El aumento en las cotizaciones de productos que exporta la Argentina es una buena noticia porque mejora la situación de los productores, del Fisco y del balance comercial pero, como contrapartida, aumenta la presión sobre los precios de los alimentos y sobre el nivel de inflación. En este escenario tanto el sector público como el privado deben actuar con responsabilidad y, en el caso del primero, acelerar la regularización del organismo que mide la inflación.
La demanda de grandes compradores mundiales, como China y la India y la generada por la producción de biocombustibles en Estados Unidos, está sosteniendo la cotización de la soja, el trigo y el maíz, productos que tienen una importante participación en la canasta exportadora argentina.
La mejora en las cotizaciones incrementará la rentabilidad de los productores y la recaudación de los impuestos a la exportación y a las Ganancias.
El ingreso de las divisas por ventas al exterior contribuirá a fortalecer el balance comercial, que está en franca reducción, y a incrementar las reservas externas, cuya solidez es crucial en la actual volatilidad financiera internacional.
Este escenario de múltiples aspectos positivos tiene, sin embargo, consecuencias indeseadas. La evolución de los precios de los cereales y oleaginosas aumentará los costos de producción de una serie de bienes que los tienen como materia prima y esto influirá sobre los precios internos.
Esta perspectiva es poco estimulante considerando que los precios de los alimentos ya están registrando aumentos importantes. En las pasadas semanas se dispararon los precios de las verduras y en los últimos días sucedió lo mismo con la papa, como consecuencia de las heladas que redujeron la producción.
En el 2006 el Gobierno afrontó un incipiente incremento de los precios a través de acuerdos con empresas y sectores, que lograron frenar las expectativas inflacionarias, por lo que el índice de precios al consumidor aumentó un 9,8%, 2,5 puntos menos que el año precedente. Pero en el corriente año esa política ya no dio los resultados esperados por varias razones.
Una, porque los aumentos de precios se generalizaron, aparecieron en sectores de baja concentración donde es imposible hacer acuerdos, y porque las empresas que mantuvieron sus precios experimentaron aumentos de costos por los precios no controlados y por los salarios.
Otra es que, por motivos sociales o electorales, el Gobierno lleva adelante una política de incremento de ingresos que derivó en un fuerte aumento del consumo (actualmente uno de los principales sostenes del incremento del PBI), lo cual, como se debería haber previsto, genera presiones inflacionarias.
Cuando no pudo controlar los precios, el Gobierno decidió controlar su medición interviniendo el INDEC. Pero no sólo no pudo ocultar la inflación, sino que creó un severo problema de credibilidad en el organismo.
También apeló a subsidios a productores para evitar traslados de costos a los precios finales, con un resultado hasta ahora poco visible.
Ahora sólo cabe esperar que lo que queda de los acuerdos y los diferentes subsidios antiinflacionarios tengan un efecto moderador. También, que la escalada no sea tratada con métodos que pueden generar malestar en empresas locales y extranjeras y deteriorar la confianza de los inversores. Cuyo aporte, por otra parte, es fundamental para reducir los cuellos de botella productivos que actúan como causa de inflación.
El aumento en las cotizaciones de granos y cereales beneficia a productores, al Fisco y al balance comercial. Pero incrementa las presiones inflacionarias. El control de la medición de precios afectó la credibilidad del INDEC. La inflación puede encararse con acuerdos y subsidios. Es necesario no tomar medidas que afecten a empresas y deterioren la confianza de los inversores.
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