización de YPF. Es así como nuestro país, tradicional importador de petróleo, no sólo pudo lograr su anhelado autoabastecimiento, sino también convertirse en exportador de petróleo y de gas.
Pero las cosas han comenzado a cambiar en los últimos años, a pesar de que los precios energéticos han trepado, impulsados al alza por varios factores, entre los cuales destacamos la creciente demanda china (a fines de 2001 el petróleo se cotizaba a apenas 20 dólares el barril y en la actualidad supera los 70). Si no definimos con urgencia una nueva política de hidrocarburos que aliente el aprovechamiento de nuestros recursos corremos el riesgo de caer en la trampa de la "triple tenaza", al transitar de un estadio de energía abundante, barata y exportada a otro caracterizado por energía escasa, cara e importada.
Estamos en presencia de un creciente desfase entre una demanda energética que trepa por la expansión económica y una oferta que declina año tras año.
Señalemos que la producción de petróleo viene cayendo desde 1998, cuando su nivel se ubicaba un 30 por ciento por encima del volumen actual; por este motivo, estas exportaciones han caído nada menos que un 80 por ciento en la última década. Pero lo más grave es que las reservas vienen cayendo por la merma en las tareas de exploración. Por todo esto no debe sorprender que las exportaciones se estén evaporando y apunten a su extinción hacia 2009, cuando perdamos así el autoabastecimiento y nos convirtamos nuevamente en importadores.
No sólo se perderían entonces los recursos fiscales por retenciones a las exportaciones, sino que también emergerían presiones para alinear nuestros precios internos con los precios de importación, que equivalen a más del doble. Para darse cuenta de ello, basta con mirar a nuestros vecinos importadores de petróleo -Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay-, donde los combustibles tienen precios que duplican los nuestros.
Pero el mayor esfuerzo debe estar orientado hacia el gas que, como no es un commodity global como el petróleo, se moviliza en ámbitos regionales más reducidos, potenciando así su importancia geopolítica, por la gravitación de la cercanía geográfica entre países exportadores e importadores. La madre de todas las batallas por nuestra seguridad energética se librará, por estas razones, en el sector gasífero, ya que en pocos países el gas es tan importante como en la Argentina. En el mundo representa apenas la quinta parte del consumo de energía, mucho menos que el petróleo y el carbón. Las cosas son distintas en nuestro país, donde el gas satisface la mitad del consumo energético (en Brasil apenas el 8 por ciento). No es sólo esencial para el confort familiar, sino que también es un insumo crítico en las muchas actividades productivas que necesitan de gas abundante y barato para potenciar sus ventajas competitivas.
Alrededor del 60 por ciento de la generación eléctrica depende del gas; con más de 1,5 millones de vehículos impulsados por GNC, lideramos en el mundo la transformación tecnológica que significa este reemplazo de petróleo por gas. No es una exageración decir que nuestro crecimiento económico dependerá del acceso a suministros seguros de gas a costos moderados. Esto se refuerza cuando se considera que en poco tiempo volveremos a ser importadores de petróleo.
Es preocupante observar que la producción de gas está estancada desde 2004 y que las reservas han caído más del 40 por ciento desde 2002. Por esto, es conveniente buscar el acceso a las reservas gasíferas de Bolivia, como procura el contrato firmado por Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos el año último. Pero para que Bolivia pueda cumplir en el futuro sus compromisos de exportación a nuestro país hay que construir un gran gasoducto que recién se está licitando ahora y además hay que invertir en desarrollar los campos gasíferos.
Si la producción boliviana no se expande, podrían aparecer problemas para nuestro abastecimiento. Aquí es preocupante el artículo 3.8 del contrato firmado por Enarsa, que reza "las exportaciones de gas a la Argentina, ante potenciales interrupciones que pudieran presentarse, mantendrán razonable prioridad o proporcionalidad (...) respetando las obligaciones asumidas con anterioridad (...) es decir, abastecer primero el mercado interno boliviano, luego la exportación de gas a Brasil e inmediatamente después el contrato con la Argentina".
Vale la pena aprender de las lecciones de la diplomacia energética mundial, que procura diversificar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de la dependencia en este crítico rubro. Esto ocurre no sólo ahora en Chile y Brasil, sino también en Japón, China, la India, Estados Unidos y, particularmente, en la Unión Europea, que no está nada contenta con su dependencia del gas ruso.
