Así lo reconoció Charles Rangel, Presidente del Comité de Medios y Arbitrios del Senado, la institución legislativa más importante en este tipo de decisiones.
¿Las versiones que vinculan al Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y a altos miembros de su Gobierno con grupos paramilitares afectarán el proceso de ratificación del tratado de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia?
Ante esta pregunta, el Senador Charles Rangel respondió que sí el lunes por la noche.
"Lo hará exactamente como lo estamos diciendo con el caso de los dirigentes sindicales asesinados", declaró.
Rangel formuló sus comentarios a los reporteros luego de una disertación en el Peterson Institute, una organización privada de análisis económico, sobre la política comercial del Partido Demócrata que controla las dos cámaras del Congreso.
El Presidente colombiano reconoció la semana pasada que su país está atravesando “una muy delicada situación" por las acusaciones que cuestionan a su familia, aliados políticos y oficiales de la policía y del ejército por sus presuntos nexos con paramilitares.
En febrero la Canciller María Consuelo Araújo debió renunciar a su cargo por las conexiones de su hermano, acusado por la justicia por el mismo motivo.
Al mismo tiempo que Uribe reconoció la “delicada situación”, el ex Vicepresidente Al Gore decidió retirarse de una conferencia en Miami sobre medio ambiente en América Latina en la cual el Presidente colombiano iba a ser el principal conferenciante.
Poca ayuda para una negociación difícil
Desde la visita del Presidente George W. Bush a Colombia el pasado mes de marzo, donde se trataron temas como el Plan Colombia II y el TLC bilateral entre otros temas, la sensación reinante respecto al acuerdo comercial es que el estatus entre Perú y Colombia ya no es el mismo.
Los congresistas estadounidenses ven pocos avances en el Plan Colombia y no están tan seguros de continuar apoyando una gestión sobre la que pesan fuertes sospechas de conexión con las fuerzas paramilitares. Esa cuestión, que involucra cuestiones políticas de fondo, es la que separa el viento de cola que está recibiendo el Gobierno peruano en estos días con la situación de Bogotá.
De por sí, el desacuerdo de los demócratas acerca del capítulo laboral en el TLC, supone un obstáculo difícil de sortear. La muerte de cientos de sindicalistas, que quedaron impunes, otro más. Los vínculos que manchan cada vez más a la gestión de Uribe son palabras mayores, y el peor obstáculo para que Washington dé su beneplácito a un acuerdo que podría convertirlos a los ojos de la ciudadanía en cómplices silenciosos del Gobierno colombiano.
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