Tras meses de incertidumbre a cerca de la posible sucesión del presidente uzbeco Karimov, éste ha decidido volver a presentar su candidatura a las elecciones presidenciales, lo que seguramente se traducirá en la confirmación de su mandato. Sin embargo, esto no resolvería los problemas de la representación política y de la alternancia democrática en el poder.
En vísperas de las presidenciales
Las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 23 de diciembre de este año en la República centroasiática de Uzbekistán servirán probablemente para confirmar en el cargo al actual presidente Islam Karimov, a pesar de las muchas dudas que existen acerca de la constitucionalidad de su reelección. Sin embargo, la gestión autoritaria del poder y la particular situación política interna del país (en el que existe un pluripartidismo formal que no garantiza el reconocimiento oficial y legal de los partidos de la oposición política laica y secular) constituyen indicios sólidos que apuntan a su reelección y al mantenimiento de su poder en la república centroasiática. La confirmación del actual presidente uzbeco podría además verse reforzada por la percepción de una condición de continuidad política, de un statu quo en el que parecen converger las elites centroasiáticas. En efecto, del mismo modo que el presidente kazajo Nazarbayev, el presidente uzbeco Karimov ha ejercido el poder de forma ininterrumpida desde 1991, año en el que encabezó la transición política que siguió a la disolución de la Unión Soviética y que culminó con la independencia nacional de las repúblicas musulmanas de Asia central. La voluntad del presidente uzbeco de volver a presentar su candidatura está destinada a tener repercusiones a nivel internacional y en la política exterior de Uzbekistán, especialmente en las relaciones con la Unión Europea. Para los estados europeos, que se oponen a suavizar las sanciones impuestas a la república centroasiática por la violenta represión que siguió a la revuelta popular de Andijan (mayo de 2005), esta candidatura será interpretada como una demostración de la escasa voluntad del país por implicarse sinceramente en una política de reformas estructurales orientadas a una mejora progresiva de las condiciones económicas, políticas y sociales internas del país. Esta interpretación se ha visto aún reforzada por la forma en la que se ha desarrollado esta fase de preparación de las elecciones presidenciales, caracterizada por la incertidumbre y la falta de información relativa al desarrollo de la consulta y durante la cual no han conseguido resolverse algunas cuestiones fundamentales relativas a la legitimidad constitucional del proceso.
Escenarios posibles tras una eventual sucesión
Hasta hace pocos meses la única certeza relativa a las elecciones presidenciales era que, dado que el 22 de enero de 2007 había terminado el segundo mandato presidencial de Karimov, tendrían que ser convocadas nuevas elecciones antes de que acabase el año. La cuestión era que, según la constitución de Uzbekistán, el sexagésimo noveno jefe del Estado no podía volver a presentar su candidatura para un tercer mandato, por lo que estas elecciones asumían un significado relevante en la medida en que, por primera vez desde la independencia nacional, se habrían reunido los presupuestos y las condiciones necesarias para que tuviera lugar la elección de un nuevo Presidente. Durante algunos meses, la falta de información relativa a las elecciones y la ausencia de declaraciones oficiales del presidente acerca de la sucesión, alimentaron las especulaciones acerca de los posibles escenarios que habrían podido perfilarse, aunque siempre existió la convicción de que difícilmente el actual jefe del Estado abandonaría su cargo después de haber dirigido el país autoritariamente durante 16 años. Ciertamente la Constitución establecía el principio según el cual un Presidente no podía ser elegido durante tres mandatos, pero Karimov podría soslayar este problema por medio de una modificación de la Constitución que más adelante tendría que someterse a la aprobación por medio de un referéndum popular. Durante sus 16 años de gobierno el actual presidente había recurrido ya en dos ocasiones, en 1995 y en 2002, al referéndum para obtener la legitimación popular. En 1995 el 99'6% de los uzbecos se mostró favorable a ampliar por otros tres años sus funciones, anulándose de esta forma las elecciones presidenciales previstas para 1997. Karimov mantuvo pues el cargo hasta el 2000, año en el que además ganó las elecciones presidenciales. Comenzó entonces su segundo y último mandato de acuerdo con la Constitución uzbeca, durante el cual el presidente recurrió otra vez al referéndum popular para ampliar sus funciones por otros 5 o 7 años.
Otro posible escenario podría ser el de la designación de una persona perteneciente al entorno del Presidente, dejando al actual jefe de Estado en una posición aparentemente subordinada, desde donde seguir dirigiendo el país de forma soterrada. Esta posibilidad no era descartable y la nueva ley aprobada por el parlamento nacional en marzo de 2007, por la cual se reestructuraba la maquinaria institucional vigente y se consolidaba un sistema político centrado en la figura del Primer Ministro (que aunaba mayores poderes y funciones), parecía apoyar esta tesis. Además, dado que no había sido elegido oficialmente un sucesor, el abanico de nombres se circunscribía al entorno político del Presidente, como al jefe del Servicio de Seguridad Nacional (SNB) Rustam Inoyaton, al actual primer ministro Mirziyoyev o al viceprimer ministro Azimov. Todos ellos fieles aliados de Karimov, que garantizarían una linea de continuidad con la política represiva y autoritaria adoptada por éste.