En nuestro caso, es razonable que procuremos el acceso al gas boliviano, pero no es recomendable olvidar nuestras propias posibilidades, ya que el consumo aumentará fuertemente por la construcción de nuevas centrales eléctricas que ahora impulsa el Gobierno.
Es difícil de entender que fijemos un precio de 5 dólares para el gas boliviano mientras la producción de Salta, Neuquén y la Patagonia tiene un precio de apenas 1,5 dólares por millón de BTU. No olvidemos que cada metro cúbico adicional de gas argentino significará más regalías para las provincias y más empleo, inversiones y prosperidad en el interior de nuestro país.
La caída en las reservas y en la producción de nuestros hidrocarburos no puede ser atribuida a una "maldición geológica", sino a deficientes políticas que no alientan inversiones que enfrenten el riesgo exploratorio. Los productores de hidrocarburos, en los últimos años, salvo ciertas excepciones, pusieron más énfasis en extraer de pozos conocidos que en incorporar reservas.
Es urgente replantear la movilización de genuinos capitales de riesgo para el desarrollo de áreas potencialmente productivas. Y para ello es crucial un nuevo régimen de estabilidad tributaria, similar a la ley de minería que impulsó esta históricamente olvidada actividad. En este nuevo régimen nos tendremos que olvidar de las retenciones a las exportaciones (que están desapareciendo) y capturar la renta fiscal del recurso mediante licitaciones abiertas, transparentes y competitivas. Este mecanismo es claramente superior a las decisiones discrecionales de adjudicación de concesión de áreas a las cuales son tan afectos las burocracias políticas de muchos países petroleros.
La recuperación de nuestras alicaídas reservas y seguridad energética se logrará no con el "capitalismo de amigos" sino con inversores genuinos y eficientes productores que acepten lo que insinuaba Carlos III, en el sentido de que la renta del recurso natural pertenece a toda la sociedad.
El autor fue secretario de Energía durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
lunes, agosto 13, 2007
viernes, agosto 03, 2007
Las fronteras y el liberalismo
Por Alan Wolfe
Las sociedades occidentales cuentan con toda una historia de teorías liberales respecto de si se debe regular la economía y, en caso afirmativo, cómo. Pero en materia de inmigración la tradición liberal no les sirve de mucho. De ahí que tanto en Europa como en Estados Unidos las opiniones no liberales dominen gran parte del debate en torno de la inmigración. Los más insistentes son los políticos que prometen proteger la integridad cultural de la patria contra la presunta degeneración de lo extranjero.
La xenofobia es una reacción no liberal, derechista, frente a la inmigración. El multiculturalismo, en gran medida, viene a ser su versión izquierdista. Muchos teóricos multiculturalistas, si bien están comprometidos con la apertura hacia los inmigrantes, no lo están con la apertura de éstos hacia su nuevo país de residencia. Para ellos, los recién llegados viven en un ambiente hostil a su estilo de vida y, por ende, necesitan preservar los usos culturales que trajeron consigo, aun cuando algunos de ellos (los matrimonios concertados, la segregación por género, el adoctrinamiento religioso, entre otros) sean contrarios a los principios liberales. En la contabilidad moral de no pocos multiculturalistas, la supervivencia del grupo importa más que los derechos del individuo.
¿Cómo podemos mantener el compromiso con la apertura al encarar la enfadosa cuestión de las fronteras nacionales? Una respuesta sería admitir que el cosmopolitismo es una calle de doble mano. Immanuel Kant nos enseña que siempre debemos juzgar nuestras circunstancias comparándolas con aquellas en que podríamos habernos hallado de no ser por el azar.
Desde esta perspectiva, es injusto que aquel a quien le toque en suerte nacer en Estados Unidos probablemente viva más años y mejor que el nacido en Kenya. Esto no significa que Estados Unidos deba abrir sus fronteras a todos cuantos vengan de Kenya. Pero sí significa que un neoyorquino debería reconocer que cualquier ventaja que él pudiera tener sobre alguien nacido en Nairobi se debe a la casualidad, más que al mérito. Desde el punto de vista del cosmopolitismo kantiano, lo menos que puede hacer un norteamericano es acoger a cierta cantidad de inmigrantes africanos.
El cosmopolitismo abarcador también significa que, una vez que una sociedad ha admitido a nuevos miembros, éstos están obligados a abrirse a su nueva sociedad. Los multiculturalistas son reacios a apoyar esta parte de la transacción cosmopolita. Los liberales deben hacerlo.
