La designación por primera vez en Egipto de varias juezas es elogiada por activistas y cuestionada por personalidades del área de la jurisprudencia.
Adam Morrow y Khaled Moussa al-Omrani
"Este es un momento definitorio en la historia de Egipto", declaró el presidente del Consejo Judicial Supremo, Moqbel Shaker, respecto de la designación por esa máxima autoridad en la materia en este país de 30 mujeres, quienes juraron públicamente "arbitrar con justicia". La decisión es la consecución de una decisión adoptada por el Consejo el año pasado para permitir por primera vez el nombramiento de mujeres al frente de tribunales.
La iniciativa contó con el respaldo del gran mufti, intérprete de la sharia (ley islámica) y designado por el Estado, jeque Ali Gomaa, quien entendió que la presencia de mujeres en cargos jurídicos no contradice los preceptos del Islam. A mediados de marzo, el Consejo aceptó 124 solicitudes de aspirantes que debían tener experiencia laboral en dependencias jurídicas.
Tras exhaustivos análisis, 31 de ellas fueron elegidas para presidir los tribunales de familia. Pero una de las candidatas se retiró por motivos personales. "Esta última victoria significa que todos comienzan a reconocer los derechos y el potencial de las mujeres", declaró Hanan Abdel-Aziz, una de las flamantes juezas. La iniciativa puesta en práctica el 10 de este mes tiene antecedentes. En 2003, Tahani el-Gebali fue jueza del Tribunal Constitucional Supremo por decreto presidencial y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en el país.
Pero a diferencia de la última serie de nombramientos, el cargo de El-Gebali implicaba expedirse sobre la legislación y no dirimir en asuntos vinculados con personas. Por su parte, activistas de derechos humanos elogiaron los nuevos nombramientos señalando que Egipto ha permanecido tradicionalmente rezagado respecto de las otras naciones árabes en materia de participación femenina en el ámbito judicial. "Es un hito en lo que respecta a los derechos de las mujeres", dijo a IPS Hafez Abu Saeda, secretario general de la Organización de Derechos Humanos egipcia, con sede en esta ciudad. "Este país anduvo lento en la materia", añadió refiriéndose a las fiscales generales ya existentes en Siria, Sudán y Túnez. La organización Human Rights Watch se refirió a los nombramientos como "un paso bienvenido para terminar con la discriminación contra las mujeres en el sistema judicial". "El cambio de política aparente respecto del nombramiento de mujeres en los tribunales coloca al gobierno egipcio conforme a las directivas para combatir la discriminación previstas por el derecho internacional y a las garantías constitucionales de igualdad de oportunidades de todos los egipcios", reza un comunicado del 22 de marzo de esa organización con sede en Nueva York Pero la histórica decisión no prosperó sin críticas. Varias figuras destacadas del ambiente judicial y algunas instituciones salieron al cruce contra la iniciativa.
Algunos de ellos cuestionaron directamente la legitimidad de Gomaa para expedirse en la materia. A mediados de enero, el influyente Club de Jueces de Consejo de Estado declaró que la decisión del mufti estaba "en contradicción con los dictámenes de la mayoría de los magistrados islámicos" y lo único que hizo fue "consentir al gobierno". "La designación de juezas contradice la ley islámica y, por lo tanto, la Constitución", declaró a la prensa local el presidente del Club, Yehia Dakrouri. Incluso señaló que el artículo 2 de la ley fundamental cita a la norma islámica como "principal fuente de legislación". En marzo, el Club de Jueces de la central provincia de Beni Sueif llegó a urgir al presidente Hosni Mubarak dar marcha atrás con las designaciones. "Rechazamos el nombramiento de juezas pues contradice a la mayoría de los magistrados y a la Constitución".
En cambio, destacadas mujeres y analistas liberales cuestionaron las voces disidentes. "Por desgracia, la cultura judicial en Egipto es masculina y sigue negando a las mujeres sus derechos", habría declarado la vicepresidenta de la Fiscalía, Noha el-Zeini, según el diario Al-Masri al-Youm.
El asunto permanece abierto a las interpretaciones religiosas, según el ex presidente del Consejo de Estado, Mohamed Hamed al-Gemel. "No hay dictámenes específicos ni en el Corán ni en la Sunna (descripción de palabras y acciones del profeta) que proscriban la designación de juezas.
Por eso la interpretación depende las resoluciones de los juristas contemporáneos", dijo a IPS. Incluso citó una resolución del Consejo de la década del 50 según la cual "las dificultades vinculadas con el trabajo jurídico fueron un impedimento para que las mujeres asumieran las responsabilidades que supone el cargo", añadió Al-Gemel, pero tales complicaciones, como las obligaciones de viajes agobiantes, se han vuelto desde entonces mucho menos exigentes.
Por su parte, la organización Hermandad Musulmana, que controla casi un quinto de la asamblea nacional, se ha mostrado reticente a este respecto. "Aún hay diferencias al respecto entre los clubes de jueces, el Ministerio de Justicia y el Consejo Judicial Supremo.
La Hermandad estudia la cuestión y tiene pensado expedirse sobre el asunto en su programa partidario que se anunciará pronto", dijo a IPS el portavoz del bloque parlamentario de ese grupo islamista. De cualquier forma, las designaciones de la semana pasada apenas lograron cerrar la controversia.
El mismo día en que las juezas prestaron juramento, el Consejo de Estado solicitó que la institución religiosa Al-Azhar, una de las más prestigiosas de jurisprudencia islámica del mundo musulmán sunita, adopte una resolución definitiva. Una vez que Al Azhar se expida sobre el asunto, se espera que finalmente la cuestión sea adoptada por el Tribunal Constitucional Supremo, que tomará una decisión final.(
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