Hacía la confirmación del actual Presidente
En este contexto de incertidumbre arrastrado desde hace varios meses, y debido a la falta de declaraciones oficiales del Presidente, el Partido Liberal Democrático (uno de los 5 partidos políticos legalmente reconocidos y oficialmente registrados en el país) ha decidido apostar por impulsar un tercer mandato del actual Presidente. El 6 de noviembre Karimov aceptó este ofrecimiento, resolviendo el problema de la posible sucesión del jefe del Estado. La disposición constitucional que impide a Karimov ser reelegido por tercera vez no llegaría a aplicarse ya que este principio se interpreta de acuerdo con un complejo sofisma político: se entiende que el actual Presidente ha concluido sólo el primer periodo presidencial de siete años y que, por tanto, puede legítimamente presentarse como candidato para un segundo mandato de siete años. Esta fórmula excluye los años anteriores al 2000 considerando que hasta entonces el mandato presidencial duraba sólo cinco años. Sobre estas bases y teniendo en cuenta la escena política interna de Uzbekistán, caracterizada por la falta de rivales o contendientes electorales, la reelección de Karimov se da por descontada. En la práctica, el pluripartidismo político sancionado por la Constitución cobra expresión formal de la mano de los 5 partidos reconocidos legalmente: Uzbekistan's People's Democratic Party (HDP), Liberal Democratic Party, Fidokorlar (Self-Sacrificers), Adolat (Justice) Social Democratic Party y National Renaissance Party. Todos estos partidos sostienen una línea política muy vinculada al gobierno y no constituyen ningún tipo de riesgo para las elites políticas dominantes. En esta representación de un sistema político aparentemente pluripartidista y pluralista, encuentran fundamento lógico también las otras cuatro candidaturas para las presidenciales avanzadas por los partidos “oficiales”, que sin embargo no podrán en absoluto representar una amenaza a la segura reelección del actual Presidente. Además, otras personalidades han presentado su candidatura de forma independiente, pero la Comisión Electoral Central requiere 800 mil firmas para registrarse, lo que cierra todas las puertas a aquellos que quieran presentarse a las elecciones desde posiciones independientes y no alineadas.
En lo que se refiere a la oposición política, en el curso de los últimos años la falta de reconocimiento legal y el rígido control gubernamental han provocado la expulsión de los partidos de la oposición del sistema político uzbeco: las actividades de Birlik (Unidad) y Erk (Libertad), las dos tradicionales formaciones políticas de la oposición, fueron declaradas ilegales y tuvieron que hacer frente a enormes obstáculos a la hora de registrarse en las elecciones políticas. Sus líderes políticos, Abdurahim Polat, fundador de Birlik, y Muhammad Salih, fundador de Erk, se encuentran desde hace años en el exilio y de acuerdo con la actual legislación no podrían salir nunca elegidos, dado que se pone como requisito para ser candidato el haber vivido en el territorio durante los últimos 10 años. Sanjar Umarov, un oligarca del sector de la explotación del algodón y del sector petrolífero, podría constituir un peligroso rival para Karimov de cara a una posible sucesión, pero su encarcelación, presuntamente por corrupción y evasión fiscal, han dado al traste con sus ambiciones presidenciales. En el 2005, junto a Nodira Hidoyatova, coordinadora de Ozod Dehqonlar Partiyasi (partido de los agricultores libres), Umarov reunificó las fuerzas de oposición en la llamada “Serquyosh Uzbekistonim”, más conocida como “Sunshine Coalition”, una formación política de carácter reformador que apostaba por la oposición moderada y secular.
Conclusiones
Después de que Karimov haya vuelto a presentar su candidatura, los resultados de las presidenciales programadas para el 23 de diciembre parecen una simple formalidad. Sin embargo, durante los próximos siete años el presidente uzbeco se verá obligado a afrontar diferentes retos y problemas que podrían minar las bases de su poder: la amenaza subversiva del radicalismo islámico; la necesidad de llevar a cabo reformas económicas, políticas y sociales con el objeto de evitar estallidos de descontento popular; la progresiva apertura pluralista del sistema político y en materia de derechos humanos, dirigida a la superación del aislamiento diplomático respecto a occidente y a evitar el sistema de sanciones; y, finalmente, los intentos de garantizar la representación política de las fuerzas de oposición.
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