Podemos comprender por qué, al residir en un país extranjero que, tal vez, les parece hostil, los inmigrantes optan por aislarse. Algunos países receptores, como Francia, quizá se apresuren demasiado a exigirles que acepten nuevos estilos de vida. Pero intentar vivir recluidos en una sociedad abierta es, por fuerza, contraproducente y una sociedad liberal no debería fomentarlo.
En 2006 tuvimos un caso instructivo de transacción cosmopolita cuando el ex ministro de Relaciones Exteriores británico Jack Straw expresó su preocupación por el uso del hijab, el velo con el que algunas musulmanas cubren totalmente su cabeza. Straw defendió el derecho de las mujeres a usar chales menos intrusivos. Sin embargo, también sostuvo que algo andaba muy mal cuando, al conversar con otra persona, no se podía establecer una interacción cara a cara.
Straw quiso decir que el uso del hijab implica la decisión de esa mujer de aislarse de todos cuantos la rodean. No planteó un argumento xenófobo, en el sentido de que los musulmanes "no encajan" en Gran Bretaña, ni uno multiculturalista, en el sentido de que se debería permitirles usar el ropaje tradicional -sea cual fuere- que, a su juicio, exprese mejor su susceptibilidad cultural y religiosa. Tampoco pidió que los inmigrantes asimilaran plenamente las costumbres británicas. Utilizó un ejemplo cuidadosamente elegido para demostrar qué significa abrirse a otros esperando que ellos respondan del mismo modo.
Algunos sostuvieron que, al proponer qué deberían usar las musulmanas, Straw trababa la libertad de credos. De hecho, a veces, los valores liberales se contradicen mutuamente. Veamos un caso. Históricamente, el islam ha permitido ciertas formas de poligamia, pero ninguna sociedad liberal está obligada a extender la libertad religiosa de modo tal que socave su compromiso con la igualdad de géneros.
Por suerte, el ejemplo de Straw no plantea un dilema tan tajante. Como él mismo señaló, el Corán no ordena llevar el hijab. Su uso no representa una obligación religiosa, sino una opción cultural. Mientras las musulmanas dispongan de otras prendas para cubrir su cabeza, acceder a no usar el hijab es una manera de expresar su pertenencia a una sociedad liberal a un costo mínimo, en cuanto a sus compromisos religiosos.
Para los liberales, el interrogante nunca es si las fronteras deberían estar abiertas de par en par o herméticamente cerradas. Una sociedad abierta a todos no tendría ningún derecho digno de ser protegido y una sociedad cerrada a todos no tendría derechos dignos de ser emulados. Si buscamos un principio abstracto que nos guíe en materia de inmigración, el liberalismo no puede proporcionarlo.
Una sociedad liberal permitirá el ingreso de inmigrantes y establecerá en qué circunstancias excepcionales deberá prohibirlo, en vez de prohibirles el ingreso y fijar los casos excepcionales de admisión. Una sociedad liberal verá un mundo rebosante de posibilidades que, por mucho que amenacen estilos de vida que damos por sentados, nos obligan a adaptarnos a nuevos retos, en vez de intentar protegernos de lo extranjero y lo desconocido.
Por último, una sociedad liberal no se centrará en qué puede ofrecer a los inmigrantes, sino en qué pueden ofrecerle ellos. Vale la pena preservar el objetivo de apertura implícito en la inmigración, especialmente si tanto sus exigencias como sus promesas nos atañen a todos.
Las sociedades occidentales cuentan con toda una historia de teorías liberales respecto de si se debe regular la economía y, en caso afirmativo, cómo. Pero en materia de inmigración la tradición liberal no les sirve de mucho. De ahí que tanto en Europa como en Estados Unidos las opiniones no liberales dominen gran parte del debate en torno de la inmigración. Los más insistentes son los políticos que prometen proteger la integridad cultural de la patria contra la presunta degeneración de lo extranjero.
La xenofobia es una reacción no liberal, derechista, frente a la inmigración. El multiculturalismo, en gran medida, viene a ser su versión izquierdista. Muchos teóricos multiculturalistas, si bien están comprometidos con la apertura hacia los inmigrantes, no lo están con la apertura de éstos hacia su nuevo país de residencia. Para ellos, los recién llegados viven en un ambiente hostil a su estilo de vida y, por ende, necesitan preservar los usos culturales que trajeron consigo, aun cuando algunos de ellos (los matrimonios concertados, la segregación por género, el adoctrinamiento religioso, entre otros) sean contrarios a los principios liberales. En la contabilidad moral de no pocos multiculturalistas, la supervivencia del grupo importa más que los derechos del individuo.
¿Cómo podemos mantener el compromiso con la apertura al encarar la enfadosa cuestión de las fronteras nacionales? Una respuesta sería admitir que el cosmopolitismo es una calle de doble mano. Immanuel Kant nos enseña que siempre debemos juzgar nuestras circunstancias comparándolas con aquellas en que podríamos habernos hallado de no ser por el azar.
Desde esta perspectiva, es injusto que aquel a quien le toque en suerte nacer en Estados Unidos probablemente viva más años y mejor que el nacido en Kenya. Esto no significa que Estados Unidos deba abrir sus fronteras a todos cuantos vengan de Kenya. Pero sí significa que un neoyorquino debería reconocer que cualquier ventaja que él pudiera tener sobre alguien nacido en Nairobi se debe a la casualidad, más que al mérito. Desde el punto de vista del cosmopolitismo kantiano, lo menos que puede hacer un norteamericano es acoger a cierta cantidad de inmigrantes africanos.
El cosmopolitismo abarcador también significa que, una vez que una sociedad ha admitido a nuevos miembros, éstos están obligados a abrirse a su nueva sociedad. Los multiculturalistas son reacios a apoyar esta parte de la transacción cosmopolita. Los liberales deben hacerlo.
Podemos comprender por qué, al residir en un país extranjero que, tal vez, les parece hostil, los inmigrantes optan por aislarse. Algunos países receptores, como Francia, quizá se apresuren demasiado a exigirles que acepten nuevos estilos de vida. Pero intentar vivir recluidos en una sociedad abierta es, por fuerza, contraproducente y una sociedad liberal no debería fomentarlo.
En 2006 tuvimos un caso instructivo de transacción cosmopolita cuando el ex ministro de Relaciones Exteriores británico Jack Straw expresó su preocupación por el uso del hijab, el velo con el que algunas musulmanas cubren totalmente su cabeza. Straw defendió el derecho de las mujeres a usar chales menos intrusivos. Sin embargo, también sostuvo que algo andaba muy mal cuando, al conversar con otra persona, no se podía establecer una interacción cara a cara.
Straw quiso decir que el uso del hijab implica la decisión de esa mujer de aislarse de todos cuantos la rodean. No planteó un argumento xenófobo, en el sentido de que los musulmanes "no encajan" en Gran Bretaña, ni uno multiculturalista, en el sentido de que se debería permitirles usar el ropaje tradicional -sea cual fuere- que, a su juicio, exprese mejor su susceptibilidad cultural y religiosa. Tampoco pidió que los inmigrantes asimilaran plenamente las costumbres británicas. Utilizó un ejemplo cuidadosamente elegido para demostrar qué significa abrirse a otros esperando que ellos respondan del mismo modo.
Algunos sostuvieron que, al proponer qué deberían usar las musulmanas, Straw trababa la libertad de credos. De hecho, a veces, los valores liberales se contradicen mutuamente. Veamos un caso. Históricamente, el islam ha permitido ciertas formas de poligamia, pero ninguna sociedad liberal está obligada a extender la libertad religiosa de modo tal que socave su compromiso con la igualdad de géneros.
Por suerte, el ejemplo de Straw no plantea un dilema tan tajante. Como él mismo señaló, el Corán no ordena llevar el hijab. Su uso no representa una obligación religiosa, sino una opción cultural. Mientras las musulmanas dispongan de otras prendas para cubrir su cabeza, acceder a no usar el hijab es una manera de expresar su pertenencia a una sociedad liberal a un costo mínimo, en cuanto a sus compromisos religiosos.
Para los liberales, el interrogante nunca es si las fronteras deberían estar abiertas de par en par o herméticamente cerradas. Una sociedad abierta a todos no tendría ningún derecho digno de ser protegido y una sociedad cerrada a todos no tendría derechos dignos de ser emulados. Si buscamos un principio abstracto que nos guíe en materia de inmigración, el liberalismo no puede proporcionarlo.
Una sociedad liberal permitirá el ingreso de inmigrantes y establecerá en qué circunstancias excepcionales deberá prohibirlo, en vez de prohibirles el ingreso y fijar los casos excepcionales de admisión. Una sociedad liberal verá un mundo rebosante de posibilidades que, por mucho que amenacen estilos de vida que damos por sentados, nos obligan a adaptarnos a nuevos retos, en vez de intentar protegernos de lo extranjero y lo desconocido.
Por último, una sociedad liberal no se centrará en qué puede ofrecer a los inmigrantes, sino en qué pueden ofrecerle ellos. Vale la pena preservar el objetivo de apertura implícito en la inmigración, especialmente si tanto sus exigencias como sus promesas nos atañen a todos.
Piden en EE.UU. medidas contra Pekín
El retiro en Estados Unidos de casi un millón de juguetes fabricados en China sospechosos de contener sustancias tóxicas, que se suma a una serie de escándalos similares, amenaza con reavivar el resentimiento estadounidense frente al gigante asiático.
Los norteamericanos tienen desde hace años una gran dependencia en las importaciones de bajo costo de China para su consumo, con un déficit en su balanza comercial de 223.000 millones de dólares en 2006. Esta dependencia ya se ha tornado en una fuente creciente de descontento ante las prácticas comerciales de China, país al que los estadounidenses acusan de estar "robando" puestos de trabajo a la industria local.
China, que está cerca de convertirse en el mayor socio comercial de Estados Unidos, teme que la alarma que provocaron los escándalos por la calidad de sus productos impulse sanciones en contra de sus exportaciones.
Aunque el gobierno chino afirmó ayer que el 99% de sus productos son seguros, la indignación no deja de crecer en Estados Unidos.
"Por ahorrar algunos centavos, los chinos ponen en peligro la vida de la gente en un grado totalmente irresponsable", dijo Peter Morici, profesor de economía en la Universidad de Maryland. Para este economista, un incansable crítico de las prácticas comerciales chinas, los consumidores no están todavía realmente encolerizados por una razón simple: "Ningún niño ha muerto todavía".
Mientras tanto, agregó, algo está claro para él: "No se debe comprar nada de China que pase por la boca de la gente y por las manos de los niños".
Pero escapar a los productos chinos no es algo fácil para los norteamericanos. En un ensayo reciente, llamado Un año sin "made in China", la periodista Sara Bongiorni cuenta cómo ella y su familia pasaron un año sin comprar ningún producto de ese país. Al final, la periodista constató: "Es posible vivir sin los productos chinos, pero cada vez es más difícil y más caro".
Esa situación se aplica también a los juguetes, ya que el 80% de los que se venden en Estados Unidos son fabricados en China, lo que ya provocó preocupación entre muchos padres.
"Parece que todo fuera de China. Pero si pudiera encontrar un juguete similar fabricado en Estados Unidos, sin duda lo compraría, aunque fuera más caro", dijo Allen Mayne, madre de una hija de nueve años.
El gobierno incrementó los controles de las importaciones chinas a principios de este año, cuando se reveló que un alimento para mascotas con ingredientes fabricados en China había matado a unos 100 gatos y perros. Sin embargo, la oposición demócrata acusa al gobierno de haber dado una débil respuesta a estos escándalos.
"El gobierno ha tenido una política de no intervención", dijo el representante Sander Levin, que lidera el subcomité de Comercio.
Varias empresas, por su parte, presionaron ayer al Congreso para que impulsara un aumento de los registros de los productos chinos. "Es urgente que el Congreso contribuya con una respuesta para contrarrestar las prácticas desleales de China", dijo Auggie Tantillo, número dos de la American Manufacturing Trade Action Coalition.
Los norteamericanos tienen desde hace años una gran dependencia en las importaciones de bajo costo de China para su consumo, con un déficit en su balanza comercial de 223.000 millones de dólares en 2006. Esta dependencia ya se ha tornado en una fuente creciente de descontento ante las prácticas comerciales de China, país al que los estadounidenses acusan de estar "robando" puestos de trabajo a la industria local.
China, que está cerca de convertirse en el mayor socio comercial de Estados Unidos, teme que la alarma que provocaron los escándalos por la calidad de sus productos impulse sanciones en contra de sus exportaciones.
Aunque el gobierno chino afirmó ayer que el 99% de sus productos son seguros, la indignación no deja de crecer en Estados Unidos.
"Por ahorrar algunos centavos, los chinos ponen en peligro la vida de la gente en un grado totalmente irresponsable", dijo Peter Morici, profesor de economía en la Universidad de Maryland. Para este economista, un incansable crítico de las prácticas comerciales chinas, los consumidores no están todavía realmente encolerizados por una razón simple: "Ningún niño ha muerto todavía".
Mientras tanto, agregó, algo está claro para él: "No se debe comprar nada de China que pase por la boca de la gente y por las manos de los niños".
Pero escapar a los productos chinos no es algo fácil para los norteamericanos. En un ensayo reciente, llamado Un año sin "made in China", la periodista Sara Bongiorni cuenta cómo ella y su familia pasaron un año sin comprar ningún producto de ese país. Al final, la periodista constató: "Es posible vivir sin los productos chinos, pero cada vez es más difícil y más caro".
Esa situación se aplica también a los juguetes, ya que el 80% de los que se venden en Estados Unidos son fabricados en China, lo que ya provocó preocupación entre muchos padres.
"Parece que todo fuera de China. Pero si pudiera encontrar un juguete similar fabricado en Estados Unidos, sin duda lo compraría, aunque fuera más caro", dijo Allen Mayne, madre de una hija de nueve años.
El gobierno incrementó los controles de las importaciones chinas a principios de este año, cuando se reveló que un alimento para mascotas con ingredientes fabricados en China había matado a unos 100 gatos y perros. Sin embargo, la oposición demócrata acusa al gobierno de haber dado una débil respuesta a estos escándalos.
"El gobierno ha tenido una política de no intervención", dijo el representante Sander Levin, que lidera el subcomité de Comercio.
Varias empresas, por su parte, presionaron ayer al Congreso para que impulsara un aumento de los registros de los productos chinos. "Es urgente que el Congreso contribuya con una respuesta para contrarrestar las prácticas desleales de China", dijo Auggie Tantillo, número dos de la American Manufacturing Trade Action Coalition.
Alerta por infraestructuras obsoletas
Una tubería de vapor explota en Manhattan cerca de la terminal central Grant; un dique no resiste y Nueva Orleáns queda bajo el agua, un puente se derrumba en Minneapolis.
Estos desastres muestran que los Estados Unidos no están invirtiendo lo suficiente en el mantenimiento y reparación de su infraestructura vital, según advierten los ingenieros.
"Los gobiernos no quieren solventar el mantenimiento de la infraestructura porque generalmente no llama la atención ni atrae el interés de la gente", expresó John Ochsendorf, experto en ingeniería estructural y profesor adjunto del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Ochsendorf añadió que el grueso del sistema vial de la nación fue construido en los años cincuenta y sesenta, y que se está volviendo obsoleto. Refiriéndose al derrumbe en Minneapolis, el ingeniero comentó: "Hechos como éste podrían volverse más frecuentes".
Pero otros factores entran en juego, como en 1982, cuando un inspector de puentes revisó el del río Mianus, en Greenwich, Connecticut, y no percibió la fatiga de materiales en un perno que se rompería nueve meses después.
Tres carriles de la ruta en cuestión se derrumbaron y tres personas murieron.
En 1987, un puente de una autopista de Nueva York aprobó el examen sobre su estado en ese momento, pero los inspectores no se habían sumergido en el arroyo Schoharie para revisar la base en la que se asentaba el puente, que había sido erosionada por turbulentas aguas de inundaciones. Cuando la base cedió, el puente se derrumbó. Diez personas murieron.
Funcionarios del transporte saben que es necesario que muchos de los 600.000 puentes del país sean reparados o reemplazados.
Aproximadamente uno de cada ocho ha sido considerado estructuralmente deficiente, término que significa que un componente de la estructura del puente se encuentra en un estado deficiente o peor, pero que no necesariamente implica una advertencia de colapso inminente.
La mayoría de los puentes cuya condición es deficiente, como el caso del que colapsó en Minneapolis, sigue abierta al tránsito.
Por J. Holusha y K. Chang
De The New York Times
Estos desastres muestran que los Estados Unidos no están invirtiendo lo suficiente en el mantenimiento y reparación de su infraestructura vital, según advierten los ingenieros.
"Los gobiernos no quieren solventar el mantenimiento de la infraestructura porque generalmente no llama la atención ni atrae el interés de la gente", expresó John Ochsendorf, experto en ingeniería estructural y profesor adjunto del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Ochsendorf añadió que el grueso del sistema vial de la nación fue construido en los años cincuenta y sesenta, y que se está volviendo obsoleto. Refiriéndose al derrumbe en Minneapolis, el ingeniero comentó: "Hechos como éste podrían volverse más frecuentes".
Pero otros factores entran en juego, como en 1982, cuando un inspector de puentes revisó el del río Mianus, en Greenwich, Connecticut, y no percibió la fatiga de materiales en un perno que se rompería nueve meses después.
Tres carriles de la ruta en cuestión se derrumbaron y tres personas murieron.
En 1987, un puente de una autopista de Nueva York aprobó el examen sobre su estado en ese momento, pero los inspectores no se habían sumergido en el arroyo Schoharie para revisar la base en la que se asentaba el puente, que había sido erosionada por turbulentas aguas de inundaciones. Cuando la base cedió, el puente se derrumbó. Diez personas murieron.
Funcionarios del transporte saben que es necesario que muchos de los 600.000 puentes del país sean reparados o reemplazados.
Aproximadamente uno de cada ocho ha sido considerado estructuralmente deficiente, término que significa que un componente de la estructura del puente se encuentra en un estado deficiente o peor, pero que no necesariamente implica una advertencia de colapso inminente.
La mayoría de los puentes cuya condición es deficiente, como el caso del que colapsó en Minneapolis, sigue abierta al tránsito.
Por J. Holusha y K. Chang
De The New York Times
jueves, agosto 02, 2007
El nuevo paradigma de la competitividad
La innovación no debe faltar en el proceso de hacernos más competitivos.
Por Andrés van der Horst
En el contexto de la globalización económica en que vivimos, cualquier proyecto de país que ignore la necesidad de impulsar su competitividad estará destinado al fracaso. Sólo sobrevivirán aquellos que desarrollen una estrategia de competitividad efectiva, que cuente con la participación activa de gobierno, empresarios y sociedad civil, para hacer frente al cambio continuo y la hipercompetencia global en los mercados internacionales.
La globalización es un término moderno usado para describir los cambios en las sociedades y en la economía mundial, que han resultado en una mayor integración de los pueblos del mundo económica, social y culturalmente. Esta globalización ha sido facilitada en gran parte por una gran reducción en los costos de transporte y comunicación (hoy nos podemos comunicar de manera instantánea con cualquier parte del mundo a través, por ejemplo, del correo electrónico), así como por la apertura comercial que ha conducido al desmantelamiento de las barreras artificiales que habían sido creadas para entorpecer los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y personas a través de las fronteras. Pero este entorno de globalización económica y apertura comercial representa un gran reto para los países en vías de desarrollo, porque conlleva la hipercompetencia global en el mercado internacional y local.
Ningún país pequeño puede aspirar a lograr un crecimiento sostenible, un crecimiento que integre avances tanto en materia económica como social, si primero no es capaz de ser competitivo en el mercado global. En la actualidad vivimos en la era del conocimiento, en la que el capital intelectual es el factor estratégico de la competitividad. Nuestras sociedades han ido evolucionando desde la época en que la propiedad de la tierra era el factor estratégico, pasando por las dos revoluciones industriales en los que la maquinaria y la tecnología eran el elemento clave de la competitividad. De acuerdo con ese paradigma, vigente hasta el siglo pasado, el país que no tenía acceso a la maquinaria o la tecnología no podía salir de la pobreza. Pero en esta era del conocimiento, en la que hemos pasado de la manufactura a la "mentefactura", quien mejor desarrolle el capital intelectual será el que mayores ventajas competitivas tendrá.
La competitividad es un término relativamente nuevo que se refiere a la capacidad que tiene una economía de producir bienes y servicios de forma eficiente, manteniendo una ventaja comparativa sobre sus competidores e impulsando de esta manera el intercambio de aquellos productos que la economía ha demostrado producir de forma más eficiente en términos relativos.
Para poder florecer, la competitividad requiere de condiciones macroeconómicas de estabilidad, una institucionalidad sólida con organismos de regulación serios y respetados y una infraestructura con el desarrollo suficiente como para permitir la reducción de costos y de tiempos de producción economía estable. En el esquema actual de hipercompetencia global se hace necesario, además, contar con una estrategia de promoción a las exportaciones que apoye a los sectores productivos nacionales en la producción eficiente y la comercialización efectiva de los productos con potencial para la exportación y en los cuales podamos ser competitivos a nivel internacional. La búsqueda de diferentes formas de hacer lo mismo, de manera más eficiente, es lo que a la larga nos colocará un paso delante de nuestros competidores. La velocidad y capacidad de respuesta al cambio es una nueva fuente de ventaja competitiva. En la vieja economía de los negocios la empresa más grande se comía a la más pequeña, pero en la nueva economía de los negocios la empresa más inteligente, veloz y ágil se come a la más grande, lenta y rígida.
Los gobiernos deben trabajar con ahínco para fomentar la eficiencia del mercado mediante la modernización e implementación de leyes, regulaciones y procesos necesarios para que la economía cuente con bases que le den movilidad, dinamismo y que aseguren el buen funcionamiento de las empresas, instituciones y organismos nacionales. La competitividad no es sólo una imposición o necesidad, es la mejor forma de enfrentar los retos del mundo y aprovechar los beneficios que otros países ya están aprovechando.
República Dominicana ha demostrado que se pueden lograr grandes avances en materia de competitividad cuando el gobierno muestra liderazgo y tiene visión a largo plazo, siempre y cuando cuente con el apoyo y la participación decidida del sector privado.
Por Andrés van der Horst
En el contexto de la globalización económica en que vivimos, cualquier proyecto de país que ignore la necesidad de impulsar su competitividad estará destinado al fracaso. Sólo sobrevivirán aquellos que desarrollen una estrategia de competitividad efectiva, que cuente con la participación activa de gobierno, empresarios y sociedad civil, para hacer frente al cambio continuo y la hipercompetencia global en los mercados internacionales.
La globalización es un término moderno usado para describir los cambios en las sociedades y en la economía mundial, que han resultado en una mayor integración de los pueblos del mundo económica, social y culturalmente. Esta globalización ha sido facilitada en gran parte por una gran reducción en los costos de transporte y comunicación (hoy nos podemos comunicar de manera instantánea con cualquier parte del mundo a través, por ejemplo, del correo electrónico), así como por la apertura comercial que ha conducido al desmantelamiento de las barreras artificiales que habían sido creadas para entorpecer los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y personas a través de las fronteras. Pero este entorno de globalización económica y apertura comercial representa un gran reto para los países en vías de desarrollo, porque conlleva la hipercompetencia global en el mercado internacional y local.
Ningún país pequeño puede aspirar a lograr un crecimiento sostenible, un crecimiento que integre avances tanto en materia económica como social, si primero no es capaz de ser competitivo en el mercado global. En la actualidad vivimos en la era del conocimiento, en la que el capital intelectual es el factor estratégico de la competitividad. Nuestras sociedades han ido evolucionando desde la época en que la propiedad de la tierra era el factor estratégico, pasando por las dos revoluciones industriales en los que la maquinaria y la tecnología eran el elemento clave de la competitividad. De acuerdo con ese paradigma, vigente hasta el siglo pasado, el país que no tenía acceso a la maquinaria o la tecnología no podía salir de la pobreza. Pero en esta era del conocimiento, en la que hemos pasado de la manufactura a la "mentefactura", quien mejor desarrolle el capital intelectual será el que mayores ventajas competitivas tendrá.
La competitividad es un término relativamente nuevo que se refiere a la capacidad que tiene una economía de producir bienes y servicios de forma eficiente, manteniendo una ventaja comparativa sobre sus competidores e impulsando de esta manera el intercambio de aquellos productos que la economía ha demostrado producir de forma más eficiente en términos relativos.
Para poder florecer, la competitividad requiere de condiciones macroeconómicas de estabilidad, una institucionalidad sólida con organismos de regulación serios y respetados y una infraestructura con el desarrollo suficiente como para permitir la reducción de costos y de tiempos de producción economía estable. En el esquema actual de hipercompetencia global se hace necesario, además, contar con una estrategia de promoción a las exportaciones que apoye a los sectores productivos nacionales en la producción eficiente y la comercialización efectiva de los productos con potencial para la exportación y en los cuales podamos ser competitivos a nivel internacional. La búsqueda de diferentes formas de hacer lo mismo, de manera más eficiente, es lo que a la larga nos colocará un paso delante de nuestros competidores. La velocidad y capacidad de respuesta al cambio es una nueva fuente de ventaja competitiva. En la vieja economía de los negocios la empresa más grande se comía a la más pequeña, pero en la nueva economía de los negocios la empresa más inteligente, veloz y ágil se come a la más grande, lenta y rígida.
Los gobiernos deben trabajar con ahínco para fomentar la eficiencia del mercado mediante la modernización e implementación de leyes, regulaciones y procesos necesarios para que la economía cuente con bases que le den movilidad, dinamismo y que aseguren el buen funcionamiento de las empresas, instituciones y organismos nacionales. La competitividad no es sólo una imposición o necesidad, es la mejor forma de enfrentar los retos del mundo y aprovechar los beneficios que otros países ya están aprovechando.
República Dominicana ha demostrado que se pueden lograr grandes avances en materia de competitividad cuando el gobierno muestra liderazgo y tiene visión a largo plazo, siempre y cuando cuente con el apoyo y la participación decidida del sector privado.
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